El Colegio, a través de su comisión de Finanzas y Sistema Financiero, llevó a cabo los días 29 y 30 de septiembre el foro Temas selectos del sistema financiero, espacio que reunió a especialistas de organismos reguladores, instituciones financieras y firmas de servicios profesionales para analizar distintos retos y transformaciones del sector.
Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que la evolución del sistema financiero exige una actualización permanente frente a los nuevos modelos de negocio, tecnologías, riesgos y disposiciones regulatorias.
Para dar inicio con las presentaciones, Martha Angélica León Alvarado, vicepresidenta Financiera de la CONSAR, abordó el financiamiento a fondos de capital privado y la evolución del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Explicó que, al cierre de agosto de 2026, los recursos del SAR superaron los 9 billones de pesos, equivalentes a 25% del PIB nacional, y señaló que los portafolios han transitado hacia una mayor diversificación. En este contexto, detalló que aproximadamente 2.3 billones de pesos se encuentran canalizados a infraestructura y empresas del sector privado, mientras que los instrumentos estructurados y alternativos, entre ellos CKD y CERPI, representan alrededor de 382 mil millones de pesos. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los controles de riesgo, la gobernanza y los criterios ASG en las inversiones de largo plazo.
Por su parte, Oscar Morales Pluma, coordinador de Grupos e Intermediarios Financieros de la CNBV, analizó los retos de la supervisión y regulación frente a la innovación tecnológica. Explicó que la digitalización acelerada durante la pandemia modificó la operación del sector y planteó nuevos desafíos para las autoridades, particularmente por la incorporación de datos, algoritmos e inteligencia artificial. Al respecto, advirtió sobre riesgos como los ciberataques, el fraude digital, la suplantación de identidad y la opacidad algorítmica, aunque también destacó el potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos y prevenir fraudes. En este sentido, enfatizó la necesidad de fortalecer la gobernanza digital y avanzar hacia una supervisión tecnológica y transversal.
En tanto, Patricia Adriana Sánchez Pelayo, directora de Control y Supervisión de la Región Metropolitana de la CONDUSEF, centró su participación en las prácticas y cláusulas abusivas. Explicó que estas pueden colocar a los usuarios en situación de desventaja o dificultar el ejercicio de sus derechos y compartió las herramientas disponibles para su atención y defensa, entre ellas el registro Redeco, las quejas electrónicas y los procesos de conciliación. Asimismo, informó que hasta agosto de 2026 la CONDUSEF había revisado 10,589 contratos, en los que detectó 1,833 cláusulas abusivas y ordenó la eliminación de 1,829, principalmente en Sofomes no reguladas, bancos y aseguradoras.
El programa continuó con la participación de Sergio García Quintana, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero, quien analizó los efectos de IFRS 18 en la presentación de información financiera y en el tratamiento de operaciones con instrumentos derivados. Explicó la importancia de clasificar estas operaciones de manera ordenada y coherente y enfatizó que el registro contable de las coberturas debe estar vinculado con el modelo de negocio y una estrategia adecuada de administración de riesgos.
Posteriormente, Eric Osio Cerón, director General de Administración de Riesgos de la CONSAR, y Gabriela Lizette Luna Zambrano, encargada de Sostenibilidad de Afore XXI Banorte, abordaron la elaboración y revelación de reportes de sostenibilidad. Los especialistas destacaron la necesidad de avanzar de la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza hacia su medición, divulgación y conexión con la información financiera, mediante indicadores de calidad, trazabilidad y metodologías que permitan sustentar la información reportada.
Finalmente, Martha Dorantes Paz, socia de Controversia Fiscal en Deloitte, y Juan Carlos Santillán Hernández, integrante de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes, analizaron los cambios en la deducción de créditos incobrables en las instituciones bancarias. Explicaron que, a partir de 2026, el esquema contempla distintas vías para efectuar estas deducciones, entre ellas la prescripción, la notoria imposibilidad práctica de cobro y el castigo bajo reglas específicas. Los ponentes advirtieron que las nuevas disposiciones implican una mayor carga administrativa para las instituciones de crédito y pueden generar un diferimiento de las deducciones, con efectos en el pago anticipado de impuestos, los activos por impuestos diferidos y las variaciones en la tasa efectiva de los estados financieros.
Eventos recientes
Este 10 de octubre, el Colegio de la Contaduría Pública de México fue sede del foro Sostenibilidad aplicada a donatarias autorizadas, un espacio de análisis que se enfocó en los crecientes desafíos que enfrenta el sector de las organizaciones sin fines de lucro en materia de transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad financiera y generación de impacto social. El evento contó con la participación de Dina Moreno Uribe, Sergio Sánchez Arciniega y Manuel Jesús Cárdenas Espinosa, bajo la moderación de Noé Wong Serna.Durante su intervención, Cárdenas Espinosa ofreció una revisión histórica del desarrollo sostenible, remontándose a hitos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y al Informe Brundtland, para posteriormente establecer una distinción conceptual clave entre sustentabilidad y sostenibilidad.Además, destacó la evolución de la administración organizacional desde enfoques reactivos hasta modelos transversales de creación de valor, subrayando la importancia de asesorar a las donatarias para fortalecer sus estructuras internas y financieras. “De esta forma se garantiza un impacto social perdurable y un riguroso cumplimiento normativo”, aseguró.En la misma línea, Dina Moreno presentó el panorama global de estándares y marcos de sostenibilidad que articulan la rendición de cuentas internacional. Al respecto, detalló la relevancia de alinear las estrategias institucionales con referentes de propósito general como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y explicó el funcionamiento de las normativas de reporte multidimensional para comunicar de manera integral los impactos económicos, sociales y ambientales a los grupos de interés clave.Por su parte, el contador Sánchez Arciniega abordó la aplicabilidad práctica de estos conceptos mediante el análisis de un caso ilustrativo en una donataria educativa, demostrando cómo traducir la teoría en una contribución trazable a través de un flujo estructurado de cuatro etapas que parte de un programa específico, se traduce en un indicador medible y se respalda con evidencia documental sólida.Asimismo, recalcó la utilidad de utilizar métricas específicas por industria para identificar asuntos con verdadera significancia financiera e impacto ambiental, contrastando sectores como el manejo forestal con la gestión de residuos, donde la atención se concentra en las emisiones de metano y las toneladas de materiales reciclados para incidir directamente en la continuidad operativa.Los panelistas coincidieron en que la consolidación de las organizaciones sin fines de lucro exige la adopción transversal de cuatro ejes fundamentales para la gestión institucional. Estos comprenden una gobernanza clara orientada a la supervisión y gestión de riesgos, una estrategia alineada a la visión a futuro de la entidad, metodologías rigurosas para la identificación y monitoreo de riesgos y el establecimiento de métricas y objetivos concretos para medir el desempeño y el grado de avance institucional.
El Colegio llevó a cabo, el 7 y 8 de octubre, el 7.° Foro de economía digital e implicaciones fiscales, organizado por la comisión de Investigación Fiscal. Durante las jornadas, especialistas analizaron los cambios en la tributación internacional, las obligaciones fiscales de las plataformas digitales y los retos que plantea el uso de inteligencia artificial en la fiscalización y la ciberseguridad.La primera ponencia estuvo a cargo de Koen Van’t Hek, integrante de la comisión Fiscal Internacional, quien abordó los desafíos de la tributación en una economía digitalizada. Explicó que los modelos tradicionales, basados en la presencia física de las empresas, presentan limitaciones para gravar operaciones internacionales. Asimismo, expuso las propuestas del Comité Fiscal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fortalecer la potestad tributaria de los países donde se generan los ingresos.Por su parte, Humberto Cruz Hernández, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, presentó los aspectos relevantes de la iniciativa de Ley General de Inteligencia Artificial en México. Durante su intervención, explicó las propuestas para clasificar los sistemas de IA según sus riesgos, establecer mecanismos de auditoría algorítmica y definir obligaciones para desarrolladores e implementadores, así como derechos para los usuarios frente a decisiones automatizadas.En materia de plataformas digitales, Carmina Alheli Calzada López, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, expuso las novedades del régimen fiscal previstas para 2026. Destacó las obligaciones relacionadas con las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA), así como el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, que contempla el acceso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a información fiscal de las plataformas en línea y en tiempo real. Al respecto, señaló los retos operativos y tecnológicos que estas disposiciones representan para las empresas.Posteriormente, Alejandro Machorro Rivera, director de Impuestos en DiDi, analizó la fiscalización digital desde la perspectiva empresarial. Explicó cómo la inteligencia artificial y el cruce masivo de datos permiten a la autoridad identificar inconsistencias y fortalecer sus procesos de revisión. Ante este panorama, destacó la importancia de implementar auditorías preventivas, conciliaciones automatizadas y controles internos que faciliten el cumplimiento fiscal y protejan la confidencialidad de la información.En tanto, Luis Fernando Junco Ruiz, integrante de la comisión Fiscal 2, abordó las actualizaciones del Pilar 2 y del esquema Side-by-Side de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Estados Unidos. Durante su exposición, revisó las medidas de simplificación para la aplicación de las reglas de tributación mínima global, así como las obligaciones informativas que deben atender determinados grupos multinacionales y los retos para incorporar estas disposiciones a las legislaciones locales.Finalmente, Erika Cardoso Ocampo, asociada de Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Datos en EY, presentó los riesgos asociados con los agentes autónomos de inteligencia artificial. A partir de casos documentados, explicó cómo la manipulación de instrucciones, el uso indebido de herramientas y las identidades no humanas pueden comprometer información sensible e interrumpir operaciones. La especialista destacó la necesidad de establecer mecanismos de gobierno de IA y datos, asignar responsables, limitar los accesos de estos agentes, mantener la trazabilidad de sus acciones y contar con protocolos de respuesta ante incidentes.El foro fue coordinado por Raúl Tagle Cázares y Juan Alejandro Solano González, integrantes de la comisión de Investigación Fiscal.
El Colegio de la Contaduría Pública de México realizó el 8 de octubre el curso Ética pública en el marco del fortalecimiento institucional y la profesionalización del servicio público. El evento contó con las participaciones de especialistas en materia jurídica, administrativa y anticorrupción. La agenda del día se centró en la prevención de riesgos, identificación de conflictos de interés y la difusión de la cultura de la legalidad con base en las responsabilidades administrativas, transparencia y control interno. El curso estuvo coordinado por Nicolás Domínguez García y Claudia Mancera Monroy, integrantes de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.Sobre el tema, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, habló de la necesidad de trascender el cumplimiento normativo para consolidar la integridad en los distintos niveles de gobierno. Asimismo, se habló del paso de la legalidad hacia la ética e integridad, pues la legalidad establece las competencias y procedimientos estrictos, mientras que la ética ofrece criterios orientados a la discrecionalidad. “La propuesta es más amplia… preguntarnos si ha llegado el momento de construir un código de ética en toda la federación que pudiera abarcar a todos estos poderes y a todos estos niveles de gobierno... La legalidad establece el marco dentro del cual debemos actuar. La ética ofrece principios para reflexionar sobre la manera correcta de hacerlo. Y la integridad es la coherencia entre lo que una institución declara y lo que exige y lo que realmente hacen las personas que la integran”.En ese tenor, Vania Pérez Morales, vicepresidenta de Docencia y Desarrollo Académico de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD), detalló los tipos de conflicto de interés (real, aparente y potencial) y el marco que impone la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sobre la naturaleza de la integridad y el impacto de la norma, comentó: “La integridad pública va a ser entendida como todas estas políticas que podrían ser éticas y la congruencia entre lo que hacemos y lo que está escrito. Tenerlo (conflicto) no es falta; la falta es no declararlo ni excusarse. La actuación bajo conflicto de interés es la falta administrativa grave”. En materia del presupuesto y la distribución de recursos, Érika Castillo Escobedo, subdirectora de Normatividad de la Dirección de Asuntos Jurídicos en la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, enfatizó que las decisiones contables y presupuestales implican el ejercicio de poder público y deben analizar impactos diferenciados. “Quien integra un presupuesto, fija un trecho de gasto; diseña requisitos, autoriza una adecuación o define un indicador; decide prioridades, riesgos, evidencia y resultados… Una gestión íntegra no se limita a preguntar si el gasto fue autorizado. Pregunta si produjo valor público, si redujo barreras, si protegió derechos y si puede explicarse con honestidad”. En materia de Ética pública y prevención de la corrupción y los riesgos emergentes e Inteligencia Artificial (IA), Catalina Aguilar Oropeza, socia Fundadora Femaleader México y expresidenta del Sistema Estatal de Anticorrupción en Puebla, analizó los factores del comportamiento y la incorporación de tecnologías automatizadas en la toma de decisiones públicas, en la que advirtió sobre la preservación de la responsabilidad humana. “La corrupción no empieza con un sobre de dinero. La ética empieza cuando ejercemos poder sobre la vida de otras personas… Un sistema puede asistir la decisión, pero no puede absorber la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo de los humanos”. Sobre el tema de Ética en la gestión pública y atención ciudadana, Claudia Margarita Hernández Flores, consultora en materia de transparencia, integridad pública y prevención de la corrupción, expresidenta del Sistema Estatal de Anticorrupción en el Estado de México, se centró en los modelos éticos y atención ciudadana, en el cual revisó las estructuras orgánicas de supervisión, como los comités de ética y los programas de compliance público, concluyó: “La ética en la gestión pública va más allá de la honestidad porque abarca la transparencia, el compromiso con el servicio a la ciudadanía y la justicia social… El propósito de un modelo de integridad pública es crear una cultura organizacional donde la integridad sea parte fundamental de la gestión y las decisiones diarias, más allá del cumplimiento legal mínimo”. El curso concluyó con el compromiso de dar continuidad a los esquemas de formación, actualización de matrices de riesgo y el fortalecimiento de los canales de denuncia dentro de las instituciones públicas.
