Hablar de testamento suele asociarse con la distribución de bienes, pero durante la conferencia Testamento y certeza jurídica en la prevención de conflictos familiares quedó de manifiesto que sus alcances van mucho más allá. En el marco del mes del Testamento, el Colegio de la Contaduría Pública de México realizó el 10 de septiembre esta sesión, en la que Manuel Niño de Rivera, fundador de la firma Kudo y Niño de Rivera Abogados, abordó los conflictos que pueden surgir cuando la voluntad de una persona no queda establecida y explicó cómo una adecuada planeación puede contribuir a prevenirlos. La conferencia fue moderada por Víctor Oliver Mercado, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 1.
Desde el inicio de su participación, Niño de Rivera planteó la necesidad de cambiar la percepción que existe alrededor del testamento y dejar de verlo como un trámite reservado para personas mayores o con grandes patrimonios. Explicó que se trata de un acto de responsabilidad y protección familiar, pues permite establecer con claridad qué sucederá con los bienes y derechos después del fallecimiento. A partir de situaciones que se presentan en la práctica, señaló que la ausencia de estas disposiciones puede abrir la puerta a disputas entre familiares, desacuerdos sobre una vivienda o diferencias respecto de quién debe continuar al frente de una empresa.
Uno de los ejemplos que marcó la exposición fue el de las empresas familiares. Al respecto, destacó que no siempre basta con determinar quién heredará las acciones, pues también es necesario considerar si esa persona cuenta con las condiciones para participar en la operación o en los órganos de decisión de la empresa. Por ello, explicó la utilidad de establecer protocolos familiares y convenios entre accionistas que definan previamente las reglas para una eventual sucesión, incluyendo mecanismos para determinar el valor de las acciones y alternativas para facilitar su transmisión.
A lo largo de la sesión, el ponente también se detuvo en algunos de los mitos que pueden retrasar la decisión de otorgar un testamento. Aclaró que hacerlo no significa perder el control de los bienes ni impide vender una propiedad posteriormente, y recordó que el documento puede modificarse cuando la persona lo considere necesario. De igual forma, señaló que el patrimonio no se limita a casas, terrenos o cuentas bancarias, pues también puede incluir negocios, marcas, acciones y otros activos cuyo valor debe ser considerado dentro de la planeación.
Otro de los puntos abordados fue el proceso que comienza después del fallecimiento. Niño de Rivera explicó las distintas etapas de una sucesión y la función del albacea, figura a la que atribuyó especial importancia por su responsabilidad en la administración de los bienes y en el cumplimiento de la voluntad del autor de la sucesión. También describió algunos escenarios en los que puede intervenir un juez, así como las circunstancias que pueden llevar a impugnar un testamento, entre ellas la falta de capacidad, violencia, amenazas, coacción o determinadas irregularidades en su otorgamiento.
En el tramo final de la conferencia, la conversación se trasladó a cuestiones prácticas: cuentas bancarias, bienes ubicados en el extranjero, transmisión de acciones, impuestos y documentación necesaria para iniciar una sucesión. Ante estas situaciones, el expositor recomendó mantener organizada la información patrimonial y comunicar a los familiares la existencia del testamento, evitando que su contenido se convierta en un misterio después del fallecimiento. También hizo énfasis en elegir cuidadosamente al albacea, consultar a especialistas y considerar las necesidades de menores y personas que requieran redes de apoyo y salvaguardas.
La sesión concluyó con una idea que atravesó toda la exposición: prevenir también forma parte de cuidar a la familia. Para Niño de Rivera, aprovechar septiembre para ordenar la voluntad y patrimonio no debe verse únicamente como un trámite, sino como una decisión de planeación que puede brindar certeza y reducir la posibilidad de que los bienes terminen siendo motivo de conflicto. En ese sentido, el testamento se presentó como una herramienta para dejar reglas claras antes de que otros tengan que tomar decisiones en medio de una sucesión.
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El Colegio de la Contaduría Pública de México llevó a cabo, este 9 de septiembre, el 9.° Foro Fintech bajo el eje temático de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en las tecnologías financieras emergentes, un espacio en el que especialistas examinaron cómo la transformación digital ha modificado los modelos de negocio, la toma de decisiones y la gestión de riesgos en el sector financiero.Durante la apertura, encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Daniel Salas Torres, presidente de la comisión organizadora del foro, se destacó que la profesión contable hoy en día enfrenta una evolución operativa donde la automatización y el análisis de datos exigen anticiparse a los cambios tecnológicos, lo anterior, sin perder de vista la ética, la seguridad de la información y la confianza; “nuestra responsabilidad no solo consiste en acompañar los cambios de nuestra profesión, sino también en anticiparlos y preparar a la comunidad para enfrentarlos”, precisó la contadora.Las actividades dieron inicio con la conferencia de Eloisa Cadenas Morales, quien advirtió sobre el acelerado crecimiento del ecosistema financiero digital y los retos que representa para contadoras y contadores ante la expansión de mercados globales que emplean criptoactivos y stablecoins.La especialista subrayó la integración de México en esta dinámica y alertó sobre el fortalecimiento de las medidas de fiscalización, destacando el acceso en tiempo real otorgado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la implementación del intercambio automático de datos del estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Posteriormente, el foro siguió con la presentación de diversos paneles especializados que abordaron la maduración operativa de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), el cumplimiento normativo y la exposición a auditorías fiscalizadoras más digitalizadas.En el ámbito de la tecnología corporativa, los ponentes enfatizaron la urgencia de adaptar el factor humano mediante una comprensión de algoritmos y modelos de lenguaje, así como el establecimiento de marcos de gobernanza para mitigar riesgos de filtración de información.Asimismo, se aclaró que la denominada “Ley Fintech 2.0” corresponde a iniciativas presentadas en la legislatura enfocadas en activos virtuales estables y portabilidad de datos, más que a una reforma consolidada.El programa también profundizó en la prevención del lavado de dinero mediante el análisis de los riesgos globales de los activos virtuales y las nuevas reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicadas en agosto de 2026, las cuales imponen una gestión basada en riesgos y trazabilidad absoluta para exchanges y plataformas.De igual manera, se examinaron las tendencias de mercado y el crecimiento de las stablecoins, cuya oferta se duplicó en los últimos años por la adopción institucional, destacando que en Latinoamérica el 71% de la actividad se concentra en pagos transfronterizos, de acuerdo con datos de los panelistas.Bajo la óptica contable, se revisó el tratamiento normativo de las criptomonedas conforme a la Norma de Información Financiera (NIF) C-22 y la NIF B-17, reiterando que no les aplica la NIF C-8 sobre activos intangibles y detallando las rigurosas exigencias de revelación, valoración razonable y administración de riesgos en la auditoría corporativa.Hacia el cierre de la jornada, las mesas de análisis abordaron la complejidad tributaria de los modelos descentralizados frente a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), los retos críticos de la ciberseguridad ante la inmutabilidad de la tecnología blockchain y las perspectivas del sector financiero hacia 2030.Esta edición del Foro Fintech contó con las aportaciones de Charikleia Tsoukia, Alan Gerardo Manrique López, Alberto Ratia Mendoza, Gilberto Jesús Morales Navarrete, María Luisa Jazmín García Juvenal, Andrés Carrera Cué, Jaume Sués Caula, Adriana Jiménez Sandoval, Isaac López, Gerardo Alexis Farías López, Rodolfo Enrique Islas Strassburger, Edmundo Romero Lázaro, Juan Ramón Carcaño, Jhonny R. Bolivar Isturiz, Jorge Manlio Sentíes Medellín, Juan Carlos Santillán Hernández, Yair Kershenovich Tavel, Mayra Eliana Espejel Rodríguez, Clara Valencia Padilla, Ignacio José Domínguez Castillo, Aurora Osiris Alarcón Jasso, Rodrigo Santillana Vergara, Eduardo Juárez Álvarez y César Molnar Rizo, quienes presentaron mesas de análisis en las que coincidieron en que el panorama fintech en México se encamina hacia un modelo donde la banca tradicional y las IFT convergerán en un ecosistema híbrido con agilidad digital, un estricto cumplimiento regulatorio y el criterio profesional como bases para el desarrollo de la profesión contable.
Pensar como empresarios, analizar escenarios y tomar decisiones con información limitada fueron algunos de los retos que enfrentaron estudiantes universitarios durante la segunda edición del Simulador de Negocios, una experiencia que en esta ocasión puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos para el futuro del país: la seguridad hídrica.Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, dio la bienvenida a los participantes y destacó que el simulador representa una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria, así como para desarrollar una habilidad fundamental en el ámbito profesional: la toma de decisiones.La presidenta invitó a los estudiantes a aprovechar la experiencia para analizar escenarios, trabajar en equipo, defender sus ideas y aprender de las consecuencias de sus decisiones. Asimismo, los exhortó a mantener un vínculo cercano con el Colegio desde su etapa universitaria y aprovechar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que ofrece la institución.En esta edición, bajo el concepto “Proyecto Esmeralda: construyendo la seguridad hídrica de México”, los equipos asumieron el reto de diseñar un modelo de negocio que justificara una inversión privada de 250 millones de dólares para impulsar proyectos de infraestructura hídrica hacia 2035.Como parte del desafío, los participantes analizaron las condiciones del Estado de México, Nuevo León y Sonora para determinar dónde tendría mayor viabilidad su proyecto, considerando aspectos financieros, sociales, ambientales y de riesgo. Entre las alternativas se encontraban plantas de tratamiento y reúso de agua, infraestructura inteligente para reducir fugas, sistemas regionales de almacenamiento y distribución y plantas desalinizadoras.La competencia se desarrolló en tres etapas: desarrollo de la propuesta, exposición ante el jurado y una fase final de justificación mediante preguntas y respuestas. Los equipos pusieron a prueba sus conocimientos en herramientas como VAN, TIR, ROI, Payback, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad, además de incorporar elementos de impacto social, sostenibilidad y análisis de riesgos.En esta edición participaron estudiantes de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, Universidad Tres Culturas – Campus Atizapán, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) – Campus Escuela Superior de Zimapán, Universidad Panamericana (UP), UNAM – Facultad de Contaduría y Administración e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) – Campus Ciudad de México.La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de las comisiones de Finanzas y Sistema Financiero y Sector Empresarial, encabezado por Víctor Manuel Pérez Ruiz, vicepresidente de Vinculación Universitaria.Tras analizar las propuestas y el desempeño de los equipos, los resultados fueron:Primer lugar: Universidad de Ixtlahuaca CUISegundo lugar: UNAM – Facultad de Contaduría y AdministraciónTercer lugar: Universidad Panamericana (UP)El evento contó con el patrocinio de CONTPAQi® y tuvo como maestro de ceremonias a Víctor Manuel Pérez Ruiz, quien también fue el encargado de cerrar las actividades.
Una decisión fiscal mal sustentada puede convertirse en un riesgo para toda la empresa. Con esta premisa como punto de partida, el pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el evento Importancia de la asesoría fiscal en la empresa, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, donde especialistas en materia administrativa y tributaria analizaron los desafíos que enfrentan las organizaciones para prevenir contingencias, responder ante las autoridades y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento. La sesión fue coordinada por Humberto Cruz Hernández, integrante de la comisión de Investigación Fiscal, y reunió a Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada anticorrupción; Javier Ramírez Jacintos, exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Susana Mireles Arreola, especialista fiscal independiente, y Jorge García González, socio en Mancera.Durante su participación, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía explicó el alcance de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y su aplicación para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas. Al abordar la responsabilidad de servidores públicos y particulares, detalló las etapas de investigación, substanciación y resolución, así como la intervención de los Tribunales de Justicia Administrativa en los casos de faltas graves. También señaló que las sanciones pueden incluir multas, inhabilitaciones y, tratándose de personas morales, la suspensión de actividades o disolución de sociedades.En este contexto, la magistrada destacó la importancia de que las empresas cuenten con políticas de integridad que contemplen manuales de organización, códigos de conducta, sistemas de control, mecanismos de denuncia y capacitación. Asimismo, mencionó las medidas cautelares previstas en el marco legal y la posibilidad de reducir sanciones mediante la confesión de responsabilidad, subrayando la necesidad de que las organizaciones conozcan las obligaciones y responsabilidades que pueden derivarse de sus actuaciones.Por su parte, Javier Ramírez Jacintos llevó la conversación al terreno de la defensa fiscal y explicó los principales recursos con los que cuentan los contribuyentes frente a las actuaciones de las autoridades. En su exposición, puso especial énfasis en el soporte probatorio y la materialidad de las operaciones, elementos fundamentales durante los procesos de fiscalización. Más adelante, analizó las alternativas disponibles, entre ellas el recurso administrativo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el juicio de amparo, además de mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación.A su vez, Susana Mireles Arreola centró su intervención en el cumplimiento cotidiano y la identificación de riesgos dentro de las empresas. Comentó la importancia de revisar la situación fiscal de los socios, el manejo adecuado de los CFDI y las obligaciones formales, al tiempo que destacó el potencial de la inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo. También hizo referencia al Plan Maestro 2026 del SAT y a sus líneas de atención sobre prácticas como la simulación de operaciones y el uso de pérdidas fiscales, así como al papel de la inteligencia de datos para fortalecer la fiscalización y combatir la evasión.Hacia el cierre del encuentro, Jorge García González abordó la prevención de riesgos fiscales desde la perspectiva de las prácticas indebidas, la ética profesional y el control interno. Analizó las medidas para combatir operaciones inexistentes o sin razón de negocios y enfatizó que la asesoría debe sustentarse en una base creíble de las disposiciones legales, sin participar en conductas ilícitas como la evasión fiscal o el lavado de dinero. Finalmente, como parte de su intervención, planteó la actualización de los controles internos, la revisión de las operaciones, la congruencia de la información presentada a las autoridades y la capacitación continua como elementos esenciales para anticipar contingencias.
