Con el objetivo de analizar los principales retos legales, corporativos y fiscales relacionados con la enajenación de acciones, la comisión Fiscal del Colegio realizó los días 1 y 2 de septiembre el curso Aspectos controvertidos del costo fiscal de acciones, coordinado por Luis Nicasio Hernández Arreola. Durante las sesiones participaron especialistas de las comisiones Fiscal y Fiscal 1 y 2, quienes abordaron distintos escenarios que inciden en la determinación del costo fiscal y sus implicaciones para contribuyentes y asesores.
La jornada inició con la participación de Federico Tercero Garza Torres, quien explicó que la determinación del costo fiscal de las acciones exige acreditar de forma consistente la existencia, titularidad e historial jurídico de los títulos. En este contexto, destacó la importancia de conciliar estatutos sociales, actas corporativas, libros de registro, títulos accionarios, información contable y evidencia de pago. Además, señaló las diferencias entre la compraventa de acciones, la enajenación de activos y los movimientos de capital, al tiempo que enfatizó que la estructura corporativa debe reflejar la realidad económica de las operaciones.
Posteriormente, Juan Manuel Franco Gallardo analizó las obligaciones fiscales que surgen en la transmisión de acciones para personas físicas, morales y residentes en el extranjero. Durante su exposición detalló las alternativas para determinar y enterar el ISR, así como los procedimientos utilizados para calcular la ganancia fiscal y el costo promedio por acción. De igual forma, comentó los elementos que pueden emplearse para determinar el valor de una operación, entre ellos el capital contable actualizado y los flujos de efectivo proyectados.
Por su parte, Manuel Toledo Espinosa centró su intervención en la venta de acciones de empresas residentes en el extranjero por contribuyentes mexicanos. Al abordar este tema, explicó la relevancia de identificar correctamente la fuente de riqueza, calcular el costo fiscal y evaluar el acreditamiento de impuestos pagados fuera del país. Asimismo, presentó un análisis comparativo de tratados internacionales para evitar la doble tributación, destacando que el impacto fiscal puede variar según la composición de los activos de la emisora y el porcentaje de participación accionaria involucrado en la operación.
En la segunda jornada, Ariana Elizabeth Martínez Molina centró su participación en las controversias relacionadas con la determinación de ganancias y pérdidas por enajenación de acciones. La especialista analizó aspectos vinculados con la valuación de acciones, el costo promedio por acción y el monto original ajustado, además de abordar las implicaciones de los precios de transferencia entre partes relacionadas. Más adelante, comentó los criterios utilizados por la autoridad para evaluar la existencia de una razón de negocios y revisó el tratamiento aplicable a las FIBRAS y los mecanismos de diferimiento previstos para estas estructuras.
A su vez, Teodoro Manuel Velasco Chandomi explicó el papel del dictamen por enajenación de acciones como una alternativa para determinar el impuesto sobre la ganancia fiscal efectiva. Durante su intervención detalló los requisitos que debe cumplir el contador público encargado de emitir el dictamen, la documentación que respalda el proceso y las obligaciones asociadas a su presentación. También advirtió sobre las facultades de comprobación de la autoridad y las responsabilidades que asumen los profesionistas que participan en este tipo de revisiones.
Finalmente, José Alfredo Estudillo Cruz expuso el régimen aplicable a la enajenación de acciones a costo fiscal dentro de grupos empresariales. Al referirse a este esquema, explicó los requisitos para obtener la autorización correspondiente y destacó la necesidad de acreditar una adecuada razón de negocios y cumplir puntualmente con las condiciones establecidas por la autoridad fiscal. Asimismo, puntualizó las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de estas disposiciones.
Eventos recientes
Durante cinco jornadas, la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental reunió a especialistas, autoridades y profesionales de la contaduría para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la fiscalización pública y sobre las herramientas que pueden contribuir a fortalecer la rendición de cuentas, la integridad y la confianza ciudadana. Organizado por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, el encuentro se realizó del 24 al 28 de agosto.Al dar la bienvenida, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó el compromiso de la institución con la capacitación y reconoció el trabajo de las comisiones, así como la participación de expertos y autoridades. Señaló que la actualización profesional de quienes intervienen en la fiscalización contribuye al fortalecimiento de las instituciones, a una mejor rendición de cuentas y al desarrollo del país.La primera jornada puso sobre la mesa la relación entre fiscalización y ciudadanía. Lourdes Morales Canales, coordinadora del programa de Ciudadanía en México Evalúa, y Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa, explicaron que la participación social puede convertirse en un mecanismo efectivo para vigilar el uso de los recursos públicos. Durante sus intervenciones, señalaron que las denuncias ciudadanas y las herramientas de participación de la Auditoría Superior de la Federación pueden ayudar a impulsar revisiones sobre posibles desviaciones presupuestarias. También expusieron casos que muestran las brechas entre los recursos aprobados y los efectivamente ejercidos, y subrayaron la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones fiscalizadoras.La siguiente intervención avanzó hacia el papel que debe asumir la auditoría gubernamental frente a las nuevas exigencias de la administración pública. María de las Mercedes Cid Del Prado Sánchez, vicepresidenta general en el comité Ejecutivo Nacional del IMCP, abordó el futuro de la auditoría gubernamental, mientras que José Jafet Noriega Zamudio, presidente de la AMOCVIES, y titular del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato, destacó su vínculo con el derecho a una buena administración. En este contexto, explicó que fiscalizar no significa únicamente revisar el gasto, sino contribuir a que las instituciones actúen con eficacia, eficiencia y ética. Por su parte, Eber Omar Betanzos Torres, presidente del consejo directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, enfatizó que los recursos públicos pertenecen a la sociedad y deben traducirse en bienestar, por lo que planteó avanzar hacia controles preventivos y concurrentes que permitan corregir problemas antes de que se conviertan en pérdidas o afecten la prestación de servicios.Durante el segundo día, el enfoque preventivo cobró mayor fuerza. Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó que la auditoría está dejando atrás una visión exclusivamente punitiva y retrospectiva para convertirse en una herramienta de acompañamiento y mejora institucional. A partir de esta perspectiva, señaló que la efectividad de una revisión no debería medirse por el número de observaciones, sino por su capacidad para prevenir irregularidades y generar soluciones viables. Más adelante, Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio director de González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, analizó los retos que persisten en el combate a la corrupción y llamó la atención sobre las condiciones presupuestales y de operación de los organismos encargados de la fiscalización.La jornada también permitió revisar responsabilidades que suelen quedar detrás de los grandes debates sobre control gubernamental. José Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, detalló las obligaciones fiscales de los entes públicos y recordó la importancia de contar con comprobantes, retenciones y controles adecuados, así como de atender oportunamente posibles incumplimientos. A su vez, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD), planteó que la auditoría al desempeño debe mirar más allá de la legalidad del gasto para valorar su impacto en la ciudadanía. Al referirse al uso de tecnología, advirtió que herramientas como la inteligencia artificial pueden fortalecer la fiscalización, pero no sustituyen la comprobación física ni el criterio profesional del auditor.La inteligencia artificial ocupó un lugar central en la tercera jornada. Edwin Meraz Ángeles, auditor superior de la Ciudad de México, presentó el ecosistema BotAS, desarrollado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, como una herramienta para procesar grandes volúmenes de información, detectar inconsistencias e identificar patrones de riesgo. La exposición dejó claro que la tecnología puede ampliar las capacidades de fiscalización, pero debe mantenerse bajo criterios de ética, transparencia, trazabilidad y respeto a los derechos humanos. En paralelo, Gloria I. Take Munguía, consultora en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, destacó el acceso a la información como un instrumento para la fiscalización y la rendición de cuentas, y explicó cómo el escrutinio ciudadano y periodístico ha permitido revelar casos relevantes de corrupción y posibles desvíos de recursos.En esa misma jornada, Edmundo Álvarez Moreno, director general de Concentrado Empresarial SSM, abordó la integridad desde la perspectiva de las organizaciones y señaló la importancia de combinar políticas de autorregulación, cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Más adelante, Larry Tong, director general y jefe de Soluciones en IDA, analizó los problemas que pueden surgir cuando los proyectos de inteligencia artificial se plantean desde la tecnología y no desde las necesidades del negocio. Entre otros aspectos, recomendó partir de problemas concretos, involucrar a líderes capaces de cuestionar los resultados y evitar que la complejidad técnica desplace la atención de los objetivos que se buscan resolver.El cuarto día trasladó la conversación a la operación cotidiana de los órganos de control. Sergio Paul Monroy Vicenteño, director de Evaluación y Seguimiento en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, explicó que la auditoría de desempeño permite identificar fortalezas, ineficiencias, brechas y riesgos para formular recomendaciones que mejoren los resultados públicos. Víctor Hugo Carvente Contreras, contralor interno del Instituto Nacional Electoral, por su parte, destacó la necesidad de que la información financiera sea verificable y trazable desde su origen, con evidencia documental, digital y operativa suficiente. Olivia Rojo Martínez, contralora interna de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expuso los retos que han enfrentado los órganos internos de control al asumir nuevas funciones en materia de transparencia y protección de datos, mientras que Ángel José Trinidad Zaldívar, contralor interno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentó una metodología para identificar riesgos en contrataciones públicas, con especial atención a proveedores, servidores públicos, capacidad financiera y cumplimiento de obligaciones.La última jornada amplió la mirada hacia temas que marcarán la evolución de la fiscalización. Mariana Almada, gerente de Sostenibilidad en Forvis Mazars, explicó las nuevas exigencias de divulgación de información relacionada con sostenibilidad y cambio climático en el sector público. En su turno, Mary Carmen Milán Espinosa, socia de Despacho Milán Brito, destacó que el auditor independiente puede generar valor público más allá de la revisión de cifras, al contribuir a prevenir riesgos y fortalecer la confianza social. En tanto, Benjamín Reyes Torres, director general Adjunto de Control Interno y Transparencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señaló que el control interno debe evolucionar hacia modelos de monitoreo continuo, confianza digital, gestión de riesgos vivos y evidencia trazable, sin confundir el cumplimiento documental con un control realmente efectivo.Al cierre de la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental, Gricelda Sánchez Carranza, consultora gubernamental, retomó varios de los ejes que atravesaron las jornadas y planteó la necesidad de avanzar hacia una fiscalización preventiva, proactiva y basada en datos. La inteligencia artificial, la minería de datos y otras herramientas tecnológicas, explicó, pueden favorecer auditorías más oportunas, siempre que estén acompañadas de criterios de integridad y supervisión humana.
Este 25 de agosto, el Colegio celebró la octava edición del Foro de ética con el propósito de analizar y difundir los principios que rigen la práctica contable en los entornos empresarial, independiente, gubernamental, financiero y docente. Durante la primera intervención, Norma Leyla Rangel López abordó los puntos finos para la estructuración de programas de cumplimiento en entidades en funcionamiento. En su exposición destacó la relevancia de la Norma de Información Financiera (NIF) A-2 y el postulado de negocio en marcha, vigentes de forma obligatoria a partir de 2025, los cuales exigen una evaluación formal, documentada y prospectiva a doce meses sobre la viabilidad de las organizaciones, informó la panelista.Asimismo, la especialista expuso las transformaciones que se han manifestado este año y que derivan de las disposiciones del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés), entre las que destacan la entrada en vigor de las Normas Internacionales de Ética para el Aseguramiento de la Sostenibilidad, los nuevos requerimientos en planeación fiscal y el uso de expertos, así como la actualización de la Norma Internacional de Educación.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez centró su participación en los requerimientos éticos indispensables para el control de calidad en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y la prevención de contingencias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al respecto, explicó cómo se relacionan el Código de Ética Profesional y el Código de Conducta del SAT con el ecosistema de facturación electrónica.De igual forma, enfatizó que los principios de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad institucional obligan a la autoridad a fundamentar sus actuaciones y evitar cobros o restricciones arbitrarias de sellos digitales, y al contador público a mantener la veracidad, objetividad y competencia para evitar la simulación de operaciones.También participó en el foro la contadora Silvia Matus de la Cruz, quien analizó la planeación estratégica con enfoque ético para la prevención del lavado de dinero y la mitigación de riesgos fiscales. En este sentido, comentó que la profesionalidad actúa como escudo mediante la aplicación del marco de la IESBA, que permite evaluar amenazas a través de la prueba del tercero razonable y gestionar los incentivos y periodos de desconexión.Por otro lado, señaló que la profesión se constituye como la primera línea de defensa macroeconómica frente a la delincuencia organizada y la evasión fiscal, al aplicar los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Finalmente, la contadora María de Lourdes Nabor Cadena expuso las principales modificaciones incorporadas al Código de Ética Profesional para 2026; entre las novedades destacó la inclusión de los servicios de planificación fiscal en los sectores público, privado e independiente, estableciendo que el asesoramiento debe contar siempre con una base razonable conforme a la ley y evaluar los impactos reputacionales y comerciales.Además, abordó las nuevas disposiciones en materia de tecnologías de la información e hizo hincapié en que, si bien la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización optimizan cruces de datos, el juicio profesional y el criterio humano son fundamentales en el actuar profesional.
El Colegio llevó a cabo el curso Repse: taller sobre beneficios laborales, fiscales y sociales el 25 de agosto, el cual contó con la coordinación de Jorge Alvarado Cordero y la participación de los ponentes Jorge Eugenio Martínez Vargas, Selene Paredes De la Rosa y Alberto Flores Mesa, todos integrantes de la comisión técnica Sector empresarial. El desarrollo del taller se estructuró en tres temas fundamentales: los aspectos laborales del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), las implicaciones fiscales enfocadas en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los aspectos de seguridad social relativos a las Informativas de Contratos de Servicios u Obras Especializadas (ICSOE) y Sistema de Información de Subcontratación (SISUB).Durante la primera hora, centrada en la normatividad laboral, Jorge Eugenio Martínez Vargas analizó la complejidad operativa y jurídica que afrontan las empresas ante las exigencias de este registro. El abogado expuso que la falta de actualización del sistema dificulta verificar los registros cancelados y señaló que la imposición del Repse genera sobrecarga administrativa. De igual manera, abordó las controversias derivadas de la coincidencia del objeto social, el riesgo de simulación laboral y la aplicación de sanciones por incumplimiento.Martínez Vargas precisó que las personas físicas con actividad empresarial sin trabajadores a cargo no tienen obligación de tramitar el registro. En cuanto a proveedores de servicios como banquetes, jardinería o instalación de productos terminados, el especialista sostuvo que el trámite resulta innecesario cuando los trabajos no implican una subordinación directa hacia la empresa contratante. De igual manera, explicó que los despachos de contadores tampoco requieren dicha inscripción para la prestación de sus servicios profesionales.Finalmente, el expositor examinó las implicaciones de la responsabilidad solidaria en materia de cuotas y auditorías, así como las confusiones conceptuales generadas por las normativas vigentes. Enfatizó la importancia de elaborar contratos específicos y adecuados a la realidad operativa de cada operación mercantil con el propósito de evitar interpretaciones erróneas por parte de la autoridad fiscal y laboral.La segunda participación estuvo a cargo de Selene Paredes De la Rosa, quien analizó los impactos del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el ISR y en el IVA; además, destacó la reforma iniciada en 2020 y publicada el 24 de abril de 2021, la cual modificó 12 artículos, adicionó 15 y derogó seis en diversas leyes para eliminar la subcontratación laboral e incorporar reglas sobre servicios especializados. En este tenor enfatizó que el artículo 15.° del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la prohibición de esquemas agresivos de subcontratación de personal cuando las actividades se desempeñan en relación con el objeto social o la actividad económica preponderante de la empresa contratante.En este sentido, precisó que la norma permite la contratación de servicios u obras especializadas, incluso entre empresas de un mismo grupo corporativo, siempre que no formen parte de la actividad preponderante y se cuente con el registro en la plataforma correspondiente. La especialista aclaró dudas sobre la existencia de subordinación laboral, los servicios prestados entre partes relacionadas, la adquisición de productos por maquila y los criterios aplicables a diversos sectores para mitigar riesgos de rechazo en deducciones o acreditamientos. La tercera y última participación fue de Alberto Flores Mesa, quien abordó los aspectos de seguridad social del REPSE, así como las plataformas del ICSOE y del SISUB. En su exposición detalló las diferencias legales entre ambos sistemas, el fundamento jurídico del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social (LSS), la periodicidad cuatrimestral de reporte, la gestión de usuarios capturistas dentro del sistema, el intercambio de información entre autoridades (IMSS, Infonavit, SAT y STPS) y los procedimientos prácticos para registrar declaraciones informativas tanto con datos como sin información.En ese sentido, el especialista mencionó que la entrega extemporánea u omisión de esta obligación faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a imponer multas que oscilan entre 500 y 2000 UMA. En caso de no celebrar contratos durante el periodo a reportar, existe la obligación de presentar la declaración bajo la modalidad sin información. El Salario Base de Cotización a declarar corresponde al último salario registrado del trabajador dentro del periodo. De forma adicional, Flores Mesa, el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mandata el cumplimiento cuatrimestral de la entrega de información contractual, montos de aportaciones, amortizaciones y datos de los trabajadores a través del Sistema de Información de Subcontratación. Ambas instituciones mantienen convenios de colaboración con la STPS para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, lo que permite detectar inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y proceder con la cancelación del registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Para cerrar el taller, se realizó una ronda de preguntas y respuestas, así como la entrega de reconocimientos.
