El colegio presentó el 2 y 3 de diciembre el curso La actualidad laboral en México y expectativas 2026 con la participación magistral de Adrián Castillo García, vicecoordinador del Comité de Derecho Laboral en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), bajo la coordinación de Ignacio Antonio Zorrilla Medina, vocero de la comisión técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente.
Durante dos sesiones, el abogado Castillo García, quien forma parte del Grupo de Expertos de la Comisión Laboral, Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), realizó un análisis del sistema laboral en México y las prospectivas para los próximos años.
Durante el primer día, Castillo García abordó el tema de los aspectos económicos y laborales que vivirá México en el 2026, como salario mínimo (pronóstico del 12%), tasa de desempleo (2.6% de la PEA), inflación anual del 3.57%, activos en el IMSS, revisiones en contratos colectivos de trabajo.
En este tenor, se habló de la implementación de las reformas laborales, cuya modificación se basa en tres pilares: 1) sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales Laborales del Poder Judicial; garantía de la libertad sindical mediante el voto; y la aplicación de mecanismos para evitar la injerencia patronal en asuntos sindicales.
En este sentido, el abogado mencionó la posible modificación a la jornada laboral a 40 horas, que consistiría en modificar de seis días de trabajo por uno de descanso a cinco días de trabajo por dos días de descanso, o mantener el día de descanso con flexibilidad en la distribución de la jornada laboral. Con esa modificación se busca reducir la fatiga en el trabajo y con ello, los accidentes laborales. No obstante, su implementación requerirá que las empresas evalúen su reorganización operativa y la medición de su productividad.
Otro tema abordado fue la subcontratación y el Repse, en el que señaló un aumento en las obligaciones de las empresas prestadoras de servicio especializado y la fiscalización por parte de la autoridad.
En materia del teletrabajo, se habló de la obligatoriedad de tener acuerdos por escrito, documentar la compensación, asumir los costos de Internet y de luz, y respetar el derecho de la desconexión y la reversibilidad, esto con base en la NOM-037.
Otro tema de coyuntura fue el de las vacaciones dignas (12 días continuos desde el primer año, vigentes desde 2023).
Durante la segunda jornada, se trataron las principales reformas laborales en el Congreso como el tema del aguinaldo de 15 a 30 días, por lo que se prevé que sea aprobada para el 2026.
El segundo tema fue el de la prima vacacional al 50%, aunque es una propuesta, ésta no ha tenido eco.
La Ley Silla, fue un tema aprobado durante 2025 y tendrá obligatoriedad a partir de diciembre de este 2025.
Por último, el ponente habló del nuevo procedimiento laboral individual y colectivo, así como de las consultas de las revisiones integrales de los contratos colectivos de trabajo, en el que comentó que se debe llegar al arreglo entre la comisión revisora y la empresa, y que una vez acordada se debe llevar a consulta con los trabajadores para que con su voto personal decidan aprobarlas o no.
Eventos recientes
El Colegio llevó a cabo el 13.° Foro de Fiscalización (AGAFF), encuentro en el que representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartieron las principales tendencias, estrategias y herramientas que emplea la autoridad para fortalecer la supervisión del cumplimiento fiscal.El foro, presentado este 21 y 22 de octubre, permitió conocer, desde distintas áreas operativas, los mecanismos de prevención, análisis, comprobación y sanción utilizados para identificar riesgos y combatir prácticas que afectan la recaudación y la integridad del sistema tributario. En el mensaje de apertura, Amelia De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, destacó la trascendencia del encuentro y la vinculación entre la autoridad y el Colegio como un espacio para favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.Para abrir las actividades, Nelly Prieto López y Ana Razo Salinas, representantes de la Administración Central de Planeación y Programación, explicaron los mecanismos implementados para supervisar el cumplimiento en sectores considerados prioritarios. En materia de nóminas, señalaron que, además de las revisiones ordinarias relacionadas con retenciones de ISR y subsidios, la autoridad mantiene nuevos esquemas de control para detectar abusos en otros pagos no gravados, verificar los límites de las exenciones y revisar deducciones de personal timbradas fuera de los comprobantes habituales de nómina.En el sector energético y de combustibles, destacaron la revisión de controles volumétricos, el cruce de información entre compras y ventas, así como la correcta determinación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en importaciones de hidrocarburos y aditivos.En materia de devoluciones, Desireé Romero Carrillo y María Hernández Aguirre, de la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, explicaron el procedimiento para resolver solicitudes de devolución de saldos a favor y los mecanismos con los que la autoridad busca otorgar certeza jurídica y agilizar su atención.Las ponentes señalaron que el SAT puede formular hasta dos requerimientos de información dentro de un plazo de 40 días, ejercer facultades de comprobación durante periodos de 90 a 180 días o realizar compulsas a terceros. “Estos procedimientos permiten determinar si una devolución resulta total, parcial, desistida, no presentada o negada”, destacaron.Por su parte, Rubén Rodríguez López, Administrador Central de Fiscalización Estratégica, y María Bernal Velázquez, Administradora Central de Análisis Técnico Fiscal, expusieron el procedimiento operativo relacionado con el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), enfocado en verificar la autenticidad y existencia de las operaciones amparadas por comprobantes fiscales.Durante su participación explicaron los efectos que pueden generar las visitas domiciliarias y las notificaciones mediante buzón tributario, incluida la suspensión inmediata del Certificado de Sello Digital (CSD). Asimismo, detallaron los plazos para desvirtuar la presunción de falsedad de las operaciones y las consecuencias para emisores y receptores de CFDI cuando no se acredita su procedencia.Otro de los temas abordados fue la garantía del interés fiscal. Antonio Vela Peón y Rodolfo Cuahutle Torres explicaron los principales aspectos normativos y operativos para su constitución y mantenimiento, incluida la actualización anual del adeudo y sus accesorios correspondientes a los siguientes 12 meses. En el análisis de las conductas tributarias, Fernando Sierra de la Fuente, Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional, y Miguel Ángel Rivera Cervera, funcionario público del Gobierno Federal de México, diferenciaron entre economía de opción, elusión fiscal agresiva y evasión fiscal.Explicaron que, mientras la economía de opción corresponde a una planeación fiscal lícita, la elusión agresiva parte del abuso de negocios jurídicos válidos y la evasión recurre a mecanismos artificiosos o engañosos para ocultar obligaciones tributarias. Para identificar estas prácticas, señalaron que la autoridad utiliza una red de información integrada por sistemas institucionales, expedientes cruzados, denuncias, fuentes abiertas, datos de terceros y figuras como el tercero colaborador fiscal.En cuanto a prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades vulnerables, Castor Álvarez Ortiz y Bernardo Núñez Salazar, Administradores Centrales de Apoyo Jurídico de Actividades Vulnerables, detallaron la coordinación entre las distintas instituciones responsables de prevenir, detectar, monitorear, combatir y sancionar conductas de riesgo.La relevancia del dictamen fiscal también formó parte de la agenda del foro; María Zacatenco Cruz, funcionaria pública, quien explicó que esta herramienta constituye una estrategia de fiscalización indirecta basada en la confianza y credibilidad del contador público inscrito, al contribuir a verificar el correcto cálculo de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como a brindar mayor seguridad sobre la información financiera con base en las Normas de Información Financiera (NIF).Finalmente, Marco Hernández Lara y Gerardo Ojeda Asbun, Administradores Centrales de Apoyo Jurídico, abordaron la importancia de acreditar la materialidad de las operaciones ante la autoridad tributaria. Explicaron que este análisis requiere reunir elementos probatorios que permitan demostrar que efectivamente ocurrieron actos como la percepción de ingresos, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
El 20 de octubre se presentó en el Colegio el curso Facultades de comprobación y medios de defensa en materia aduanera, donde Yolanda Guadalupe Aguirre González y Sandra López Sela, integrantes de la comisión técnica de Comercio Exterior, bajo la coordinación de Juan Antonio Castro Chávez, analizaron las facultades de las autoridades fiscales y aduaneras con el fin de brindar herramientas para la proyección de un plan para atravesar estos procesos de revisión.Para comenzar, se presentó el contexto de fiscalización en México, donde se estima que existen alrededor de 180,000 operadores de comercio exterior, de los cuales aproximadamente 100,000 se mantienen activos y bajo vigilancia específica de las autoridades; en este sentido, se explicó que el modelo actual de fiscalización mantiene un enfoque recaudatorio, apoyado en el cruce masivo de información electrónica, como pedimentos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), controles de inventarios y manifestaciones de valor. A partir de estos elementos, las autoridades clasifican a los contribuyentes de acuerdo con su nivel de cumplimiento y determinan las acciones de vigilancia correspondientes.Respecto de las autoridades involucradas, las ponentes distinguieron las funciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Mientras la primera concentra las auditorías posteriores al despacho aduanero, la segunda participa en la revisión de mercancías, inspecciones en transporte y supervisión de figuras autorizadas. Asimismo, se señaló que las entidades federativas pueden intervenir en determinados actos de fiscalización de comercio exterior, mediante convenios de colaboración administrativa y bajo la coordinación de la AGACE.Entre los principales aspectos sujetos a revisión, se destacó el cumplimiento de los anexos 24 y 30 de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), relacionados con el control de inventarios de empresas IMMEX y la certificación de IVA. Sobre este punto, se identificaron irregularidades recurrentes, como la falta de registro de pedimentos de entrada y salida, la desactualización de listas de materiales y el uso incorrecto de factores de conversión, situaciones que pueden derivar en omisiones de contribuciones y multas.En cuanto a las facultades de comprobación, se desarrollaron las diferencias entre las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias y las revisiones electrónicas. En las primeras, la autoridad solicita documentación mediante el buzón tributario y puede emitir requerimientos adicionales, mientras que las visitas domiciliarias permiten verificar directamente mercancías, instalaciones, activos fijos y procesos productivos.También se explicaron los plazos para atender estos procedimientos y las alternativas disponibles para los contribuyentes. Entre ellas se encuentran las solicitudes de prórroga, la presentación de pruebas para desvirtuar observaciones, la autocorrección y los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). Con el análisis detallado de estas facultades y sus procesos, las expertas presentaron sus recomendaciones prácticas para enfrentarlas, donde destacaron la importancia de mantener expedientes electrónicos completos, documentación que acredite la legal estancia de las mercancías y controles de inventarios actualizados. Asimismo, se destacó que la atención oportuna de requerimientos, el aprovechamiento de los plazos y el diálogo técnico con las autoridades permiten atender observaciones y acceder, cuando corresponda, a mecanismos de regularización y reducción de multas.
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la difusión de información especializada y brindar nuevas ventajas profesionales a la comunidad contable, el Colegio y El Economista formalizaron este lunes 19 de octubre un convenio de colaboración estratégica.La ceremonia contó con la participación de Rosalía Ortega López, presidenta de la institución, y del ingeniero Francisco Ayza Merino, CEO de El Economista, quienes firmaron e intercambiaron los documentos que formalizan esta alianza.La jornada comenzó con la presentación del encuentro y la bienvenida a las autoridades. En su mensaje, la contadora Ortega López destacó la relevancia de sumar esfuerzos con un medio líder en información económica y de negocios para potenciar la labor de los profesionales de la contaduría.“Hoy estamos construyendo un puente entre dos instituciones que, desde ámbitos distintos, compartimos algo fundamental: el valor que tiene la información cuando es confiable, oportuna y se convierte en conocimiento”.Asimismo, la presidenta resaltó que el acuerdo contempla una aportación bidireccional, en la que especialistas del Colegio podrán colaborar con análisis técnicos en las plataformas del medio, en alineación con el Plan Estratégico.Por su parte, Ayza Merino subrayó el compromiso de acompañar a las contadoras y contadores, así como a profesionistas afines, con información inteligente, estratégica y oportuna. “Queremos construir una relación de largo plazo, generar espacios para compartir conocimiento y encontrar nuevas formas de aportar valor a nuestras comunidades”.Asimismo, Sandra Romero, representante del equipo directivo y comercial del diario, estuvo a cargo de exponer los principales alcances y beneficios del acuerdo, los cuales buscan impulsar de manera directa al gremio. "Queremos ser un aliado que les agregue valor en los diferentes momentos de su vida. Además de contenidos curados, herramientas de consulta y actualización profesional, esta alianza les permitirá acceder a todo nuestro ecosistema: desde experiencias exclusivas como catas de vino, obras de teatro y libros, hasta descuentos en servicios cotidianos”.Tras la firma del convenio y la toma de la fotografía entre autoridades y equipos de trabajo, las actividades concluyeron con un brindis de honor, seguido de una sesión de entrevistas con autoridades del Colegio, cerrando la jornada con un espacio de networking.
