El pasado 12 de abril, la comisión de Seguridad Social del Colegio ofreció el foro PTU: determinación y aspectos legales, el cual contó con la participación de sus integrantes David Gerardo García Morales y Rubén Darío Dávalos Palomera, quienes detallaron la base legal y los procedimientos para calcular y distribuir la PTU de manera equitativa.
Para dar inicio, los expositores definieron diversos aspectos legales relevantes en torno a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y los reglamentos correspondientes. En esa línea, se detallaron resoluciones como la fijación del porcentaje de reparto de utilidades y las excepciones para empresas con ingresos menores. Asimismo, se explicó el proceso de determinación de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) basado en la renta gravable, su reparto conforme a salarios y días laborados, así como los plazos y procedimientos para comunicados, observaciones y pago, subrayando la importancia de la conformación de la Comisión Mixta para el reparto equitativo.
García Morales habló sobre las restricciones para el reparto de PTU en empresas de nueva creación, sectores específicos como el de la industria extractiva, instituciones de asistencia privada, además, hizo mención de quiénes no participan de este reparto, como directivos, trabajadores de confianza y eventuales, entre otros. El ponente también planteó un análisis crítico de la reforma mencionada, cuestionando aspectos como el cálculo del tope de 3 meses de PTU y el salario a considerar, señalando posibles impactos en el beneficio al trabajador y resaltando la importancia de la determinación justa por parte de la Comisión Mixta.
Otro punto abordado, fue sobre la renta gravable, la cual forma parte de la base para el reparto. Dávalos brindó un análisis dobre cómo se calcula esta renta gravable según el Artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), considerando los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y otros elementos que inciden en la determinación final de la PTU.
En cuanto al procedimiento para determinar la PTU, los expositores señalaron que esta determinación se basa en elementos clave como la renta gravable, el porcentaje fijado por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (10%), el número de días laborados por cada trabajador y el salario cuota diaria. García Morales subrayó la importancia de cumplir con los requisitos legales establecidos para la distribución de la PTU, así como las exenciones fiscales aplicables según la LISR, lo cual proporciona un marco legal y técnico para garantizar un reparto equitativo y transparente de las utilidades entre los trabajadores de una empresa.
Para señalar la problemática actual en torno al tema tras la reforma laboral, uno de los puntos discutidos fue la Sustitución Patronal en 2022 con traspaso a una empresa de nueva creación, que generó incertidumbre sobre si debía distribuirse la PTU y cómo calcularla. Asimismo, se analizó la teoría de los derechos adquiridos y la condición más beneficiosa en el contexto laboral, destacando la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores frente a cambios en las condiciones laborales.
Por último, se debatió la constitucionalidad del límite establecido a la PTU, donde destacaron un juicio de amparo donde se cuestionaba la legalidad de dicho límite. Aunque se argumentó que afecta el derecho de los empleados a recibir una parte de las ganancias, expresaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el límite máximo de tres meses establecido para el pago del reparto de utilidades. “El Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en esta materia y que el límite no es absoluto, ya que se puede considerar el promedio de las participaciones recibidas en los últimos tres años, siempre favoreciendo al trabajador, lo que resalta la complejidad legal y las implicaciones de estos temas en el ámbito laboral mexicano”, concluyó García Morales.
Eventos recientes
El curso Aspectos controvertidos en la declaración anual de personas morales fue brindado en el Colegio durante el 9, 10 y 11 de marzo, con la intención de revisar temas específicos en materia de ISR para permitir elaborar, preparar y enviar esta declaración anual del Régimen General de Ley.Se contó con la coordinación de César Ismael Mora Vegerano, integrante de la comisión de Desarrollo Fiscal 3; y la asistencia de seis ponentes de primer nivel: Alejandro Rico Nieto, Rodolfo Jerónimo Pérez, Arieman Ben Pandira Albarrán Monroy, Miguel Zárraga Zárraga, Mirella Plácido Hernández, Rodolfo Rubén Cuahutle Torres y María Concepción Samperio Becerril; además, se contó con la participación de Ana Laura Delgadillo, Administradora Central de Declaraciones y Pagos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante el primer día, los expositores se dedicaron al tratamiento de dos elementos clave para la declaración anual de personas morales: los ingresos acumulables y las deducciones fiscales. Para los ingresos, Alejandro Rico señaló la importancia de apegarnos al significado de este concepto para evitar confusiones y orientar el registro de ellos; así, es importante recordar que la Norma de Información Financiera (NIF) A-1 señala que el ingreso es “el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta”.Adicionalmente, según comentó el experto, los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) son un elemento clave para el registro de ingresos, ya que permiten la verificación de operaciones que resultan en un incremento de activos. Debido a ello, es fundamental mantener un control sobre los CFDI, validar su materialidad y asegurarse que estén alineados con la razón de negocios del contribuyente. Rodolfo Gerónimo abonó al desarrollo de las deducciones fiscales y comenzó con puntualizar el papel fundamental de las facturas para este apartado, por lo que invitó a la audiencia a utilizar el visor de facturas digital, una herramienta dispuesta por el SAT para consultar las facturas emitidas y recibidas por los contribuyentes. Adicionalmente, explicó el requisito de estricta indispensabilidad necesario para considerar una deducción, que identifica una deducción como necesaria para la operación y en relación con el objeto social. De esta forma, para la apropiada presentación de las deducciones es necesario considerar si éstas son estrictamente indispensables, que se encuentren registradas en la contabilidad y tener un comprobante fiscal que avale la operación. El segundo día del curso comenzó con una exploración de la deducción por pagos al extranjero proporcionada por Ben Pandira Albarrán, quien detalló los requisitos para estas deducciones reflejadas en el artículo 27 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR); durante esta explicación extendió en la deducción de intereses, asistencia técnica, regalías, honorarios y servicios personales independientes; además, comento que la materialidad y razón de negocios son elementos fundamentales para este tipo de deducciones.Miguel Zárraga se encargó de comentar los detalles dos atributos fiscales de las personas morales: la Cuenta de Aportación de Capital (CUCA) y Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), elementos clave para el control y optimización de la carga tributaria. Para ambos casos, se enfatizo en la importancia del cuidado de los datos informativos, por lo que se exhortó a la audiencia a construir un modelo de planeación financiera que permitiera contar con esta información para la toma de decisiones de manera consciente y la consolidación de un archivo de defensa que demuestre materialidad, razón de negocios y cumplimiento en las operaciones de la empresa.El último día de este espacio de actualización contó con la presencia de autoridades del SAT: Ana Laura Delgadillo y Javier Palma Villa, quienes dedicaron su espacio a compartir información sobre la declaración Anual de personas Morales 2025. Para empezar, señalaron la importancia de anticipar la presentación de esta declaración para prevenir contingencias, ya que más de un 85% de las declaraciones se presentan durante el mes de vencimiento. Además, se comentaron los detalles del Plan México para 2026, una propuesta para impulsar el desarrollo económico y la inversión y que considera estímulos fiscales que deben considerarse a lo largo de este año.Posteriormente, en seguimiento a la línea trazada por las autoridades fiscales, Roberto Cuahutle comentó los criterios normativos y no vinculativos, vigentes y derogados, con el fin de ofrecer un panorama amplio que permita conocer la interpretación oficial de las leyes fiscales, evitar prácticas indebidas, reducir riesgos de multas, amonestaciones o auditorías y garantizar el cumplimiento fiscal correcto.María Concepción Samperio Becerril, para cerrar esta jornada, compartió las reglas misceláneas aplicables a la declaración anual de personas morales. Durante su explicación, señaló la importancia de la actualización constante en materia fiscal, ya que permite anticiparse para evitar cualquier reducir el riesgo de la operación de la entidad económica; adicionalmente, brindó una ruta de acción práctica en el llenado de la declaración anual.
La comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio organizó el foro Ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, un espacio de análisis y reflexión en torno a la relevancia de la ética profesional en los procesos de aseguramiento. El encuentro reunió a especialistas del ámbito contable y de auditoría para discutir los desafíos que enfrentan las firmas al implementar sistemas de gestión de calidad y garantizar la independencia y objetividad en la revisión de los encargos.La coordinación del evento, realizado el 11 de marzo, estuvo a cargo de Cecilia Coronel Ruiz y Carlos Velázquez Valle, integrantes de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Como expositores participaron Parménides Lozano Rodríguez, integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero; Arantxa Esthela Reyes Mendiola, Audit Associate Partner en Baker Tilly México; Francisco José Sánchez González, integrante de la comisión de Gobierno Corporativo; y la propia Cecilia Coronel Ruiz.Durante su intervención, Parménides Lozano Rodríguez abordó la ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, vinculada con las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que la profesión contable es de interés público, por lo que los profesionales no solo responden ante quien contrata sus servicios, sino también ante la sociedad, ya que las conclusiones de auditoría influyen en la toma de decisiones y en una cadena de valor que incluye empleados, proveedores y el entorno social.Destacó que estas normas surgieron tras escándalos corporativos que evidenciaron la necesidad de reforzar la independencia y la ética profesional. Por ello, el revisor de calidad debe designarse con base en criterios de competencia, capacidad y disponibilidad, evitando amenazas a la objetividad como la familiaridad o el interés propio. Asimismo, explicó que esta revisión es necesaria en encargos relacionados con entidades que cotizan en bolsa, instituciones supervisadas por autoridades financieras o empresas con alto riesgo de lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes mencionó la falta de claridad sobre cuándo interviene el revisor, la ausencia de evidencia de su participación y la escasa documentación de los procesos de remediación.Por su parte, Arantxa Esthela Reyes Mendiola centró su exposición en la ética dentro del sistema de gestión de calidad bajo las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Destacó que la ética debe ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una práctica operativa dentro de las firmas, ya que la confianza es la principal “mercancía” de los profesionales contables y el comportamiento individual impacta directamente en la reputación institucional.A partir de su experiencia en la implementación de estos estándares en México y Latinoamérica, señaló que, aunque los contextos varían, la confianza es un elemento transversal. Advirtió que los mayores riesgos para las firmas no siempre son técnicos, sino aquellos derivados de la familiaridad con los clientes o de presiones comerciales que pueden afectar el juicio profesional. Ante ello, subrayó la importancia de contar con salvaguardas adecuadas, procesos constantes de autoevaluación, canales de denuncia efectivos y un liderazgo ético que se refleje en toda la organización.En su intervención, Francisco José Sánchez González abordó los desafíos éticos que enfrentan las firmas de contaduría pública en la asignación de revisores y en la ejecución de auditorías. Señaló que la confianza pública, la objetividad, la independencia y la calidad profesional son pilares de la profesión, guiados por principios del código de ética como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional.También enfatizó la importancia de documentar adecuadamente los procesos de aceptación y continuidad de clientes, verificando que los miembros del equipo no tengan intereses financieros o relaciones personales que comprometan su independencia, y que cuenten con la experiencia necesaria para cada sector. Asimismo, advirtió que presiones internas y externas, como las económicas o los plazos de entrega, pueden generar riesgos éticos, los cuales deben mitigarse mediante salvaguardas como la rotación de socios o revisores, la documentación de la independencia y la capacitación continua.Finalmente, Cecilia Coronel Ruiz explicó el papel de la ética en los sistemas de gestión de calidad establecidos por las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que las firmas deben aplicar sistemas basados en riesgos para garantizar la calidad de los encargos y el cumplimiento de normas profesionales y legales.Destacó que el revisor de calidad actúa de forma independiente al equipo de auditoría y valida las conclusiones antes de emitir el informe. También subrayó la importancia de contar con políticas claras para la elegibilidad de revisores y respetar periodos de enfriamiento, con el fin de fortalecer la calidad, la independencia y la confianza en la profesión contable.
Este 9 de marzo, el Colegio organizó el foro Fiscalidad con IA: Criptoexchanges y retenciones, un espacio de análisis dedicado a revisar el marco fiscal relacionado con los criptoactivos, así como las herramientas tecnológicas que utilizan las autoridades para su fiscalización.En el encuentro participaron los especialistas Juan Carlos Santillán Hernández y Gustavo Fuentes de León como expositores, mientras que Juan Carcaño López fungió como moderador y presentó un panorama general sobre la evolución de los criptoactivos y su tratamiento regulatorio.Durante la sesión se explicó que la fiscalidad comprende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan los tributos y los procesos de recaudación del Estado, los cuales permiten financiar servicios públicos y otras actividades gubernamentales. En ese contexto, los especialistas destacaron que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la manera en que las autoridades analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones, tomar decisiones y fortalecer los procesos de supervisión fiscal. Como parte del panorama general, se revisó el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Los ponentes recordaron que el crecimiento de redes como Ethereum permitió la creación de tokens mediante contratos inteligentes, lo que dio origen a miles de activos digitales programables dentro de la tecnología blockchain. De igual forma, explicaron que los criptoactivos se definieron como representaciones digitales de valor que utilizan criptografía y redes descentralizadas para validar y registrar transacciones sin la intervención de una autoridad central. Entre sus principales características, los panelistas enlistaron la descentralización, el uso de blockchain, el pseudonimato de los usuarios y la posibilidad de realizar transferencias globales casi inmediatas. Asimismo, se mencionó que dentro del mercado existen distintas categorías, entre ellas criptomonedas ampliamente conocidas como Bitcoin y Ethereum, además de stablecoins, tokens de utilidad y tokens de gobernanza.Los especialistas señalaron que, ante el crecimiento del mercado de criptoactivos, diversos organismos internacionales han impulsado lineamientos orientados a mejorar la transparencia fiscal y prevenir riesgos como el lavado de dinero. En el caso de México, recordaron que los criptoactivos no tienen el carácter de moneda de curso legal. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y criterios de Banxico. Además, se destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el análisis de blockchain, el intercambio internacional de información y sistemas de IA capaces de rastrear transacciones en redes públicas. En materia tributaria, se explicó que México aún no cuenta con un régimen específico para las criptomonedas. Sin embargo, la postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugiere que las operaciones de compraventa de estos activos pueden tratarse como enajenación de bienes, por lo que podrían sujetarse a disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) relacionadas con este tipo de transacciones. Durante el foro también se revisaron las reglas aplicables a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en plataformas tecnológicas y servicios digitales. Los especialistas coincidieron en que las disposiciones fiscales establecen obligaciones específicas para las plataformas que intermedian operaciones, incluyendo la retención de impuestos y la emisión de comprobantes fiscales correspondientes.
