El Magno evento de los pronunciamientos internacionales de formación organizado por la vicepresidencia de Normatividad Institucional, bajo la coordinación la comisión de Educación del Colegio, se centró en cómo la formación continua y la alineación con estándares internacionales son fundamentales para el desarrollo profesional de los contadores públicos.
El evento, coordinado por Rosa Gutiérrez García, presidenta de la Comisión, y Norma Martín Quintana, vicepresidenta, tuvo lugar el 19 de noviembre y contó con la participación de expertos de diversas instituciones educativas quienes compartieron sus conocimientos y experiencias sobre cómo los PIF pueden transformar la práctica contable, asegurando que los contadores estén preparados para los futuros desafíos.
La inauguración del foro estuvo a cargo de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, quien destacó la importancia de adaptar la educación contable a las necesidades globales y los avances en la práctica profesional.
La primera presentación estuvo a cargo de Ricardo González Escobar, presidente de LATAM en el Instituto de Neurociencias Australiano About my Brain. González Escobar abordó la importancia del desarrollo profesional en un entorno VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad) y BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible). A través de la neurociencia aplicada, resaltó cómo la comprensión del cerebro humano, la lateralidad y la corteza prefrontal son fundamentales para el liderazgo y la toma de decisiones en la contaduría, así como para el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentar los retos profesionales del siglo XXI.
Salvador Ruiz de Chávez Ochoa, director general en Grupo Mexicano de Consultores en Educación, presentó la visión global de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y su influencia en los estándares internacionales de formación profesional. Resaltó cómo la Comisión Mixta de Educación del IMCP ha trabajado para adaptar los Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF) a la realidad mexicana, promoviendo la capacitación continua y la alineación de los programas educativos con los estándares internacionales.
Armando Tomé González, director de la FCA UNAM, profundizó en el PIF 2, que establece los requerimientos de competencia técnica para los aspirantes a contadores. En su intervención, subrayó la importancia de incorporar la sostenibilidad y los derechos humanos dentro de la formación contable, una tendencia impulsada por los organismos internacionales. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Facultad de Contaduría y Administración, ha comenzado a incluir asignaturas como "Sostenibilidad en las organizaciones" para preparar a los futuros contadores para los desafíos globales.
María Gloria Arévalo Guerrero, jefa de la Licenciatura en Contaduría de la FCA UNAM, presentó los principios del PIF 3 y 4, que enfatizan la importancia de habilidades profesionales, éticas y actitudinales en los contadores. Arévalo Guerrero destacó que estos pronunciamientos abogan por una formación integral que no solo debe capacitar técnicamente, sino también formar profesionales comprometidos con la ética, la responsabilidad social y la toma de decisiones informadas.
Blanca Gabriela De la Cruz Molina y José Luis Deloya Coyotecatl, en representación de la ESCA Santo Tomás IPN, ofrecieron una mirada histórica y estratégica sobre la evolución de la contaduría en México. También profundizaron en la importancia de la evaluación de competencias y la ética en la formación de los futuros contadores, señalando cómo las instituciones académicas están alineando sus programas con los Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF) para asegurar que los egresados posean las habilidades necesarias para enfrentar los retos del mundo profesional.
Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Concanaco, hizo una intervención sobre el impacto de las organizaciones empresariales en el desarrollo del país y la importancia de mantener un compromiso con la capacitación y el aprendizaje continuo en todas las profesiones, incluida la contaduría. Destacó que el éxito no solo se mide por los logros, sino por la capacidad de enfrentar desafíos y aprender de los fracasos.
Por su parte, Juan Carlos Bojorges Pérez, expresidente del Colegio, abordó el Pronunciamiento Internacional de Formación 7 sobre el Desarrollo Profesional Continuo (DPC). Subrayó que, ante los continuos cambios, los contadores deben mantener una actualización constante no solo en términos técnicos, sino también en competencias éticas y de liderazgo. Bojorges Pérez enfatizó que el DPC debe ser un proceso planificado y evaluado, con un enfoque en la mejora continua y el fortalecimiento de la confianza pública. En su discurso, invitó a los contadores a comprometerse con su desarrollo profesional de manera activa, tomando el aprendizaje continuo como una oportunidad para no solo cumplir con los estándares, sino para ser líderes en la vanguardia de la profesión, contribuyendo a la transformación del campo contable.
El evento también incluyó una intervención de Alfonso Ayala Rico, secretario general de la FCA UNAM, quien presentó el PIF 8, que establece los requisitos de competencia profesional para los auditores de estados financieros. Este pronunciamiento destaca la importancia del escepticismo profesional, el juicio crítico y la responsabilidad ética en el ejercicio de la auditoría, elementos clave para asegurar la calidad y la transparencia en la contabilidad financiera global.
El evento culminó con la intervención de Orlando Corona Lara, vicepresidente de Normatividad Institucional del Colegio, quien destacó el impacto que tiene la formación contable de calidad en el desarrollo económico y social de México. Corona Lara hizo un llamado a la comunidad contable a seguir trabajando en la mejora continua de sus competencias, alineándose con los estándares internacionales para lograr un futuro profesional más ético, competente y responsable.
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En el marco del foro Sorpresas fiscales 2026, organizado por el Colegio y coordinado por la comisión Fiscal, especialistas abordaron los principales elementos que integrarán la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) del próximo ejercicio, así como los cambios previstos en estímulos fiscales, disposiciones específicas y medidas orientadas a sectores estratégicos.El encuentro, realizado el pasado 4 de diciembre, tuvo como eje central ofrecer un panorama actualizado sobre la proyección de ingresos. Este espacio contó con la participación de María Mancilla Rendón, Rodolfo Jerónimo Pérez, Alberto Guillermo Castelló Durán, Arturo Halgraves Cerda y Guadalupe Santos Moreno, esta última como moderadora.En la introducción, la contadora Mancilla Rendón realizó un análisis del proyecto de decreto de Ley de Ingresos, destacando la estimación de ingresos del Gobierno Federal y de las entidades bajo control directo, así como los recursos que provendrán del financiamiento público.Al respecto, explicó que la propuesta incluye el endeudamiento neto autorizado, el saldo total de la deuda contingente asociada con proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de estos esquemas y los nuevos compromisos de inversión previstos para el año.Además, subrayó que los ingresos totales proyectados para 2026 ascienden a 10,193,683.70 millones de pesos, de los cuales la LIF representa 57.28%. Dentro de esta estructura, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportaría 3,070,149.10 millones de pesos, equivalente al 27.52% del total; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 1,589,069.00 millones (14.65%); el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 761,501.00 millones (6.95%); el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), 20,161.80 millones (0.35%).Posteriormente, Alberto Guillermo Castelló Durán y Arturo Halgraves Cerda abordaron temas vinculados con las disposiciones fiscales complementarias; al respecto, expusieron que las donatarias autorizadas podrán otorgar donativos a personas no registradas como donatarias, siempre que los recursos se destinen a labores de rescate y reconstrucción en desastres naturales y se cumplan estrictamente los requisitos previstos en la ley.También, comentaron que las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y cuyos ingresos superen los 900 mil pesos efectivamente cobrados deberán pagar el ISR únicamente sobre el monto que rebase dicho límite.Finalmente, explicaron que el estímulo a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional prevé 750 millones de pesos para proyectos de producción cinematográfica mexicana y 65 millones para iniciativas de distribución, lo que permitirá fortalecer la generación de contenidos nacionales y ampliar su alcance ante el público.
Del 2 al 4 de diciembre, la comisión de Seguridad Social llevó a cabo las Jornadas de Seguridad Social 2025, espacio que convocó a especialistas para analizar los cambios y desafíos que definirán la operación laboral y de seguridad social para el próximo año. Está edición se destacó por su enfoque en la anticipación, la fiscalización inteligente y la preparación estratégica de empresas y profesionistas.El primer ponente, Jorge Tomás Ponce Yépez, presentó un panorama prospectivo sobre lo que se espera para 2026. Subrayó la importancia de que los contadores públicos anticipen cambios regulatorios, administrativos y fiscales, especialmente en materia de nómina.Señaló la relevancia del ajuste anual de sueldos y salarios 2025, el cual debe ejecutarse de manera correcta para evitar saldos inesperados de ISR a cargo o a favor de los trabajadores, así como el uso adecuado de las claves CFDI 101 y 004.En el ámbito económico, proyectó una inflación del 4% para 2025 y 3.8% para 2026, junto con un incremento del 12% en salarios mínimos y UMA para el próximo año, lo que impactará multas, cuotas y costos laborales. Habló también sobre la UMI del Infonavit, que se prevé permanezca sin cambios, y una posible reducción de la tasa de referencia del Banco de México al 7% en 2026.En cuanto a cambios laborales, destacó el decreto de aguinaldo de 40 días para el sector público, el cual podría abrir paso a una reforma al artículo 87 de la LFT para fijar un aguinaldo general de 30 días. También anticipó la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas entre 2026 y 2030, un aumento del 30% en inspecciones laborales, el encarecimiento de la Modalidad 40 y un incremento en la tasa de recargos a 2.07% mensual para 2026.Por su parte, Nancy Berenice Robles Núñez analizó los cambios más significativos de los últimos años en materia laboral: desde la reforma de 2017, que reestructuró el modelo laboral mexicano, hasta la reforma de subcontratación de 2021, que alineó criterios laborales, fiscales y de seguridad social, retomando la prohibición de la subcontratación que data de 2012.Robles destacó el papel de la inteligencia artificial en la fiscalización, la disminución de registros en el REPSE durante 2024 y el creciente intercambio de información entre autoridades. Esto ha derivado en más inspecciones focalizadas y en la detección de contratos que encubren relaciones laborales.Otros temas clave fueron la PTU, la Ley Silla, los cambios del Infonavit con impacto laboral, y las iniciativas de reforma relativas a jornada de trabajo y aumento de prestaciones.En su participación, Mario Alberto Ruiz De León profundizó en el marco legal de la subcontratación en México. Recordó que, desde la reforma de 2021, está prohibida la subcontratación de personal, permaneciendo únicamente la figura de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal del beneficiario.Expuso los requisitos del contrato escrito, la responsabilidad solidaria entre contratista y beneficiario, y la obligación de los prestadores de servicios especializados de mantenerse al corriente ante SAT, IMSS e INFONAVIT, así como de presentar reportes cuatrimestrales vía ICSOE e SISUB.También advirtió sobre sanciones por incumplimiento y subrayó la relevancia de la materialidad de los servicios, ante una vigilancia mucho más estricta por parte de IMSS, STPS, Infonavit y SAT, incluso dentro de grupos empresariales.La especialista Jazmín Vera Montes de Oca presentó la evolución del SIDEIMSS, que ha pasado de ser un repositorio de información a una herramienta integral de fiscalización inteligente, alimentada por datos de ICSOE, SISUB, CFDI de nómina, SUA e ICE.Destacó la obligatoriedad del dictamen para patrones con 300 o más trabajadores, así como el papel crítico de los contadores públicos autorizados. Explicó en detalle las plantillas del sistema, remuneraciones, prestaciones, cuotas, pagos a personas físicas, servicios especializados y clasificación de empresas, y remarcó la necesidad de que la información sea congruente para evitar requerimientos excesivos durante las revisiones secuenciales.El tema de las pensiones fue abordado por José Manuel Etchegaray Morales, quien insistió en la importancia de verificar información ante la proliferación de mitos y datos incompletos.Profundizó en las pensiones por cesantía y vejez bajo la Ley 73, así como en el valor de una asesoría adecuada para optimizar la pensión. Recordó que esta ley sigue vigente para quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997.Etchegaray explicó el impacto y los riesgos de la Modalidad 40, que si bien aplica para Ley Nueva y Ley 73, beneficia principalmente a esta última. Advirtió sobre inversiones elevadas realizadas por personas bajo la Ley Nueva que terminan recibiendo pensiones muy bajas.También habló sobre portabilidad de pensiones entre PEMEX, IMSS e ISSSTE, los beneficios del sistema pensionario de la CFE, la pensión mínima garantizada y la compatibilidad entre pensiones.Finalmente, Mauricio Valadez Sánchez presentó un análisis profundo del sistema de pensiones de la Ley del 97, sus requisitos y las modalidades de pensión: renta vitalicia y retiro programado. Subrayó que el monto ahorrado en la AFORE es el factor decisivo para el cálculo final.Con ejemplos numéricos, comparó los montos de pensión bajo diferentes escenarios, salario mínimo, trabajador topado, edades de retiro de 60 y 65 años, y evidenció la diferencia respecto a las pensiones de la Ley 73. También analizó las reformas de 2020 y 2024, como la reducción de semanas cotizadas, el aumento de la aportación patronal, el crecimiento de las pensiones mínimas garantizadas y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, diseñado para complementar pensiones hasta 17,364 pesos para trabajadores que se retiren a los 65 años.
El colegio presentó el 2 y 3 de diciembre el curso La actualidad laboral en México y expectativas 2026 con la participación magistral de Adrián Castillo García, vicecoordinador del Comité de Derecho Laboral en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), bajo la coordinación de Ignacio Antonio Zorrilla Medina, vocero de la comisión técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente.Durante dos sesiones, el abogado Castillo García, quien forma parte del Grupo de Expertos de la Comisión Laboral, Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), realizó un análisis del sistema laboral en México y las prospectivas para los próximos años.Durante el primer día, Castillo García abordó el tema de los aspectos económicos y laborales que vivirá México en el 2026, como salario mínimo (pronóstico del 12%), tasa de desempleo (2.6% de la PEA), inflación anual del 3.57%, activos en el IMSS, revisiones en contratos colectivos de trabajo. En este tenor, se habló de la implementación de las reformas laborales, cuya modificación se basa en tres pilares: 1) sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales Laborales del Poder Judicial; garantía de la libertad sindical mediante el voto; y la aplicación de mecanismos para evitar la injerencia patronal en asuntos sindicales.En este sentido, el abogado mencionó la posible modificación a la jornada laboral a 40 horas, que consistiría en modificar de seis días de trabajo por uno de descanso a cinco días de trabajo por dos días de descanso, o mantener el día de descanso con flexibilidad en la distribución de la jornada laboral. Con esa modificación se busca reducir la fatiga en el trabajo y con ello, los accidentes laborales. No obstante, su implementación requerirá que las empresas evalúen su reorganización operativa y la medición de su productividad. Otro tema abordado fue la subcontratación y el Repse, en el que señaló un aumento en las obligaciones de las empresas prestadoras de servicio especializado y la fiscalización por parte de la autoridad. En materia del teletrabajo, se habló de la obligatoriedad de tener acuerdos por escrito, documentar la compensación, asumir los costos de Internet y de luz, y respetar el derecho de la desconexión y la reversibilidad, esto con base en la NOM-037. Otro tema de coyuntura fue el de las vacaciones dignas (12 días continuos desde el primer año, vigentes desde 2023). Durante la segunda jornada, se trataron las principales reformas laborales en el Congreso como el tema del aguinaldo de 15 a 30 días, por lo que se prevé que sea aprobada para el 2026. El segundo tema fue el de la prima vacacional al 50%, aunque es una propuesta, ésta no ha tenido eco. La Ley Silla, fue un tema aprobado durante 2025 y tendrá obligatoriedad a partir de diciembre de este 2025. Por último, el ponente habló del nuevo procedimiento laboral individual y colectivo, así como de las consultas de las revisiones integrales de los contratos colectivos de trabajo, en el que comentó que se debe llegar al arreglo entre la comisión revisora y la empresa, y que una vez acordada se debe llevar a consulta con los trabajadores para que con su voto personal decidan aprobarlas o no.
