En el marco del foro Sorpresas fiscales 2026, organizado por el Colegio y coordinado por la comisión Fiscal, especialistas abordaron los principales elementos que integrarán la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) del próximo ejercicio, así como los cambios previstos en estímulos fiscales, disposiciones específicas y medidas orientadas a sectores estratégicos.
El encuentro, realizado el pasado 4 de diciembre, tuvo como eje central ofrecer un panorama actualizado sobre la proyección de ingresos. Este espacio contó con la participación de María Mancilla Rendón, Rodolfo Jerónimo Pérez, Alberto Guillermo Castelló Durán, Arturo Halgraves Cerda y Guadalupe Santos Moreno, esta última como moderadora.
En la introducción, la contadora Mancilla Rendón realizó un análisis del proyecto de decreto de Ley de Ingresos, destacando la estimación de ingresos del Gobierno Federal y de las entidades bajo control directo, así como los recursos que provendrán del financiamiento público.
Al respecto, explicó que la propuesta incluye el endeudamiento neto autorizado, el saldo total de la deuda contingente asociada con proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de estos esquemas y los nuevos compromisos de inversión previstos para el año.
Además, subrayó que los ingresos totales proyectados para 2026 ascienden a 10,193,683.70 millones de pesos, de los cuales la LIF representa 57.28%. Dentro de esta estructura, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportaría 3,070,149.10 millones de pesos, equivalente al 27.52% del total; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 1,589,069.00 millones (14.65%); el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 761,501.00 millones (6.95%); el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), 20,161.80 millones (0.35%).
Posteriormente, Alberto Guillermo Castelló Durán y Arturo Halgraves Cerda abordaron temas vinculados con las disposiciones fiscales complementarias; al respecto, expusieron que las donatarias autorizadas podrán otorgar donativos a personas no registradas como donatarias, siempre que los recursos se destinen a labores de rescate y reconstrucción en desastres naturales y se cumplan estrictamente los requisitos previstos en la ley.
También, comentaron que las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y cuyos ingresos superen los 900 mil pesos efectivamente cobrados deberán pagar el ISR únicamente sobre el monto que rebase dicho límite.
Explicaron que el estímulo a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional prevé 750 millones de pesos para proyectos de producción cinematográfica mexicana y 65 millones para iniciativas de distribución, lo que permitirá fortalecer la generación de contenidos nacionales y ampliar su alcance ante el público.
Por último, el contador Jerónimo Pérez aportó claridad sobre la autenticidad de documentos notariales y el procedimiento que permitirá a la autoridad requerir a los fedatarios información bajo protesta de decir verdad; sobre ello, expuso que este nuevo mecanismo busca fortalecer la verificación de documentos presentados por personas físicas y morales en trámites fiscales, incorporando un control adicional que obliga a los fedatarios a confirmar la autenticidad de los instrumentos emitidos.
Para contextualizar la magnitud del cambio, explicó la distinción entre dos tipos de fe pública que históricamente han guiado la labor notarial: la fe pública habilitante y la fe pública probatoria.
Eventos recientes
El Colegio realizó la decimotercera edición del Foro de fiscalización del SAT para grandes contribuyentes, un espacio de análisis en el que se abordaron las prioridades, expectativas y estrategias de la autoridad fiscal hacia las organizaciones con un papel clave en la economía nacional.La apertura del magno evento la encabezó la contadora Rosalía Ortega, presidenta de la institución, quien destacó que el conocimiento, el intercambio de experiencias y el diálogo son elementos indispensables para promover una cultura de cumplimiento y fortalecer la confianza en un entorno fiscal complejo. Asimismo, celebró la oportunidad de estrechar los canales de comunicación entre el gremio y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Durante su intervención, la titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, Jennifer Castillo Madrid, presentó un balance de la recaudación en el país y detalló los ejes de trabajo de su gestión. Al respecto, expuso que los ingresos tributarios han mostrado un crecimiento, alcanzando 5,351,680 millones de pesos en el periodo de enero a diciembre de 2025, lo que representa una variación real del 4% frente al ejercicio anterior.La funcionaria aclaró que entre 2023 y 2025 se iniciaron 2,480 actos de fiscalización, lo que significa que solo el 6% del padrón fue sujeto de revisión, desmitificando un exceso de fiscalización. En materia de devoluciones, informó que se reportó un incremento del 36% entre 2020 y 2025.En el marco de las acciones del Plan México, Castillo Madrid subrayó que la programación de auditorías se realiza mediante sistemas automatizados e indicadores de riesgo que detectan inconsistencias y operaciones de alto riesgo, como planeaciones fiscales agresivas, pérdidas fiscales recurrentes o tasas efectivas menores a las del sector, garantizando que no existen persecuciones particulares ni motivaciones políticas.Como parte de la simplificación y certeza jurídica, anunció que se implementará un esquema de fiscalización transparente que limitará las revisiones a una sola auditoría integral por contribuyente y ejercicio fiscal.Por su parte, el Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia, Carlos González Gamero, y el Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, Alejandro Alcides Villalta Ramírez, abordaron aspectos enfocados en otorgar certidumbre y seguridad jurídica a las operaciones empresariales.Los funcionarios enfatizaron la aplicación estricta de las disposiciones legales, contables y fiscales, así como de los más de 60 tratados internacionales vigentes para evitar la doble tributación, manteniendo una colaboración estrecha con autoridades de otros países.Aunado a ello, se destacó el desarrollo del portal de difusión de criterios institucionales para transparentar la postura del SAT en temas como materialidad, cuentas incobrables y publicidad.Los expositores coincidieron en formular un llamado conjunto a la comunidad contable y a las empresas para incentivar la autocorrección oportuna y evitar los litigios prolongados a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) o instancias judiciales.Durante la segunda jornada del foro, se realizaron cuatro mesas de discusión con diferentes ópticas. En la primera de ellas, Manuel Tamez Zendejas, Luis González Flores y Allen Saracho Carrillo coincidieron en que la autoridad fiscal mantendrá un enfoque riguroso en la identificación de planeaciones fiscales agresivas, así como en la revisión de operaciones internacionales.Destacaron que el concepto de planeación fiscal agresiva seguirá siendo un elemento clave, aunque su interpretación puede variar según el criterio de la autoridad, lo que genera incertidumbre para los contribuyentes. Los expertos enfatizaron la necesidad de contar con soporte documental sólido desde el origen de las operaciones, incluyendo contratos claros, evidencia de prestación efectiva de servicios y trazabilidad contable.En otra mesa se presentaron Eduardo Estrada Borja, Enrique Ramírez Luna y Rodolfo Jerónimo Pérez, quienes señalaron que, ante las revisiones de la autoridad, no solo se analizan cifras, sino que también se busca validar la existencia de las operaciones a través de elementos como número de empleados, infraestructura, contratos y controles internos. En este sentido, subrayaron que demostrar la materialidad requiere documentación y un entorno de control sólido, capaz de evidenciar cómo se ejecutan las operaciones dentro de la organización.Por su parte, Adriana Escobedo Hernández y César Aguilar comentaron los retos actuales en materia de sustancia y razón de negocios en servicios intercompañía, destacando que la autoridad ha evolucionado su enfoque de revisión. “Hoy, más allá de validar cálculos, el análisis parte de cuestionar la existencia misma del servicio y el beneficio que este genera”, puntualizó Adriana.Además, se enfatizó la relevancia del test de beneficio que exige demostrar, con evidencia documental, que el servicio aportó valor económico o comercial real al receptor. Asimismo, se subrayó la necesidad de acreditar la no duplicidad de funciones y evitar la inclusión de costos propios del accionista.En el último panel, se contó con la presencia de José Luis Ortiz Coronado y Eduardo Sánchez Lemoine. En su participación abordaron el enfoque actual de las revisiones en materia aduanera, destacando patrones específicos que han captado la atención de la autoridad.Señalaron como focos de revisión la importación temporal de productos terminados, las importaciones temporales no vinculadas a procesos productivos, así como aquellas empresas que presentan un bajo retorno de mercancías. Asimismo, advirtieron sobre el uso de transferencias virtuales hacia empresas consideradas de alto riesgo, utilizadas con fines de simulación, lo cual representa un punto crítico en los actos de fiscalización.Para cerrar el foro, se presentó un mensaje de la contadora Rita Mireya Valdivia, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien agradeció a los asistentes, panelistas y coordinadores por dar vida a una edición más del foro que se caracterizó por el acercamiento con la autoridad tributaria del país.
El 23 de junio el Colegio fue sede del curso Aspectos fiscales clave de la operación de empresas IMMEX, donde exploró el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) desde sus beneficios y obligaciones, con el fin de guiar a los contribuyentes y que eviten riesgos derivados de la constante revisión de las autoridades.Julián Luna Poblano y José Luis Ortiz Coronado fueron los expertos citados para este evento coordinado por la comisión técnica de Comercio Exterior, representada por Juan Antonio Castro Chávez.Para comenzar, los ponentes dictaron que el programa brinda, a nombre de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la secretaria de Economía (SE), un diferimiento de aranceles para la importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o exportación; sin embargo, estos beneficios dados por el programa son exclusivos para contribuyentes en el Régimen General de Personas Morales y residentes en México.Como requisito, para evaluar la aplicación del IMMEX, se solicita la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien en conjunto con un contador público registrado emitirá un reporte de mercancía sensible según el anexo II del del decreto del programa. Estas mercancías son denominadas sensibles debido a su susceptibilidad de ser desviadas para fines distintos al programa o de alterar el mercado y se encuentran bajo vigilancia federal. Adicionalmente, la autoridad corrobora el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, a través de una opinión de cumplimiento que dictamina distintas consideraciones con sustento en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF); entre los elementos a validar se encuentran los créditos fiscales, la presentación de declaraciones informativas, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la capacidad de emisión de comprobantes fiscales, etc.La renovación de este programa se realiza de forma automática al presentarse el reporte anual de operaciones de comercio exterior, pero la SE vuelve a verificar las mismas medidas de desempeño presentadas en la solicitud, por lo que el contribuyente deberá mantener su cumplimento fiscal o subsanar cualquier incumplimiento de forma imperativa.Para continuar con la ponencia, se desarrolló el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en alineación con el programa IMMEX. En el caso del IVA, se señaló que éste debe ser declarado en la documentación aduanera ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y puede ser pagado a través de un crédito si se cumplen los requisitos pertinentes, pero se mantiene su consideración como costo financiero. Además, se señaló que la autoridad ha endurecido sus criterios de fiscalización a las operaciones virtuales, sobre todo con aquellas que implican un reingreso al país; en estos casos, los expertos sugieren ser diligentes en este tipo de operaciones para evitar un incumplimiento o la doble tributación.Finalmente, para concluir con el evento, se destacó la importancia de la contabilidad para empresas en el programa IMMEX, como el control de los inventarios, que debe contemplar cambios en el tratamiento de los materiales, el modelo de éstos y su desperdicio. Todos estos elementos contribuyen a brindar certeza a la autoridad al respecto de la empresa y pueden ser la diferencia entre mantener o perder el acceso al programa.
La comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio realizó el pasado 20 de junio el curso Pericial contable sobre la materialidad de operaciones cuestionadas, impartido por Guadalupe González Lobato y Ricardo Landín Quinto, integrantes de la comisión organizadora, bajo la coordinación de Maribel Ballesteros Celaya.Durante la exposición, se comentó que la prueba pericial contable constituye uno de los medios probatorios técnicos más relevantes en los procedimientos tributarios y contenciosos administrativos, al permitir que los órganos jurisdiccionales cuenten con elementos especializados para valorar hechos relacionados con la contabilidad, la auditoría, las finanzas y los sistemas contables.Los ponentes subrayaron que este tipo de prueba resulta especialmente importante en la actualidad para acreditar la materialidad y existencia de las operaciones fiscales frente a presunciones de simulación por parte de la autoridad. Asimismo, señalaron que para que una prueba pericial sea admitida y valorada eficazmente debe cumplir requisitos procesales como la pertinencia, la idoneidad y la oportunidad de su presentación.Durante la sesión también se explicó que un dictamen pericial sólido debe sustentarse en una metodología objetiva y documentada, capaz de establecer una trazabilidad clara entre registros contables, estados financieros, movimientos bancarios, flujos económicos y comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI). Se enfatizó que la función del perito consiste en emitir opiniones técnicas sustentadas en evidencia documental, sin invadir atribuciones que corresponden exclusivamente a la autoridad jurisdiccional.Otro de los temas abordados fue la intervención del perito tercero en discordia cuando los dictámenes presentados por las partes resultan contradictorios. Se comentó que este especialista actúa como un auxiliar independiente de la justicia, encargado de emitir una opinión técnica imparcial que contribuya a reducir la incertidumbre y a reconstruir objetivamente la realidad económica de las operaciones analizadas.Asimismo, se revisó la evolución de los procesos de fiscalización en México y la manera en que la autoridad fiscal ha fortalecido sus mecanismos de revisión. Los expositores señalaron que actualmente ya no basta con exhibir facturas, contratos o registros contables de manera aislada, sino que es necesario demostrar la trazabilidad financiera de las operaciones, la capacidad operativa de las partes involucradas, la existencia de infraestructura suficiente y una razón de negocios que justifique la operación realizada.También se comentaron los riesgos asociados a la simulación de operaciones y las consecuencias que pueden derivarse de estas prácticas, entre ellas el rechazo de deducciones, la imposición de sanciones económicas e incluso posibles implicaciones penales.Finalmente, se destacó que, ante los actuales esquemas de fiscalización, la acreditación de la materialidad de las operaciones representa uno de los principales desafíos para los contribuyentes, por lo que la participación de los peritos contables resulta cada vez más relevante para aportar certeza técnica y contribuir a una adecuada impartición de justicia.
