El Taller del dictamen pericial contable, organizado por la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio, se enfocó en fortalecer el ejercicio profesional del contador público en su papel como perito auxiliar de las autoridades judiciales. El evento se desarrolló los días 14 y 15 de enero, con la participación de Alberto Manuel Castañeda Niebla y Gerardo Héctor López Ramírez, integrantes de la comisión mencionada, quienes expusieron los fundamentos y responsabilidades que implica la elaboración de un dictamen.
La coordinación del taller estuvo a cargo de Mónica Estrada Hernández durante el primer día y de Raúl Armando Cruz Gómez en la segunda jornada, quienes guiaron el desarrollo de las actividades.
Durante el taller se destacó que el dictamen pericial contable tiene como finalidad la búsqueda de la verdad y la aportación de elementos de juicio confiables que permitan al juez tomar decisiones informadas, particularmente en materias donde existen limitaciones técnicas para resolver cuestiones matemáticas, financieras o contables. En este contexto, dijeron que el perito contable se consolida como un especialista multifacético, con intervención en ámbitos mercantiles, laborales, familiares, administrativos, fiscales y penales.
Un punto central del taller fue la distinción entre informe, opinión y dictamen. Explicaron que el informe se limita a describir hechos y datos; la opinión implica una valoración sujeta a ciertos supuestos; mientras que el dictamen, a diferencia de los anteriores, constituye un juicio técnico especializado, sustentado en evidencia comprobable y elaborado exclusivamente por un experto, generando una alta responsabilidad profesional y legal.
Bajo esa línea, describieron que el dictamen pericial contable está dirigido principalmente a autoridades judiciales, por lo que su elaboración exige un proceso escrupuloso que incluye el análisis del expediente, la demanda, la contestación, las pruebas ofrecidas y el alcance específico del encargo, considerando si el perito actúa por alguna de las partes o como auxiliar designado por el juez.
Los expositores enfatizaron que, a diferencia de una auditoría tradicional, que puede basarse en pruebas selectivas, el peritaje contable suele requerir una revisión exhaustiva del 100 % de la información, especialmente cuando debe responder a cuestionamientos directos en juicio. Por ello, la metodología científica es la columna vertebral del dictamen, apoyada en la normatividad contable (NIF, NIA), estándares forenses como la ISO 21043, el método científico y los principios éticos de la profesión.
Subrayaron que el perito debe actuar con integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia y confidencialidad, ya que un dictamen deficiente puede ocasionar perjuicios a terceros e incluso derivar en responsabilidades penales. Asimismo, recalcaron la importancia de que el lenguaje del dictamen sea claro y accesible, considerando que será leído por jueces y abogados no especializados en contabilidad.
En el taller abordaron también el papel del perito dentro de las distintas etapas del juicio, desde el desahogo de pruebas hasta la ejecución de sentencia. Enseñaron la intervención de los diferentes tipos de peritos, de parte, en rebeldía y tercero en discordia, e hicieron énfasis en que, independientemente de quién lo contrate, el perito es siempre auxiliar del juez.
En el contexto de los juicios orales, resaltaron que el perito debe contar con habilidades de comunicación, estudiar a fondo su dictamen y se preparar junto con el abogado, anticipando posibles cuestionamientos y evitando opiniones fuera de su ámbito de competencia.
Finalmente, los expositores destacaron la importancia de la capacitación continua, dada la constante evolución de las normas y la amplia gama de asuntos en los que puede intervenir un perito contable, desde temas fiscales y laborales hasta fraudes, sucesiones, contratos, determinación de intereses y cuantificación de daños.
Durante el evento se brindó un espacio a integrantes de la comisión de Peritos Contables; Ricardo Santos Giles, Maribel Ballesteros Celaya, Yolanda Olivares Mendoza, Dalia Ernestina Granados Ramos, Raúl Armando Cruz Gómez y Mónica Estrada Hernández, quienes presentaron una metodología aplicable a la pericial contable, diseñada para estandarizar procedimientos y elevar la calidad de los dictámenes en los tribunales mexicanos.
Este documento propone una guía integral que incluye bases normativas, aplicación del método científico, técnicas y procedimientos de investigación, estructura del dictamen, formatos de promociones y un glosario jurídico. Con ello, se busca fortalecer el rol del contador público como perito, garantizando dictámenes transparentes, trazables y técnicamente sustentados, capaces de transformar afirmaciones en verdades demostrables.
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Este 10 de febrero, el Colegio llevó a cabo el Foro de reformas aduaneras y de comercio exterior 2026, espacio que sirvió para el análisis de las principales reformas que impactan a las operaciones de comercio exterior y aduanas en México.En primera instancia, Yolanda Aguirre González analizó la propuesta de reforma a la Ley Aduanera, destacando que los cambios responden a una estrategia integral de la autoridad fiscal para fortalecer la supervisión ante conductas de fraude detectadas en el sector.En este panorama, dialogó sobre la reconfiguración de las infracciones y sanciones, ya que la reforma no solo contempla multas económicas más onerosas, sino una mayor tipificación de conductas que pueden derivar en delitos.Por su parte, Alberto Ruiz Rioja analizó las transformaciones estructurales que rigen el ecosistema del comercio transfronterizo en el país. Durante su exposición, destacó que la modernización aduanera no es un proceso meramente tecnológico, sino un cambio de paradigma en la responsabilidad profesional y el cumplimiento normativo.Al platicar sobre la figura del agente aduanal y el representante aduanero, el expositor señaló que la especialización técnica y la conducta ética se han vuelto requisitos indispensables para garantizar la seguridad jurídica de las empresas; también, hizo hincapié en que el contador y el especialista en comercio exterior deben actuar como guardianes de la integridad de los datos declarados ante la autoridad.Al foro asistió Juan Antonio Castro Chávez, quien se encargó de discutir acerca de los retos operativos y normativos que conlleva la implementación de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE). Durante su intervención, subrayó que este cambio representa una transformación profunda en la forma en que los importadores deben documentar y transmitir el valor en aduana de sus mercancías, con un impacto directo en la deducibilidad fiscal.Al respecto, informó que a partir de 2026 la documentación de soporte prevista en el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera debe ser transmitida de forma íntegra. Enfatizó que la MVE debe contener e.firma o sellos digitales del importador, lo que refuerza la responsabilidad directa de la empresa sobre la veracidad de los datos declarados.En tanto, Julián Luna Poblano compartió un panorama sobre las nuevas estrategias de fiscalización y el incremento en el rigor sancionatorio que caracteriza al ejercicio actual. Por lo anterior, el especialista propuso como herramientas fundamentales la elaboración de una matriz de riesgos y la realización de diagnósticos de cumplimiento periódicos.“Estas medidas permiten identificar vulnerabilidades en la cadena de suministro y corregir omisiones antes de que sean detectadas en facultades de comprobación”, aclaró.Rosaura Aguilar Peña, por su parte, enfatizó que la digitalización de las operaciones aduaneras no solo busca la modernización administrativa, sino que constituye una herramienta estratégica para fortalecer la fiscalización y reducir riesgos de fraude.En virtud de lo anterior, explicó que el cumplimiento normativo es una tarea compartida entre los usuarios del comercio exterior y los agentes aduanales: “Para mitigar riesgos, se recomienda la capacitación continua del personal involucrado, uso de plataformas electrónicas robustas, auditorías preventivas periódicas y la actualización constante conforme a los cambios en las reglas de carácter general”.Por último, Gloria Estrada Antón presentó un análisis profundo sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y su estrecha vinculación con las operaciones transfronterizas. La ponente explicó que, bajo el nuevo marco legal, los comprobantes se consideran falsos cuando amparan operaciones, servicios o actos jurídicos inexistentes o contrarios a la realidad, independientemente de que cuenten con el timbrado oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Bajo su óptica, mencionó que, para las empresas de comercio exterior, esto implica un reto en la acreditación de la materialidad de sus importaciones y exportaciones, ya que la autoridad fiscalizará con mayor rigor la trazabilidad de los pagos y la entrega física de los bienes.
El 6 de febrero, bajo la coordinación de la comisión técnica de Seguridad Social, el colegio presentó Prima de riesgos de trabajo 2026 de la voz de autoridades, un espacio en el que se dieron a conocer los mecanismos vigentes en 2026 para cumplir con la declaración anual de la prima de riesgos de trabajo.Para la cita se reunieron autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin exponer los procesos, conceptos y recomendaciones más relevante para un apropiado cumplimiento de la declaración antes mencionada, entre los ponentes se presentaron Gabriel Omar Cabello León, titular de la Coordinación en Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos; Nestor Fernando Cardenas Mora, titular de la División de Administración de la Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo; y José Antonio Reyes Ramos, encargado de la Gestión de Sistemas de Información y Normatividad.Luisa Obrador Garrido Cuesta, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, comento como parte del evento la importancia de tender espacios colaborativos entre autoridades y profesionales que permitan conocer las perspectivas de ambos y alinear esfuerzos para promover cambios que beneficien al país.Para comenzar, se puntualizó la importancia de considerar la puntual determinación anual de la prima del seguro de riesgos de trabajo, en el periodo del 1 al 28 de febrero y cuya vigencia se extiende de del 1 de marzo del 2026 al 28 de febrero de 2027. En ese mismo sentido, la anticipación forma parte relevante de este proceso de determinación, por lo que el registro de los riesgos de trabajo y su correcta clasificación son fundamentales para el cálculo de esta prima. Para facilitar este proceso, las autoridades desarrollaron conceptos clave que permitieron definir con certeza las enfermedades laborales, accidentes de trabajo, riesgos de trabajo y otros, así como su relación con la determinación de la prima. Así mismo, se compartió la importancia de las tecnologías digitales para la determinación de la prima de riesgos de trabajo e invitó a los patrones a mantenerse atentos de manera constante a las actualizaciones y resoluciones del Buzón IMSS, con el fin de evitar errores de comunicación o complicaciones para las organizaciones. Finalmente, se realizó un recorrido detallado por los procedimientos que presenciales y digitales de la presentación de la determinación; este espacio se aprovechó para detectar áreas de oportunidad y recomendaciones que sirvieran para agilizar este proceso, así como extender respuesta a dudas del auditorio que permitieron una comprensión profunda de la prima de riesgos mediante casos específicos.
El Colegio presentó del 3 al 5 de febrero el foro Papeles de trabajo para la declaración anual de personas morales 2025, lugar en que se discutieron criterios aplicables, ingresos acumulables y no acumulables, deducciones autorizadas, el uso adecuado de estímulos fiscales, la conciliación de pagos provisionales, entre otros temas para la correcta presentación de la declaración anual de personas morales.En la parte introductoria, Santiago Vélez versó sobre los principales aspectos fiscales que deben considerarse para la correcta elaboración de la declaración. Asimismo, abordó las diferencias entre el Régimen General de Personas Morales y el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), destacando los supuestos de aplicación, obligaciones, deducciones autorizadas y particularidades en la determinación del Impuesto Sobre la Renta (ISR).El expositor profundizó en la importancia de contar con papeles de trabajo sólidos y pruebas de control, subrayando la revisión y conciliación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), registros contables, deducciones, ingresos acumulables y no acumulables, así como la correcta integración de la conciliación contable-fiscal. También aclaró la necesidad de verificar la información precargada en el aplicativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de detectar oportunamente inconsistencias que puedan requerir ajustes de origen.Por su parte, Elio Zurita Morales abordó el tratamiento fiscal de las deducciones relacionadas con la nómina, destacando los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como los efectos de los conceptos exentos y no deducibles, la correcta aplicación de los porcentajes del 47% y 53%, y la importancia de la revisión de los CFDI de nómina. También, explicó las reglas aplicables para la corrección de comprobantes fiscales, subrayando el plazo y las condiciones previstas para su regularización.Ese mismo día, la contadora Edyth Ramírez Sánchez dirigió su exposición hacia el cierre integral del proceso fiscal, centrada en la determinación del resultado fiscal y la correcta revisión de los pagos provisionales del ISR.Explicó la relevancia de la conciliación contable-fiscal como eje central para la presentación de la declaración anual, señalando la necesidad de partir de estados financieros confiables y de papeles de trabajo debidamente integrados. En este contexto, abordó la estructura de la conciliación, identificando los ingresos y deducciones con tratamiento fiscal distinto al contable, así como la correcta clasificación de ingresos fiscales no contables, deducciones contables no fiscales, deducciones fiscales no contables e ingresos contables no fiscales.La panelista profundizó en el tratamiento de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, detallando su determinación, actualización y aplicación conforme a la ley, así como las implicaciones de no ejercer oportunamente el derecho a su disminución. En el último día de actividades, Juan Carlos Tello expuso sobre los plazos legales, la periodicidad y los distintos supuestos de presentación, con base en lo dispuesto en la LISR y el Código Fiscal de la Federación (CFF), destacando los casos especiales relacionados con liquidaciones, cambios de residencia fiscal y obligaciones derivadas de la dictaminación o la presentación de la Información Sobre Situación Fiscal (ISSIF).Asimismo, explicó los criterios para determinar la obligación u opción de dictaminarse, así como los umbrales aplicables en materia de ingresos, activos y número de trabajadores, brindando claridad sobre los contribuyentes obligados a presentar información sobre su situación fiscal y operaciones con partes relacionadas o residentes en el extranjero.Compartió una serie de recomendaciones orientadas a la revisión previa de la contabilidad, el aprovechamiento adecuado de estímulos fiscales, la validación de CFDI, la conciliación de pagos provisionales y el cumplimiento oportuno de obligaciones.Por último, Mario Alberto Rodríguez enfatizó la importancia del reconocimiento contable como un pilar fundamental en la elaboración de los estados financieros y, por ende, en la correcta integración de los papeles de trabajo para la declaración anual de personas morales 2025.Explicó que el reconocimiento implica capturar y registrar las transacciones y eventos económicos que realizan las entidades, siempre que estos cumplan con la definición de alguno de los elementos de los estados financieros —activo, pasivo, capital contable, ingreso, costo o gasto—, para su adecuada inclusión en el estado de situación financiera o en el estado de resultado integral.
