Del 1 al 5 de diciembre el Colegio fue sede de la Semana de Auditoría, un evento magno donde expertos de distintos perfiles profesionales compartieron sus conocimientos sobre la disciplina, con el fin de brindar las herramientas para llevar a cabo trabajos de aseguramiento en cumplimiento, con perspectiva y a la vanguardia; la jornada estuvo a bajo la coordinación de la comisión técnica de Auditoría, representada por Sandra Centeno Leiva y Horacio Zúñiga Gómez, quienes enriquecieron con su participación y gestión.
El primer día abrió con la presentación de Jorge Enrique Santibáñez Fajardo, quien explicó el rumbo que seguirá la profesión en esta disciplina en los próximos años, mediante las tendencias marcadas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONNA) del Instituto de Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), los avances normativos internacionales y los retos dentro del ejercicio profesional contemporáneo. En su ponencia, Santibáñez señaló estas actualizaciones normativas y sugirió que el panorama futuro se alinea a la continuidad de un proyecto basado en la implementación, monitoreo, participación en procesos internacionales, análisis de convergencia con estándares globales, y desarrollo de nuevas normas para aseguramiento, revisión y otros servicios relacionados.
Por su parte, Claudia Stela Guzmán Reyes presentó un análisis de la Norma Internacional de Aseguramiento de Sostenibilidad (ISSA 5000), que constituye un marco de referencia global para los trabajos de aseguramiento de sostenibilidad que se convertirá en una obligación de cumplimiento compatible con otras ISSA aplicables en función de la naturaleza del trabajo.
En seguimiento del tratamiento de las normas aplicables a los trabajos de aseguramiento, Maria Pineda Barragán brindó detalles sobre la NIF A-2 Incertidumbres sobre el Negocio en Marcha para crear una base conceptual y práctica que permita evaluar la capacidad de una entidad para continuar su operación bajo este supuesto. La experta señaló que su aplicación permite suprimir la incertidumbre sobre la continuidad de una entidad al brindar normas de valuación, presentación y revelación que permitan categorizar una organización en supuestos específicos.
De manera complementaria, Rafael Yela Gutiérrez versó sobre la Norma Internacional de Auditoría 570 (Revisada) que entrará en vigor para auditorías de estados financieros a partir del 15 de diciembre del 2026. En su ponencia compartió las implicaciones de esta nueva versión del estándar, sus cambios relevantes y el impacto que generará en los informes de auditoría; según señala Yela, a pesar de que la revisión a la norma no es obligatoria, su empleo temprano favorece la calidad de las auditorías y prepara a las firmas para el cambio normativo.
El segundo día del evento, Heidi Martínez Marín dio apertura al desarrollar la Norma Internacional de Gestión de la Calidad (NIGC) 1, Gestión de la Calidad para Firmas de Auditoría que Realizan Auditorías o Revisiones de Estados Financieros u Otros Encargos de Aseguramiento o Servicios Relacionados. La ponente destacó el valor de la norma ya que brinda un mapa de acción proactiva a la identificación y valoración de riesgos, de las firmas, sin importar su tamaño u operación; su perspectiva flexible permite que su adopción se adapte a cada firma y su principio de adaptación habilita que la constante evaluación de pie a la maduración del sistema de gestión de calidad.
Por su parte, Jorge Alberto Palomino Figueroa comentó el papel que tiene la auditoría en relación con las áreas dedicadas a las tecnologías de la información. Durante su participación comentó que el crecimiento acelerado y no planeado de las áreas tecnológicas durante la pandemia ha incrementado los riesgos no considerados por las empresas, por lo que es fundamental que los auditores desarrollen la sensibilidad necesaria para identificarlos y crear medidas de contención para ellos.
En Uso de herramientas tecnológicas en Inteligencia Artificial (IA) en la auditoría de estados financieros, Francisco Villaseñor indicó que el uso de estas tecnologías ya forma parte de la labor diaria de los auditores, por lo que se deben conocer sus limitaciones para hacer un uso apropiado de ellas y permitir aprovechar sus beneficios, sobre todo en relación a la obtención y análisis de grandes cantidades de información.
El 3 de diciembre comenzó con la presentación de Otoniel García Ramos, titulada Aspectos relevantes en el desempeño de las firmas de contadores públicos. En ella detalló los nuevos lineamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que, basados en 10 pilares fundamentales, suponen disposiciones de observancia que se deben acreditar para permanecer en el listado de despachos habilitados para realizar auditorías externas que fiscalicen el patrimonio público federal.
Para el panel Supervición del sistema financiero se contó con la participación del director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ciro Antonio Cerecedo Batista. Durante su participación comentó los focos de atención de su institución y la importancia de vincular mediante puentes de comunicación a los auditores con la autoridad, ya que a través de la comunión de los participantes de la supervisión de los estados financieros se combaten retos de transparencia y mejora el trabajo de manera bidireccional, lo que estimula la mejora continua de ambas partes.
De manera complementaria, Fernando Baza Herrera dedicó su ponencia a destacar la importancia de preservar la independencia del auditor como parte del cumplimiento ético del contador, basándose en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 220. Adicionalmente, comentó las principales amenazas a esta independencia que debe considerar el auditor en todo momento para realizar un ejercicio profesional responsable y ético.
Finalmente, Bernardo Soto Peñafiel desarrolló las Normas Internacionales de Auditoría para auditorías de estados financieros de Entidades Menos Complejas, también llamadas NIA para EMC. Según su explicación, estas normas ayudan a los auditores a realizar auditorías accesibles y eficaces que focalicen esfuerzos, sin comprometer la calidad de estas, dedicadas a entidades con pocas líneas de negocio, sistemas de información básicos y estructura organizacional plana.
El 4 de diciembre se presentó el panel Petos de las universidades ante la profesión del contador público, donde se reunieron María Gloria Arévalo Guerrero, coordinadora académica del área Fiscal en la División de Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración; Carlos Molina, líder de Contaduría Pública en la Escuela Bancaria y Comercial; y Carlos Alfredo Carpy Morales, presidente de Academia de auditoría en la Escuela Superior de Comercio y Administración. En la mesa se discutió sobre los retos de las universidades en la disciplina de la contaduría pública y cómo cada institución se enfrenta a ellos.
Enrique Ramírez Luna desarrolló las novedades de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), todas ella alineadas al Plan Maestro 2025 de fiscalización. El ponente comentó un incremento en las facultades de auditoría y la integración de más sistemas de información que permitan el cruce de datos entre las distintas herramientas digitales de fiscalización ya existentes, como los CFDI; por lo que la tendencia del 2025 en materia de fiscalización seguirá en proyecto para el 2026.
Puntos finos para una auditoría eficiente, presentado por Ernesto Horacio Rocha San Miguel, brindó las recomendaciones para realizar un ejercicio de auditoría que responda al cumplimiento normativo y preserve el ejercicio profesional ético. Según lo comentado en la conferencia, la planeación son un factor determinante para obtener un auditoría fructífera y eficiente, por lo que dedicar tiempo y energía en una preparación temprana permitirá a las organizaciones economizar en esfuerzos y recursos posteriormente.
El 5 de diciembre, Jaime Díaz Martínez compartió a detalle los elementos clave para dominar la auditoría de grupo, con respaldo en la NIA 600 (Revisada). Durante su intervención enfatizó en la importancia de la comprensión integral de grupo y sus componentes que se ve reforzada por una comunicación abierta entre ambos; ya que el auditor de grupo debe identificar riesgos y dar instrucciones claras, mientras que los componentes deben compartir hallazgos e incorrecciones.
Armando Sandoval López, Antinio Vargas y Juana Mejía Macías, detallaron sobre el dictamen en materia de seguridad social presentado ante el IMSS por los Contadores Públicos Autorizados, sus retos y oportunidades para los patrones y contadores. Durante su presentación, los expertos destacaron con estadísticas el estado actual de estos dictámenes y sus cambios en los últimos años; señalaron que aún existen inconsistencias en ellos, por lo que recordaron que un dictamen es una herramienta de transparencia y confianza cuyo valor debe ser reconocido.
Por otro lado, para complementar la ponencia previa se presentó un panel integrado por José Antonio Suasnávar Lerdo de Tejada, Pablo Noreña Paz y Miguel Safa Navarro. En el bloque se presentaron las consideraciones que los profesionales en contaduría deben tener en cuenta al presentar un dictamen de seguridad social ante el IMSS o el Infonavit y concluyeron recomendaciones que permitan mantener a la vanguardia este ejercicio profesional.
Evaluación de riesgos en la auditoría de estados financieros, presentado por Alfredo Molina Mercado, trazó un análisis de la NIA 315 (Revisada), donde destacó que la evaluación de riesgos es una actitud profesional, no solo un trámite técnico.
Con ello concluyó la Semana de auditoría, una jornada que remarcó la importancia del papel del auditor como un motor de cambio que identifica riesgos e impulsa a las organizaciones a contenerlos para preservar su cumplimiento normativo y su operación.
Eventos recientes
La comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio organizó el foro Ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, un espacio de análisis y reflexión en torno a la relevancia de la ética profesional en los procesos de aseguramiento. El encuentro reunió a especialistas del ámbito contable y de auditoría para discutir los desafíos que enfrentan las firmas al implementar sistemas de gestión de calidad y garantizar la independencia y objetividad en la revisión de los encargos.La coordinación del evento, realizado el 11 de marzo, estuvo a cargo de Cecilia Coronel Ruiz y Carlos Velázquez Valle, integrantes de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Como expositores participaron Parménides Lozano Rodríguez, integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero; Arantxa Esthela Reyes Mendiola, Audit Associate Partner en Baker Tilly México; Francisco José Sánchez González, integrante de la comisión de Gobierno Corporativo; y la propia Cecilia Coronel Ruiz.Durante su intervención, Parménides Lozano Rodríguez abordó la ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, vinculada con las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que la profesión contable es de interés público, por lo que los profesionales no solo responden ante quien contrata sus servicios, sino también ante la sociedad, ya que las conclusiones de auditoría influyen en la toma de decisiones y en una cadena de valor que incluye empleados, proveedores y el entorno social.Destacó que estas normas surgieron tras escándalos corporativos que evidenciaron la necesidad de reforzar la independencia y la ética profesional. Por ello, el revisor de calidad debe designarse con base en criterios de competencia, capacidad y disponibilidad, evitando amenazas a la objetividad como la familiaridad o el interés propio. Asimismo, explicó que esta revisión es necesaria en encargos relacionados con entidades que cotizan en bolsa, instituciones supervisadas por autoridades financieras o empresas con alto riesgo de lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes mencionó la falta de claridad sobre cuándo interviene el revisor, la ausencia de evidencia de su participación y la escasa documentación de los procesos de remediación.Por su parte, Arantxa Esthela Reyes Mendiola centró su exposición en la ética dentro del sistema de gestión de calidad bajo las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Destacó que la ética debe ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una práctica operativa dentro de las firmas, ya que la confianza es la principal “mercancía” de los profesionales contables y el comportamiento individual impacta directamente en la reputación institucional.A partir de su experiencia en la implementación de estos estándares en México y Latinoamérica, señaló que, aunque los contextos varían, la confianza es un elemento transversal. Advirtió que los mayores riesgos para las firmas no siempre son técnicos, sino aquellos derivados de la familiaridad con los clientes o de presiones comerciales que pueden afectar el juicio profesional. Ante ello, subrayó la importancia de contar con salvaguardas adecuadas, procesos constantes de autoevaluación, canales de denuncia efectivos y un liderazgo ético que se refleje en toda la organización.En su intervención, Francisco José Sánchez González abordó los desafíos éticos que enfrentan las firmas de contaduría pública en la asignación de revisores y en la ejecución de auditorías. Señaló que la confianza pública, la objetividad, la independencia y la calidad profesional son pilares de la profesión, guiados por principios del código de ética como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional.También enfatizó la importancia de documentar adecuadamente los procesos de aceptación y continuidad de clientes, verificando que los miembros del equipo no tengan intereses financieros o relaciones personales que comprometan su independencia, y que cuenten con la experiencia necesaria para cada sector. Asimismo, advirtió que presiones internas y externas, como las económicas o los plazos de entrega, pueden generar riesgos éticos, los cuales deben mitigarse mediante salvaguardas como la rotación de socios o revisores, la documentación de la independencia y la capacitación continua.Finalmente, Cecilia Coronel Ruiz explicó el papel de la ética en los sistemas de gestión de calidad establecidos por las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que las firmas deben aplicar sistemas basados en riesgos para garantizar la calidad de los encargos y el cumplimiento de normas profesionales y legales.Destacó que el revisor de calidad actúa de forma independiente al equipo de auditoría y valida las conclusiones antes de emitir el informe. También subrayó la importancia de contar con políticas claras para la elegibilidad de revisores y respetar periodos de enfriamiento, con el fin de fortalecer la calidad, la independencia y la confianza en la profesión contable.
Este 9 de marzo, el Colegio organizó el foro Fiscalidad con IA: Criptoexchanges y retenciones, un espacio de análisis dedicado a revisar el marco fiscal relacionado con los criptoactivos, así como las herramientas tecnológicas que utilizan las autoridades para su fiscalización.En el encuentro participaron los especialistas Juan Carlos Santillán Hernández y Gustavo Fuentes de León como expositores, mientras que Juan Carcaño López fungió como moderador y presentó un panorama general sobre la evolución de los criptoactivos y su tratamiento regulatorio.Durante la sesión se explicó que la fiscalidad comprende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan los tributos y los procesos de recaudación del Estado, los cuales permiten financiar servicios públicos y otras actividades gubernamentales. En ese contexto, los especialistas destacaron que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la manera en que las autoridades analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones, tomar decisiones y fortalecer los procesos de supervisión fiscal. Como parte del panorama general, se revisó el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Los ponentes recordaron que el crecimiento de redes como Ethereum permitió la creación de tokens mediante contratos inteligentes, lo que dio origen a miles de activos digitales programables dentro de la tecnología blockchain. De igual forma, explicaron que los criptoactivos se definieron como representaciones digitales de valor que utilizan criptografía y redes descentralizadas para validar y registrar transacciones sin la intervención de una autoridad central. Entre sus principales características, los panelistas enlistaron la descentralización, el uso de blockchain, el pseudonimato de los usuarios y la posibilidad de realizar transferencias globales casi inmediatas. Asimismo, se mencionó que dentro del mercado existen distintas categorías, entre ellas criptomonedas ampliamente conocidas como Bitcoin y Ethereum, además de stablecoins, tokens de utilidad y tokens de gobernanza.Los especialistas señalaron que, ante el crecimiento del mercado de criptoactivos, diversos organismos internacionales han impulsado lineamientos orientados a mejorar la transparencia fiscal y prevenir riesgos como el lavado de dinero. En el caso de México, recordaron que los criptoactivos no tienen el carácter de moneda de curso legal. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y criterios de Banxico. Además, se destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el análisis de blockchain, el intercambio internacional de información y sistemas de IA capaces de rastrear transacciones en redes públicas. En materia tributaria, se explicó que México aún no cuenta con un régimen específico para las criptomonedas. Sin embargo, la postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugiere que las operaciones de compraventa de estos activos pueden tratarse como enajenación de bienes, por lo que podrían sujetarse a disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) relacionadas con este tipo de transacciones. Durante el foro también se revisaron las reglas aplicables a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en plataformas tecnológicas y servicios digitales. Los especialistas coincidieron en que las disposiciones fiscales establecen obligaciones específicas para las plataformas que intermedian operaciones, incluyendo la retención de impuestos y la emisión de comprobantes fiscales correspondientes.
Con el propósito de analizar los principales retos en la preparación de la declaración anual, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio organizó el 6 de marzo el curso Declaración anual 2025 en Resico: aspectos clave para su elaboración, impartido por los comisionados Elio Fernando Zurita Morales y Edyth Ramírez Sánchez. Durante el evento se abordaron aspectos normativos y prácticos que los contribuyentes deben considerar para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales dentro del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).En su intervención, Elio Fernando Zurita Morales explicó los elementos centrales para la elaboración de la declaración anual 2025 en Resico, tanto para personas físicas como para personas morales. Señaló que, en el caso de las personas físicas, el régimen es voluntario, se basa en ingresos efectivamente cobrados y no permite deducciones, siempre que los ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos anuales. También se permite obtener ingresos adicionales por sueldos o intereses, siempre que no se supere dicho límite.No obstante, advirtió que existen limitaciones en la regla miscelánea que permite combinar ingresos, lo que puede generar riesgos en casos como la venta de una casa no exenta u otros ingresos extraordinarios. En caso de rebasar el límite o incumplir obligaciones, el contribuyente deberá salir del régimen y tributar en el esquema correspondiente.Respecto a las personas morales, destacó que el Resico es obligatorio cuando la sociedad está integrada únicamente por personas físicas y sus ingresos del ejercicio anterior no superan los 35 millones de pesos. Asimismo, subrayó que la participación de socios en otras sociedades mercantiles, especialmente cuando existe control o relación entre ellas, puede impedir tributar en este régimen.En materia de deducciones, explicó que en Resico para personas morales se consideran principalmente las adquisiciones efectivamente pagadas. Las inversiones cuentan con porcentajes de deducción más altos, aunque solo hasta tres millones de pesos, aplicándose posteriormente los porcentajes normales. También mencionó algunos retos prácticos, como la falta de reglas claras para la deducción de inventarios iniciales al cambiar de régimen y la no deducibilidad de los anticipos de remanente en sociedades civiles.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez destacó la importancia de preparar con anticipación la información para la declaración anual, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un simulador que precarga diversos datos. Subrayó que es indispensable contar con papeles de trabajo y validar la información antes de presentar la declaración.La especialista explicó que la autoridad fiscal dispone de una gran cantidad de información del contribuyente, principalmente a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), por lo que resulta fundamental conciliar ingresos, gastos y pagos provisionales con dichos comprobantes. También resaltó la relevancia de los complementos de pago para confirmar cuándo un ingreso ha sido efectivamente cobrado.Asimismo, enfatizó la correcta emisión de CFDI en conceptos como sueldos, viáticos y otras prestaciones, ya que el incumplimiento en retenciones puede impedir la deducción de ciertos gastos. También recomendó justificar adecuadamente la razón de negocios de las erogaciones y mantener actualizadas cuentas fiscales como la CUCA, la CUFIN y las pérdidas fiscales.Finalmente, la expositora reiteró que la información precargada por la autoridad debe utilizarse únicamente como referencia, por lo que es indispensable revisarla y conciliarla con la contabilidad del contribuyente. Una adecuada preparación y verificación de la información permitirá presentar la declaración anual de manera correcta y evitar posibles inconsistencias ante la autoridad fiscal.
