En un evento que destacó la colaboración entre el Colegio de Contadores Públicos de México y las autoridades fiscales, se realizó el foro sobre la Declaración anual de personas morales el 6 de marzo. Con la participación de destacados representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Gari Gevijoar Flores Hernández González, Administrador General de Recaudación y Ana Laura Delgadillo García, Administradora Central de Declaraciones y Pagos, el foro brindó una valiosa oportunidad para profundizar en temas como el llenado del aplicativo de la declaración, aspectos de ingresos y deducciones, y estrategias para fortalecer la relación entre contadores y la autoridad fiscal.
La apertura del evento estuvo a cargo de Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, quien destacó el valor de la colaboración entre los contadores públicos y las autoridades fiscales. “Contar con la presencia de autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a los contadores públicos tener un acercamiento directo con la autoridad fiscalizadora, favoreciendo el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias,” expresó Mejía Balcázar durante su bienvenida.
Entrando de llenó al evento, el Administrador General de Recaudación en el SAT, resaltó la importancia de la colaboración entre la autoridad fiscal y los contadores públicos. Este espacio de diálogo fue visto como esencial para optimizar la ejecución de las obligaciones fiscales y promover una mayor comprensión de los trámites tributarios.
“La relación con los contadores públicos es crucial para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es necesario seguir creando espacios de retroalimentación para asegurar que los formularios y las declaraciones sean más eficientes y alineados con los objetivos de simplificación y digitalización de la administración fiscal”, expresó Flores Hernández durante el inicio de su intervención.
El expositor destacó que la recaudación fiscal es un esencial para la estabilidad económica del país. En este sentido, mencionó que los ingresos tributarios han superado las expectativas, con un excedente cercano a los 30,000 millones de pesos al mes de febrero. “El 97% de la recaudación proviene de los contribuyentes a través de los formularios fiscales, y la declaración anual es una de las principales obligaciones”, señaló Gevijoar.
Respecto al tema de la obligación de contribuir, el representante del SAT recordó que el artículo 31, fracción IV de la Constitución establece claramente que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento del gobierno. “El pago de impuestos permite que el gobierno ofrezca servicios esenciales como educación, salud y seguridad”, comentó. En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), explicó que su naturaleza es general y directo, y que las empresas tienen la obligación de presentar su declaración anual. “Hasta el 4 de marzo, ya se habían presentado más de 115,000 declaraciones, lo que representa un crecimiento del 2% respecto al año anterior”.
Uno de los puntos más enfáticos de la presentación fue la necesidad de fortalecer la ética y la responsabilidad dentro de la profesión contable. Flores Hernández destacó que muchos contribuyentes enfrentan problemas fiscales debido a malas prácticas o negligencia por parte de terceros. “Hacemos un llamado a los contadores públicos para que colaboren con la autoridad en la identificación de irregularidades. Esto ayudará a fortalecer la confianza en el sistema tributario y a garantizar el cumplimiento”, afirmó.
Asimismo, el Administrador General de Recaudación subrayó que el SAT prioriza el acompañamiento al contribuyente en lugar de recurrir a auditorías o medidas coercitivas. “Nuestro objetivo es hacer el pago de impuestos más sencillo, no solo en términos de los formularios, sino también mediante la precarga de información que facilite el proceso”, explicó.
En cuanto a los avances en digitalización, el ponente mencionó que México es pionero en facturación electrónica y precarga de declaraciones. Actualmente, el 68% de los campos en la declaración anual ya están prellenados. “Estamos comprometidos con la modernización de nuestras plataformas. La renovación del portal institucional busca hacerlo más intuitivo y accesible para todos”, dijo.
Para finalizar su participación, presentó el mini sitio del SAT dedicado a la declaración anual, herramienta que ofrece información detallada sobre los requisitos, las mejoras y las guías de llenado. “El SAT busca seguir optimizando los procesos fiscales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, concluyó.
En su turno, la Administradora Central de Declaraciones y Pagos del SAT, destacó los avances en la automatización de los procesos fiscales y la evolución de la precarga de información en las declaraciones. Según Delgadillo, “desde 2012 hemos trabajado en la automatización de la Declaración Anual para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, y a partir de 2019 implementamos la precarga de la declaración de personas morales”.
Mencionó, que el proceso, que busca agilizar y simplificar la presentación de las declaraciones fiscales, ha seguido evolucionando. En ese sentido, en 2022, se extendió la precarga a pagos provisionales en el régimen general y en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), con la finalidad de reducir errores y mejorar la precisión de los datos reportados. En palabras de Delgadillo: “Hemos añadido formularios específicos para sectores clave, como retenciones de sueldos y salarios, IVA y actividades empresariales, con el objetivo de facilitar aún más el trabajo de los contribuyentes”.
Destacó el tema de los visores de información, herramientas que permiten a los contribuyentes verificar los datos precargados en su declaración antes de enviarla. “Los visores de nómina, CFDI emitidos y recibidos, y deducciones personales permiten a los contribuyentes comprobar que la información es correcta antes de su presentación”, afirmó Delgadillo, quien también subrayó que anualmente el SAT procesa millones de CFDI para facilitar el proceso de declaración.
La funcionaria también aclaró el impacto de los vencimientos en las declaraciones, que varían según el régimen fiscal. “Actualmente, los formularios del régimen general y Resico cuentan con precarga de información, mientras que otros regímenes aún requieren captura manual. Estamos trabajando para actualizar los formularios pendientes y lograr una integración más eficiente en nuestras plataformas”, dijo Delgadillo.
En cuanto a la estructura de la declaración anual, Delgadillo explicó que se trata de un proceso detallado que incluye la determinación de ingresos, deducciones, impuestos a pagar y otros datos adicionales. Se hizo énfasis en la precarga de los ingresos nominales, basados en los pagos provisionales, y la inclusión de deducciones como sueldos y salarios, inversiones y estímulos fiscales.
Sobre el seguimiento de la secuencia en la presentación de las declaraciones, en especial en casos de liquidación, la ponente destacó: “los contribuyentes deben seguir un orden adecuado al presentar su declaración, para evitar problemas y facilitar el proceso”.
También, se discutieron algunos errores comunes que pueden afectar la precisión de la información, como la falta de emisión o el timbrado incorrecto de CFDI. Delgadillo concluyó su intervención con un llamado a la retroalimentación de los contribuyentes: “Es esencial que recibamos retroalimentación para seguir mejorando las herramientas y procesos que facilitamos a los contribuyentes”.
Continuando con el foro, Marycelia García Valle y Jesús Guillermo Mendieta González, miembros de las comisiones Fiscal y de Auditoría Fiscal, compartieron en su presentación recomendaciones para la fiscalización de la declaración anual de personas morales.
García Valle resaltó la necesidad de verificar que la e.Firma y la contraseña estén vigentes, y de asegurarse de que los ingresos y deducciones se reporten correctamente. “Es fundamental revisar los visores del SAT y hacer conciliaciones de CFDI con los pagos provisionales, IVA y retenciones para evitar inconsistencias”, señaló.
Además, enfatizó en mantener papeles de trabajo adecuados, como estados financieros y documentación de soporte. También recomendó contar con un expediente de defensa en caso de auditoría, que incluya contratos y registros de variaciones de capital.
Por su parte, Mendieta González habló sobre el Plan Maestro 2025 del SAT, que prioriza la fiscalización contra la evasión y el contrabando, y destacó la revisión del comercio exterior y la correcta aplicación de tasas de IVA. “El cruce de información con el IMSS, STPS e Infonavit es clave para detectar irregularidades”, agregó.
Finalmente, respecto al dictamen fiscal, se explicó que debe presentarse antes del 15 de mayo de 2025. García Valle advirtió que cualquier dictamen fuera de plazo carecerá de efectos jurídicos y que, en caso de diferencias fiscales, se deberán presentar declaraciones complementarias.
Orlando Corona Lara, vicepresidente de Normatividad Institucional, cerró el evento destacando la importancia del curso el cual permitió actualizar conocimientos y mejorar la práctica fiscal. Agradeció a los ponentes y autoridades, resaltando el compromiso del Colegio en generar espacios para la excelencia profesional y el beneficio de la sociedad.
Eventos recientes
La Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio organizó el foro Ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, un espacio de análisis y reflexión en torno a la relevancia de la ética profesional en los procesos de aseguramiento. El encuentro reunió a especialistas del ámbito contable y de auditoría para discutir los desafíos que enfrentan las firmas al implementar sistemas de gestión de calidad y garantizar la independencia y objetividad en la revisión de los encargos.La coordinación del evento, realizado el 11 de marzo, estuvo a cargo de Cecilia Coronel Ruiz y Carlos Velázquez Valle, integrantes de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Como expositores participaron Parménides Lozano Rodríguez, integrante de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero; Arantxa Esthela Reyes Mendiola, Audit Associate Partner en Baker Tilly México; Francisco José Sánchez González, integrante de la Comisión de Gobierno Corporativo; y la propia Cecilia Coronel Ruiz.Durante su intervención, Parménides Lozano Rodríguez abordó la ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, vinculada con las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que la profesión contable es de interés público, por lo que los profesionales no solo responden ante quien contrata sus servicios, sino también ante la sociedad, ya que las conclusiones de auditoría influyen en la toma de decisiones y en una cadena de valor que incluye empleados, proveedores y el entorno social.Destacó que estas normas surgieron tras escándalos corporativos que evidenciaron la necesidad de reforzar la independencia y la ética profesional. Por ello, el revisor de calidad debe designarse con base en criterios de competencia, capacidad y disponibilidad, evitando amenazas a la objetividad como la familiaridad o el interés propio. Asimismo, explicó que esta revisión es necesaria en encargos relacionados con entidades que cotizan en bolsa, instituciones supervisadas por autoridades financieras o empresas con alto riesgo de lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes mencionó la falta de claridad sobre cuándo interviene el revisor, la ausencia de evidencia de su participación y la escasa documentación de los procesos de remediación.Por su parte, Arantxa Esthela Reyes Mendiola centró su exposición en la ética dentro del sistema de gestión de calidad bajo las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Destacó que la ética debe ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una práctica operativa dentro de las firmas, ya que la confianza es la principal “mercancía” de los profesionales contables y el comportamiento individual impacta directamente en la reputación institucional.A partir de su experiencia en la implementación de estos estándares en México y Latinoamérica, señaló que, aunque los contextos varían, la confianza es un elemento transversal. Advirtió que los mayores riesgos para las firmas no siempre son técnicos, sino aquellos derivados de la familiaridad con los clientes o de presiones comerciales que pueden afectar el juicio profesional. Ante ello, subrayó la importancia de contar con salvaguardas adecuadas, procesos constantes de autoevaluación, canales de denuncia efectivos y un liderazgo ético que se refleje en toda la organización.En su intervención, Francisco José Sánchez González abordó los desafíos éticos que enfrentan las firmas de contaduría pública en la asignación de revisores y en la ejecución de auditorías. Señaló que la confianza pública, la objetividad, la independencia y la calidad profesional son pilares de la profesión, guiados por principios del código de ética como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional.También enfatizó la importancia de documentar adecuadamente los procesos de aceptación y continuidad de clientes, verificando que los miembros del equipo no tengan intereses financieros o relaciones personales que comprometan su independencia, y que cuenten con la experiencia necesaria para cada sector. Asimismo, advirtió que presiones internas y externas, como las económicas o los plazos de entrega, pueden generar riesgos éticos, los cuales deben mitigarse mediante salvaguardas como la rotación de socios o revisores, la documentación de la independencia y la capacitación continua.Finalmente, Cecilia Coronel Ruiz explicó el papel de la ética en los sistemas de gestión de calidad establecidos por las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que las firmas deben aplicar sistemas basados en riesgos para garantizar la calidad de los encargos y el cumplimiento de normas profesionales y legales.Destacó que el revisor de calidad actúa de forma independiente al equipo de auditoría y valida las conclusiones antes de emitir el informe. También subrayó la importancia de contar con políticas claras para la elegibilidad de revisores y respetar periodos de enfriamiento, con el fin de fortalecer la calidad, la independencia y la confianza en la profesión contable.
Este 9 de marzo, el Colegio organizó el foro Fiscalidad con IA: Criptoexchanges y retenciones, un espacio de análisis dedicado a revisar el marco fiscal relacionado con los criptoactivos, así como las herramientas tecnológicas que utilizan las autoridades para su fiscalización.En el encuentro participaron los especialistas Juan Carlos Santillán Hernández y Gustavo Fuentes de León como expositores, mientras que Juan Carcaño López fungió como moderador y presentó un panorama general sobre la evolución de los criptoactivos y su tratamiento regulatorio.Durante la sesión se explicó que la fiscalidad comprende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan los tributos y los procesos de recaudación del Estado, los cuales permiten financiar servicios públicos y otras actividades gubernamentales. En ese contexto, los especialistas destacaron que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la manera en que las autoridades analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones, tomar decisiones y fortalecer los procesos de supervisión fiscal. Como parte del panorama general, se revisó el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Los ponentes recordaron que el crecimiento de redes como Ethereum permitió la creación de tokens mediante contratos inteligentes, lo que dio origen a miles de activos digitales programables dentro de la tecnología blockchain. De igual forma, explicaron que los criptoactivos se definieron como representaciones digitales de valor que utilizan criptografía y redes descentralizadas para validar y registrar transacciones sin la intervención de una autoridad central. Entre sus principales características, los panelistas enlistaron la descentralización, el uso de blockchain, el pseudonimato de los usuarios y la posibilidad de realizar transferencias globales casi inmediatas. Asimismo, se mencionó que dentro del mercado existen distintas categorías, entre ellas criptomonedas ampliamente conocidas como Bitcoin y Ethereum, además de stablecoins, tokens de utilidad y tokens de gobernanza.Los especialistas señalaron que, ante el crecimiento del mercado de criptoactivos, diversos organismos internacionales han impulsado lineamientos orientados a mejorar la transparencia fiscal y prevenir riesgos como el lavado de dinero. En el caso de México, recordaron que los criptoactivos no tienen el carácter de moneda de curso legal. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y criterios de Banxico. Además, se destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el análisis de blockchain, el intercambio internacional de información y sistemas de IA capaces de rastrear transacciones en redes públicas. En materia tributaria, se explicó que México aún no cuenta con un régimen específico para las criptomonedas. Sin embargo, la postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugiere que las operaciones de compraventa de estos activos pueden tratarse como enajenación de bienes, por lo que podrían sujetarse a disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) relacionadas con este tipo de transacciones. Durante el foro también se revisaron las reglas aplicables a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en plataformas tecnológicas y servicios digitales. Los especialistas coincidieron en que las disposiciones fiscales establecen obligaciones específicas para las plataformas que intermedian operaciones, incluyendo la retención de impuestos y la emisión de comprobantes fiscales correspondientes.
Con el propósito de analizar los principales retos en la preparación de la declaración anual, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio organizó el 6 de marzo el curso Declaración anual 2025 en Resico: aspectos clave para su elaboración, impartido por los comisionados Elio Fernando Zurita Morales y Edyth Ramírez Sánchez. Durante el evento se abordaron aspectos normativos y prácticos que los contribuyentes deben considerar para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales dentro del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).En su intervención, Elio Fernando Zurita Morales explicó los elementos centrales para la elaboración de la declaración anual 2025 en Resico, tanto para personas físicas como para personas morales. Señaló que, en el caso de las personas físicas, el régimen es voluntario, se basa en ingresos efectivamente cobrados y no permite deducciones, siempre que los ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos anuales. También se permite obtener ingresos adicionales por sueldos o intereses, siempre que no se supere dicho límite.No obstante, advirtió que existen limitaciones en la regla miscelánea que permite combinar ingresos, lo que puede generar riesgos en casos como la venta de una casa no exenta u otros ingresos extraordinarios. En caso de rebasar el límite o incumplir obligaciones, el contribuyente deberá salir del régimen y tributar en el esquema correspondiente.Respecto a las personas morales, destacó que el Resico es obligatorio cuando la sociedad está integrada únicamente por personas físicas y sus ingresos del ejercicio anterior no superan los 35 millones de pesos. Asimismo, subrayó que la participación de socios en otras sociedades mercantiles, especialmente cuando existe control o relación entre ellas, puede impedir tributar en este régimen.En materia de deducciones, explicó que en Resico para personas morales se consideran principalmente las adquisiciones efectivamente pagadas. Las inversiones cuentan con porcentajes de deducción más altos, aunque solo hasta tres millones de pesos, aplicándose posteriormente los porcentajes normales. También mencionó algunos retos prácticos, como la falta de reglas claras para la deducción de inventarios iniciales al cambiar de régimen y la no deducibilidad de los anticipos de remanente en sociedades civiles.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez destacó la importancia de preparar con anticipación la información para la declaración anual, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un simulador que precarga diversos datos. Subrayó que es indispensable contar con papeles de trabajo y validar la información antes de presentar la declaración.La especialista explicó que la autoridad fiscal dispone de una gran cantidad de información del contribuyente, principalmente a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), por lo que resulta fundamental conciliar ingresos, gastos y pagos provisionales con dichos comprobantes. También resaltó la relevancia de los complementos de pago para confirmar cuándo un ingreso ha sido efectivamente cobrado.Asimismo, enfatizó la correcta emisión de CFDI en conceptos como sueldos, viáticos y otras prestaciones, ya que el incumplimiento en retenciones puede impedir la deducción de ciertos gastos. También recomendó justificar adecuadamente la razón de negocios de las erogaciones y mantener actualizadas cuentas fiscales como la CUCA, la CUFIN y las pérdidas fiscales.Finalmente, la expositora reiteró que la información precargada por la autoridad debe utilizarse únicamente como referencia, por lo que es indispensable revisarla y conciliarla con la contabilidad del contribuyente. Una adecuada preparación y verificación de la información permitirá presentar la declaración anual de manera correcta y evitar posibles inconsistencias ante la autoridad fiscal.
