Con el fin de revisar las disposiciones éticas aplicables al contador público en México, el 28 de abril se presentó un curso donde se analizaron las actualizaciones de Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) 2026 para fortalecer el criterio de los asistentes en la toma de decisiones ante dilemas éticos: Modificaciones al Código de Ética Profesional.
María Margarita Aranda Martínez, integrante de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional y presidenta de la Comisión Nacional de Ética Profesional, fue la asignada a compartir estas actualizaciones en el Código de Ética Profesional (CEP). Para iniciar su ponencia señaló que estas modificaciones derivan de una armonización con las disposiciones del Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés).
La especialista comentó la estructura actual del CEP y los cinco principios fundamentales sobre los cuales se sustenta: integridad, objetividad, diligencia, confidencialidad y comportamiento profesional. Posteriormente, se desarrollaron los tres ejes de los cambios promulgados el 2025 en el código: tecnología de la información, auditoría de grupos y planificación fiscal.
Para el primer caso, los cambios integran los retos y oportunidades impulsados por la aplicación de distintas tecnologías de la información en la labor del contador público y se enfocan en reforzar principios fundamentales como la confidencialidad y la diligencia profesional. Según lo comentado por la contadora Aranda, el uso de nuevas tecnologías demanda un nivel de supervisión y control que permita su uso adecuado para cada propósito. Poder discernir el uso apropiado requiere conocimiento especializado y, en consecuencia, capacitación continua; además, se debe sustentar el uso de la tecnología en controles y supervisión que brinden parámetros apropiados para la correcta toma de decisiones.
Con estos cambios se promueve a que las personas especialistas en contaduría pública conozcan los medios digitales que emplean y desarrollen los conocimientos necesarios para cada actividad que los involucre. A manera de resumen, la experta brindó un panorama general sobre los aspectos que debe considerar un contador público al usar la tecnología, como el alcance de la dependencia en un producto tecnológico o si ésta ya está probada y evaluada para su uso apropiado.
En segunda instancia, se habló sobre el eje de planificación fiscal, que busca la adopción de terminología alineada con el CEP y las legislaciones aplicables; esta adición permite disipar la incertidumbre y promover el cumplimiento de los principios fundamentales en concordancia con el ejercicio profesional. Aranda señaló que, al prestar servicios de planificación fiscal, el contador público se expone a amenazas como interceder por el cliente o a la intimidación, por lo que fortalecer el CEP en esta materia es fundamental para permitir al prestador de servicios evaluar las amenazas y preservar los principios fundamentales.
El último eje, relacionado a Auditoría de grupos, incluye consideraciones para mantener la independencia en este tipo de auditorías a los estados financieros y se enfatiza en la importancia de la comunicación adecuada entre las partes. De esta forma, se exalta la responsabilidad del profesional en hacer un ejercicio de sincronización y coordinación que permita el intercambio de observaciones e integre esfuerzos para recuperar hallazgos precisos y de valor para la toma de decisiones.
Para cerrar la presentación, el foro contó con la participación de tres expertos que compartieron ejemplos de cómo el CEP media sus ejercicios profesionales de manera práctica: Hatzel Misael Gómez Sandoval, en su práctica docente; Claudia Balderas Conde, como auditora externa; y Edgar Alejandro Romero León, en el área de finanzas. En conjunto, estas participaciones permitieron demostrar a la audiencia que el Código de Ética Profesional fundamenta las bases de un actuar profesional responsable, objetivo e íntegro.
Eventos recientes
Con el objetivo de revisar el marco normativo y el procedimiento para gestionar la reducción de la carga fiscal en el segundo semestre del año, se llevó a cabo este 20 de mayo el curso Aspectos prácticos en la disminución de pagos provisionales del ISR, evento organizado por la comisión Fiscal del Colegio.Las ponencias estuvieron a cargo de los especialistas César Aguilar Aguilar y Jesús Sánchez Juárez, bajo la moderación de Arturo Halgraves Cerda. Durante la sesión, los panelistas enfatizaron que, tras las recientes reformas fiscales, el enfoque no radica en disminuir el pago de manera directa, sino en solicitar la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor.El contador Aguilar inició la sesión explicando el fundamento técnico. Al respecto, destacó que el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que los pagos provisionales mensuales son anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio, los cuales deben cubrirse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior.Asimismo, se vinculó este plazo con los beneficios de prórroga que otorga el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF); Aguilar precisó que, a partir de 2022, el artículo 14 de la LISR se modificó con el fin de especificar que la autorización prevista por la autoridad se refiere estrictamente a la modificación del coeficiente de utilidad, y no a la disminución de los pagos provisionales que derivan de la variación de dicho coeficiente.Respecto a la temporalidad del proceso, se aclaró que la solicitud debe presentarse ante la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se pretenda disminuir. En tanto, para instrumentar el trámite, el expositor señaló que la base operativa se encuentra en la Ficha de trámite 28/ISR Solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales del ISR, disponible a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Además, informó que, para que la solicitud sea admitida a trámite, los contribuyentes deben integrar un escrito libre que contenga el nombre, denominación o razón social de la empresa, el domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, correo electrónico, número telefónico, entre otros. Adicionalmente, el expediente debe incluir la identificación oficial, el instrumento legal para acreditar la representación, el formato 34 y el papel de trabajo detallado.Por su parte, el contador Jesús Sánchez centró su participación en la ejecución técnica del llenado del Formato 34. Durante este bloque, compartió opiniones, experiencias prácticas y los criterios más comunes que aplica la autoridad fiscal al revisar los papeles de trabajo que soportan la proyección financiera del segundo semestre.Sánchez Juárez advirtió que la coherencia total entre la contabilidad interna, los CFDI emitidos y las proyecciones plasmadas en dicho formato es la clave definitiva para evitar requerimientos innecesarios o una resolución negativa por parte de la autoridad.
El 19 de mayo, el Colegio fue sede de una celebración por el Día del Maestro para reunir y conmemorar la dedicación del plantel docente de la comisión Académica de Diplomados. El evento fue encabezado por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; Pedro María Zugarramurdi Martiarena, presidente de la Comisión Académica de Diplomados; y María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Rosalía Ortega recibió a los asistentes con un discurso donde celebró el esfuerzo y dedicación de los docentes asistentes, quienes responden al compromiso de formación continua mediante su disciplina y apoyo al desarrollo disciplinar de vanguardia.Para seguir con la reunión, se galardonó con un reconocimiento a la excelencia académica a cuatro representantes del compromiso y la excelencia que deben reflejar los profesionales contables comprometidos con la educación. Blanca Esthela Landeros Olascoaga, Rodrigo Adrián Ramírez Venegas, Catalina Mejía Balcázar y Miguel Ángel Ávila Milpa fueron las personas destacadas por sus esfuerzos dedicados a la docencia.Finalmente, Pedro María Zugarramurdi agradeció a los asistentes por su asistencia y felicitó el trabajo continuo de todos, recordando que, aunque “no siempre son visibles las horas de trabajo puestas en cada clase, ese esfuerzo es valioso y marca la diferencia”, por lo que este espacio para recompensar, agradecer y prestigiar es enormemente merecido por quienes día con día demuestran sus esfuerzos a enaltecer la disciplina contable con vocación, dedicación y profesionalismo.
Bajo el compromiso de contribuir a la transparencia, legalidad y el combate a la impunidad, el Colegio organizó, este 18 de mayo, el foro Auditoría forense en el proceso penal con apoyo de peritos contables, lugar al que se dieron cita María del Rocío Hernández Romero, José Luis Maya Téllez, Mónica Morales González y Edgar Cruz.En la introducción, Hernández Romero presentó un análisis sobre la evolución del fraude financiero a nivel global y el papel que ha desempeñado la tecnología en su sofisticación, destacando la relevancia de la labor pericial contable en su detección y prevención.Durante su intervención, expuso que, de acuerdo con evaluaciones internacionales, las pérdidas globales por fraude financiero ascienden a 442 mil millones de dólares anuales, con un incremento significativo en los esquemas de fraude asistidos por Inteligencia Artificial (IA). “Este fenómeno obliga a fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales en auditoría forense”, remarcó.Además, advirtió que el fraude se ha consolidado como una problemática mundial, ya que organismos internacionales de supervisión financiera advierten que más del 90% de los países enfrentan este tipo de delitos. También, se platicó sobre la naturaleza jurídica de la reforma penal y cómo los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se convirtieron en la vía para resolver conflictos de manera rápida y eficiente.Por su parte, José Luis Maya Téllez dirigió su participación hacia la evolución del marco legal mexicano; al respecto, afirmó que la integración de los Estados a los organismos internacionales conlleva responsabilidades normativas indispensables para el crecimiento y desarrollo de las naciones.Desde esta perspectiva, el panelista subrayó que los sistemas jurídico-penales internos tienen la obligación de evitar cualquier tipo de divergencia o rezago entre la tipificación de conductas ilícitas internacionales y las reglamentaciones locales que las sancionan, garantizando un frente común y homogéneo contra la impunidad. De igual forma, Maya Téllez habló sobre los principios que dan identidad al procedimiento penal y que modifican la actuación del auditor forense en el desahogo de pruebas.Finalmente, Mónica Morales González, directora jurídica en la Auditoría Superior de la Federación, hizo hincapié en que el éxito de los casos de fraudes y malversaciones radica en la "sinergia forense", un modelo de colaboración conjunta que une las competencias del auditor con la conducción jurídica del abogado penalista.A su vez, detalló las tres etapas críticas donde la labor del perito contable resulta indispensable para construir un caso sólido ante los tribunales: la planeación y requisitos legales; investigación y cadena de custodia; y la elaboración del informe técnico.Como ejemplo, explicó que la prisión preventiva justificada se aplica únicamente por orden del juez y a solicitud del Ministerio Público o de la víctima, cuando otras medidas resulten insuficientes para garantizar el éxito del proceso.
