Del 2 al 4 de diciembre, la comisión de Seguridad Social llevó a cabo las Jornadas de Seguridad Social 2025, espacio que convocó a especialistas para analizar los cambios y desafíos que definirán la operación laboral y de seguridad social para el próximo año. Está edición se destacó por su enfoque en la anticipación, la fiscalización inteligente y la preparación estratégica de empresas y profesionistas.
El primer ponente, Jorge Tomás Ponce Yépez, presentó un panorama prospectivo sobre lo que se espera para 2026. Subrayó la importancia de que los contadores públicos anticipen cambios regulatorios, administrativos y fiscales, especialmente en materia de nómina.
Señaló la relevancia del ajuste anual de sueldos y salarios 2025, el cual debe ejecutarse de manera correcta para evitar saldos inesperados de ISR a cargo o a favor de los trabajadores, así como el uso adecuado de las claves CFDI 101 y 004.
En el ámbito económico, proyectó una inflación del 4% para 2025 y 3.8% para 2026, junto con un incremento del 12% en salarios mínimos y UMA para el próximo año, lo que impactará multas, cuotas y costos laborales. Habló también sobre la UMI del Infonavit, que se prevé permanezca sin cambios, y una posible reducción de la tasa de referencia del Banco de México al 7% en 2026.
En cuanto a cambios laborales, destacó el decreto de aguinaldo de 40 días para el sector público, el cual podría abrir paso a una reforma al artículo 87 de la LFT para fijar un aguinaldo general de 30 días. También anticipó la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas entre 2026 y 2030, un aumento del 30% en inspecciones laborales, el encarecimiento de la Modalidad 40 y un incremento en la tasa de recargos a 2.07% mensual para 2026.
Por su parte, Nancy Berenice Robles Núñez analizó los cambios más significativos de los últimos años en materia laboral: desde la reforma de 2017, que reestructuró el modelo laboral mexicano, hasta la reforma de subcontratación de 2021, que alineó criterios laborales, fiscales y de seguridad social, retomando la prohibición de la subcontratación que data de 2012.
Robles destacó el papel de la inteligencia artificial en la fiscalización, la disminución de registros en el REPSE durante 2024 y el creciente intercambio de información entre autoridades. Esto ha derivado en más inspecciones focalizadas y en la detección de contratos que encubren relaciones laborales.
Otros temas clave fueron la PTU, la Ley Silla, los cambios del Infonavit con impacto laboral, y las iniciativas de reforma relativas a jornada de trabajo y aumento de prestaciones.
En su participación, Mario Alberto Ruiz De León profundizó en el marco legal de la subcontratación en México. Recordó que, desde la reforma de 2021, está prohibida la subcontratación de personal, permaneciendo únicamente la figura de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal del beneficiario.
Expuso los requisitos del contrato escrito, la responsabilidad solidaria entre contratista y beneficiario, y la obligación de los prestadores de servicios especializados de mantenerse al corriente ante SAT, IMSS e INFONAVIT, así como de presentar reportes cuatrimestrales vía ICSOE e SISUB.
También advirtió sobre sanciones por incumplimiento y subrayó la relevancia de la materialidad de los servicios, ante una vigilancia mucho más estricta por parte de IMSS, STPS, Infonavit y SAT, incluso dentro de grupos empresariales.
La especialista Jazmín Vera Montes de Oca presentó la evolución del SIDEIMSS, que ha pasado de ser un repositorio de información a una herramienta integral de fiscalización inteligente, alimentada por datos de ICSOE, SISUB, CFDI de nómina, SUA e ICE.
Destacó la obligatoriedad del dictamen para patrones con 300 o más trabajadores, así como el papel crítico de los contadores públicos autorizados. Explicó en detalle las plantillas del sistema, remuneraciones, prestaciones, cuotas, pagos a personas físicas, servicios especializados y clasificación de empresas, y remarcó la necesidad de que la información sea congruente para evitar requerimientos excesivos durante las revisiones secuenciales.
El tema de las pensiones fue abordado por José Manuel Etchegaray Morales, quien insistió en la importancia de verificar información ante la proliferación de mitos y datos incompletos.
Profundizó en las pensiones por cesantía y vejez bajo la Ley 73, así como en el valor de una asesoría adecuada para optimizar la pensión. Recordó que esta ley sigue vigente para quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997.
Etchegaray explicó el impacto y los riesgos de la Modalidad 40, que si bien aplica para Ley Nueva y Ley 73, beneficia principalmente a esta última. Advirtió sobre inversiones elevadas realizadas por personas bajo la Ley Nueva que terminan recibiendo pensiones muy bajas.
También habló sobre portabilidad de pensiones entre PEMEX, IMSS e ISSSTE, los beneficios del sistema pensionario de la CFE, la pensión mínima garantizada y la compatibilidad entre pensiones.
Finalmente, Mauricio Valadez Sánchez presentó un análisis profundo del sistema de pensiones de la Ley del 97, sus requisitos y las modalidades de pensión: renta vitalicia y retiro programado. Subrayó que el monto ahorrado en la AFORE es el factor decisivo para el cálculo final.
Con ejemplos numéricos, comparó los montos de pensión bajo diferentes escenarios, salario mínimo, trabajador topado, edades de retiro de 60 y 65 años, y evidenció la diferencia respecto a las pensiones de la Ley 73. También analizó las reformas de 2020 y 2024, como la reducción de semanas cotizadas, el aumento de la aportación patronal, el crecimiento de las pensiones mínimas garantizadas y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, diseñado para complementar pensiones hasta 17,364 pesos para trabajadores que se retiren a los 65 años.
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Este 2 de diciembre, la comisión Fiscal Internacional del Colegio llevó a cabo la conferencia Introducción al Pilar 2 Impuesto Mínimo Global OCDE, casos prácticos, sesión que estuvo a cargo de los especialistas Juan Carlos Pérez Peña, Enrique Velderrain Sáenz y Eduardo Barrón Fernández.Los panelistas explicaron que el Pilar 2 se centra en el establecimiento de una tributación mínima global y rompe con la lógica tradicional de competencia fiscal al fijar parámetros mínimos de imposición que limitan el traslado de utilidades hacia jurisdicciones con baja o nula tributación. Asimismo, señalaron que más de 135 jurisdicciones han suscrito la declaración del 8 de octubre de 2021, la cual sirve de base para la determinación del impuesto mínimo global (GloBE, por sus siglas en inglés) y ha marcado un nuevo estándar internacional en materia de transparencia, recaudación y alineación normativa.Durante la charla, enfatizaron que el régimen está dirigido a los grupos multinacionales con ingresos brutos de, al menos, 750 millones de euros, utilizando un test que considera dos de los cuatro años anteriores, lo que permite identificar con claridad a los contribuyentes que quedarán sujetos a la tasa mínima del 15% sobre sus ingresos. También, se destacó que, aunque el estándar internacional establece esta tasa mínima, algunos países podrían introducir mecanismos de tipo nominal ajustado cercanos al 9%, dependiendo de su legislación doméstica y de los criterios que adopten para armonizar las reglas sin perder competitividad fiscal.Los expositores precisaron que la implementación de este pilar requiere reformas en las leyes nacionales, ya que su adopción no es automática. La estructura del acuerdo se basa en un enfoque común que busca establecer un marco uniforme y coordinado, permitiendo que las distintas jurisdicciones apliquen criterios congruentes para la determinación del impuesto complementario.De igual forma, se abordaron los criterios de identificación de los grupos y entidades integrantes, destacando que se consideran aquellos que forman parte de los estados financieros consolidados, así como entidades excluidas por materialidad o tamaño y los establecimientos permanentes definidos en las reglas GloBE.Los panelistas coincidieron en que el nuevo marco del Pilar 2 representa un cambio significativo en la fiscalidad internacional y obliga a los profesionales a entender la estructura y los componentes del impuesto, así como su interacción con las normas locales.
El jueves 27 de noviembre se realizó la conferencia en línea con especialistas, en esta ocasión con la participación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), también conocida como la Universidad en Internet, representada por Gabriel Valencia González, quien se centró en el tema Evolución de las finanzas tecnológicas (Fintech). Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente de Vinculación Universitaria, Héctor Vázquez González.En materia de la conferencia, Gabriel Valencia habló de forma detallada de cómo la tecnología ha transformado la forma en la que se gestionan las finanzas, para ello, se centró en tres ejes esenciales: Definición y evolución de las finanzas tecnológicas; Importancia de la tecnología en la industria financiera y El futuro de las finanzas tecnológicas.El profesor, quien es contador público con especialidad en auditoría y en administración de empresas, explicó que el término Fintech se refiere a una serie de innovaciones, aplicaciones, productos y servicios financieros que buscan llegar a un mayor número de personas. “Los objetivos de la Fintech incluyen: reducir costos operativos, mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a servicios financieros a la población no bancarizada, aumentar la competencia y mejorar la experiencia del usuario”, comentó. Asimismo, destacó que el ecosistema Fintech abarca diversas áreas, como: los pagos digitales, banca digital, Robo-Advisors (inversiones automatizadas) e InsurTech (tecnología aplicada a seguros), criptomonedas y blockchain, crowdfunding (financiamiento colectivo) y APIs (Application Programming Interface).En esa línea, aclaró que las Reg Tech utilizan Inteligencia Artificial (IA) y big data para ayudar a las empresas a cumplir normativas y gestionar riesgos regulatorios de forma eficiente en sectores como banca, seguros y Fintech.Acerca del tema de los retos que enfrentan las Fintech, Gabriel Valencia destacó que los principales desafíos son la regulación que está rezagada frente a los avances tecnológicos que han evolucionado a gran velocidad; en tanto, la legislación va muy atrás. Otro reto, es el riesgo de fraudes y ataques cibernéticos (como los deepfakes), y la necesidad de protección de datos sensibles ante la posible venta de bases de datos por parte de empleados. Finalmente, el desarrollo de monedas virtuales de bancos centrales (CBDCs), como el yuan digital en China, busca eliminar el dinero centralizado en papel para pagos internos, siendo una de las nuevas tendencias para el futuro.Para concluir su intervención, mencionó aquellas tecnologías de soporte como las APIs, las cuales definió como un conjunto de reglas y protocolos que permiten que dos sistemas o aplicaciones se comuniquen de forma segura y estructurada. Ejemplo de esto son las aplicaciones como Uber que utiliza diferentes APIs para la ubicación (Maps API), el pago (Payments API), la autenticación y las notificaciones, asegurando que la aplicación principal no tenga acceso a todos los datos sensibles del usuario.
El Foro anual de precios de transferencia, celebrado el 26 y 27 de noviembre, fue un espacio de análisis técnico y reflexión estratégica sobre los retos actuales de la materia. Organizado por la comisión de Precios de Transferencia, el evento contó con la participación de sus integrantes como expositores.La jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de este encuentro. Durante su mensaje, subrayó que el foro “se ha consolidado como un referente técnico y estratégico para la profesión contable, la comunidad fiscal y el mundo empresarial”, resaltando así el valor de la actualización continua.El evento inició con la participación de Karen Ramos Álvarez y Ricardo Suárez David, quienes abordaron las dificultades prácticas de aplicar el Profit Split en México, un método que, pese a su lógica teórica, tropieza con la falta de documentación robusta, la subjetividad en la asignación de valores y la escasa conciencia de los corporativos extranjeros sobre las formalidades mexicanas. Karen, con experiencia en al menos diez casos, presentó tres ejemplos que reflejaron desde el desconcierto de una subsidiaria mexicana en la industria energética, que recibió apenas 2% de una utilidad global del 10% sin justificación documenta, hasta la situación de una entidad digital que desconocía que se le aplicaba un Profit Split por parte de sus relacionadas en Bélgica y Alemania, lo que la llevó a operar con pérdidas por no considerar todos los gastos que exigen los principios contables mexicanos. Su tercer ejemplo, en cambio, mostró una implementación exitosa en la industria vinícola, donde tres entidades mexicanas lograron un reparto claro de utilidades gracias a un análisis funcional exhaustivo, aunque sin librarse de los retos fiscales relativos a revelación y comprobantes.A partir de este punto, la conversación se dirigió naturalmente hacia la importancia de contar con evidencia sustancial que soporte cualquier política de precios de transferencia, tema que retomaron Luis Eduardo Natera Niño de Rivera y Mario Barrera Vázquez al analizar la materialidad y los servicios intragrupo. Ambos subrayaron que, antes de discutir el valor de las operaciones, debe acreditarse que estas existen y son reales, más aún cuando la materialidad, inicialmente una práctica administrativa, será obligación legal en el artículo 29-A del Código Fiscal. La autoridad, recordaron, mantiene una postura estricta contra operaciones inexistentes, apoyada en el criterio no vinculativo 44 de ISR, que desde 2024 exige evidencia de la recepción efectiva del servicio para permitir su deducción. Esta visión enlazó directamente con las reflexiones previas sobre la necesidad de un “defense file” robusto y reabrió el debate sobre la documentación como eje transversal del cumplimiento en precios de transferencia.El foro continuó con la intervención de Raúl Gustavo López Gárate y Luis Antonio Andrade León, quienes extendieron la discusión documental hacia el ámbito del comercio exterior al analizar el impacto de los aranceles en los precios de transferencia. Subrayaron que, en un entorno marcado por la volatilidad arancelaria (particularmente la proveniente de Estados Unidos), las empresas deben tomar decisiones rápidas y sin respuestas únicas. Propusieron alternativas como el First Sale for Export, el duty drawback o el rediseño de la cadena de suministro, recordando que la opción elegida solo será defendible si cuenta con soporte adecuado, un argumento que reforzó la idea ya planteada en las participaciones anteriores: sin documentación clara no hay estrategia sostenible.La conversación se amplió hacia el ámbito internacional con la participación, desde París, de Wanda Montero Cuello, consultora senior en Banco Mundial e Ivón Marlen Saénz Benítez, quienes explicaron que los retos locales se reflejan también en las revisiones globales del Capítulo 7 de las guías de la OCDE, especialmente en lo referente a servicios intragrupo, el test del beneficio y las actividades de accionistas. Destacaron la necesidad de clarificar la remuneración más allá del cost plus y señalaron que el sistema simplificado para servicios de bajo valor agregado ha demostrado ser insuficiente. También abordaron la consulta pública sobre movilidad global de personas, la potencial creación de establecimientos permanentes y el trabajo del Comité de Expertos de la ONU para brindar guías prácticas a países en desarrollo, incluida la exploración de temas modernos como créditos de carbono, lo que conectó con el creciente escrutinio global que también enfrentan sectores específicos en México.Uno de ellos, la minería, fue analizado por Violeta Valerio Méndez y Paola Arredondo Marrón, quienes recordaron su peso económico —2.77% del PIB, 278,000 empleos directos y más de 3,300 millones de dólares de inversión extranjera en los primeros nueve meses de 2024— y la creciente presión fiscal derivada de una brecha estimada por el SAT en 19,130 millones de pesos. Relataron que la autoridad ha intensificado su fiscalización, recuperando 65,981 millones de pesos en 2023, y enfatizaron que la subvaluación de minerales sigue siendo un punto crítico. Explicaron cómo los precios de transferencia influyen en cada etapa de la cadena de valor minera y detallaron la aplicación práctica del método CUP para asegurar que los precios de minerales reflejen el valor de mercado, apoyándose en las guías de la OCDE y del IGF, lo que reintrodujo la relevancia del análisis técnico frente a una autoridad cada vez más vigilante.En ese mismo ambiente de creciente fiscalización, Yoshio Uehara Hashimoto y Andrea Iturbide Maldonado abordaron las expectativas de auditorías y reformas para el próximo año, destacando la meta gubernamental de reducir el déficit presupuestario mediante una estrategia más agresiva de recaudación. Mencionaron cambios en el Código Fiscal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los criterios de riesgo del SAT, especialmente en tasas efectivas inferiores al sector y operaciones con jurisdicciones de baja imposición. Retomaron, como los ponentes anteriores, la importancia preventiva de contar con un “defense file”, junto con mecanismos como los APAs y los medios de defensa nacionales e internacionales, incluido el MAP con Estados Unidos, cuyos plazos fueron actualizados recientemente.La jornada concluyó con la participación de Karla Mariana Godínez Linares y Miguel Ángel Morales García, quienes regresaron al núcleo conceptual de la creación de valor dentro de los grupos multinacionales al explicar la relevancia del análisis DEMPE en operaciones con intangibles. Recordaron que, aunque los intangibles han sido fundamentales desde 1995, las guías emitidas en 2018 sobre actividades de Desarrollo, Explotación, Mantenimiento y Protección continúan siendo objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades fiscales. Su exposición reforzó una conclusión común a todas las ponencias del foro: la necesidad de documentar quién realiza realmente las funciones que generan valor, pues no siempre el dueño legal del intangible es quien debería recibir toda la remuneración. Mostrar la sustancia económica, coincidieron, es indispensable para sostener cualquier deducibilidad ante auditorías cada vez más exhaustivas.
