La confianza, la transparencia y el cumplimiento fueron algunos de los ejes de la 2.ª Cumbre para donatarias autorizadas, organizada por la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio y realizada del 23 al 25 de septiembre. Durante tres jornadas, especialistas analizaron los principales retos fiscales, legales, contables y operativos que enfrentan estas organizaciones, así como herramientas para fortalecer su gestión, prevenir riesgos y contribuir a su sostenibilidad.
Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que detrás de cada donativo existe un voto de confianza que las donatarias deben preservar mediante la transparencia, el cumplimiento, la prevención de riesgos y la rendición de cuentas. Asimismo, señaló la importancia de la profesionalización para consolidar organizaciones sólidas y sostenibles, y llamó a los profesionales de distintas disciplinas a contribuir a este propósito.
En la primera jornada, Gloria Lara Cantó, Dina Isabel Moreno Uribe y Sergio Sánchez Arciniega abordaron la evolución de la rendición de cuentas en las donatarias mediante la incorporación de criterios ASG y marcos como las NIS, el ISSB y el GRI. Entre los aspectos revisados estuvieron la determinación de la materialidad con los grupos de interés, la construcción de una cadena de impacto y la trazabilidad de la información no financiera, con el propósito de respaldar los resultados reportados y prevenir prácticas de impact washing.
Por su parte, Gemma Sáez Banús expuso el marco jurídico de las donatarias autorizadas en México y las principales figuras mediante las cuales pueden constituirse, entre ellas A.C., S.C., I.A.P. y fideicomisos. También explicó las condiciones para conservar la autorización, como destinar los activos al objeto social y atender las disposiciones fiscales aplicables. Asimismo, José Sinaí Trejo Suárez analizó la ingeniería contractual y la utilidad de los convenios de colaboración y apoyo económico, con énfasis en su objeto, confidencialidad, protección de datos, prevención de lavado de dinero, vigencia y jurisdicción.
En materia contable, César Daniel Pérez Castro revisó la aplicación práctica de las NIF B-10, D-3, D-5 y E-2 en las organizaciones civiles, relacionadas con inflación, beneficios a los empleados, arrendamientos y donativos. De igual forma, Elizabeth Pérez Esteban y Mario Espadas Sánchez destacaron la utilidad de los catálogos de cuentas y las guías contabilizadoras para estandarizar registros, organizar la información por centros de costos, programas o donantes y facilitar el análisis de las variaciones financieras.
Mario Espadas Sánchez también abordó las reglas para la emisión y validación de CFDI por donativos, así como el Complemento de Donatarias y las medidas para reducir riesgos fiscales. Entre las prácticas señaladas estuvieron la conciliación de ingresos y egresos con los movimientos bancarios, la revisión de las listas del artículo 69-B del CFF y la emisión oportuna de los comprobantes. Por otro lado, Maribel De La Llave González y Maribel Trejo Estudillo analizaron la materialidad de las operaciones y la defensa preventiva, destacando la necesidad de mantener congruencia entre los aspectos legales, fiscales, contables, administrativos y operativos, así como evidencia que permita acreditar la realidad, propósito, destino y trazabilidad de los recursos.
También se abordó la identificación del beneficiario controlador. Ivonne Canett Rivas y David Henry Foulkes Woog explicaron las obligaciones aplicables desde las perspectivas fiscal y de PLD, así como la necesidad de implementar controles para identificar, verificar, documentar, conservar y actualizar la información correspondiente. En este último ámbito, señalaron los cambios previstos para 2027 y la importancia de fortalecer los controles internos ante los nuevos requerimientos.
Durante la segunda jornada, Alma Goretti Rivera Pérez, Elizabeth Pérez Esteban y Alejandro Gualito Hernández analizaron la ingeniería financiera y el control digital en el tercer sector. Los especialistas revisaron el análisis de los estados financieros bajo las NIF B-16 y E-2, el uso de razones financieras y los requerimientos de contabilidad electrónica, además de la información y documentación que respalda la Declaración de Transparencia.
En esta misma jornada, Alma Goretti Rivera Pérez expuso las posibilidades de la IA para automatizar procesos administrativos y contables, realizar conciliaciones predictivas, detectar inconsistencias y apoyar el cumplimiento fiscal. Asimismo, Luz Berenice Trujillo Mendieta y Alejandro Méndez Rueda revisaron las nuevas obligaciones derivadas de las reformas en materia de PLD, entre ellas la elaboración de manuales de políticas internas, matrices de riesgo y perfiles transaccionales, así como los nuevos plazos de conservación de información, capacitación y auditoría.
Por su parte, Alejandro Gualito Hernández abordó el remanente distribuible y las implicaciones de determinadas operaciones con partes relacionadas, precios de transferencia y reportes de donativos recibidos en efectivo, oro o plata. En tanto, Adolfo David Fonseca Trejo explicó que la renovación de la autorización para recibir donativos deducibles depende de un cumplimiento permanente, por lo que destacó la importancia de mantener vigente el objeto social, atender las obligaciones periódicas, conservar la documentación soporte y prevenir causales de revocación o suspensión.
Asimismo, Orlando Corona Lara, vicepresidente de Gobierno, abordó la gestión laboral y de seguridad social en las donatarias, destacando que su carácter no lucrativo no las exime de sus responsabilidades como patrones. En su exposición revisó la correcta integración del SBC y la congruencia de información entre CFDI de nómina, SAT, IMSS e Infonavit, además de criterios relacionados con la PTU.
Durante la tercera jornada, Margarita Aranda Martínez y Sergio Sánchez Arciniega analizaron la sistematización de los procesos de cumplimiento y la integración de información para los informes de transparencia. Entre las herramientas revisadas estuvieron las matrices de cumplimiento y los controles para donativos, bancos, compras y proveedores, así como el uso de tecnología para centralizar información, automatizar conciliaciones y mitigar riesgos.
De igual forma, Ernesto Torres García y Gabriela Farías Martínez abordaron distintos criterios relacionados con la PTU en las donatarias autorizadas, particularmente los supuestos en los que pueden surgir obligaciones cuando se obtienen ingresos no relacionados con el objeto autorizado. La planeación presupuestal también formó parte de los trabajos, con la participación de Ligia Mabell Cajas Catota, quien destacó la importancia de vincular el presupuesto con la misión y los objetivos institucionales, distinguir entre fondos restringidos y no restringidos y fortalecer el control mediante el análisis de variaciones, el seguimiento del flujo de efectivo y la constitución de reservas.
Como parte de la conferencia magistral, Maribel De La Llave González, Maribel Trejo Estudillo, Roberto Carlos Figueroa Atilano, Adolfo David Fonseca Trejo y José Sinaí Trejo Suárez presentaron el Método ADA, creado en 2021 como una metodología de alineación y cumplimiento institucional que integra aspectos legales, fiscales, contables, de auditoría, materialidad y buenas prácticas. El modelo plantea un enfoque preventivo para identificar y corregir riesgos, así como mantener la congruencia y trazabilidad entre las operaciones que realiza una organización, la documentación que genera, sus registros contables y la información que declara.
Finalmente, Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, fue la encargada de clausurar las actividades de la 2.ª Cumbre para donatarias autorizadas. En su intervención destacó los conocimientos y herramientas compartidos para fortalecer la certeza jurídica, la gobernanza, la transparencia y la operación de las organizaciones sin fines de lucro, y llamó a llevar estos aprendizajes a la práctica para contribuir a su sostenibilidad, fortalecer la confianza de los donantes y ampliar su impacto en las comunidades.
Eventos recientes
Este 10 de octubre, el Colegio de la Contaduría Pública de México fue sede del foro Sostenibilidad aplicada a donatarias autorizadas, un espacio de análisis que se enfocó en los crecientes desafíos que enfrenta el sector de las organizaciones sin fines de lucro en materia de transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad financiera y generación de impacto social. El evento contó con la participación de Dina Moreno Uribe, Sergio Sánchez Arciniega y Manuel Jesús Cárdenas Espinosa, bajo la moderación de Noé Wong Serna.Durante su intervención, Cárdenas Espinosa ofreció una revisión histórica del desarrollo sostenible, remontándose a hitos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y al Informe Brundtland, para posteriormente establecer una distinción conceptual clave entre sustentabilidad y sostenibilidad.Además, destacó la evolución de la administración organizacional desde enfoques reactivos hasta modelos transversales de creación de valor, subrayando la importancia de asesorar a las donatarias para fortalecer sus estructuras internas y financieras. “De esta forma se garantiza un impacto social perdurable y un riguroso cumplimiento normativo”, aseguró.En la misma línea, Dina Moreno presentó el panorama global de estándares y marcos de sostenibilidad que articulan la rendición de cuentas internacional. Al respecto, detalló la relevancia de alinear las estrategias institucionales con referentes de propósito general como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y explicó el funcionamiento de las normativas de reporte multidimensional para comunicar de manera integral los impactos económicos, sociales y ambientales a los grupos de interés clave.Por su parte, el contador Sánchez Arciniega abordó la aplicabilidad práctica de estos conceptos mediante el análisis de un caso ilustrativo en una donataria educativa, demostrando cómo traducir la teoría en una contribución trazable a través de un flujo estructurado de cuatro etapas que parte de un programa específico, se traduce en un indicador medible y se respalda con evidencia documental sólida.Asimismo, recalcó la utilidad de utilizar métricas específicas por industria para identificar asuntos con verdadera significancia financiera e impacto ambiental, contrastando sectores como el manejo forestal con la gestión de residuos, donde la atención se concentra en las emisiones de metano y las toneladas de materiales reciclados para incidir directamente en la continuidad operativa.Los panelistas coincidieron en que la consolidación de las organizaciones sin fines de lucro exige la adopción transversal de cuatro ejes fundamentales para la gestión institucional. Estos comprenden una gobernanza clara orientada a la supervisión y gestión de riesgos, una estrategia alineada a la visión a futuro de la entidad, metodologías rigurosas para la identificación y monitoreo de riesgos y el establecimiento de métricas y objetivos concretos para medir el desempeño y el grado de avance institucional.
El Colegio llevó a cabo, el 7 y 8 de octubre, el 7.° Foro de economía digital e implicaciones fiscales, organizado por la comisión de Investigación Fiscal. Durante las jornadas, especialistas analizaron los cambios en la tributación internacional, las obligaciones fiscales de las plataformas digitales y los retos que plantea el uso de inteligencia artificial en la fiscalización y la ciberseguridad.La primera ponencia estuvo a cargo de Koen Van’t Hek, integrante de la comisión Fiscal Internacional, quien abordó los desafíos de la tributación en una economía digitalizada. Explicó que los modelos tradicionales, basados en la presencia física de las empresas, presentan limitaciones para gravar operaciones internacionales. Asimismo, expuso las propuestas del Comité Fiscal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fortalecer la potestad tributaria de los países donde se generan los ingresos.Por su parte, Humberto Cruz Hernández, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, presentó los aspectos relevantes de la iniciativa de Ley General de Inteligencia Artificial en México. Durante su intervención, explicó las propuestas para clasificar los sistemas de IA según sus riesgos, establecer mecanismos de auditoría algorítmica y definir obligaciones para desarrolladores e implementadores, así como derechos para los usuarios frente a decisiones automatizadas.En materia de plataformas digitales, Carmina Alheli Calzada López, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, expuso las novedades del régimen fiscal previstas para 2026. Destacó las obligaciones relacionadas con las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA), así como el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, que contempla el acceso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a información fiscal de las plataformas en línea y en tiempo real. Al respecto, señaló los retos operativos y tecnológicos que estas disposiciones representan para las empresas.Posteriormente, Alejandro Machorro Rivera, director de Impuestos en DiDi, analizó la fiscalización digital desde la perspectiva empresarial. Explicó cómo la inteligencia artificial y el cruce masivo de datos permiten a la autoridad identificar inconsistencias y fortalecer sus procesos de revisión. Ante este panorama, destacó la importancia de implementar auditorías preventivas, conciliaciones automatizadas y controles internos que faciliten el cumplimiento fiscal y protejan la confidencialidad de la información.En tanto, Luis Fernando Junco Ruiz, integrante de la comisión Fiscal 2, abordó las actualizaciones del Pilar 2 y del esquema Side-by-Side de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Estados Unidos. Durante su exposición, revisó las medidas de simplificación para la aplicación de las reglas de tributación mínima global, así como las obligaciones informativas que deben atender determinados grupos multinacionales y los retos para incorporar estas disposiciones a las legislaciones locales.Finalmente, Erika Cardoso Ocampo, asociada de Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Datos en EY, presentó los riesgos asociados con los agentes autónomos de inteligencia artificial. A partir de casos documentados, explicó cómo la manipulación de instrucciones, el uso indebido de herramientas y las identidades no humanas pueden comprometer información sensible e interrumpir operaciones. La especialista destacó la necesidad de establecer mecanismos de gobierno de IA y datos, asignar responsables, limitar los accesos de estos agentes, mantener la trazabilidad de sus acciones y contar con protocolos de respuesta ante incidentes.El foro fue coordinado por Raúl Tagle Cázares y Juan Alejandro Solano González, integrantes de la comisión de Investigación Fiscal.
El Colegio de la Contaduría Pública de México realizó el 8 de octubre el curso Ética pública en el marco del fortalecimiento institucional y la profesionalización del servicio público. El evento contó con las participaciones de especialistas en materia jurídica, administrativa y anticorrupción. La agenda del día se centró en la prevención de riesgos, identificación de conflictos de interés y la difusión de la cultura de la legalidad con base en las responsabilidades administrativas, transparencia y control interno. El curso estuvo coordinado por Nicolás Domínguez García y Claudia Mancera Monroy, integrantes de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.Sobre el tema, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, habló de la necesidad de trascender el cumplimiento normativo para consolidar la integridad en los distintos niveles de gobierno. Asimismo, se habló del paso de la legalidad hacia la ética e integridad, pues la legalidad establece las competencias y procedimientos estrictos, mientras que la ética ofrece criterios orientados a la discrecionalidad. “La propuesta es más amplia… preguntarnos si ha llegado el momento de construir un código de ética en toda la federación que pudiera abarcar a todos estos poderes y a todos estos niveles de gobierno... La legalidad establece el marco dentro del cual debemos actuar. La ética ofrece principios para reflexionar sobre la manera correcta de hacerlo. Y la integridad es la coherencia entre lo que una institución declara y lo que exige y lo que realmente hacen las personas que la integran”.En ese tenor, Vania Pérez Morales, vicepresidenta de Docencia y Desarrollo Académico de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD), detalló los tipos de conflicto de interés (real, aparente y potencial) y el marco que impone la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sobre la naturaleza de la integridad y el impacto de la norma, comentó: “La integridad pública va a ser entendida como todas estas políticas que podrían ser éticas y la congruencia entre lo que hacemos y lo que está escrito. Tenerlo (conflicto) no es falta; la falta es no declararlo ni excusarse. La actuación bajo conflicto de interés es la falta administrativa grave”. En materia del presupuesto y la distribución de recursos, Érika Castillo Escobedo, subdirectora de Normatividad de la Dirección de Asuntos Jurídicos en la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, enfatizó que las decisiones contables y presupuestales implican el ejercicio de poder público y deben analizar impactos diferenciados. “Quien integra un presupuesto, fija un trecho de gasto; diseña requisitos, autoriza una adecuación o define un indicador; decide prioridades, riesgos, evidencia y resultados… Una gestión íntegra no se limita a preguntar si el gasto fue autorizado. Pregunta si produjo valor público, si redujo barreras, si protegió derechos y si puede explicarse con honestidad”. En materia de Ética pública y prevención de la corrupción y los riesgos emergentes e Inteligencia Artificial (IA), Catalina Aguilar Oropeza, socia Fundadora Femaleader México y expresidenta del Sistema Estatal de Anticorrupción en Puebla, analizó los factores del comportamiento y la incorporación de tecnologías automatizadas en la toma de decisiones públicas, en la que advirtió sobre la preservación de la responsabilidad humana. “La corrupción no empieza con un sobre de dinero. La ética empieza cuando ejercemos poder sobre la vida de otras personas… Un sistema puede asistir la decisión, pero no puede absorber la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo de los humanos”. Sobre el tema de Ética en la gestión pública y atención ciudadana, Claudia Margarita Hernández Flores, consultora en materia de transparencia, integridad pública y prevención de la corrupción, expresidenta del Sistema Estatal de Anticorrupción en el Estado de México, se centró en los modelos éticos y atención ciudadana, en el cual revisó las estructuras orgánicas de supervisión, como los comités de ética y los programas de compliance público, concluyó: “La ética en la gestión pública va más allá de la honestidad porque abarca la transparencia, el compromiso con el servicio a la ciudadanía y la justicia social… El propósito de un modelo de integridad pública es crear una cultura organizacional donde la integridad sea parte fundamental de la gestión y las decisiones diarias, más allá del cumplimiento legal mínimo”. El curso concluyó con el compromiso de dar continuidad a los esquemas de formación, actualización de matrices de riesgo y el fortalecimiento de los canales de denuncia dentro de las instituciones públicas.
