La comisión de Sostenibilidad del Colegio organizó el foro Control Interno ASG: del reporteo al aseguramiento, espacio enfocado en los cambios que están redefiniendo la forma en que las organizaciones reportan y gestionan su información ambiental, social y de gobernanza (ASG).
Durante la sesión, realizada el 28 de abril, Diana Sánchez García, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso y Carlos Carrillo Contreras compartieron sus perspectivas sobre este proceso de transformación. A pesar de abordar el tema desde distintos ángulos, los tres especialistas coincidieron en un punto fundamental: la sostenibilidad se consolida como un elemento estratégico que requiere estructuras formales de control y mecanismos de aseguramiento que respalden la confiabilidad de la información.
Diana Sánchez García abrió la jornada abordando la transformación de los reportes de sostenibilidad. Explicó que, durante años, las empresas divulgaron información bajo criterios propios, lo que generó inconsistencias, comparabilidad limitada y riesgos de manipulación. “Este contexto dio paso a la creación de normas estandarizadas, tanto internacionales como nacionales, que buscan dotar de mayor transparencia y confiabilidad a los datos ASG”, comentó.
En su intervención, destacó que a partir de 2026 la divulgación de información de sostenibilidad dejará de ser opcional, lo que incrementa la necesidad de contar con procesos sólidos de aseguramiento. En este sentido, subrayó el papel del control interno como un elemento esencial, apoyado en marcos como COSO, no como una carga burocrática, sino como un sistema que fortalece la gestión, previene errores y protege la confianza de los usuarios. Casos como el de Volkswagen ilustran las consecuencias de una débil trazabilidad en la información reportada. Asimismo, señaló que la presión por adoptar prácticas ASG no solo recae en grandes corporaciones, sino también en pequeñas y medianas empresas, impulsadas por cadenas de suministro y exigencias del sistema financiero.
Por su parte, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso profundizó en la integración transversal del control interno en materia de sostenibilidad. Señaló que las organizaciones que ya operan bajo marcos robustos deben incorporar los temas ASG en todos sus procesos, desde la generación hasta la divulgación de información.
Durante su exposición, presentó la nueva norma ISA 5000, que entrará en vigor en diciembre de 2026, y que regulará los encargos de aseguramiento sobre información de sostenibilidad. Esta norma permitirá emitir conclusiones tanto de aseguramiento limitado como razonable, dependiendo del alcance y profundidad de los procedimientos aplicados. También enfatizó que los profesionales encargados de estos trabajos deberán contar con experiencia comprobable y operar bajo estándares de calidad.
Hidalgo Valdivieso detalló algunos de los principales retos que enfrentan las organizaciones, como la ausencia de controles adecuados, la falta de evidencia suficiente, criterios mal definidos o sesgos en la información. Para enfrentar estos desafíos, destacó la importancia de establecer condiciones previas, entre ellas procesos claros de identificación de información ASG, criterios accesibles y una gobernanza alineada al control interno.
Finalmente, Carlos Carrillo Contreras abordó el papel de la tecnología en el ecosistema de sostenibilidad. Explicó que el ciclo de la información ASG, desde su captura hasta su aseguramiento, está siendo transformado por plataformas digitales que permiten mayor integración y trazabilidad. Sin embargo, advirtió que estas herramientas también implican retos, como costos elevados o dependencia de la calidad de los datos internos.
Señaló que existen soluciones integrales y también herramientas especializadas para aspectos específicos, como la medición de emisiones de carbono, lo que puede generar fragmentación si no se gestiona adecuadamente. Asimismo, destacó el crecimiento de soluciones basadas en inteligencia artificial y la incorporación de funcionalidades ASG en sistemas empresariales tradicionales. A pesar de ello, herramientas como Excel continúan siendo ampliamente utilizadas, especialmente por organizaciones pequeñas, aunque con riesgos importantes de error.
Carrillo concluyó que más allá de la tecnología, el verdadero diferenciador radica en la calidad de los datos, el gobierno de la información y la solidez del control interno. En su visión, la adopción de criterios ASG no solo responde a exigencias regulatorias, sino que impulsa la institucionalización de las empresas, mejora su acceso a financiamiento y fortalece su credibilidad ante el mercado.
Eventos recientes
Con el objetivo de revisar el marco normativo y el procedimiento para gestionar la reducción de la carga fiscal en el segundo semestre del año, se llevó a cabo este 20 de mayo el curso Aspectos prácticos en la disminución de pagos provisionales del ISR, evento organizado por la comisión Fiscal del Colegio.Las ponencias estuvieron a cargo de los especialistas César Aguilar Aguilar y Jesús Sánchez Juárez, bajo la moderación de Arturo Halgraves Cerda. Durante la sesión, los panelistas enfatizaron que, tras las recientes reformas fiscales, el enfoque no radica en disminuir el pago de manera directa, sino en solicitar la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor.El contador Aguilar inició la sesión explicando el fundamento técnico. Al respecto, destacó que el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que los pagos provisionales mensuales son anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio, los cuales deben cubrirse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior.Asimismo, se vinculó este plazo con los beneficios de prórroga que otorga el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF); Aguilar precisó que, a partir de 2022, el artículo 14 de la LISR se modificó con el fin de especificar que la autorización prevista por la autoridad se refiere estrictamente a la modificación del coeficiente de utilidad, y no a la disminución de los pagos provisionales que derivan de la variación de dicho coeficiente.Respecto a la temporalidad del proceso, se aclaró que la solicitud debe presentarse ante la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se pretenda disminuir. En tanto, para instrumentar el trámite, el expositor señaló que la base operativa se encuentra en la Ficha de trámite 28/ISR Solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales del ISR, disponible a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Además, informó que, para que la solicitud sea admitida a trámite, los contribuyentes deben integrar un escrito libre que contenga el nombre, denominación o razón social de la empresa, el domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, correo electrónico, número telefónico, entre otros. Adicionalmente, el expediente debe incluir la identificación oficial, el instrumento legal para acreditar la representación, el formato 34 y el papel de trabajo detallado.Por su parte, el contador Jesús Sánchez centró su participación en la ejecución técnica del llenado del Formato 34. Durante este bloque, compartió opiniones, experiencias prácticas y los criterios más comunes que aplica la autoridad fiscal al revisar los papeles de trabajo que soportan la proyección financiera del segundo semestre.Sánchez Juárez advirtió que la coherencia total entre la contabilidad interna, los CFDI emitidos y las proyecciones plasmadas en dicho formato es la clave definitiva para evitar requerimientos innecesarios o una resolución negativa por parte de la autoridad.
El 19 de mayo, el Colegio fue sede de una celebración por el Día del Maestro para reunir y conmemorar la dedicación del plantel docente de la comisión Académica de Diplomados. El evento fue encabezado por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; Pedro María Zugarramurdi Martiarena, presidente de la Comisión Académica de Diplomados; y María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Rosalía Ortega recibió a los asistentes con un discurso donde celebró el esfuerzo y dedicación de los docentes asistentes, quienes responden al compromiso de formación continua mediante su disciplina y apoyo al desarrollo disciplinar de vanguardia.Para seguir con la reunión, se galardonó con un reconocimiento a la excelencia académica a cuatro representantes del compromiso y la excelencia que deben reflejar los profesionales contables comprometidos con la educación. Blanca Esthela Landeros Olascoaga, Rodrigo Adrián Ramírez Venegas, Catalina Mejía Balcázar y Miguel Ángel Ávila Milpa fueron las personas destacadas por sus esfuerzos dedicados a la docencia.Finalmente, Pedro María Zugarramurdi agradeció a los asistentes por su asistencia y felicitó el trabajo continuo de todos, recordando que, aunque “no siempre son visibles las horas de trabajo puestas en cada clase, ese esfuerzo es valioso y marca la diferencia”, por lo que este espacio para recompensar, agradecer y prestigiar es enormemente merecido por quienes día con día demuestran sus esfuerzos a enaltecer la disciplina contable con vocación, dedicación y profesionalismo.
Bajo el compromiso de contribuir a la transparencia, legalidad y el combate a la impunidad, el Colegio organizó, este 18 de mayo, el foro Auditoría forense en el proceso penal con apoyo de peritos contables, lugar al que se dieron cita María del Rocío Hernández Romero, José Luis Maya Téllez, Mónica Morales González y Edgar Cruz.En la introducción, Hernández Romero presentó un análisis sobre la evolución del fraude financiero a nivel global y el papel que ha desempeñado la tecnología en su sofisticación, destacando la relevancia de la labor pericial contable en su detección y prevención.Durante su intervención, expuso que, de acuerdo con evaluaciones internacionales, las pérdidas globales por fraude financiero ascienden a 442 mil millones de dólares anuales, con un incremento significativo en los esquemas de fraude asistidos por Inteligencia Artificial (IA). “Este fenómeno obliga a fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales en auditoría forense”, remarcó.Además, advirtió que el fraude se ha consolidado como una problemática mundial, ya que organismos internacionales de supervisión financiera advierten que más del 90% de los países enfrentan este tipo de delitos. También, se platicó sobre la naturaleza jurídica de la reforma penal y cómo los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se convirtieron en la vía para resolver conflictos de manera rápida y eficiente.Por su parte, José Luis Maya Téllez dirigió su participación hacia la evolución del marco legal mexicano; al respecto, afirmó que la integración de los Estados a los organismos internacionales conlleva responsabilidades normativas indispensables para el crecimiento y desarrollo de las naciones.Desde esta perspectiva, el panelista subrayó que los sistemas jurídico-penales internos tienen la obligación de evitar cualquier tipo de divergencia o rezago entre la tipificación de conductas ilícitas internacionales y las reglamentaciones locales que las sancionan, garantizando un frente común y homogéneo contra la impunidad. De igual forma, Maya Téllez habló sobre los principios que dan identidad al procedimiento penal y que modifican la actuación del auditor forense en el desahogo de pruebas.Finalmente, Mónica Morales González, directora jurídica en la Auditoría Superior de la Federación, hizo hincapié en que el éxito de los casos de fraudes y malversaciones radica en la "sinergia forense", un modelo de colaboración conjunta que une las competencias del auditor con la conducción jurídica del abogado penalista.A su vez, detalló las tres etapas críticas donde la labor del perito contable resulta indispensable para construir un caso sólido ante los tribunales: la planeación y requisitos legales; investigación y cadena de custodia; y la elaboración del informe técnico.Como ejemplo, explicó que la prisión preventiva justificada se aplica únicamente por orden del juez y a solicitud del Ministerio Público o de la víctima, cuando otras medidas resulten insuficientes para garantizar el éxito del proceso.
