El Colegio de la Contaduría Pública de México llevó a cabo, este 9 de septiembre, el 9.° Foro Fintech bajo el eje temático de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en las tecnologías financieras emergentes, un espacio en el que especialistas examinaron cómo la transformación digital ha modificado los modelos de negocio, la toma de decisiones y la gestión de riesgos en el sector financiero.
Durante la apertura, encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Daniel Salas Torres, presidente de la comisión organizadora del foro, se destacó que la profesión contable hoy en día enfrenta una evolución operativa donde la automatización y el análisis de datos exigen anticiparse a los cambios tecnológicos, lo anterior, sin perder de vista la ética, la seguridad de la información y la confianza; “nuestra responsabilidad no solo consiste en acompañar los cambios de nuestra profesión, sino también en anticiparlos y preparar a la comunidad para enfrentarlos”, precisó la contadora.
Las actividades dieron inicio con la conferencia de Eloisa Cadenas Morales, quien advirtió sobre el acelerado crecimiento del ecosistema financiero digital y los retos que representa para contadoras y contadores ante la expansión de mercados globales que emplean criptoactivos y stablecoins.
La especialista subrayó la integración de México en esta dinámica y alertó sobre el fortalecimiento de las medidas de fiscalización, destacando el acceso en tiempo real otorgado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la implementación del intercambio automático de datos del estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Posteriormente, el foro siguió con la presentación de diversos paneles especializados que abordaron la maduración operativa de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), el cumplimiento normativo y la exposición a auditorías fiscalizadoras más digitalizadas.
En el ámbito de la tecnología corporativa, los ponentes enfatizaron la urgencia de adaptar el factor humano mediante una comprensión de algoritmos y modelos de lenguaje, así como el establecimiento de marcos de gobernanza para mitigar riesgos de filtración de información.
Asimismo, se aclaró que la denominada “Ley Fintech 2.0” corresponde a iniciativas presentadas en la legislatura enfocadas en activos virtuales estables y portabilidad de datos, más que a una reforma consolidada.
El programa también profundizó en la prevención del lavado de dinero mediante el análisis de los riesgos globales de los activos virtuales y las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicadas en agosto de 2026, las cuales imponen una gestión basada en riesgos y trazabilidad absoluta para exchanges y plataformas.
De igual manera, se examinaron las tendencias de mercado y el crecimiento de las stablecoins, cuya oferta se duplicó en los últimos años por la adopción institucional, destacando que en Latinoamérica el 71% de la actividad se concentra en pagos transfronterizos, de acuerdo con datos de los panelistas.
Bajo la óptica contable, se revisó el tratamiento normativo de las criptomonedas conforme a la Norma de Información Financiera (NIF) C-22 y la NIF B-17, reiterando que no les aplica la NIF C-8 sobre activos intangibles y detallando las rigurosas exigencias de revelación, valoración razonable y administración de riesgos en la auditoría corporativa.
Hacia el cierre de la jornada, las mesas de análisis abordaron la complejidad tributaria de los modelos descentralizados frente a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), los retos críticos de la ciberseguridad ante la inmutabilidad de la tecnología blockchain y las perspectivas del sector financiero hacia 2030.
Esta edición del Foro Fintech contó con las aportaciones de Charikleia Tsoukia, Alan Gerardo Manrique López, Alberto Ratia Mendoza, Gilberto Jesús Morales Navarrete, María Luisa Jazmín García Juvenal, Andrés Carrera Cué, Jaume Sués Caula, Adriana Jiménez Sandoval, Isaac López, Gerardo Alexis Farías López, Rodolfo Enrique Islas Strassburger, Edmundo Romero Lázaro, Juan Ramón Carcaño, Jhonny R. Bolivar Isturiz, Jorge Manlio Sentíes Medellín, Juan Carlos Santillán Hernández, Yair Kershenovich Tavel, Mayra Eliana Espejel Rodríguez, Clara Valencia Padilla, Ignacio José Domínguez Castillo, Aurora Osiris Alarcón Jasso, Rodrigo Santillana Vergara, Eduardo Juárez Álvarez y César Molnar Rizo, quienes presentaron mesas de análisis en las que coincidieron en que el panorama fintech en México se encamina hacia un modelo donde la banca tradicional y las IFT convergerán en un ecosistema híbrido con agilidad digital, un estricto cumplimiento regulatorio y el criterio profesional como bases para el desarrollo de la profesión contable.
Eventos recientes
Pensar como empresarios, analizar escenarios y tomar decisiones con información limitada fueron algunos de los retos que enfrentaron estudiantes universitarios durante la segunda edición del Simulador de Negocios, una experiencia que en esta ocasión puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos para el futuro del país: la seguridad hídrica.Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, dio la bienvenida a los participantes y destacó que el simulador representa una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria, así como para desarrollar una habilidad fundamental en el ámbito profesional: la toma de decisiones.La presidenta invitó a los estudiantes a aprovechar la experiencia para analizar escenarios, trabajar en equipo, defender sus ideas y aprender de las consecuencias de sus decisiones. Asimismo, los exhortó a mantener un vínculo cercano con el Colegio desde su etapa universitaria y aprovechar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que ofrece la institución.En esta edición, bajo el concepto “Proyecto Esmeralda: construyendo la seguridad hídrica de México”, los equipos asumieron el reto de diseñar un modelo de negocio que justificara una inversión privada de 250 millones de dólares para impulsar proyectos de infraestructura hídrica hacia 2035.Como parte del desafío, los participantes analizaron las condiciones del Estado de México, Nuevo León y Sonora para determinar dónde tendría mayor viabilidad su proyecto, considerando aspectos financieros, sociales, ambientales y de riesgo. Entre las alternativas se encontraban plantas de tratamiento y reúso de agua, infraestructura inteligente para reducir fugas, sistemas regionales de almacenamiento y distribución y plantas desalinizadoras.La competencia se desarrolló en tres etapas: desarrollo de la propuesta, exposición ante el jurado y una fase final de justificación mediante preguntas y respuestas. Los equipos pusieron a prueba sus conocimientos en herramientas como VAN, TIR, ROI, Payback, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad, además de incorporar elementos de impacto social, sostenibilidad y análisis de riesgos.En esta edición participaron estudiantes de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, Universidad Tres Culturas – Campus Atizapán, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) – Campus Escuela Superior de Zimapán, Universidad Panamericana (UP), UNAM – Facultad de Contaduría y Administración e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) – Campus Ciudad de México.La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de las comisiones de Finanzas y Sistema Financiero y Sector Empresarial, encabezado por Víctor Manuel Pérez Ruiz, vicepresidente de Vinculación Universitaria.Tras analizar las propuestas y el desempeño de los equipos, los resultados fueron:Primer lugar: Universidad de Ixtlahuaca CUISegundo lugar: UNAM – Facultad de Contaduría y AdministraciónTercer lugar: Universidad Panamericana (UP)El evento contó con el patrocinio de CONTPAQi® y tuvo como maestro de ceremonias a Víctor Manuel Pérez Ruiz, quien también fue el encargado de cerrar las actividades.
Una decisión fiscal mal sustentada puede convertirse en un riesgo para toda la empresa. Con esta premisa como punto de partida, el pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el evento Importancia de la asesoría fiscal en la empresa, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, donde especialistas en materia administrativa y tributaria analizaron los desafíos que enfrentan las organizaciones para prevenir contingencias, responder ante las autoridades y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. La sesión fue coordinada por Humberto Cruz Hernández, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, y reunió a Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada anticorrupción; Javier Ramírez Jacintos, exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Susana Mireles Arreola, especialista fiscal independiente, y Jorge García González, socio en Mancera.Durante su participación, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía explicó el alcance de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su aplicación para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas. Al abordar la responsabilidad de servidores públicos y particulares, detalló las etapas de investigación, substanciación y resolución, así como la intervención de los Tribunales de Justicia Administrativa en los casos de faltas graves. También señaló que las sanciones pueden incluir multas, inhabilitaciones y, tratándose de personas morales, la suspensión de actividades o disolución de sociedades.En este contexto, la magistrada destacó la importancia de que las empresas cuenten con políticas de integridad que contemplen manuales de organización, códigos de conducta, sistemas de control, mecanismos de denuncia y capacitación. Asimismo, mencionó las medidas cautelares previstas en el marco legal y la posibilidad de reducir sanciones mediante la confesión de responsabilidad, subrayando la necesidad de que las organizaciones conozcan las obligaciones y responsabilidades que pueden derivarse de sus actuaciones.Por su parte, Javier Ramírez Jacintos llevó la conversación al terreno de la defensa fiscal y explicó los principales recursos con los que cuentan los contribuyentes frente a las actuaciones de las autoridades. En su exposición, puso especial énfasis en el soporte probatorio y la materialidad de las operaciones, elementos fundamentales durante los procesos de fiscalización. Más adelante, analizó las alternativas disponibles, entre ellas el recurso administrativo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo, además de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación.A su vez, Susana Mireles Arreola centró su intervención en el cumplimiento cotidiano y la identificación de riesgos dentro de las empresas. Comentó la importancia de revisar la situación fiscal de los socios, el manejo adecuado de los CFDI y las obligaciones formales, al tiempo que destacó el potencial de la inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo. También hizo referencia al Plan Maestro 2026 del SAT y a sus líneas de atención sobre prácticas como la simulación de operaciones y el uso de pérdidas fiscales, así como al papel de la inteligencia de datos para fortalecer la fiscalización y combatir la evasión.Hacia el cierre del encuentro, Jorge García González abordó la prevención de riesgos fiscales desde la perspectiva de las prácticas indebidas, la ética profesional y el control interno. Analizó las medidas para combatir operaciones inexistentes o sin razón de negocios y enfatizó que la asesoría debe sustentarse en una base creíble de las disposiciones legales, sin participar en conductas ilícitas como la evasión fiscal o el lavado de dinero. Finalmente, como parte de su intervención, planteó la actualización de los controles internos, la revisión de las operaciones, la congruencia de la información presentada a las autoridades y la capacitación continua como elementos esenciales para anticipar contingencias.
Con el objetivo de hablar sobre los criterios jurisdiccionales para anticipar riesgos, fortalecer el cumplimiento fiscal y sustentar adecuadamente una posición ante autoridades, la comisión de Contribuciones Locales del Colegio llevó a cabo el foro Tesis y jurisprudencias en materia de contribuciones locales.Durante el encuentro, presentado este 7 de septiembre, los especialistas abordaron las bases constitucionales de la coordinación fiscal, los medios administrativos y jurisdiccionales de defensa frente a actos de autoridades locales, así como los criterios normativos aplicables a los gravámenes de carácter estatal y municipal.En su intervención, Sergio Ríos Alonso analizó la distribución de facultades tributarias dentro del pacto federal. Explicó que el Sistema de Coordinación Fiscal busca articular la hacienda pública entre la Federación, las entidades federativas y los municipios mediante la distribución de participaciones y reglas de colaboración administrativa.Al contextualizar este marco en los artículos 40, 41 y 124 de la Constitución Política, destacó el principio de facultades reservadas a los estados respecto de aquello no conferido expresamente a la Federación. Asimismo, expuso el alcance del artículo 115 constitucional, precisando la autonomía municipal para la administración de su hacienda pública, integrada principalmente por tributos sobre la propiedad inmobiliaria, participaciones federales e ingresos por servicios públicos, elementos clave para la correcta delimitación de la competencia fiscal local.Por su parte, Emiliano Fajardo Sotelo abordó las vías procedimentales de medios de defensa frente a actos tributarios subnacionales, detallando la naturaleza y substanciación del recurso de inconformidad como mecanismo administrativo de revisión ante la propia autoridad emisora.Al respecto, subrayó los requisitos formales esenciales para su procedencia, así como sus etapas procesales que concluyen con la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado.En tanto, Rodrigo Farías García expuso un panorama sobre los gravámenes locales de mayor impacto operativo para las organizaciones y los criterios jurisprudenciales vigentes emitidos por los tribunales federales. Centró su análisis en la interpretación judicial del impuesto sobre nóminas, los derechos por servicios públicos y aprovechamientos, el impuesto predial, así como el marco regulatorio y los pronunciamientos recientes relativos a los impuestos ecológicos adoptados por diversas entidades federativas.La encargada de cerrar el foro fue la contadora Laila Yarina Moreno, quien remarcó la importancia de mantener una actualización permanente respecto a las tesis y criterios jurisprudenciales.
