El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad (CINIF) presentó el 2 de julio una calculadora de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en colaboración con el Colegio y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Para el anuncio se reunieron autoridades de las instituciones mencionadas, cuerpos directivos de los colegios federados y profesionales asociados.
La intención detrás del lanzamiento de esta herramienta es facilitar el cumplimiento de las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), ya que la calculadora está alineada con los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO), con lo que se proyecta apoyar a organizaciones mexicanas a cumplir con los requisitos normativos al elaborar sus informes de sostenibilidad.
Para comenzar el evento, la presidenta del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) en el CINIF, Elsa Beatriz García Bojorges, comentó que “la relación de los IBSO permitirá a las empresas informar sobre su desempeño sostenible, identificar sus riesgos materiales y plantear una estrategia de sostenibilidad, permitiéndoles ser más rentables y generar mayor valor económico mientras contribuyen a generar un entorno global más sostenible”.
Según describió Elsa Beatriz, la calculadora de GEI fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), quien puso en marcha el desarrollo de esta herramienta como parte de su labor para impulsar acciones de sostenibilidad a nivel mundial. “A partir de hoy, esta calculadora se convierte en un bien de carácter público que se pondrá al alcance de las empresas mexicanas y de forma gratuita a través del CINIF”, concluyó.
Erika Casamadrid Gutiérrez, directora del Financiamiento para la Acción Climática en México (FINACC) del GIZ, agradeció a todas las personas involucradas que han permitido el lanzamiento de esta herramienta, incluido el equipo técnico que permitió alcanzar el objetivo final. Además, señaló que la cooperación es fundamental para construir soluciones sostenibles para enfrentar los retos globales y locales. “Con la accesibilidad de esta calculadora, las empresas podrán tomar decisiones informadas que les permitan sumarse a esta colaboración mundial por la sostenibilidad”, comentó.
Posteriormente, Bernardo Rivadeneyra Pérez, presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que la acción climática es un reto mayúsculo y supone un reto, pero también una oportunidad para generar valor y fortalecer las empresas con decisiones que contemplen la responsabilidad social, por lo que extendió una invitación a la inclusión de esta herramienta en organizaciones de todos los tamaños. Rivadeneyra comentó que “la calculadora es el resultado del trabajo conjunto de instituciones, expertos y organismos comprometidos que no solo facilita la medición y el reporte de GEI, sino también impulsa la transparencia e impulsa el camino hacia una economía baja en carbono”.
Patricia Moles Fanjul, miembro del Consejo Emisor del CINIF, y Jessica Trinidad Magaña López, investigadora en sostenibilidad del CINIF compartieron con los asistentes la estructura y funcionamiento de la calculadora. En ese espacio, se comentó que tras un análisis de las NIS se identificó que los GEI podían suponer una limitante para el cumplimiento normativo debido a la complejidad de su cálculo. Con esta herramienta no solo se permite determinar las emisiones de GEI alcance 1 y 2, sino que agrega el consumo de energía. Además, su facilidad de operación con parámetros precargados verificables y actualizables permite integrar esos conocimientos complejos e interdisciplinarios en una herramienta accesible y escalable.
Finalmente, el evento concluyó con un panel compuesto por Elsa Beatriz García Bojorges; Daniel Ledesma González, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, (IMEF CDMX), Grupo Ciudad de México; Patricia Moles Fanjul; y Mariuz Calvet Roquero, experta en sostenibilidad y finanzas sostenibles. Durante este diálogo se discutió la importancia de medir y analizar los datos de GEI, no solo a primer grado; según comenta Mariuz en las organizaciones bancarias, por ejemplo, solo el 1% de su huella de carbono se encuentra en sus sucursales, el 99% se encuentra en sus portafolios.
Es debido a esta red de servicios en distintas industrias que es fundamental contar con las herramientas para alinear de forma colectiva cada organización con las NIS y otras regulaciones en materia de sostenibilidad. Es por lo que la calculadora de GEI supone un paso adelante, ya que la accesibilidad y escalabilidad de ella permitirá a más instituciones sumarse a esa red, y no solo a las empresas de gran tamaño.
En suma, el presidente del IMEF comentó que la concientización, enseñanza y capacitación es el siguiente paso para atender para que la calculadora alcance su máximo potencial. Sin embargo, este compromiso supone un beneficio bidireccional, ya que las empresas alineadas a las normativas de sostenibilidad tienen una ventaja competitiva sobre aquellas que no lo están, así que procurar las políticas de sostenibilidad también permite la permanencia en el tiempo de las organizaciones, el bienestar social y el medio ambiente.
Eventos recientes
El Colegio llevó a cabo el pasado 16 de enero el Taller de declaración anual 2025 para donatarias autorizadas, en el que se analizaron los principales aspectos de la declaración para donatarias, así como las implicaciones que derivan de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 y de diversas disposiciones fiscales. En el encuentro participaron Maribel Trejo Estudillo, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa y Mario Espadas Sánchez, quienes ofrecieron una visión integral sobre el cumplimiento fiscal del sector.Durante su intervención, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa explicó que, tras la aprobación y publicación de la LIF 2026 el pasado 21 de noviembre, se confirma que no existe un nuevo título III para las donatarias; sin embargo, “se incorporan reglas relevantes que deben atenderse con especial cuidado”, advirtió.Entre ellas, destacó el estímulo previsto en la Ley de Ingresos que permite a las donatarias autorizadas canalizar donativos hacia organizaciones o fideicomisos no donatarios que atiendan desastres naturales, siempre que se cumplan requisitos específicos como contar con autorización vigente, haber obtenido ingresos superiores a cinco millones de pesos en el ejercicio anterior y presentar informes detallados que identifiquen a las entidades receptoras y el destino de los recursos. Asimismo, abordó el mandato en la LIF para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboren y publiquen un reporte de transparencia de las donatarias autorizadas, con base en la información ya prevista en la LISR, como la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos y la informativa de transparencia.Cárdenas Espinosa también destacó la precisión incorporada en la Ley de Ingresos 2026 respecto a la deducción de libros deteriorados o sin valor comercial ofrecidos en donación antes de su destrucción. Por su parte, la contadora Maribel Trejo Estudillo se enfocó en los aspectos operativos de la declaración anual, subrayando la importancia de reunir con anticipación la información necesaria para su correcta elaboración, como los CFDI de ingresos, nómina y gastos, la balanza anualizada, los estados financieros y de actividades, así como las cédulas de seguridad social e impuestos locales.Explicó que un adecuado orden y conciliación de esta información facilita el llenado y presentación de la declaración en la plataforma del SAT y reduce riesgos de inconsistencias o requerimientos posteriores.Detalló que, para el proceso de presentación, las donatarias deben contar con su RFC y contraseña o e.firma vigente, el número de oficio de autorización para recibir donativos deducibles y la información completa de las operaciones realizadas durante el ejercicio, así como con sus estados financieros debidamente elaborados. “El cumplimiento oportuno y correcto de estas obligaciones es clave para conservar la autorización y fortalecer la confianza de donantes y autoridades”, concluyó.
El Taller del dictamen pericial contable, organizado por la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio, se enfocó en fortalecer el ejercicio profesional del contador público en su papel como perito auxiliar de las autoridades judiciales. El evento se desarrolló los días 14 y 15 de enero, con la participación de Alberto Manuel Castañeda Niebla y Gerardo Héctor López Ramírez, integrantes de la comisión mencionada, quienes expusieron los fundamentos y responsabilidades que implica la elaboración de un dictamen.La coordinación del taller estuvo a cargo de Mónica Estrada Hernández durante el primer día y de Raúl Armando Cruz Gómez en la segunda jornada, quienes guiaron el desarrollo de las actividades.Durante el taller se destacó que el dictamen pericial contable tiene como finalidad la búsqueda de la verdad y la aportación de elementos de juicio confiables que permitan al juez tomar decisiones informadas, particularmente en materias donde existen limitaciones técnicas para resolver cuestiones matemáticas, financieras o contables. En este contexto, dijeron que el perito contable se consolida como un especialista multifacético, con intervención en ámbitos mercantiles, laborales, familiares, administrativos, fiscales y penales.Un punto central del taller fue la distinción entre informe, opinión y dictamen. Explicaron que el informe se limita a describir hechos y datos; la opinión implica una valoración sujeta a ciertos supuestos; mientras que el dictamen, a diferencia de los anteriores, constituye un juicio técnico especializado, sustentado en evidencia comprobable y elaborado exclusivamente por un experto, generando una alta responsabilidad profesional y legal.Bajo esa línea, describieron que el dictamen pericial contable está dirigido principalmente a autoridades judiciales, por lo que su elaboración exige un proceso escrupuloso que incluye el análisis del expediente, la demanda, la contestación, las pruebas ofrecidas y el alcance específico del encargo, considerando si el perito actúa por alguna de las partes o como auxiliar designado por el juez.Los expositores enfatizaron que, a diferencia de una auditoría tradicional, que puede basarse en pruebas selectivas, el peritaje contable suele requerir una revisión exhaustiva del 100 % de la información, especialmente cuando debe responder a cuestionamientos directos en juicio. Por ello, la metodología científica es la columna vertebral del dictamen, apoyada en la normatividad contable (NIF, NIA), estándares forenses como la ISO 21043, el método científico y los principios éticos de la profesión.Subrayaron que el perito debe actuar con integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia y confidencialidad, ya que un dictamen deficiente puede ocasionar perjuicios a terceros e incluso derivar en responsabilidades penales. Asimismo, recalcaron la importancia de que el lenguaje del dictamen sea claro y accesible, considerando que será leído por jueces y abogados no especializados en contabilidad.En el taller abordaron también el papel del perito dentro de las distintas etapas del juicio, desde el desahogo de pruebas hasta la ejecución de sentencia. Enseñaron la intervención de los diferentes tipos de peritos, de parte, en rebeldía y tercero en discordia, e hicieron énfasis en que, independientemente de quién lo contrate, el perito es siempre auxiliar del juez.En el contexto de los juicios orales, resaltaron que el perito debe contar con habilidades de comunicación, estudiar a fondo su dictamen y se preparar junto con el abogado, anticipando posibles cuestionamientos y evitando opiniones fuera de su ámbito de competencia.Finalmente, los expositores destacaron la importancia de la capacitación continua, dada la constante evolución de las normas y la amplia gama de asuntos en los que puede intervenir un perito contable, desde temas fiscales y laborales hasta fraudes, sucesiones, contratos, determinación de intereses y cuantificación de daños.Durante el evento se brindó un espacio a integrantes de la comisión de Peritos Contables; Ricardo Santos Giles, Maribel Ballesteros Celaya, Yolanda Olivares Mendoza, Dalia Ernestina Granados Ramos, Raúl Armando Cruz Gómez y Mónica Estrada Hernández, quienes presentaron una metodología aplicable a la pericial contable, diseñada para estandarizar procedimientos y elevar la calidad de los dictámenes en los tribunales mexicanos.Este documento propone una guía integral que incluye bases normativas, aplicación del método científico, técnicas y procedimientos de investigación, estructura del dictamen, formatos de promociones y un glosario jurídico. Con ello, se busca fortalecer el rol del contador público como perito, garantizando dictámenes transparentes, trazables y técnicamente sustentados, capaces de transformar afirmaciones en verdades demostrables.
El 13 de enero, en el Colegio se reunieron cuatro expertos en materia fiscal para desarrollar el curso Materialidad, legalidad y cumplimiento fiscal 2026, con el apoyo de la comisión técnica Fiscal. Alberto Gabriel Cárdenas González coordinó el espacio donde Luis Alberto Placencia Alarcón, Antonio Alberto Vela Peón, Manuel Toledo Espinosa y Rodolfo Jerónimo Pérez compartieron sus conocimientos y recomendaciones para abordar el tema de materialidad para permanecer en cumplimiento fiscal.Para comenzar, se puntualizó que no existe una definición establecida por alguna disposición legal sobre el concepto de materialidad, pero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en su publicación Presunción de inexistencia de operaciones amparadas en CFDI, propone la siguiente definición: “la materialidad radica en la efectiva realización o existencia de la actividad, negocio o acto jurídico por parte del emisor de comprobantes, así como la adquisición de bienes o recepción de servicios”.Dicho de otra manera, la materialidad es la evidencia que respalda la adquisición de bienes y servicios que garantiza su validez ante una posible revisión de la autoridad. Entre los documentos que pueden demostrar materialidad de operaciones están: actas constitutivas, comprobantes fiscales, registros contables, estados de cuenta bancarios, bitácoras, mensajes, contratos, listas de asistencia y pagos de nómina.Según comentan los ponentes, la materialidad de las operaciones ha un elemento de controversia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, debido a que es un motivo de rechazo de deducciones. La autoridad cuestiona la realidad o veracidad de una operación mediante una presunción, por lo que es prioritario para el contribuyente contar con las pruebas necesarias para disiparla.Para comenzar, se señaló las dos metodologías que las autoridades fiscales emplean: los procedimientos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la validación de la realidad y veracidad de operaciones conforme el artículo 43 del CFF.Para ello es fundamental que el contribuyente considere esta acreditación de materialidad en sus operaciones antes de desatar una controversia con la autoridad. Durante el curso se presentó una metodología para dicha acreditación que debe sirviera para disipar la presunción de la autoridad o identificar áreas de oportunidad de manera preventiva para comenzar a construir evidencias que sirvan a ese fin.Para complementar estas recomendaciones, durante el evento se expusieron algunas sentencias sobre materialidad emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dejan enseñanzas sobre dónde debemos tener herramientas y evidencias para demostrar la materialidad de las operaciones, así como elementos válidos para esta comprobación de manera específica.Finalmente, para asentar la explicación en acciones concretas, se describieron aspectos clave que deben contener los expedientes de acreditación de materialidad para operaciones de préstamos y regalías, así como operaciones de asistencia técnica y servicios corporativos. Estos últimos, según los expertos, suponen un reto debido a que pueden o no dejar un resultado material de la prestación de servicios, por lo que la preparación anticipada para la recuperación de documentación que valide la materialidad de este tipo de operaciones.
