Del 1 al 5 de diciembre el Colegio fue sede de la Semana de Auditoría, un evento magno donde expertos de distintos perfiles profesionales compartieron sus conocimientos sobre la disciplina, con el fin de brindar las herramientas para llevar a cabo trabajos de aseguramiento en cumplimiento, con perspectiva y a la vanguardia; la jornada estuvo a bajo la coordinación de la comisión técnica de Auditoría, representada por Sandra Centeno Leiva y Horacio Zúñiga Gómez, quienes enriquecieron con su participación y gestión.
El primer día abrió con la presentación de Jorge Enrique Santibáñez Fajardo, quien explicó el rumbo que seguirá la profesión en esta disciplina en los próximos años, mediante las tendencias marcadas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONNA) del Instituto de Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), los avances normativos internacionales y los retos dentro del ejercicio profesional contemporáneo. En su ponencia, Santibáñez señaló estas actualizaciones normativas y sugirió que el panorama futuro se alinea a la continuidad de un proyecto basado en la implementación, monitoreo, participación en procesos internacionales, análisis de convergencia con estándares globales, y desarrollo de nuevas normas para aseguramiento, revisión y otros servicios relacionados.
Por su parte, Claudia Stela Guzmán Reyes presentó un análisis de la Norma Internacional de Aseguramiento de Sostenibilidad (ISSA 5000), que constituye un marco de referencia global para los trabajos de aseguramiento de sostenibilidad que se convertirá en una obligación de cumplimiento compatible con otras ISSA aplicables en función de la naturaleza del trabajo.
En seguimiento del tratamiento de las normas aplicables a los trabajos de aseguramiento, Maria Pineda Barragán brindó detalles sobre la NIF A-2 Incertidumbres sobre el Negocio en Marcha para crear una base conceptual y práctica que permita evaluar la capacidad de una entidad para continuar su operación bajo este supuesto. La experta señaló que su aplicación permite suprimir la incertidumbre sobre la continuidad de una entidad al brindar normas de valuación, presentación y revelación que permitan categorizar una organización en supuestos específicos.
De manera complementaria, Rafael Yela Gutiérrez versó sobre la Norma Internacional de Auditoría 570 (Revisada) que entrará en vigor para auditorías de estados financieros a partir del 15 de diciembre del 2026. En su ponencia compartió las implicaciones de esta nueva versión del estándar, sus cambios relevantes y el impacto que generará en los informes de auditoría; según señala Yela, a pesar de que la revisión a la norma no es obligatoria, su empleo temprano favorece la calidad de las auditorías y prepara a las firmas para el cambio normativo.
El segundo día del evento, Heidi Martínez Marín dio apertura al desarrollar la Norma Internacional de Gestión de la Calidad (NIGC) 1, Gestión de la Calidad para Firmas de Auditoría que Realizan Auditorías o Revisiones de Estados Financieros u Otros Encargos de Aseguramiento o Servicios Relacionados. La ponente destacó el valor de la norma ya que brinda un mapa de acción proactiva a la identificación y valoración de riesgos, de las firmas, sin importar su tamaño u operación; su perspectiva flexible permite que su adopción se adapte a cada firma y su principio de adaptación habilita que la constante evaluación de pie a la maduración del sistema de gestión de calidad.
Por su parte, Jorge Alberto Palomino Figueroa comentó el papel que tiene la auditoría en relación con las áreas dedicadas a las tecnologías de la información. Durante su participación comentó que el crecimiento acelerado y no planeado de las áreas tecnológicas durante la pandemia ha incrementado los riesgos no considerados por las empresas, por lo que es fundamental que los auditores desarrollen la sensibilidad necesaria para identificarlos y crear medidas de contención para ellos.
En Uso de herramientas tecnológicas en Inteligencia Artificial (IA) en la auditoría de estados financieros, Francisco Villaseñor indicó que el uso de estas tecnologías ya forma parte de la labor diaria de los auditores, por lo que se deben conocer sus limitaciones para hacer un uso apropiado de ellas y permitir aprovechar sus beneficios, sobre todo en relación a la obtención y análisis de grandes cantidades de información.
El 3 de diciembre comenzó con la presentación de Otoniel García Ramos, titulada Aspectos relevantes en el desempeño de las firmas de contadores públicos. En ella detalló los nuevos lineamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que, basados en 10 pilares fundamentales, suponen disposiciones de observancia que se deben acreditar para permanecer en el listado de despachos habilitados para realizar auditorías externas que fiscalicen el patrimonio público federal.
Para el panel Supervición del sistema financiero se contó con la participación del director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ciro Antonio Cerecedo Batista. Durante su participación comentó los focos de atención de su institución y la importancia de vincular mediante puentes de comunicación a los auditores con la autoridad, ya que a través de la comunión de los participantes de la supervisión de los estados financieros se combaten retos de transparencia y mejora el trabajo de manera bidireccional, lo que estimula la mejora continua de ambas partes.
De manera complementaria, Fernando Baza Herrera dedicó su ponencia a destacar la importancia de preservar la independencia del auditor como parte del cumplimiento ético del contador, basándose en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220. Adicionalmente, comentó las principales amenazas a esta independencia que debe considerar el auditor en todo momento para realizar un ejercicio profesional responsable y ético.
Finalmente, Bernardo Soto Peñafiel desarrolló las Normas Internacionales de Auditoría para auditorías de estados financieros de Entidades Menos Complejas, también llamadas NIA para EMC. Según su explicación, estas normas ayudan a los auditores a realizar auditorías accesibles y eficaces que focalicen esfuerzos, sin comprometer la calidad de estas, dedicadas a entidades con pocas líneas de negocio, sistemas de información básicos y estructura organizacional plana.
El 4 de diciembre se presentó el panel Petos de las universidades ante la profesión del contador público, donde se reunieron María Gloria Arévalo Guerrero, coordinadora académica del área Fiscal en la División de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración; Carlos Molina, líder de Contaduría Pública en la Escuela Bancaria y Comercial; y Carlos Alfredo Carpy Morales, presidente de Academia de auditoría en la Escuela Superior de Comercio y Administración. En la mesa se discutió sobre los retos de las universidades en la disciplina de la contaduría pública y cómo cada institución se enfrenta a ellos.
Enrique Ramírez Luna desarrolló las novedades de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), todas ella alineadas al Plan Maestro 2025 de fiscalización. El ponente comentó un incremento en las facultades de auditoría y la integración de más sistemas de información que permitan el cruce de datos entre las distintas herramientas digitales de fiscalización ya existentes, como los CFDI; por lo que la tendencia del 2025 en materia de fiscalización seguirá en proyecto para el 2026.
Puntos finos para una auditoría eficiente, presentado por Ernesto Horacio Rocha San Miguel, brindó las recomendaciones para realizar un ejercicio de auditoría que responda al cumplimiento normativo y preserve el ejercicio profesional ético. Según lo comentado en la conferencia, la planeación son un factor determinante para obtener un auditoría fructífera y eficiente, por lo que dedicar tiempo y energía en una preparación temprana permitirá a las organizaciones economizar en esfuerzos y recursos posteriormente.
El 5 de diciembre, Jaime Díaz Martínez compartió a detalle los elementos clave para dominar la auditoría de grupo, con respaldo en la NIA 600 (Revisada). Durante su intervención enfatizó en la importancia de la comprensión integral de grupo y sus componentes que se ve reforzada por una comunicación abierta entre ambos; ya que el auditor de grupo debe identificar riesgos y dar instrucciones claras, mientras que los componentes deben compartir hallazgos e incorrecciones.
Armando Sandoval López, Antinio Vargas y Juana Mejía Macías, detallaron sobre el dictamen en materia de seguridad social presentado ante el IMSS por los Contadores Públicos Autorizados, sus retos y oportunidades para los patrones y contadores. Durante su presentación, los expertos destacaron con estadísticas el estado actual de estos dictámenes y sus cambios en los últimos años; señalaron que aún existen inconsistencias en ellos, por lo que recordaron que un dictamen es una herramienta de transparencia y confianza cuyo valor debe ser reconocido.
Por otro lado, para complementar la ponencia previa se presentó un panel integrado por José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada, Pablo Noreña Paz y Miguel Safa Navarro. En el bloque se presentaron las consideraciones que los profesionales en contaduría deben tener en cuenta al presentar un dictamen de seguridad social ante el IMSS o el Infonavit y concluyeron recomendaciones que permitan mantener a la vanguardia este ejercicio profesional.
Evaluación de riesgos en la auditoría de estados financieros, presentado por Alfredo Molina Mercado, trazó un análisis de la NIA 315 (Revisada), donde destacó que la evaluación de riesgos es una actitud profesional, no solo un trámite técnico.
Con ello concluyó la Semana de auditoría, una jornada que remarcó la importancia del papel del auditor como un motor de cambio que identifica riesgos e impulsa a las organizaciones a contenerlos para preservar su cumplimiento normativo y su operación.
Eventos recientes
El Colegio llevó a cabo el pasado 16 de enero el Taller de declaración anual 2025 para donatarias autorizadas, en el que se analizaron los principales aspectos de la declaración para donatarias, así como las implicaciones que derivan de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 y de diversas disposiciones fiscales. En el encuentro participaron Maribel Trejo Estudillo, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa y Mario Espadas Sánchez, quienes ofrecieron una visión integral sobre el cumplimiento fiscal del sector.Durante su intervención, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa explicó que, tras la aprobación y publicación de la LIF 2026 el pasado 21 de noviembre, se confirma que no existe un nuevo título III para las donatarias; sin embargo, “se incorporan reglas relevantes que deben atenderse con especial cuidado”, advirtió.Entre ellas, destacó el estímulo previsto en la Ley de Ingresos que permite a las donatarias autorizadas canalizar donativos hacia organizaciones o fideicomisos no donatarios que atiendan desastres naturales, siempre que se cumplan requisitos específicos como contar con autorización vigente, haber obtenido ingresos superiores a cinco millones de pesos en el ejercicio anterior y presentar informes detallados que identifiquen a las entidades receptoras y el destino de los recursos. Asimismo, abordó el mandato en la LIF para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboren y publiquen un reporte de transparencia de las donatarias autorizadas, con base en la información ya prevista en la LISR, como la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos y la informativa de transparencia.Cárdenas Espinosa también destacó la precisión incorporada en la Ley de Ingresos 2026 respecto a la deducción de libros deteriorados o sin valor comercial ofrecidos en donación antes de su destrucción. Por su parte, la contadora Maribel Trejo Estudillo se enfocó en los aspectos operativos de la declaración anual, subrayando la importancia de reunir con anticipación la información necesaria para su correcta elaboración, como los CFDI de ingresos, nómina y gastos, la balanza anualizada, los estados financieros y de actividades, así como las cédulas de seguridad social e impuestos locales.Explicó que un adecuado orden y conciliación de esta información facilita el llenado y presentación de la declaración en la plataforma del SAT y reduce riesgos de inconsistencias o requerimientos posteriores.Detalló que, para el proceso de presentación, las donatarias deben contar con su RFC y contraseña o e.firma vigente, el número de oficio de autorización para recibir donativos deducibles y la información completa de las operaciones realizadas durante el ejercicio, así como con sus estados financieros debidamente elaborados. “El cumplimiento oportuno y correcto de estas obligaciones es clave para conservar la autorización y fortalecer la confianza de donantes y autoridades”, concluyó.
El Taller del dictamen pericial contable, organizado por la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio, se enfocó en fortalecer el ejercicio profesional del contador público en su papel como perito auxiliar de las autoridades judiciales. El evento se desarrolló los días 14 y 15 de enero, con la participación de Alberto Manuel Castañeda Niebla y Gerardo Héctor López Ramírez, integrantes de la comisión mencionada, quienes expusieron los fundamentos y responsabilidades que implica la elaboración de un dictamen.La coordinación del taller estuvo a cargo de Mónica Estrada Hernández durante el primer día y de Raúl Armando Cruz Gómez en la segunda jornada, quienes guiaron el desarrollo de las actividades.Durante el taller se destacó que el dictamen pericial contable tiene como finalidad la búsqueda de la verdad y la aportación de elementos de juicio confiables que permitan al juez tomar decisiones informadas, particularmente en materias donde existen limitaciones técnicas para resolver cuestiones matemáticas, financieras o contables. En este contexto, dijeron que el perito contable se consolida como un especialista multifacético, con intervención en ámbitos mercantiles, laborales, familiares, administrativos, fiscales y penales.Un punto central del taller fue la distinción entre informe, opinión y dictamen. Explicaron que el informe se limita a describir hechos y datos; la opinión implica una valoración sujeta a ciertos supuestos; mientras que el dictamen, a diferencia de los anteriores, constituye un juicio técnico especializado, sustentado en evidencia comprobable y elaborado exclusivamente por un experto, generando una alta responsabilidad profesional y legal.Bajo esa línea, describieron que el dictamen pericial contable está dirigido principalmente a autoridades judiciales, por lo que su elaboración exige un proceso escrupuloso que incluye el análisis del expediente, la demanda, la contestación, las pruebas ofrecidas y el alcance específico del encargo, considerando si el perito actúa por alguna de las partes o como auxiliar designado por el juez.Los expositores enfatizaron que, a diferencia de una auditoría tradicional, que puede basarse en pruebas selectivas, el peritaje contable suele requerir una revisión exhaustiva del 100 % de la información, especialmente cuando debe responder a cuestionamientos directos en juicio. Por ello, la metodología científica es la columna vertebral del dictamen, apoyada en la normatividad contable (NIF, NIA), estándares forenses como la ISO 21043, el método científico y los principios éticos de la profesión.Subrayaron que el perito debe actuar con integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia y confidencialidad, ya que un dictamen deficiente puede ocasionar perjuicios a terceros e incluso derivar en responsabilidades penales. Asimismo, recalcaron la importancia de que el lenguaje del dictamen sea claro y accesible, considerando que será leído por jueces y abogados no especializados en contabilidad.En el taller abordaron también el papel del perito dentro de las distintas etapas del juicio, desde el desahogo de pruebas hasta la ejecución de sentencia. Enseñaron la intervención de los diferentes tipos de peritos, de parte, en rebeldía y tercero en discordia, e hicieron énfasis en que, independientemente de quién lo contrate, el perito es siempre auxiliar del juez.En el contexto de los juicios orales, resaltaron que el perito debe contar con habilidades de comunicación, estudiar a fondo su dictamen y se preparar junto con el abogado, anticipando posibles cuestionamientos y evitando opiniones fuera de su ámbito de competencia.Finalmente, los expositores destacaron la importancia de la capacitación continua, dada la constante evolución de las normas y la amplia gama de asuntos en los que puede intervenir un perito contable, desde temas fiscales y laborales hasta fraudes, sucesiones, contratos, determinación de intereses y cuantificación de daños.Durante el evento se brindó un espacio a integrantes de la comisión de Peritos Contables; Ricardo Santos Giles, Maribel Ballesteros Celaya, Yolanda Olivares Mendoza, Dalia Ernestina Granados Ramos, Raúl Armando Cruz Gómez y Mónica Estrada Hernández, quienes presentaron una metodología aplicable a la pericial contable, diseñada para estandarizar procedimientos y elevar la calidad de los dictámenes en los tribunales mexicanos.Este documento propone una guía integral que incluye bases normativas, aplicación del método científico, técnicas y procedimientos de investigación, estructura del dictamen, formatos de promociones y un glosario jurídico. Con ello, se busca fortalecer el rol del contador público como perito, garantizando dictámenes transparentes, trazables y técnicamente sustentados, capaces de transformar afirmaciones en verdades demostrables.
El 13 de enero, en el Colegio se reunieron cuatro expertos en materia fiscal para desarrollar el curso Materialidad, legalidad y cumplimiento fiscal 2026, con el apoyo de la comisión técnica Fiscal. Alberto Gabriel Cárdenas González coordinó el espacio donde Luis Alberto Placencia Alarcón, Antonio Alberto Vela Peón, Manuel Toledo Espinosa y Rodolfo Jerónimo Pérez compartieron sus conocimientos y recomendaciones para abordar el tema de materialidad para permanecer en cumplimiento fiscal.Para comenzar, se puntualizó que no existe una definición establecida por alguna disposición legal sobre el concepto de materialidad, pero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en su publicación Presunción de inexistencia de operaciones amparadas en CFDI, propone la siguiente definición: “la materialidad radica en la efectiva realización o existencia de la actividad, negocio o acto jurídico por parte del emisor de comprobantes, así como la adquisición de bienes o recepción de servicios”.Dicho de otra manera, la materialidad es la evidencia que respalda la adquisición de bienes y servicios que garantiza su validez ante una posible revisión de la autoridad. Entre los documentos que pueden demostrar materialidad de operaciones están: actas constitutivas, comprobantes fiscales, registros contables, estados de cuenta bancarios, bitácoras, mensajes, contratos, listas de asistencia y pagos de nómina.Según comentan los ponentes, la materialidad de las operaciones ha un elemento de controversia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, debido a que es un motivo de rechazo de deducciones. La autoridad cuestiona la realidad o veracidad de una operación mediante una presunción, por lo que es prioritario para el contribuyente contar con las pruebas necesarias para disiparla.Para comenzar, se señaló las dos metodologías que las autoridades fiscales emplean: los procedimientos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la validación de la realidad y veracidad de operaciones conforme el artículo 43 del CFF.Para ello es fundamental que el contribuyente considere esta acreditación de materialidad en sus operaciones antes de desatar una controversia con la autoridad. Durante el curso se presentó una metodología para dicha acreditación que debe sirviera para disipar la presunción de la autoridad o identificar áreas de oportunidad de manera preventiva para comenzar a construir evidencias que sirvan a ese fin.Para complementar estas recomendaciones, durante el evento se expusieron algunas sentencias sobre materialidad emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dejan enseñanzas sobre dónde debemos tener herramientas y evidencias para demostrar la materialidad de las operaciones, así como elementos válidos para esta comprobación de manera específica.Finalmente, para asentar la explicación en acciones concretas, se describieron aspectos clave que deben contener los expedientes de acreditación de materialidad para operaciones de préstamos y regalías, así como operaciones de asistencia técnica y servicios corporativos. Estos últimos, según los expertos, suponen un reto debido a que pueden o no dejar un resultado material de la prestación de servicios, por lo que la preparación anticipada para la recuperación de documentación que valide la materialidad de este tipo de operaciones.
