El Colegio de la Contaduría Pública de México llevó a cabo, este 9 de septiembre, el 9.° Foro Fintech bajo el eje temático de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en las tecnologías financieras emergentes, un espacio en el que especialistas examinaron cómo la transformación digital ha modificado los modelos de negocio, la toma de decisiones y la gestión de riesgos en el sector financiero.
Durante la apertura, encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Daniel Salas Torres, presidente de la comisión organizadora del foro, se destacó que la profesión contable hoy en día enfrenta una evolución operativa donde la automatización y el análisis de datos exigen anticiparse a los cambios tecnológicos, lo anterior, sin perder de vista la ética, la seguridad de la información y la confianza; “nuestra responsabilidad no solo consiste en acompañar los cambios de nuestra profesión, sino también en anticiparlos y preparar a la comunidad para enfrentarlos”, precisó la contadora.
Las actividades dieron inicio con la conferencia de Eloisa Cadenas Morales, quien advirtió sobre el acelerado crecimiento del ecosistema financiero digital y los retos que representa para contadoras y contadores ante la expansión de mercados globales que emplean criptoactivos y stablecoins.
La especialista subrayó la integración de México en esta dinámica y alertó sobre el fortalecimiento de las medidas de fiscalización, destacando el acceso en tiempo real otorgado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la implementación del intercambio automático de datos del estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Posteriormente, el foro siguió con la presentación de diversos paneles especializados que abordaron la maduración operativa de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), el cumplimiento normativo y la exposición a auditorías fiscalizadoras más digitalizadas.
En el ámbito de la tecnología corporativa, los ponentes enfatizaron la urgencia de adaptar el factor humano mediante una comprensión de algoritmos y modelos de lenguaje, así como el establecimiento de marcos de gobernanza para mitigar riesgos de filtración de información.
Asimismo, se aclaró que la denominada “Ley Fintech 2.0” corresponde a iniciativas presentadas en la legislatura enfocadas en activos virtuales estables y portabilidad de datos, más que a una reforma consolidada.
El programa también profundizó en la prevención del lavado de dinero mediante el análisis de los riesgos globales de los activos virtuales y las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicadas en agosto de 2026, las cuales imponen una gestión basada en riesgos y trazabilidad absoluta para exchanges y plataformas.
De igual manera, se examinaron las tendencias de mercado y el crecimiento de las stablecoins, cuya oferta se duplicó en los últimos años por la adopción institucional, destacando que en Latinoamérica el 71% de la actividad se concentra en pagos transfronterizos, de acuerdo con datos de los panelistas.
Bajo la óptica contable, se revisó el tratamiento normativo de las criptomonedas conforme a la Norma de Información Financiera (NIF) C-22 y la NIF B-17, reiterando que no les aplica la NIF C-8 sobre activos intangibles y detallando las rigurosas exigencias de revelación, valoración razonable y administración de riesgos en la auditoría corporativa.
Hacia el cierre de la jornada, las mesas de análisis abordaron la complejidad tributaria de los modelos descentralizados frente a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), los retos críticos de la ciberseguridad ante la inmutabilidad de la tecnología blockchain y las perspectivas del sector financiero hacia 2030.
Esta edición del Foro Fintech contó con las aportaciones de Charikleia Tsoukia, Alan Gerardo Manrique López, Alberto Ratia Mendoza, Gilberto Jesús Morales Navarrete, María Luisa Jazmín García Juvenal, Andrés Carrera Cué, Jaume Sués Caula, Adriana Jiménez Sandoval, Isaac López, Gerardo Alexis Farías López, Rodolfo Enrique Islas Strassburger, Edmundo Romero Lázaro, Juan Ramón Carcaño, Jhonny R. Bolivar Isturiz, Jorge Manlio Sentíes Medellín, Juan Carlos Santillán Hernández, Yair Kershenovich Tavel, Mayra Eliana Espejel Rodríguez, Clara Valencia Padilla, Ignacio José Domínguez Castillo, Aurora Osiris Alarcón Jasso, Rodrigo Santillana Vergara, Eduardo Juárez Álvarez y César Molnar Rizo, quienes presentaron mesas de análisis en las que coincidieron en que el panorama fintech en México se encamina hacia un modelo donde la banca tradicional y las IFT convergerán en un ecosistema híbrido con agilidad digital, un estricto cumplimiento regulatorio y el criterio profesional como bases para el desarrollo de la profesión contable.
Eventos recientes
Este 10 de octubre, el Colegio de la Contaduría Pública de México fue sede del foro Sostenibilidad aplicada a donatarias autorizadas, un espacio de análisis que se enfocó en los crecientes desafíos que enfrenta el sector de las organizaciones sin fines de lucro en materia de transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad financiera y generación de impacto social. El evento contó con la participación de Dina Moreno Uribe, Sergio Sánchez Arciniega y Manuel Jesús Cárdenas Espinosa, bajo la moderación de Noé Wong Serna.Durante su intervención, Cárdenas Espinosa ofreció una revisión histórica del desarrollo sostenible, remontándose a hitos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y al Informe Brundtland, para posteriormente establecer una distinción conceptual clave entre sustentabilidad y sostenibilidad.Además, destacó la evolución de la administración organizacional desde enfoques reactivos hasta modelos transversales de creación de valor, subrayando la importancia de asesorar a las donatarias para fortalecer sus estructuras internas y financieras. “De esta forma se garantiza un impacto social perdurable y un riguroso cumplimiento normativo”, aseguró.En la misma línea, Dina Moreno presentó el panorama global de estándares y marcos de sostenibilidad que articulan la rendición de cuentas internacional. Al respecto, detalló la relevancia de alinear las estrategias institucionales con referentes de propósito general como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y explicó el funcionamiento de las normativas de reporte multidimensional para comunicar de manera integral los impactos económicos, sociales y ambientales a los grupos de interés clave.Por su parte, el contador Sánchez Arciniega abordó la aplicabilidad práctica de estos conceptos mediante el análisis de un caso ilustrativo en una donataria educativa, demostrando cómo traducir la teoría en una contribución trazable a través de un flujo estructurado de cuatro etapas que parte de un programa específico, se traduce en un indicador medible y se respalda con evidencia documental sólida.Asimismo, recalcó la utilidad de utilizar métricas específicas por industria para identificar asuntos con verdadera significancia financiera e impacto ambiental, contrastando sectores como el manejo forestal con la gestión de residuos, donde la atención se concentra en las emisiones de metano y las toneladas de materiales reciclados para incidir directamente en la continuidad operativa.Los panelistas coincidieron en que la consolidación de las organizaciones sin fines de lucro exige la adopción transversal de cuatro ejes fundamentales para la gestión institucional. Estos comprenden una gobernanza clara orientada a la supervisión y gestión de riesgos, una estrategia alineada a la visión a futuro de la entidad, metodologías rigurosas para la identificación y monitoreo de riesgos y el establecimiento de métricas y objetivos concretos para medir el desempeño y el grado de avance institucional.
El Colegio llevó a cabo, el 7 y 8 de octubre, el 7.° Foro de economía digital e implicaciones fiscales, organizado por la comisión de Investigación Fiscal. Durante las jornadas, especialistas analizaron los cambios en la tributación internacional, las obligaciones fiscales de las plataformas digitales y los retos que plantea el uso de inteligencia artificial en la fiscalización y la ciberseguridad.La primera ponencia estuvo a cargo de Koen Van’t Hek, integrante de la comisión Fiscal Internacional, quien abordó los desafíos de la tributación en una economía digitalizada. Explicó que los modelos tradicionales, basados en la presencia física de las empresas, presentan limitaciones para gravar operaciones internacionales. Asimismo, expuso las propuestas del Comité Fiscal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fortalecer la potestad tributaria de los países donde se generan los ingresos.Por su parte, Humberto Cruz Hernández, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, presentó los aspectos relevantes de la iniciativa de Ley General de Inteligencia Artificial en México. Durante su intervención, explicó las propuestas para clasificar los sistemas de IA según sus riesgos, establecer mecanismos de auditoría algorítmica y definir obligaciones para desarrolladores e implementadores, así como derechos para los usuarios frente a decisiones automatizadas.En materia de plataformas digitales, Carmina Alheli Calzada López, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, expuso las novedades del régimen fiscal previstas para 2026. Destacó las obligaciones relacionadas con las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al valor agregado (IVA), así como el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, que contempla el acceso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a información fiscal de las plataformas en línea y en tiempo real. Al respecto, señaló los retos operativos y tecnológicos que estas disposiciones representan para las empresas.Posteriormente, Alejandro Machorro Rivera, director de Impuestos en DiDi, analizó la fiscalización digital desde la perspectiva empresarial. Explicó cómo la inteligencia artificial y el cruce masivo de datos permiten a la autoridad identificar inconsistencias y fortalecer sus procesos de revisión. Ante este panorama, destacó la importancia de implementar auditorías preventivas, conciliaciones automatizadas y controles internos que faciliten el cumplimiento fiscal y protejan la confidencialidad de la información.En tanto, Luis Fernando Junco Ruiz, integrante de la comisión Fiscal 2, abordó las actualizaciones del Pilar 2 y del esquema Side-by-Side de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Estados Unidos. Durante su exposición, revisó las medidas de simplificación para la aplicación de las reglas de tributación mínima global, así como las obligaciones informativas que deben atender determinados grupos multinacionales y los retos para incorporar estas disposiciones a las legislaciones locales.Finalmente, Erika Cardoso Ocampo, asociada de Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Datos en EY, presentó los riesgos asociados con los agentes autónomos de inteligencia artificial. A partir de casos documentados, explicó cómo la manipulación de instrucciones, el uso indebido de herramientas y las identidades no humanas pueden comprometer información sensible e interrumpir operaciones. La especialista destacó la necesidad de establecer mecanismos de gobierno de IA y datos, asignar responsables, limitar los accesos de estos agentes, mantener la trazabilidad de sus acciones y contar con protocolos de respuesta ante incidentes.El foro fue coordinado por Raúl Tagle Cázares y Juan Alejandro Solano González, integrantes de la comisión de Investigación Fiscal.
El Colegio de la Contaduría Pública de México realizó el 8 de octubre el curso Ética pública en el marco del fortalecimiento institucional y la profesionalización del servicio público. El evento contó con las participaciones de especialistas en materia jurídica, administrativa y anticorrupción. La agenda del día se centró en la prevención de riesgos, identificación de conflictos de interés y la difusión de la cultura de la legalidad con base en las responsabilidades administrativas, transparencia y control interno. El curso estuvo coordinado por Nicolás Domínguez García y Claudia Mancera Monroy, integrantes de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental.Sobre el tema, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, habló de la necesidad de trascender el cumplimiento normativo para consolidar la integridad en los distintos niveles de gobierno. Asimismo, se habló del paso de la legalidad hacia la ética e integridad, pues la legalidad establece las competencias y procedimientos estrictos, mientras que la ética ofrece criterios orientados a la discrecionalidad. “La propuesta es más amplia… preguntarnos si ha llegado el momento de construir un código de ética en toda la federación que pudiera abarcar a todos estos poderes y a todos estos niveles de gobierno... La legalidad establece el marco dentro del cual debemos actuar. La ética ofrece principios para reflexionar sobre la manera correcta de hacerlo. Y la integridad es la coherencia entre lo que una institución declara y lo que exige y lo que realmente hacen las personas que la integran”.En ese tenor, Vania Pérez Morales, vicepresidenta de Docencia y Desarrollo Académico de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD), detalló los tipos de conflicto de interés (real, aparente y potencial) y el marco que impone la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sobre la naturaleza de la integridad y el impacto de la norma, comentó: “La integridad pública va a ser entendida como todas estas políticas que podrían ser éticas y la congruencia entre lo que hacemos y lo que está escrito. Tenerlo (conflicto) no es falta; la falta es no declararlo ni excusarse. La actuación bajo conflicto de interés es la falta administrativa grave”. En materia del presupuesto y la distribución de recursos, Érika Castillo Escobedo, subdirectora de Normatividad de la Dirección de Asuntos Jurídicos en la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, enfatizó que las decisiones contables y presupuestales implican el ejercicio de poder público y deben analizar impactos diferenciados. “Quien integra un presupuesto, fija un trecho de gasto; diseña requisitos, autoriza una adecuación o define un indicador; decide prioridades, riesgos, evidencia y resultados… Una gestión íntegra no se limita a preguntar si el gasto fue autorizado. Pregunta si produjo valor público, si redujo barreras, si protegió derechos y si puede explicarse con honestidad”. En materia de Ética pública y prevención de la corrupción y los riesgos emergentes e Inteligencia Artificial (IA), Catalina Aguilar Oropeza, socia Fundadora Femaleader México y expresidenta del Sistema Estatal de Anticorrupción en Puebla, analizó los factores del comportamiento y la incorporación de tecnologías automatizadas en la toma de decisiones públicas, en la que advirtió sobre la preservación de la responsabilidad humana. “La corrupción no empieza con un sobre de dinero. La ética empieza cuando ejercemos poder sobre la vida de otras personas… Un sistema puede asistir la decisión, pero no puede absorber la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo de los humanos”. Sobre el tema de Ética en la gestión pública y atención ciudadana, Claudia Margarita Hernández Flores, consultora en materia de transparencia, integridad pública y prevención de la corrupción, expresidenta del Sistema Estatal de Anticorrupción en el Estado de México, se centró en los modelos éticos y atención ciudadana, en el cual revisó las estructuras orgánicas de supervisión, como los comités de ética y los programas de compliance público, concluyó: “La ética en la gestión pública va más allá de la honestidad porque abarca la transparencia, el compromiso con el servicio a la ciudadanía y la justicia social… El propósito de un modelo de integridad pública es crear una cultura organizacional donde la integridad sea parte fundamental de la gestión y las decisiones diarias, más allá del cumplimiento legal mínimo”. El curso concluyó con el compromiso de dar continuidad a los esquemas de formación, actualización de matrices de riesgo y el fortalecimiento de los canales de denuncia dentro de las instituciones públicas.
