El Colegio organizó el 16 de julio el curso Dictamex: dictamen del Estado de México 2024. El objetivo fue profundizar en los fundamentos, criterios y procedimientos para la presentación de este dictamen fiscal estatal. El curso abordó las disposiciones tributarias y su aplicación práctica en la plataforma del Dictamen Fiscal, incluyendo la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
El evento destacó por la participación de dos paneles de expertos. El primero estuvo integrado por especialistas técnicos y funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, quienes compartieron sus conocimientos y experiencia con los asistentes.
Los ponentes fueron: Gustavo De la Cruz Romero (titular del Departamento de Desarrollo de Sistemas), Emilio Valdez Zepeda (titular de la Dirección General de Fiscalización), Juan Carlos Castillo Carrillo (desarrollador de software en la Secretaría), Eduardo Guerrero Negrete (subdirector de Programas de Impuestos Estatales) y Alejandro Esaú Molina Guadarrama (titular de la Dirección en Tecnologías de la Información) en la Secretaría de Finanzas del Estado de México.
La segunda mesa de diálogo estuvo conformada por Eduardo Arturo Cruz Quintero, Verónica Luis Mojica y Óscar Adrián Hernández Flores, todos ellos integrantes de la comisión técnica de Contribuciones Locales y organizadores del evento. La coordinación general estuvo a cargo de José Eduardo Beristain Martínez, también miembro de la comisión organizadora.
El curso cubrió un amplio espectro de temas esenciales para la correcta formulación del dictamen, incluyendo: el marco legal, el registro y autorización del Contador Público Autorizado (CPA), los sujetos del impuesto, supuestos del dictamen, opinión e informe, infracciones y sanciones. También se trataron aspectos relevantes en la elaboración del dictamen, la reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMYM), la situación actual de Dictamex y los beneficios del sistema, novedades para el 2025, como la innovación tecnológica, la seguridad y una guía audiovisual.
Un punto central de la exposición fue la reforma al CFEMYM de 2021, específicamente el artículo 47.° G, fracción I. Esta modificación, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México ese mismo año, establece la integración de información detallada por cada trabajador y establecimiento dentro del Estado, incluyendo sus domicilios y ubicaciones. Es crucial destacar que esta disposición también aplica a edificaciones de obra, acabados, modificaciones y/o remodelaciones, sin importar su ubicación.
Durante el curso, se presentaron datos relevantes sobre el estado actual de los avisos y dictámenes del ISERTP. Hasta el 15 de julio de 2025, se han registrado 1,981 avisos y 140 dictámenes presentados para el ejercicio 2025. En cuanto al ejercicio 2024, se recibieron 1,936 avisos, con 91 dictámenes ya presentados y 730 en proceso de formulación. La Secretaría de Finanzas expresó su expectativa de un crecimiento significativo en la presentación de dictámenes para 2024, buscando superar la cifra de 2021, que fue de 4,662 avisos.
Los funcionarios estatales también resaltaron los importantes beneficios del sistema del Dictamen Fiscal del Estado de México (Dictamex):
La innovación tecnológica fue un tema toral en la que los representantes de la Secretaría de Finanzas hablaron de las herramientas como la lectura del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la determinación del ISERTP, la vinculación de trabajadores por establecimiento mediante la herramienta TPE, y la importación masiva de información. Se explicó cómo la herramienta TPE simplifica la integración automática y masiva de datos, lo que evita retrabajos y optimiza los procesos.
En cuanto a la seguridad, se enfatizó el uso de la firma electrónica y la implementación de un doble factor de autenticación a través de tokens enviados a correos electrónicos registrados, los cuales tienen una vigencia de 24 horas. Esta medida fortalece significativamente la seguridad del sitio Dictamex, una característica crucial para proteger la información de la autoridad, contadores y contribuyentes.
En la segunda parte del curso, Eduardo Cruz Quintero abordó el marco legal del Dictamex. Explicó que este se fundamenta en el artículo 47.° del CFEMYM, el cual establece diversas obligaciones para los contribuyentes. Entre ellas, destacan la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), la conservación de la documentación fiscal por un periodo de cinco años y la presentación de avisos de modificación de datos. Una obligación fundamental es la de dictaminar la determinación y el pago del ISERTP a través de un CPR.
Por su parte, Verónica Luis Mojica se centró en el registro y la autorización del CPA. Durante su intervención, resaltó las reglas generales del dictamen, cuyo objetivo principal es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el ISERTP. Estas reglas incluyen normativas para obtener el registro como CPR, la metodología para determinar los promedios mensuales de remuneraciones y trabajadores, así como los procedimientos para la presentación tanto del dictamen como de los avisos, los cuales generarán un acuse de recibo con sello digital.
Por su parte, Óscar Hernández Flores cerró la sesión con el tema de las infracciones y sanciones. En su presentación, destacó que el documento establece multas para los contribuyentes que no presenten el dictamen, lo hagan de forma extemporánea o con un CPR impedido, o no entreguen las constancias de retención. Para los CPR, las sanciones pueden incluir multas, suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva del registro por omisiones o contravenciones en la formulación del dictamen.
El curso finalizó con una dinámica de preguntas y respuestas, una demostración sobre cómo acceder a la plataforma y la entrega virtual de reconocimientos.
Eventos recientes
En el marco del foro Sorpresas fiscales 2026, organizado por el Colegio y coordinado por la comisión Fiscal, especialistas abordaron los principales elementos que integrarán la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) del próximo ejercicio, así como los cambios previstos en estímulos fiscales, disposiciones específicas y medidas orientadas a sectores estratégicos.El encuentro, realizado el pasado 4 de diciembre, tuvo como eje central ofrecer un panorama actualizado sobre la proyección de ingresos. Este espacio contó con la participación de María Mancilla Rendón, Rodolfo Jerónimo Pérez, Alberto Guillermo Castelló Durán, Arturo Halgraves Cerda y Guadalupe Santos Moreno, esta última como moderadora.En la introducción, la contadora Mancilla Rendón realizó un análisis del proyecto de decreto de Ley de Ingresos, destacando la estimación de ingresos del Gobierno Federal y de las entidades bajo control directo, así como los recursos que provendrán del financiamiento público.Al respecto, explicó que la propuesta incluye el endeudamiento neto autorizado, el saldo total de la deuda contingente asociada con proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de estos esquemas y los nuevos compromisos de inversión previstos para el año.Además, subrayó que los ingresos totales proyectados para 2026 ascienden a 10,193,683.70 millones de pesos, de los cuales la LIF representa 57.28%. Dentro de esta estructura, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportaría 3,070,149.10 millones de pesos, equivalente al 27.52% del total; el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 1,589,069.00 millones (14.65%); el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 761,501.00 millones (6.95%); el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), 20,161.80 millones (0.35%).Posteriormente, Alberto Guillermo Castelló Durán y Arturo Halgraves Cerda abordaron temas vinculados con las disposiciones fiscales complementarias; al respecto, expusieron que las donatarias autorizadas podrán otorgar donativos a personas no registradas como donatarias, siempre que los recursos se destinen a labores de rescate y reconstrucción en desastres naturales y se cumplan estrictamente los requisitos previstos en la ley.También, comentaron que las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y cuyos ingresos superen los 900 mil pesos efectivamente cobrados deberán pagar el ISR únicamente sobre el monto que rebase dicho límite.Finalmente, explicaron que el estímulo a la producción y distribución cinematográfica y teatral nacional prevé 750 millones de pesos para proyectos de producción cinematográfica mexicana y 65 millones para iniciativas de distribución, lo que permitirá fortalecer la generación de contenidos nacionales y ampliar su alcance ante el público.
Del 2 al 4 de diciembre, la comisión de Seguridad Social llevó a cabo las Jornadas de Seguridad Social 2025, espacio que convocó a especialistas para analizar los cambios y desafíos que definirán la operación laboral y de seguridad social para el próximo año. Está edición se destacó por su enfoque en la anticipación, la fiscalización inteligente y la preparación estratégica de empresas y profesionistas.El primer ponente, Jorge Tomás Ponce Yépez, presentó un panorama prospectivo sobre lo que se espera para 2026. Subrayó la importancia de que los contadores públicos anticipen cambios regulatorios, administrativos y fiscales, especialmente en materia de nómina.Señaló la relevancia del ajuste anual de sueldos y salarios 2025, el cual debe ejecutarse de manera correcta para evitar saldos inesperados de ISR a cargo o a favor de los trabajadores, así como el uso adecuado de las claves CFDI 101 y 004.En el ámbito económico, proyectó una inflación del 4% para 2025 y 3.8% para 2026, junto con un incremento del 12% en salarios mínimos y UMA para el próximo año, lo que impactará multas, cuotas y costos laborales. Habló también sobre la UMI del Infonavit, que se prevé permanezca sin cambios, y una posible reducción de la tasa de referencia del Banco de México al 7% en 2026.En cuanto a cambios laborales, destacó el decreto de aguinaldo de 40 días para el sector público, el cual podría abrir paso a una reforma al artículo 87 de la LFT para fijar un aguinaldo general de 30 días. También anticipó la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas entre 2026 y 2030, un aumento del 30% en inspecciones laborales, el encarecimiento de la Modalidad 40 y un incremento en la tasa de recargos a 2.07% mensual para 2026.Por su parte, Nancy Berenice Robles Núñez analizó los cambios más significativos de los últimos años en materia laboral: desde la reforma de 2017, que reestructuró el modelo laboral mexicano, hasta la reforma de subcontratación de 2021, que alineó criterios laborales, fiscales y de seguridad social, retomando la prohibición de la subcontratación que data de 2012.Robles destacó el papel de la inteligencia artificial en la fiscalización, la disminución de registros en el REPSE durante 2024 y el creciente intercambio de información entre autoridades. Esto ha derivado en más inspecciones focalizadas y en la detección de contratos que encubren relaciones laborales.Otros temas clave fueron la PTU, la Ley Silla, los cambios del Infonavit con impacto laboral, y las iniciativas de reforma relativas a jornada de trabajo y aumento de prestaciones.En su participación, Mario Alberto Ruiz De León profundizó en el marco legal de la subcontratación en México. Recordó que, desde la reforma de 2021, está prohibida la subcontratación de personal, permaneciendo únicamente la figura de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal del beneficiario.Expuso los requisitos del contrato escrito, la responsabilidad solidaria entre contratista y beneficiario, y la obligación de los prestadores de servicios especializados de mantenerse al corriente ante SAT, IMSS e INFONAVIT, así como de presentar reportes cuatrimestrales vía ICSOE e SISUB.También advirtió sobre sanciones por incumplimiento y subrayó la relevancia de la materialidad de los servicios, ante una vigilancia mucho más estricta por parte de IMSS, STPS, Infonavit y SAT, incluso dentro de grupos empresariales.La especialista Jazmín Vera Montes de Oca presentó la evolución del SIDEIMSS, que ha pasado de ser un repositorio de información a una herramienta integral de fiscalización inteligente, alimentada por datos de ICSOE, SISUB, CFDI de nómina, SUA e ICE.Destacó la obligatoriedad del dictamen para patrones con 300 o más trabajadores, así como el papel crítico de los contadores públicos autorizados. Explicó en detalle las plantillas del sistema, remuneraciones, prestaciones, cuotas, pagos a personas físicas, servicios especializados y clasificación de empresas, y remarcó la necesidad de que la información sea congruente para evitar requerimientos excesivos durante las revisiones secuenciales.El tema de las pensiones fue abordado por José Manuel Etchegaray Morales, quien insistió en la importancia de verificar información ante la proliferación de mitos y datos incompletos.Profundizó en las pensiones por cesantía y vejez bajo la Ley 73, así como en el valor de una asesoría adecuada para optimizar la pensión. Recordó que esta ley sigue vigente para quienes cotizaron antes del 1 de julio de 1997.Etchegaray explicó el impacto y los riesgos de la Modalidad 40, que si bien aplica para Ley Nueva y Ley 73, beneficia principalmente a esta última. Advirtió sobre inversiones elevadas realizadas por personas bajo la Ley Nueva que terminan recibiendo pensiones muy bajas.También habló sobre portabilidad de pensiones entre PEMEX, IMSS e ISSSTE, los beneficios del sistema pensionario de la CFE, la pensión mínima garantizada y la compatibilidad entre pensiones.Finalmente, Mauricio Valadez Sánchez presentó un análisis profundo del sistema de pensiones de la Ley del 97, sus requisitos y las modalidades de pensión: renta vitalicia y retiro programado. Subrayó que el monto ahorrado en la AFORE es el factor decisivo para el cálculo final.Con ejemplos numéricos, comparó los montos de pensión bajo diferentes escenarios, salario mínimo, trabajador topado, edades de retiro de 60 y 65 años, y evidenció la diferencia respecto a las pensiones de la Ley 73. También analizó las reformas de 2020 y 2024, como la reducción de semanas cotizadas, el aumento de la aportación patronal, el crecimiento de las pensiones mínimas garantizadas y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, diseñado para complementar pensiones hasta 17,364 pesos para trabajadores que se retiren a los 65 años.
El colegio presentó el 2 y 3 de diciembre el curso La actualidad laboral en México y expectativas 2026 con la participación magistral de Adrián Castillo García, vicecoordinador del Comité de Derecho Laboral en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), bajo la coordinación de Ignacio Antonio Zorrilla Medina, vocero de la comisión técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente.Durante dos sesiones, el abogado Castillo García, quien forma parte del Grupo de Expertos de la Comisión Laboral, Seguridad Social y Recursos Humanos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), realizó un análisis del sistema laboral en México y las prospectivas para los próximos años.Durante el primer día, Castillo García abordó el tema de los aspectos económicos y laborales que vivirá México en el 2026, como salario mínimo (pronóstico del 12%), tasa de desempleo (2.6% de la PEA), inflación anual del 3.57%, activos en el IMSS, revisiones en contratos colectivos de trabajo. En este tenor, se habló de la implementación de las reformas laborales, cuya modificación se basa en tres pilares: 1) sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales Laborales del Poder Judicial; garantía de la libertad sindical mediante el voto; y la aplicación de mecanismos para evitar la injerencia patronal en asuntos sindicales.En este sentido, el abogado mencionó la posible modificación a la jornada laboral a 40 horas, que consistiría en modificar de seis días de trabajo por uno de descanso a cinco días de trabajo por dos días de descanso, o mantener el día de descanso con flexibilidad en la distribución de la jornada laboral. Con esa modificación se busca reducir la fatiga en el trabajo y con ello, los accidentes laborales. No obstante, su implementación requerirá que las empresas evalúen su reorganización operativa y la medición de su productividad. Otro tema abordado fue la subcontratación y el Repse, en el que señaló un aumento en las obligaciones de las empresas prestadoras de servicio especializado y la fiscalización por parte de la autoridad. En materia del teletrabajo, se habló de la obligatoriedad de tener acuerdos por escrito, documentar la compensación, asumir los costos de Internet y de luz, y respetar el derecho de la desconexión y la reversibilidad, esto con base en la NOM-037. Otro tema de coyuntura fue el de las vacaciones dignas (12 días continuos desde el primer año, vigentes desde 2023). Durante la segunda jornada, se trataron las principales reformas laborales en el Congreso como el tema del aguinaldo de 15 a 30 días, por lo que se prevé que sea aprobada para el 2026. El segundo tema fue el de la prima vacacional al 50%, aunque es una propuesta, ésta no ha tenido eco. La Ley Silla, fue un tema aprobado durante 2025 y tendrá obligatoriedad a partir de diciembre de este 2025. Por último, el ponente habló del nuevo procedimiento laboral individual y colectivo, así como de las consultas de las revisiones integrales de los contratos colectivos de trabajo, en el que comentó que se debe llegar al arreglo entre la comisión revisora y la empresa, y que una vez acordada se debe llevar a consulta con los trabajadores para que con su voto personal decidan aprobarlas o no.
