El pasado 5 y 6 de junio, el Colegio organizó el foro Fiscalización del SAT, IMSS y resoluciones de tribunales, al que se dieron cita comisionados, socios y especialistas en la disciplina, los cuales versaron sobre los actos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comparando los planes estratégicos recientes y su impacto en los contribuyentes.
El foro comenzó con la intervención de Ángel Turanzas Díaz, quien señaló que uno de los objetivos del SAT ha sido aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y de comercio exterior a través del desarrollo oportuno de herramientas tecnológicas eficientes y eficaces.
De lo anterior, explicó que entre las acciones recaudatorias del SAT se encuentra la focalización de contribuyentes con créditos fiscales por potencial de cobro, el fortalecimiento de acciones persuasivas para el cobro, el incremento en las acciones de contribuyentes con adeudos fiscales no garantizados, así como la coordinación con entidades federativas para incrementar las auditorías.
Sobre el empleo de la inteligencia artificial en la planeación de procesos, el especialista enfatizó que se deben implementar modelos como el machine learning para la clasificación de los contribuyentes y la detección de inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
Asimismo, aclaró que, mediante el Plan Maestro 2025, se otorgarán facilidades para el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), se potenciarán las aplicaciones móviles y se ejecutarán programas de regularización fiscal para pequeños contribuyentes. “Los contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos podrán corregir sus adeudos con una reducción del 100% sobre recargos, multas y gastos de ejecución”.
Por su parte, el contador Jorge Hernández Lara refirió que la fiscalización del IMSS se ha enfocado en la verificación, revisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social. “El IMSS implementa su Modelo Integral de Fiscalización (MIF) para supervisar y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad social”, especificó.
Comentó que dicho modelo es el conjunto de acciones que apoyan a la recaudación del IMSS mediante el ejercicio de las facultades de comprobación, las cuales deben ser aplicadas por el personal responsable de los actos de fiscalización; el modelo consta de tres fases: programación, ejecución y conclusión.
La licenciada Cecilia Bustamante Bejarano compartió en qué consisten las auditorías especiales de parte de las autoridades fiscalizadoras; de lo anterior, destacó que es fundamental documentar la naturaleza de la relación contractual, acreditar la autonomía de los distribuidores y preparar un expediente de respaldo con contratos, manuales de operación, capacitación, reglas de bonificación, etc.
Quienes complementaron el foro fueron los especialistas en derecho fiscal, Pablo Fernández de Cevallos, Carlos Rubio Rojas y Jorge Fuentes Pérez; dialogaron sobre la compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), generalidades de la Cuenta de Capital de Aportación y sobre los criterios jurisdiccionales establecidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Sobre el último punto, el licenciado Fuentes Pérez mencionó que la reforma judicial, según un informe de J.P. Morgan, podría debilitar el Estado de Derecho, afectar la confianza de los inversionistas y alterar el equilibrio institucional previsto en nuestro sistema constitucional, particularmente en lo que respecta a los controles necesarios y contrapesos.
Aunado a lo anterior, el especialista advirtió que “existe el riesgo potencial de que los criterios de decisión judicial se vean influenciados por consideraciones de aceptación ciudadana, en detrimento del rigor técnico-jurídico que debe caracterizar a la función jurisdiccional”, concluyó.
Eventos recientes
Esta tarde, el Colegio de Contadores Públicos de México y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer la relación entre ambas instituciones y ofrecer beneficios significativos a sus integrantes.En el evento se dieron cita, por parte del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente; Rosalía Ortega López, vicepresidenta de Gobierno; y María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva. En representación del Colegio de Notarios, estuvieron presentes Roberto Garzón Jiménez, presidente de la institución, y Ángel Gilberto Adame López, director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado (IIJN).Durante la firma del convenio, se destacó el compromiso de ambas partes para desarrollar actividades que incluyen:Comunicación: Colaboración en la promoción de foros, cursos, talleres, etc. a través de redes sociales y comunicados oficiales.Acceso preferente a actividades académicas: Los asociados y colaboradores tendrán preferencia para participar en diversas actividades académicas organizadas por los colegios.Difusión: Se establecerá un enfoque en la promoción de cursos, talleres, seminarios, conferencias, simposios y diplomados, lo que permitirá a los miembros mantenerse actualizados en sus respectivas áreas de interés y contribuir al desarrollo profesional continuo.Posteriormente a la firma, las autoridades de ambos organismos realizaron un recorrido por las instalaciones del Colegio, donde pudieron conocer más sobre los beneficios que se ofrecen a los asociados.Durante el recorrido, los representantes intercambiaron ideas sobre la importancia de la colaboración interinstitucional y cómo esta puede impactar de manera positiva en la formación y actualización profesional. El encuentro finalizó con una cordial conversación sobre los desafíos actuales que enfrentan ambas profesiones, así como sobre la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.
El 29 de julio se presentó en el Colegio el curso Presentación del dictamen por fusión y escisión de sociedades, donde la comisión técnica de Auditoría Fiscal brindó la información necesaria a los asistentes para elaborar el dictamen y presentación de estados financieros de las empresas participantes de fusiones o escisiones, conforme a los requisitos del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).El espacio estuvo coordinado por Rafael Mendoza Aguilar y contó con la participación de tres expertos en el tema e integrantes de la comisión: Daniel Lugo Serrano, Saraí Dávila Fragaso y Miguel Ángel Severiano Hernández, quienes compartieron sus conocimientos para explorar los antecedentes, disposiciones fiscales, requisitos y recomendaciones para la elaboración de estos dictámenes. Para comenzar, se explicó que el proceso de fusión o escisión comienza con una asamblea extraordinaria de accionistas, donde se determinarán los motivos para tal efecto en relación con los estados financieros. Además, se señaló la importancia de extender en un acta de asamblea todos los detalles necesarios del acuerdo de estos actos corporativos, con el fin de clarificar las descripciones, plazos, responsabilidades y obligaciones que derivan de ellos.El acta de asamblea no tiene una lista concreta de extensión y alcance. Los expertos señalaron que debe responder a las necesidades de las partes involucradas para establecer un acuerdo, siempre alineada a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).En ese mismo sentido de cumplimiento normativo, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación señala las condiciones que debe cumplir un caso de fusión para no ser considerada como una enajenación. Una de estas condiciones es que la sociedad fusionante deberá continuar con las actividades que realizaba antes de la acción.Posteriormente, en el foro se comentó quiénes no están obligados al dictamen, con sustento de la regla 2.10.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Para ello, los contribuyentes deben cumplir tres supuestos: el monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad y el capital social del fusionante o la escindente no debe exceder el equivalente a $100’000,000; El valor de los activos netos transmitidos a la sociedad fusionante o escindida es igual o menor a un monto equivalente a $100’000,000; y, la sociedad fusionada o escindente, en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la acción, consignó en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) iguales o menores a un monto equivalente a equivalente a $50’000,000.Además, se compartió cómo debe presentarse un dictamen de los estados financieros utilizados para llevar acabo una fusión o escisión, sus requisitos y condiciones con fundamento del artículo 14-b del CFF. Dentro de estos requisitos, se destacó el escrito libre que debe contener el dictamen y debe ser realizado por un contador público inscrito; además, es en esta carta donde se debe incluir la copia del acta de asamblea que se mencionó previamente.Finalmente, se señaló que no presentar este dictamen, dentro de los plazos establecidos, mediante el Sistema de Presentación de Dictamen (Sipred) puede llevar a la invalidez de la fusión o escisión para efectos fiscales, sanciones económicas y la pérdida de la revisión secuencial. Debido a ello, es de suma importancia mantener estas acciones empresariales dentro de las normativas aplicables y, para ello, es fundamental contar con una presentación apropiada y alineada del dictamen de los estados financieros que les sustentan.
Este 24 de julio, el Colegio y la comisión Administradora de Calidad de Firmas de Contadores Públicos presentaron la conferencia Reflexiones sobre el cumplimiento de la NIGC, revisiones globales, la cual fue impartida por Jaime Pérez Martínez y Cristian Justo Álvarez, y moderada por Javier Sagrero Martínez; quienes platicaron sobre los hallazgos, medidas contra los incumplimientos y los retos por venir en este proceso.Los expositores comenzaron su presentación compartiendo un breve panorama internacional que evidenció la situación actual respecto a la calidad en los servicios de auditoría. Resaltaron diversos hallazgos preocupantes en las firmas, tales como la falta de designación de un responsable del sistema de control de calidad, la ausencia de un manual de políticas y procedimientos, y la inexistencia de planes de capacitación.Entre las observaciones realizadas a los encargos, los contadores destacaron la falta de documentación adecuada para la determinación de cuentas significativas y la insuficiencia de procedimientos analíticos en la evaluación de riesgos. "Es fundamental que se involucre a especialistas de TI en la revisión de los sistemas para garantizar una auditoría efectiva", subrayó Justo Álvarez.Asimismo, los retos que enfrentan los contadores, en el actual contexto, también fueron parte de la discusión. Los especialistas mencionaron la postergación de fechas de visitas, errores en los datos de contacto de los revisores, y el considerable desfase de tiempo en la aceptación de hallazgos; estos elementos, señalaron, afectan directamente la calidad del trabajo de auditoría.Además, compartieron que, de acuerdo con el Foro Internacional de Reguladores Independientes de Auditoría (IFIAR, por sus siglas en inglés), 88% de las jurisdicciones son requeridas para adoptar la NIGC 1, de los cuales 68% de los miembros reportan hallazgos relacionados con auditorías de entidades que no son de interés público.A pesar de los desafíos, se compartieron hallazgos positivos como la eficiencia en las auditorías, una mayor estadía de colaboradores y una mejor colaboración cruzada. Estos aspectos son cruciales para la toma de decisiones informadas dentro de las firmas.Se puntualizó, con base en reportes del IFIAR, que los hallazgos de control de calidad no solo se relacionan con compromisos específicos, sino que abordan políticas y procedimientos vigentes en las firmas. Para mejorar la situación, los especialistas recomendaron la asignación de recursos, el fortalecimiento de la documentación y la inducción a una proactividad mayor en los procesos.“Los beneficios de implementar acciones correctivas eficaces incluyen no solo la reducción de costos, sino también un aumento en la eficiencia y la mejora continua de la calidad en el ámbito contable”, concluyó Pérez Martínez.
