El Colegio presentó la mañana del 22 de noviembre el foro Reformas fiscales en 2026 para donatarias, espacio de análisis en el que los contadores Manuel Jesús Cárdenas Espinosa, Ernesto Torres García, Mario Espadas Sánchez y Sergio Sánchez Arciniega abordaron las principales modificaciones que las autoridades hacendarias prevén implementar para las organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles, esto con el objetivo de fortalecer la transparencia.
Durante su intervención, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa destacó que uno de los ejes prioritarios es proteger la confianza que los distintos stakeholders depositan en las donatarias. En este sentido, explicó que las autoridades fiscales reforzarán la revisión de la vigencia de su autorización, la congruencia de su objeto social con los fines permitidos y el cumplimiento oportuno de trámites a través del Buzón Tributario, así como la correcta emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
Subrayó que se exigirá mayor rigor en la contabilidad electrónica con registros que permitan identificar y rastrear el destino de los recursos hacia actividades estrictamente autorizadas. Además, mencionó que se tendrá una supervisión puntual sobre los ingresos no relacionados con el objeto social, a fin de que no rebasen los límites legales establecidos.
Añadió que la reforma para el siguiente año contempla un fortalecimiento de las facultades de supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), incorporando nuevas obligaciones de reporte y sanciones más precisas en caso de incumplimiento.
Por su parte, Ernesto Torres García explicó que las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) incorporan nuevas causales para la restricción de sellos digitales, particularmente en casos relacionados con la presunción no desvirtuada de CFDI, inconsistencias entre ingresos declarados y comprobantes emitidos, o irregularidades en la facturación.
Detalló que se ampliaron las facultades de fiscalización mediante la modificación de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación (CFF), lo que permite el uso de herramientas como foto, audio y video en visitas domiciliarias, así como la verificación directa de la realidad de las operaciones amparadas por CFDI, lo que fortalece la trazabilidad y el control sobre las actividades de las donatarias.
En tanto, el contador Espadas Sánchez explicó que el patrimonio de una asociación puede integrarse por cuotas, donativos, apoyos, rifas, intereses, enajenación de activos y otros ingresos vinculados con su objeto social, y recalcó que dichos recursos deben destinarse exclusivamente a los fines autorizados por los cuales la institución obtuvo su carácter de donataria.
Al respecto, precisó que este patrimonio no puede distribuirse entre sus integrantes, salvo en los supuestos expresamente previstos por la ley, y que esta disposición tiene carácter irrevocable, lo que refuerza el principio de no lucro y la responsabilidad social de estas organizaciones.
Eventos recientes
El 20 de julio se presentó el curso IA aplicada a la fiscalidad internacional en el Colegio, bajo la coordinación de la comisión técnica Fiscal Internacional, un espacio de análisis y reflexión entorno a las oportunidades que trae consigo la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) para optimizar tareas, recuperar información y alimentar la toma de decisiones.En el evento se contó con la participación de Jorge Carlos Ramírez Lomelín, director ejecutivo de IA en Augmentis.AI, firma mexicana especializada en la aplicación de esta tecnología; Alejandro Barrera Fernández, Juan Ángel Becerra Cantú y Ana Teresa Aceves Villalba, integrantes de la comisión antes citada compartieron también sus conocimientos desarrollados desde el campo mediante la experimentación y documentación en el uso de la IA en el entorno Fiscal Internacional.Para comenzar, los ponentes partieron de un hecho: la IA ya forma parte de la realidad profesional de abogados, contadores y consultores, por lo que conocer esta herramienta y las formas en que se utiliza para desarrollar una perspectiva crítica que identifique su utilidad y alcance al mismo tiempo que considera sus limitaciones y riesgos. Debido a estas premisas, es fundamental entender la IA como una herramienta que habilita oportunidades, pero no sustituye el juicio profesional, sobre todo cuando se trata del entorno fiscal internacional.Según comentan los expertos, la IA tiene una dependencia inmediata de su operador, de manera simplificada: la calidad de sus respuestas estará vinculada a la correcta formulación de preguntas, el desglose de contexto apropiado y la posterior evaluación de sus resultados; por ello, conocer su funcionamiento y criterio es determinante para su uso efectivo. Por ello, el inicio del curso se centró en comprender el funcionamiento de los Large Lenguage Model (LLM), como ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot, las herramientas más representativas de la IA.Tras desarrollar su funcionamiento, los expertos volvieron al tema central para la aplicación responsable de esta tecnología: la responsabilidad profesional; aunque la IA puede generar propuestas, borradores e incluso recopilar información, el especialista humano es la persona que firmará cualquier resultado derivado del uso de cualquier tecnología, por lo que debe verificar fuentes, validar información e incluso construir un prompt suficientemente preciso para minimizar riesgos técnicos, legales y operativos.Para la disciplina fiscal internacional, la IA representa una oportunidad enorme para enfrentar problemas cotidianos del ejercicio profesional: exceso de información, documentación extensa, plazos reducidos, jurisdicciones múltiples y procesos repetitivos. El correcto uso de la IA puede suponer un apoyo para procesar información compleja y compararla, analizar documentos extensos o resumir información; en todos estos casos, el resultado supone una optimización del tiempo utilizado en algunos procesos que resulta en una mejor gestión del tiempo y la capacidad de agilizar el trabajo del profesional.A fin de demostrar esta premisa, se compartieron ejemplos de aplicación de esta tecnología que lograban reducir el tiempo dedicado a cada tarea de horas a minutos. Identificar todos los artículos mencionados en un documento o realizar una búsqueda de las normativas relacionadas a un tipo de operación suponen tareas que la IA puede abordar para optimizar el tiempo del profesional y permitirle enfocar sus esfuerzos en labores de análisis fundamentales. Los ponentes señalaron que cada tipo de organización puede resultar beneficiada de esta herramienta de distintas maneras, pero para conseguirlo deben conocer su operación y documentarse constantemente al respecto, ya que la importancia de su uso no reside en la IA en sí misma, sino en la forma en que se emplea para solucionar un problema específico.Para cerrar con la presentación, Jorge Carlos Ramírez presentó un agente de IA llamado Argus, un asistente capaz de filtrar información, compilar resultados de búsqueda y planificar cursos de acción, permitiendo resolver tareas en minutos para dar acceso al especialista de información y estructura que le permitan tomar decisiones y resolver problemas sin delegar su criterio profesional; con ello este agente supone un ejemplo del papel de la IA en el contexto actual, como acompañante de los procesos humanos y una herramienta que genera oportunidades para la labor de los profesionales.
Con el objetivo de despejar las dudas relacionadas con el régimen pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), portabilidad y derechos de los trabajadores del Estado, el Colegio organizó el foro PENSIONISSSTE, el cual fue coordinado por Jorge Ponce Yépez y Juvenal Villaverde Crisantos, y tuvo como panelista a José Abrego Belmont, integrante de la comisión de Seguridad Social.Durante su participación, Abrego Belmont explicó que las reglas laborales para los empleados del gobierno son diferentes a las de las empresas privadas. “A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde queda claro cómo se calcula el salario para las aportaciones, la Ley del ISSSTE estipula que el sueldo básico es solamente el sueldo neto que aparece en el tabulador según cada puesto”.Sobre la responsabilidad de las dependencias públicas, el expositor comentó “si una oficina de gobierno olvida retener de forma correcta las cuotas de seguridad social de sus empleados, la ley solo le permite cobrarle al trabajador un máximo de dos cotizaciones atrasadas”.Al comparar los sistemas de jubilación por edad entre el IMSS y el ISSSTE, se compartieron las ventajas y desventajas. Por su parte, el ISSSTE pide menos años de servicio que el IMSS para alcanzar una pensión; sin embargo, el monto máximo está más topado en el gobierno.Mientras que en el IMSS un trabajador puede cotizar con un sueldo más alto, el ISSSTE tiene un límite estricto de solo 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto hace que las pensiones del sector privado tiendan a ser altas para quienes ganan sueldos medios y altos.De igual forma, se habló sobre la portabilidad de derechos, la cual se informó que consiste en que una persona pueda sumar años trabajados en el sector privado y en el gobierno. En este punto, el expositor comentó que, en la ley, no existe el concepto de integración del salario y salario base de cotización; “solo existe el concepto de salario básico y hay que recurrir a consultar otras leyes y jurisprudencias para tener claridad sobre lo que quiso expresar el legislador”.Antes de concluir la sesión, los especialistas destacaron la importancia de descifrar la complejidad de la seguridad social en el sector público. Coincidieron en que, ante la falta de análisis más allá de las leyes, “se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”.Al cierre de la sesión, los expertos hicieron un llamado a profundizar en el funcionamiento de la seguridad social pública. Advirtieron que la falta de claridad en la integración salarial y los trámites de pensión suele empujar a los trabajadores a costosos litigios.“Ante la falta de análisis más allá de las leyes, se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”, concluyeron.
El Colegio de Contadores Públicos de México celebró el 16 de julio una Asamblea General Extraordinaria en el Aula Magna de sus instalaciones, en la que los asociados y las asociadas ratificaron los resultados favorables de la reforma estatutaria que permitirá adoptar la denominación Colegio de la Contaduría Pública de México, A.C., una vez concluyan los procedimientos de protocolización e inscripción ante las autoridades competentes.La ceremonia fue presidida por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, mientras que Orlando Corona Lara, vicepresidente de Gobierno, condujo el desarrollo de la sesión, verificó el cumplimiento de las formalidades estatutarias y dirigió el desahogo de cada uno de los puntos del orden del día.En el presídium participaron también Manuel Tamez Zendejas, vicepresidente de Comunicación e Imagen; Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional; Víctor Manuel Pérez Ruiz, vicepresidente de Vinculación Universitaria; Alejandro Jorge Guevara Perea, vicepresidente de Normatividad Institucional; Héctor Vázquez González, vicepresidente de Promoción y Membrecía; José Gabriel Beristáin Salmerón, vicepresidente de Finanzas, y Virginia Ríos Hernández, vicepresidenta de Estrategia, Organización y Control.Asimismo, asistieron María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva; los asesores Pablo Cervantes García, Cristina de Atela Pérez, Catalina Mejía Balcázar y Miguel Ángel Tavares Sánchez; los escrutadores María de Lourdes Domínguez Morán y Álvaro Enrique Cordón Álvarez, así como Javier Isaías Pérez Almaraz, titular de la Notaría Pública número 125 de la Ciudad de México, quien dio fe de los actos y acuerdos adoptados durante la sesión.La reforma estatutaria representa una evolución institucional orientada a fortalecer la identidad del Colegio y ampliar la representación de la profesión contable, preservando en todo momento su personalidad jurídica, patrimonio, derechos y obligaciones. Además del cambio de denominación social, la actualización incorpora la posibilidad de celebrar asambleas generales en modalidad presencial, a distancia o mixta, bajo mecanismos que garanticen la identidad de los participantes, la validez del voto, la verificación del quórum y la certeza jurídica de los acuerdos.Durante la sesión, Ernesto Torres García, vicepresidente de la comisión de Estatutos, presentó un resumen del proceso que dio origen a la reforma, el cual incluyó la revisión técnica del proyecto, un periodo de auscultación entre la membrecía, una sesión informativa y la aprobación por parte de la Junta de Gobierno antes de ser sometido a votación.Posteriormente, Mónica Estrada Hernández, presidenta del Comité de Auditoría y Riesgos, informó que el proceso de votación cumplió con las disposiciones estatutarias y certificó que la propuesta obtuvo el respaldo requerido para su ratificación, sin detectarse irregularidades.Durante el espacio de participación, asociados y expresidentes coincidieron en que la reforma representa un paso relevante para fortalecer al Colegio y responder a los nuevos retos de la profesión.José Gabriel Beristáin Salmerón, vicepresidente de Finanzas, destacó que la modificación responde a una visión de futuro para la institución. "Es muy relevante aceptar este cambio de denominación social con una visión incluyente. También es importante abrir la posibilidad de que nuevas generaciones participen en nuestro Colegio mediante modalidades virtuales".Por su parte, el expresidente Víctor Keller Kaplanska señaló que la reforma formaliza una evolución que el Colegio ha construido durante años. "Este acto es el proceso legal de cambiar un nombre, pero no modifica la esencia que ya traemos ni la historia que hemos construido a través de los años".En tanto, el expresidente Juan Carlos Bojorges Pérez hizo un llamado para que la actualización estatutaria se traduzca en acciones concretas que fortalezcan la participación de la membrecía y consoliden al Colegio como referente de la profesión. "Que no se quede solamente en la palabra o en la redacción; que este cambio se refleje en iniciativas, en participación y en un mayor acercamiento con las nuevas generaciones y con la sociedad".Al clausurar los trabajos, la presidenta Rosalía Ortega López subrayó que la reforma fortalece a la institución sin alterar los principios que le han dado prestigio a lo largo de su historia. "La reforma que acabamos de ratificar no cambia nuestra esencia, la fortalece. Nos brinda una identidad que representa con mayor amplitud a la Contaduría Pública y nos dota de herramientas que permitirán responder con oportunidad a los desafíos de un entorno que evoluciona todos los días".Asimismo, destacó que la decisión refleja una visión de largo plazo para consolidar una institución preparada para el futuro. "Las organizaciones que perduran saben preservar sus principios, pero también saben evolucionar. Hoy hemos demostrado que, cuando el propósito es el bien del Colegio y el amor por nuestra profesión, siempre es posible construir consensos".Finalmente, hizo un llamado a la membrecía a continuar fortaleciendo a la institución."Estoy convencida de que esto es precisamente lo que hemos logrado. Por eso, el futuro del Colegio no se espera, se construye. Y hoy, gracias a todos y todas ustedes, hemos dado un paso más para construir un Colegio más fuerte".Con la aprobación de la reforma, el Colegio iniciará el proceso de protocolización e implementación de los estatutos reformados, así como la actualización de los instrumentos normativos y operativos que consolidarán esta nueva etapa institucional. La nueva denominación será utilizada una vez que concluyan los procedimientos legales correspondientes y la reforma quede debidamente protocolizada e inscrita ante las autoridades competentes.
