El curso Aspectos controvertidos en la declaración anual de personas morales fue brindado en el Colegio durante el 9, 10 y 11 de marzo, con la intención de revisar temas específicos en materia de ISR para permitir elaborar, preparar y enviar esta declaración anual del Régimen General de Ley.
Se contó con la coordinación de César Ismael Mora Vegerano, integrante de la comisión de Desarrollo Fiscal 3; y la asistencia de seis ponentes de primer nivel: Alejandro Rico Nieto, Rodolfo Jerónimo Pérez, Arieman Ben Pandira Albarrán Monroy, Miguel Zárraga Zárraga, Mirella Plácido Hernández, Rodolfo Rubén Cuahutle Torres y María Concepción Samperio Becerril; además, se contó con la participación de Ana Laura Delgadillo, Administradora Central de Declaraciones y Pagos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante el primer día, los expositores se dedicaron al tratamiento de dos elementos clave para la declaración anual de personas morales: los ingresos acumulables y las deducciones fiscales. Para los ingresos, Alejandro Rico señaló la importancia de apegarnos al significado de este concepto para evitar confusiones y orientar el registro de ellos; así, es importante recordar que la Norma de Información Financiera (NIF) A-1 señala que el ingreso es “el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta”.
Adicionalmente, según comentó el experto, los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) son un elemento clave para el registro de ingresos, ya que permiten la verificación de operaciones que resultan en un incremento de activos. Debido a ello, es fundamental mantener un control sobre los CFDI, validar su materialidad y asegurarse que estén alineados con la razón de negocios del contribuyente.
Rodolfo Gerónimo abonó al desarrollo de las deducciones fiscales y comenzó con puntualizar el papel fundamental de las facturas para este apartado, por lo que invitó a la audiencia a utilizar el visor de facturas digital, una herramienta dispuesta por el SAT para consultar las facturas emitidas y recibidas por los contribuyentes. Adicionalmente, explicó el requisito de estricta indispensabilidad necesario para considerar una deducción, que identifica una deducción como necesaria para la operación y en relación con el objeto social. De esta forma, para la apropiada presentación de las deducciones es necesario considerar si éstas son estrictamente indispensables, que se encuentren registradas en la contabilidad y tener un comprobante fiscal que avale la operación.
El segundo día del curso comenzó con una exploración de la deducción por pagos al extranjero proporcionada por Ben Pandira Albarrán, quien detalló los requisitos para estas deducciones reflejadas en el artículo 27 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR); durante esta explicación extendió en la deducción de intereses, asistencia técnica, regalías, honorarios y servicios personales independientes; además, comento que la materialidad y razón de negocios son elementos fundamentales para este tipo de deducciones.
Miguel Zárraga se encargó de comentar los detalles dos atributos fiscales de las personas morales: la Cuenta de Aportación de Capital (CUCA) y Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), elementos clave para el control y optimización de la carga tributaria. Para ambos casos, se enfatizo en la importancia del cuidado de los datos informativos, por lo que se exhortó a la audiencia a construir un modelo de planeación financiera que permitiera contar con esta información para la toma de decisiones de manera consciente y la consolidación de un archivo de defensa que demuestre materialidad, razón de negocios y cumplimiento en las operaciones de la empresa.
El último día de este espacio de actualización contó con la presencia de autoridades del SAT: Ana Laura Delgadillo y Javier Palma Villa, quienes dedicaron su espacio a compartir información sobre la declaración Anual de personas Morales 2025. Para empezar, señalaron la importancia de anticipar la presentación de esta declaración para prevenir contingencias, ya que más de un 85% de las declaraciones se presentan durante el mes de vencimiento. Además, se comentaron los detalles del Plan México para 2026, una propuesta para impulsar el desarrollo económico y la inversión y que considera estímulos fiscales que deben considerarse a lo largo de este año.
Posteriormente, en seguimiento a la línea trazada por las autoridades fiscales, Roberto Cuahutle comentó los criterios normativos y no vinculativos, vigentes y derogados, con el fin de ofrecer un panorama amplio que permita conocer la interpretación oficial de las leyes fiscales, evitar prácticas indebidas, reducir riesgos de multas, amonestaciones o auditorías y garantizar el cumplimiento fiscal correcto.
María Concepción Samperio Becerril, para cerrar esta jornada, compartió las reglas misceláneas aplicables a la declaración anual de personas morales. Durante su explicación, señaló la importancia de la actualización constante en materia fiscal, ya que permite anticiparse para evitar cualquier reducir el riesgo de la operación de la entidad económica; adicionalmente, brindó una ruta de acción práctica en el llenado de la declaración anual.
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Este 25 de agosto, el Colegio celebró la octava edición del Foro de ética con el propósito de analizar y difundir los principios que rigen la práctica contable en los entornos empresarial, independiente, gubernamental, financiero y docente. Durante la primera intervención, Norma Leyla Rangel López abordó los puntos finos para la estructuración de programas de cumplimiento en entidades en funcionamiento. En su exposición destacó la relevancia de la Norma de Información Financiera (NIF) A-2 y el postulado de negocio en marcha, vigentes de forma obligatoria a partir de 2025, los cuales exigen una evaluación formal, documentada y prospectiva a doce meses sobre la viabilidad de las organizaciones, informó la panelista.Asimismo, la especialista expuso las transformaciones que se han manifestado este año y que derivan de las disposiciones del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés), entre las que destacan la entrada en vigor de las Normas Internacionales de Ética para el Aseguramiento de la Sostenibilidad, los nuevos requerimientos en planeación fiscal y el uso de expertos, así como la actualización de la Norma Internacional de Educación.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez centró su participación en los requerimientos éticos indispensables para el control de calidad en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y la prevención de contingencias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al respecto, explicó cómo se relacionan el Código de Ética Profesional y el Código de Conducta del SAT con el ecosistema de facturación electrónica.De igual forma, enfatizó que los principios de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad institucional obligan a la autoridad a fundamentar sus actuaciones y evitar cobros o restricciones arbitrarias de sellos digitales, y al contador público a mantener la veracidad, objetividad y competencia para evitar la simulación de operaciones.También participó en el foro la contadora Silvia Matus de la Cruz, quien analizó la planeación estratégica con enfoque ético para la prevención del lavado de dinero y la mitigación de riesgos fiscales. En este sentido, comentó que la profesionalidad actúa como escudo mediante la aplicación del marco de la IESBA, que permite evaluar amenazas a través de la prueba del tercero razonable y gestionar los incentivos y periodos de desconexión.Por otro lado, señaló que la profesión se constituye como la primera línea de defensa macroeconómica frente a la delincuencia organizada y la evasión fiscal, al aplicar los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Finalmente, la contadora María de Lourdes Nabor Cadena expuso las principales modificaciones incorporadas al Código de Ética Profesional para 2026; entre las novedades destacó la inclusión de los servicios de planificación fiscal en los sectores público, privado e independiente, estableciendo que el asesoramiento debe contar siempre con una base razonable conforme a la ley y evaluar los impactos reputacionales y comerciales.Además, abordó las nuevas disposiciones en materia de tecnologías de la información e hizo hincapié en que, si bien la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización optimizan cruces de datos, el juicio profesional y el criterio humano son fundamentales en el actuar profesional.
El Colegio llevó a cabo el curso Repse: taller sobre beneficios laborales, fiscales y sociales el 25 de agosto, el cual contó con la coordinación de Jorge Alvarado Cordero y la participación de los ponentes Jorge Eugenio Martínez Vargas, Selene Paredes De la Rosa y Alberto Flores Mesa, todos integrantes de la comisión técnica Sector empresarial. El desarrollo del taller se estructuró en tres temas fundamentales: los aspectos laborales del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), las implicaciones fiscales enfocadas en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los aspectos de seguridad social relativos a las Informativas de Contratos de Servicios u Obras Especializadas (ICSOE) y Sistema de Información de Subcontratación (SISUB).Durante la primera hora, centrada en la normatividad laboral, Jorge Eugenio Martínez Vargas analizó la complejidad operativa y jurídica que afrontan las empresas ante las exigencias de este registro. El abogado expuso que la falta de actualización del sistema dificulta verificar los registros cancelados y señaló que la imposición del Repse genera sobrecarga administrativa. De igual manera, abordó las controversias derivadas de la coincidencia del objeto social, el riesgo de simulación laboral y la aplicación de sanciones por incumplimiento.Martínez Vargas precisó que las personas físicas con actividad empresarial sin trabajadores a cargo no tienen obligación de tramitar el registro. En cuanto a proveedores de servicios como banquetes, jardinería o instalación de productos terminados, el especialista sostuvo que el trámite resulta innecesario cuando los trabajos no implican una subordinación directa hacia la empresa contratante. De igual manera, explicó que los despachos de contadores tampoco requieren dicha inscripción para la prestación de sus servicios profesionales.Finalmente, el expositor examinó las implicaciones de la responsabilidad solidaria en materia de cuotas y auditorías, así como las confusiones conceptuales generadas por las normativas vigentes. Enfatizó la importancia de elaborar contratos específicos y adecuados a la realidad operativa de cada operación mercantil con el propósito de evitar interpretaciones erróneas por parte de la autoridad fiscal y laboral.La segunda participación estuvo a cargo de Selene Paredes De la Rosa, quien analizó los impactos del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el ISR y en el IVA; además, destacó la reforma iniciada en 2020 y publicada el 24 de abril de 2021, la cual modificó 12 artículos, adicionó 15 y derogó seis en diversas leyes para eliminar la subcontratación laboral e incorporar reglas sobre servicios especializados. En este tenor enfatizó que el artículo 15.° del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la prohibición de esquemas agresivos de subcontratación de personal cuando las actividades se desempeñan en relación con el objeto social o la actividad económica preponderante de la empresa contratante.En este sentido, precisó que la norma permite la contratación de servicios u obras especializadas, incluso entre empresas de un mismo grupo corporativo, siempre que no formen parte de la actividad preponderante y se cuente con el registro en la plataforma correspondiente. La especialista aclaró dudas sobre la existencia de subordinación laboral, los servicios prestados entre partes relacionadas, la adquisición de productos por maquila y los criterios aplicables a diversos sectores para mitigar riesgos de rechazo en deducciones o acreditamientos. La tercera y última participación fue de Alberto Flores Mesa, quien abordó los aspectos de seguridad social del REPSE, así como las plataformas del ICSOE y del SISUB. En su exposición detalló las diferencias legales entre ambos sistemas, el fundamento jurídico del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social (LSS), la periodicidad cuatrimestral de reporte, la gestión de usuarios capturistas dentro del sistema, el intercambio de información entre autoridades (IMSS, Infonavit, SAT y STPS) y los procedimientos prácticos para registrar declaraciones informativas tanto con datos como sin información.En ese sentido, el especialista mencionó que la entrega extemporánea u omisión de esta obligación faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a imponer multas que oscilan entre 500 y 2000 UMA. En caso de no celebrar contratos durante el periodo a reportar, existe la obligación de presentar la declaración bajo la modalidad sin información. El Salario Base de Cotización a declarar corresponde al último salario registrado del trabajador dentro del periodo. De forma adicional, Flores Mesa, el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mandata el cumplimiento cuatrimestral de la entrega de información contractual, montos de aportaciones, amortizaciones y datos de los trabajadores a través del Sistema de Información de Subcontratación. Ambas instituciones mantienen convenios de colaboración con la STPS para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, lo que permite detectar inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y proceder con la cancelación del registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Para cerrar el taller, se realizó una ronda de preguntas y respuestas, así como la entrega de reconocimientos.
Este 24 de agosto, el Colegio y México Evalúa concretaron una alianza estratégica orientada a impulsar acciones de investigación, análisis y difusión en materia de transparencia, rendición de cuentas y civismo fiscal. Además, el acuerdo establece las bases para que ambas instituciones desarrollen actividades orientadas a generar conocimiento, fortalecer capacidades y promover espacios de diálogo sobre asuntos de interés público. Durante la firma, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que la institución ha buscado construir alianzas que contribuyan a su crecimiento y permitan ampliar la aportación de la contaduría pública al fortalecimiento de las organizaciones y las instituciones.Señaló que la profesión contable tiene una responsabilidad que trasciende el ámbito empresarial y organizacional, particularmente por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado manejo de los recursos; “en este Colegio creemos firmemente en el poder de las alianzas”, expresó la contadora.Por su parte, María de Lourdes Morales Canales, coordinadora del Programa de Ciudadanía de México Evalúa, subrayó la relevancia de este acuerdo ante los retos que enfrenta el país en materia de fortalecimiento institucional y participación ciudadana.Morales Canales explicó que, como parte de los compromisos adoptados, se impulsará el proyecto El poder de tus contribuciones, iniciativa que busca promover una visión del civismo fiscal y fomentar una ciudadanía consciente de sus derechos y capacitada para exigir que la gestión de los fondos públicos se traduzca en beneficios concretos y accesibles.Mediante este marco de colaboración, México Evalúa podrá convocar a los integrantes del Colegio a participaciones activas en seminarios, conferencias, talleres y debates, además de colaborar de forma conjunta en la elaboración y divulgación de materiales especializados. Para dar seguimiento a las actividades proyectadas, se designó como enlaces institucionales a Morales Canales por parte de México Evalúa y a la contadora Rosa María Cruz Lesbros por parte del Colegio.Con esta colaboración, el Colegio refrenda su interés en ampliar los espacios de participación de la profesión contable en asuntos vinculados con las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que fortalece la vinculación de su membresía con iniciativas de investigación, generación de conocimiento y participación ciudadana.
