En el marco del foro Reformas Fiscales de la CDMX 2026, organizado por el Colegio, e inaugurado por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, se presentaron los contadores Guadalupe Santos, Alejandro Guízar Acosta, Adrián Urbina Galicia, Laila Moreno Sotelo y Virginia Ríos Hernández, quienes compartieron un análisis sobre las reformas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), Código Fiscal de la Federación (CFF) y Ley de Ingresos de la Federación (LIF).
El evento, llevado a cabo el 13 de febrero, fue introducido por Guadalupe Santos, quien explicó que la LIF es una legislación emitida por el Gobierno federal, resultado de un proceso legislativo formal, que determina cuánto dinero recibirá el Estado durante el ejercicio fiscal correspondiente.
Durante su intervención, se comentó que la LIF 2026 contempla ingresos estimados por 10.19 billones de pesos, de los cuales 5.83 billones corresponden a ingresos tributarios, es decir, 57.28% del total previsto. También destacó que el déficit público, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se ubicaría en 4.1% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el saldo de la deuda se estima en niveles cercanos al 52.3% del PIB.
Asimismo, se puntualizó que los estímulos fiscales previstos para 2026 representan una oportunidad de regularización para contribuyentes, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos en la normatividad aplicable.
Por su parte, Guízar Acosta presentó un análisis de las modificaciones relevantes al CFF, con énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de control y combate a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) falsos. Señaló que las reformas plantean un endurecimiento del marco normativo en materia de comprobación fiscal, al establecer con mayor claridad que los CFDI deberán amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, conforme a lo previsto en el código.
Además, informó que se adiciona una nueva causal de restricción de los Certificados de Sello Digital (CSD) cuando los contribuyentes otorguen efectos fiscales a comprobantes que hayan sido declarados falsos, lo que puede impactar directamente en la operación cotidiana de las empresas al impedir la emisión de facturas electrónicas.
En la misma línea, Adrián Urbina comentó que, en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la ley exige identificar o asociar el impuesto efectivamente pagado con los actos o actividades gravadas del contribuyente para estar en posibilidad de acreditarlo.
En tanto, la licenciada Moreno Sotelo presentó un análisis sobre las modificaciones y alcances del Código Fiscal de la Ciudad de México. Al respecto, reveló que el artículo 8 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece la obligación de las personas físicas y morales de pagar las contribuciones previstas en la legislación capitalina.
A partir de este fundamento se desprenden obligaciones formales y sustantivas que deben observar los contribuyentes; con ello, se reforzó la importancia de un cumplimiento integral y oportuno en el ámbito tributario capitalino.
Finalmente, Virginia Ríos Hernández versó sobre el subsidio al empleo 2026 y la propuesta de reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Explicó que el subsidio al empleo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025 y que para 2026 se establece un salario máximo de 11,492.66 pesos como límite para su aplicación.
Se detalló que el monto del subsidio se determina con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual. Para ello, se aplican distintos porcentajes según el periodo del año.
En el ámbito laboral, se abordó la propuesta de reducción de la jornada máxima semanal (40 horas) de manera gradual. En este punto, la especialista hizo hincapié en que esta transición progresiva busca permitir a las empresas adaptar sus estructuras operativas y presupuestales sin generar impactos abruptos en productividad y costos laborales.
Con un mensaje de reconocimiento y reflexión, Leidy Ramos Marín, directora de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos, fue la encargada de clausurar el foro Reformas Fiscales de la CDMX 2026.
Expresó un agradecimiento a los especialistas que compartieron su experiencia y conocimientos, así como a los asistentes que participaron en este espacio de análisis. Se reconoció que el diálogo entre autoridades, especialistas y profesionales fortalece la cultura de cumplimiento y contribuye a una mejor comprensión de los cambios legislativos.
Eventos recientes
El 10 de junio se presentó en el Colegio el curso Impuestos ecológicos y ambientales estatales 2026, un espacio de actualización donde se expuso el funcionamiento de estos tributos desde un enfoque práctico, con el fin de asegurar su cumplimiento dentro del marco regulatorio competente desde el conocimiento normativo y la exposición de casos específicos que reflejaran la complejidad de estos impuestos.A la reunión asistieron especialistas de la comisión técnica de Contribuciones Locales: Emiliano Fajardo Sotelo, Rodrigo Farías García, Eliseo Aguilar Florentino, bajo la coordinación de Rafael Martínez Albarrán.Para comenzar con el encuentro, compartieron las generalidades de los impuestos ecológicos o ambientales, describiéndolos como mecanismos tributarios de los gobiernos estatales que gravan la emisión de contaminantes en tres actividades: la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, la descarga de residuos en suelo, subsuelo y aguas, el depósito de residuos y la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos. Estos tributos, según comentaron los ponentes con una revisión de antecedentes internacionales, derivan de una tendencia mundial impulsada por la agenda 2030 y su compromiso por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tras ello, los expertos detallaron en el objeto, sujeto, base y pago de estos impuestos.Al respecto de la emisión de gases contaminantes, los expertos señalaron que estos impuestos consideran las emisiones directas e indirectas, siendo estas últimas aquellas que no son emitidas por las fuentes fijas del contribuyente, pero se emplean para las actividades gravadas, como el consumo de energía eléctrica. El pago de esta tributación depende de las toneladas de carga contaminante producida, pero la dimensión estatal complica el cálculo, de la misma ya que se deben alinear distintos conceptos en distintas entidades, mermando la definición de elementos clave.En mayo del 2024 una sentencia declaró inconstitucional los artículos 14 y 19 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas por este motivo, ya que no se define el concepto de instalaciones o fuentes fijas, restando certeza a la determinación de quién debe pagar este impuesto.Para el caso de la descarga de residuos en el suelo, subsuelo y aguas, se señaló que el cálculo de la tributación depende de limites establecidos para distintas sustancias, que a su vez se clasifican según su impacto ambiental en contaminantes básicos o pesados, a diferencia de los gases, que contabilizan todos los contaminantes emitidos.Posteriormente, en los impuestos relacionados al depósito de residuos se indicó que el gravamen acumula los contaminantes derivados de residuos sólidos y no considera el lugar de generación, sino el depósito. Esto genera una problemática que se puede identificar en el resto de los impuestos ambientales, ya que algunas actividades implicarán desarrollar una actividad dentro de una jurisdicción estatal y depositar los residuos en otra; este factor hace determinante la claridad de conceptos en los cuerpos normativos y un grado de homologación con el que no se cuenta actualmente.El Impuesto a la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos también deriva en sus propias complejidades, según comentan los expertos, sobre todo en materia de proporcionalidad, ya que la extracción no siempre comprende un material específico, sino un conjunto de materiales que se gravan de manera distinta.Tras este desarrollo específico de los elementos relevantes para estos tributos, los expertos compartieron las diferencias entre las entidades, con lo que se dejaron ver la falta de homologación en estos impuestos ambientales. Posteriormente se expusieron las obligaciones derivadas de cada impuesto y una línea natural de los medios legales de defensa. En suma, con todas las bases cimentadas, se hizo un recorrido por los impuestos específicos de cada entidad, señalando las obligaciones específicas de cada estado de la república.Para concluir, se señaló que durante los próximos años se estima un incremento en la adopción de estos impuestos ecológicos, incluyendo más actividades en los objetos de los impuestos y extendiéndose a los estados que aún no los consideran. Sin embargo, la labor pendiente es impulsar un sistema que permita que estas contribuciones se destine a remediar los daños causados o el impacto en la salud de la población, para no reducirlos a un “pase que permita seguir contaminando a cambio del pago de una cuota”.
Con la finalidad de ofrecer claridad y dar a conocer las herramientas frente a los mecanismos de fiscalización actuales, el Colegio llevó a cabo el foro Cómo atender la vigilancia profunda del SAT con enfoque fiscal, en el que especialistas desglosaron el alcance, fundamento y tratamiento de las cartas invitación emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Durante la charla, presentada este 10 de junio, Salvador Sánchez Soto explicó que las cartas invitación constituyen un comunicado escrito mediante el cual la autoridad exhorta al contribuyente a aclarar voluntariamente información considerada atípica en sus operaciones.Entre los supuestos más frecuentes se encuentran diferencias entre ingresos y depósitos, inconsistencias entre deducciones y comprobantes, omisión en la presentación de declaraciones, falta de materialidad en operaciones, así como discrepancias entre pagos y retenciones enteradas.Respecto a su fundamento, el panelista señaló que estas comunicaciones se sustentan en el Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual faculta a la autoridad a brindar orientación y promover la corrección voluntaria de la situación fiscal del contribuyente; no obstante, precisó que las cartas invitación no constituyen por sí mismas una contingencia fiscal, ya que las contribuciones omitidas solo pueden determinarse mediante el ejercicio formal de facultades de comprobación y la emisión de una resolución debidamente notificada.Por su parte, Manuel Corral Moreno profundizó en la competencia de la Administración General de Recaudación, la cual incluye orientar a los contribuyentes para corregir errores, así como enviar comunicados y propuestas de pago para promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.Asimismo, detalló que la vigilancia profunda es un programa del SAT que, mediante el uso de tecnologías avanzadas, algoritmos y modelos de riesgo apoyados en Inteligencia Artificial (IA), analiza la información declarada por los contribuyentes. “Su objetivo es detectar omisiones, inconsistencias y comportamientos atípicos, lo que detona el envío de cartas invitación a través del buzón tributario”, precisó.Estas comunicaciones exponen los hallazgos derivados de la revisión de hasta cinco ejercicios fiscales e incluyen una invitación para regularizar la situación fiscal, ya sea mediante la presentación de declaraciones complementarias o el envío de documentación aclaratoria. Corral Moreno también enfatizó que, en caso de desacuerdo, los contribuyentes pueden acudir a la Administración Desconcentrada de Recaudación para presentar aclaraciones formales conforme a los procedimientos establecidos.Finalmente, Eduardo Estrada Borja abordó el tema de las notificaciones electrónicas y la estructura de los oficios invitación, destacando que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Subrayó que estas comunicaciones se emiten en un marco de orientación, permitiendo al contribuyente explicar o aclarar los hallazgos con la documentación pertinente.
En la conferencia con especialistas, el 4 de junio se llevó a cabo la ponencia Expectativas económicas y panorama de inversión hacia 2027 con la intervención de Víctor Portella, quien es el responsable de inversiones patrimoniales en HSBC. Durante su participación, destacó que la economía global se enfrenta a un entorno complicado, marcado por un conflicto en Medio Oriente que ha impactado directamente el sector energético, debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, un punto crucial por donde transita 20% del petróleo mundial y un tercio de los fertilizantes. “Esta situación ha llevado a que el precio del crudo suba de 60 a 110 dólares por barril. Aunque los mercados financieros corrigieron 9% en un periodo de 15 días y se recuperaron rápidamente, el verdadero riesgo radica en que los altos precios de la energía y los granos podrían presionar la inflación a largo plazo, lo que desaceleraría las economías”, destacó el especialista. En cuanto al tipo de cambio en México, Portella mencionó que la estabilidad actual de la moneda (alrededor de 17.30 pesos por dólar) no se debe a un peso fuerte, sino a un dólar débil, que ha sido devaluado intencionadamente por Estados Unidos (EUA). Además, el economista en gestión de fondos de inversión anticipa que, una vez que se disipe el ruido electoral, el T-MEC y la guerra, el tipo de cambio podría caer por debajo de los 17 pesos, ya que el diferencial histórico de inflación del 2% entre ambos países casi ha desaparecido, limitando así la depreciación natural del peso. A nivel nacional, las agencias calificadoras han advertido sobre la posibilidad de recortar el grado de inversión de México debido al aumento del déficit fiscal por encima del 5% durante el periodo electoral. Perder este grado obligaría al país a financiarse a tasas más altas, afectando a los inversionistas institucionales; no obstante, Víctor Portella aclaró que la relación deuda/PIB de México se encuentra en un 50%, un nivel asequible y saludable si se compara con el 130% de Estados Unidos o con la severa crisis de reservas e inflaciones del 80% vivida en 1994. Por lo tanto, se estima que el país mantendrá su grado de inversión en los próximos 12 a 18 meses, periodo en el cual el gobierno buscará aumentar la recaudación para frenar el déficit. En cuanto al crecimiento económico, el especialista en Economía agregó que México muestra una clara desaceleración, pasando de un buen cierre de año al 0.2% en el primer trimestre, lo que ajusta las expectativas de HSBC a un 1.5% para 2026 y las del Banco de México a un 1.1%. Esta falta de crecimiento que estamos viviendo se debe a que la inversión local —que representa 90% de la inversión total en el país— acumula 18 meses consecutivos a la baja. Esto se debe al escepticismo de los empresarios ante la incertidumbre jurídica del T-MEC y reformas como la judicial. En contraste, la inversión extranjera directa está alcanzando cifras históricas (alrededor de 22,000 millones de dólares en el último informe, después de un cierre previo de 40,000 millones) gracias al nearshoring y las virtudes geográficas del país. No obstante, como esta inversión representa menos del 10% del total, no logra tener un impacto significativo en el PIB por sí sola, similar al efecto limitado que tendrá el próximo Mundial de fútbol, que se estima apenas un 0.1% del PIB por la dispersión de los partidos. Así, el gobierno se verá obligado a dar certidumbre jurídica a la iniciativa privada, dado que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la enorme infraestructura energética que el país necesita. Por otro lado, la inflación general en México muestra presiones al alza, y es la inflación subyacente de largo plazo la que resulta más compleja de controlar. Por esta razón, el Banco de México ha decidido frenar la baja de tasas de interés, al proyectar que la tasa gubernamental se mantenga fija en 6.5% para este año y el siguiente. Si bien esto mantiene un costo de financiamiento alto para el gobierno, para el inversionista extranjero representa un escenario muy atractivo al ofrecer tasas reales positivas cercanas al 3% en un mercado líquido y estable. Ante la falta de una reforma fiscal en la agenda de la presidenta, el gobierno recurrirá a una fiscalización más agresiva para cubrir sus elevados gastos fijos —como los programas sociales—, en el que utilizarán estrategias que ya funcionaron en el sector aduanero con los aranceles del 50% a productos chinos o al implementar medidas como el cobro obligatorio con tarjeta en las gasolineras. En el plano comercial, las exportaciones no petroleras, lideradas por la industria automotriz que crece al 4.9%, siguen firmes, aunque naciones asiáticas como Taiwán y Vietnam están absorbiendo de manera súbita el mercado de chips que China pierde en EUA debido a que México no ofreció las condiciones necesarias para retener esa industria. Para concluir, Víctor Portella prevé que la renegociación del T-MEC se extenderá más allá del primero de julio bajo presiones de EUA en temas de migración y narcotráfico. Están buscando reglas de origen más estrictas y aranceles protectores para el acero y el aluminio, con el fin de evitar la triangulación china, manteniendo a salvo 85% de los productos mexicanos. Con un mercado estadounidense que no reducirá tasas por su alta inflación y un panorama global de inversión que está siendo transformado por la inteligencia artificial (IA) —la cual generará una demanda energética colosal y revivirá alternativas como la energía nuclear—, el especialista en la materia recomendó a los inversionistas no mantenerse fuera del mercado, pero actuar con cautela. “La estrategia sugerida consiste en aprovechar las atractivas tasas reales de largo plazo en México (cercanas al 10% en bonos fijos a 10 años) y mantener portafolios diversificados por regiones y sectores clave como tecnología, software, infraestructura, robótica y finanzas”.
