En un evento que destacó la colaboración entre el Colegio de Contadores Públicos de México y las autoridades fiscales, se realizó el foro sobre la Declaración anual de personas morales el 6 de marzo. Con la participación de destacados representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Gari Gevijoar Flores Hernández González, Administrador General de Recaudación y Ana Laura Delgadillo García, Administradora Central de Declaraciones y Pagos, el foro brindó una valiosa oportunidad para profundizar en temas como el llenado del aplicativo de la declaración, aspectos de ingresos y deducciones, y estrategias para fortalecer la relación entre contadores y la autoridad fiscal.
La apertura del evento estuvo a cargo de Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, quien destacó el valor de la colaboración entre los contadores públicos y las autoridades fiscales. “Contar con la presencia de autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a los contadores públicos tener un acercamiento directo con la autoridad fiscalizadora, favoreciendo el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias,” expresó Mejía Balcázar durante su bienvenida.
Entrando de llenó al evento, el Administrador General de Recaudación en el SAT, resaltó la importancia de la colaboración entre la autoridad fiscal y los contadores públicos. Este espacio de diálogo fue visto como esencial para optimizar la ejecución de las obligaciones fiscales y promover una mayor comprensión de los trámites tributarios.
“La relación con los contadores públicos es crucial para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es necesario seguir creando espacios de retroalimentación para asegurar que los formularios y las declaraciones sean más eficientes y alineados con los objetivos de simplificación y digitalización de la administración fiscal”, expresó Flores Hernández durante el inicio de su intervención.
El expositor destacó que la recaudación fiscal es un esencial para la estabilidad económica del país. En este sentido, mencionó que los ingresos tributarios han superado las expectativas, con un excedente cercano a los 30,000 millones de pesos al mes de febrero. “El 97% de la recaudación proviene de los contribuyentes a través de los formularios fiscales, y la declaración anual es una de las principales obligaciones”, señaló Gevijoar.
Respecto al tema de la obligación de contribuir, el representante del SAT recordó que el artículo 31, fracción IV de la Constitución establece claramente que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento del gobierno. “El pago de impuestos permite que el gobierno ofrezca servicios esenciales como educación, salud y seguridad”, comentó. En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), explicó que su naturaleza es general y directo, y que las empresas tienen la obligación de presentar su declaración anual. “Hasta el 4 de marzo, ya se habían presentado más de 115,000 declaraciones, lo que representa un crecimiento del 2% respecto al año anterior”.
Uno de los puntos más enfáticos de la presentación fue la necesidad de fortalecer la ética y la responsabilidad dentro de la profesión contable. Flores Hernández destacó que muchos contribuyentes enfrentan problemas fiscales debido a malas prácticas o negligencia por parte de terceros. “Hacemos un llamado a los contadores públicos para que colaboren con la autoridad en la identificación de irregularidades. Esto ayudará a fortalecer la confianza en el sistema tributario y a garantizar el cumplimiento”, afirmó.
Asimismo, el Administrador General de Recaudación subrayó que el SAT prioriza el acompañamiento al contribuyente en lugar de recurrir a auditorías o medidas coercitivas. “Nuestro objetivo es hacer el pago de impuestos más sencillo, no solo en términos de los formularios, sino también mediante la precarga de información que facilite el proceso”, explicó.
En cuanto a los avances en digitalización, el ponente mencionó que México es pionero en facturación electrónica y precarga de declaraciones. Actualmente, el 68% de los campos en la declaración anual ya están prellenados. “Estamos comprometidos con la modernización de nuestras plataformas. La renovación del portal institucional busca hacerlo más intuitivo y accesible para todos”, dijo.
Para finalizar su participación, presentó el mini sitio del SAT dedicado a la declaración anual, herramienta que ofrece información detallada sobre los requisitos, las mejoras y las guías de llenado. “El SAT busca seguir optimizando los procesos fiscales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, concluyó.
En su turno, la Administradora Central de Declaraciones y Pagos del SAT, destacó los avances en la automatización de los procesos fiscales y la evolución de la precarga de información en las declaraciones. Según Delgadillo, “desde 2012 hemos trabajado en la automatización de la Declaración Anual para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, y a partir de 2019 implementamos la precarga de la declaración de personas morales”.
Mencionó, que el proceso, que busca agilizar y simplificar la presentación de las declaraciones fiscales, ha seguido evolucionando. En ese sentido, en 2022, se extendió la precarga a pagos provisionales en el régimen general y en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), con la finalidad de reducir errores y mejorar la precisión de los datos reportados. En palabras de Delgadillo: “Hemos añadido formularios específicos para sectores clave, como retenciones de sueldos y salarios, IVA y actividades empresariales, con el objetivo de facilitar aún más el trabajo de los contribuyentes”.
Destacó el tema de los visores de información, herramientas que permiten a los contribuyentes verificar los datos precargados en su declaración antes de enviarla. “Los visores de nómina, CFDI emitidos y recibidos, y deducciones personales permiten a los contribuyentes comprobar que la información es correcta antes de su presentación”, afirmó Delgadillo, quien también subrayó que anualmente el SAT procesa millones de CFDI para facilitar el proceso de declaración.
La funcionaria también aclaró el impacto de los vencimientos en las declaraciones, que varían según el régimen fiscal. “Actualmente, los formularios del régimen general y Resico cuentan con precarga de información, mientras que otros regímenes aún requieren captura manual. Estamos trabajando para actualizar los formularios pendientes y lograr una integración más eficiente en nuestras plataformas”, dijo Delgadillo.
En cuanto a la estructura de la declaración anual, Delgadillo explicó que se trata de un proceso detallado que incluye la determinación de ingresos, deducciones, impuestos a pagar y otros datos adicionales. Se hizo énfasis en la precarga de los ingresos nominales, basados en los pagos provisionales, y la inclusión de deducciones como sueldos y salarios, inversiones y estímulos fiscales.
Sobre el seguimiento de la secuencia en la presentación de las declaraciones, en especial en casos de liquidación, la ponente destacó: “los contribuyentes deben seguir un orden adecuado al presentar su declaración, para evitar problemas y facilitar el proceso”.
También, se discutieron algunos errores comunes que pueden afectar la precisión de la información, como la falta de emisión o el timbrado incorrecto de CFDI. Delgadillo concluyó su intervención con un llamado a la retroalimentación de los contribuyentes: “Es esencial que recibamos retroalimentación para seguir mejorando las herramientas y procesos que facilitamos a los contribuyentes”.
Continuando con el foro, Marycelia García Valle y Jesús Guillermo Mendieta González, miembros de las comisiones Fiscal y de Auditoría Fiscal, compartieron en su presentación recomendaciones para la fiscalización de la declaración anual de personas morales.
García Valle resaltó la necesidad de verificar que la e.Firma y la contraseña estén vigentes, y de asegurarse de que los ingresos y deducciones se reporten correctamente. “Es fundamental revisar los visores del SAT y hacer conciliaciones de CFDI con los pagos provisionales, IVA y retenciones para evitar inconsistencias”, señaló.
Además, enfatizó en mantener papeles de trabajo adecuados, como estados financieros y documentación de soporte. También recomendó contar con un expediente de defensa en caso de auditoría, que incluya contratos y registros de variaciones de capital.
Por su parte, Mendieta González habló sobre el Plan Maestro 2025 del SAT, que prioriza la fiscalización contra la evasión y el contrabando, y destacó la revisión del comercio exterior y la correcta aplicación de tasas de IVA. “El cruce de información con el IMSS, STPS e Infonavit es clave para detectar irregularidades”, agregó.
Finalmente, respecto al dictamen fiscal, se explicó que debe presentarse antes del 15 de mayo de 2025. García Valle advirtió que cualquier dictamen fuera de plazo carecerá de efectos jurídicos y que, en caso de diferencias fiscales, se deberán presentar declaraciones complementarias.
Orlando Corona Lara, vicepresidente de Normatividad Institucional, cerró el evento destacando la importancia del curso el cual permitió actualizar conocimientos y mejorar la práctica fiscal. Agradeció a los ponentes y autoridades, resaltando el compromiso del Colegio en generar espacios para la excelencia profesional y el beneficio de la sociedad.
Eventos recientes
El Colegio llevó a cabo el pasado 16 de enero el Taller de declaración anual 2025 para donatarias autorizadas, en el que se analizaron los principales aspectos de la declaración para donatarias, así como las implicaciones que derivan de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 y de diversas disposiciones fiscales. En el encuentro participaron Maribel Trejo Estudillo, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa y Mario Espadas Sánchez, quienes ofrecieron una visión integral sobre el cumplimiento fiscal del sector.Durante su intervención, Manuel Jesús Cárdenas Espinosa explicó que, tras la aprobación y publicación de la LIF 2026 el pasado 21 de noviembre, se confirma que no existe un nuevo título III para las donatarias; sin embargo, “se incorporan reglas relevantes que deben atenderse con especial cuidado”, advirtió.Entre ellas, destacó el estímulo previsto en la Ley de Ingresos que permite a las donatarias autorizadas canalizar donativos hacia organizaciones o fideicomisos no donatarios que atiendan desastres naturales, siempre que se cumplan requisitos específicos como contar con autorización vigente, haber obtenido ingresos superiores a cinco millones de pesos en el ejercicio anterior y presentar informes detallados que identifiquen a las entidades receptoras y el destino de los recursos. Asimismo, abordó el mandato en la LIF para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) elaboren y publiquen un reporte de transparencia de las donatarias autorizadas, con base en la información ya prevista en la LISR, como la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos y la informativa de transparencia.Cárdenas Espinosa también destacó la precisión incorporada en la Ley de Ingresos 2026 respecto a la deducción de libros deteriorados o sin valor comercial ofrecidos en donación antes de su destrucción. Por su parte, la contadora Maribel Trejo Estudillo se enfocó en los aspectos operativos de la declaración anual, subrayando la importancia de reunir con anticipación la información necesaria para su correcta elaboración, como los CFDI de ingresos, nómina y gastos, la balanza anualizada, los estados financieros y de actividades, así como las cédulas de seguridad social e impuestos locales.Explicó que un adecuado orden y conciliación de esta información facilita el llenado y presentación de la declaración en la plataforma del SAT y reduce riesgos de inconsistencias o requerimientos posteriores.Detalló que, para el proceso de presentación, las donatarias deben contar con su RFC y contraseña o e.firma vigente, el número de oficio de autorización para recibir donativos deducibles y la información completa de las operaciones realizadas durante el ejercicio, así como con sus estados financieros debidamente elaborados. “El cumplimiento oportuno y correcto de estas obligaciones es clave para conservar la autorización y fortalecer la confianza de donantes y autoridades”, concluyó.
El Taller del dictamen pericial contable, organizado por la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio, se enfocó en fortalecer el ejercicio profesional del contador público en su papel como perito auxiliar de las autoridades judiciales. El evento se desarrolló los días 14 y 15 de enero, con la participación de Alberto Manuel Castañeda Niebla y Gerardo Héctor López Ramírez, integrantes de la comisión mencionada, quienes expusieron los fundamentos y responsabilidades que implica la elaboración de un dictamen.La coordinación del taller estuvo a cargo de Mónica Estrada Hernández durante el primer día y de Raúl Armando Cruz Gómez en la segunda jornada, quienes guiaron el desarrollo de las actividades.Durante el taller se destacó que el dictamen pericial contable tiene como finalidad la búsqueda de la verdad y la aportación de elementos de juicio confiables que permitan al juez tomar decisiones informadas, particularmente en materias donde existen limitaciones técnicas para resolver cuestiones matemáticas, financieras o contables. En este contexto, dijeron que el perito contable se consolida como un especialista multifacético, con intervención en ámbitos mercantiles, laborales, familiares, administrativos, fiscales y penales.Un punto central del taller fue la distinción entre informe, opinión y dictamen. Explicaron que el informe se limita a describir hechos y datos; la opinión implica una valoración sujeta a ciertos supuestos; mientras que el dictamen, a diferencia de los anteriores, constituye un juicio técnico especializado, sustentado en evidencia comprobable y elaborado exclusivamente por un experto, generando una alta responsabilidad profesional y legal.Bajo esa línea, describieron que el dictamen pericial contable está dirigido principalmente a autoridades judiciales, por lo que su elaboración exige un proceso escrupuloso que incluye el análisis del expediente, la demanda, la contestación, las pruebas ofrecidas y el alcance específico del encargo, considerando si el perito actúa por alguna de las partes o como auxiliar designado por el juez.Los expositores enfatizaron que, a diferencia de una auditoría tradicional, que puede basarse en pruebas selectivas, el peritaje contable suele requerir una revisión exhaustiva del 100 % de la información, especialmente cuando debe responder a cuestionamientos directos en juicio. Por ello, la metodología científica es la columna vertebral del dictamen, apoyada en la normatividad contable (NIF, NIA), estándares forenses como la ISO 21043, el método científico y los principios éticos de la profesión.Subrayaron que el perito debe actuar con integridad, objetividad, competencia profesional, diligencia y confidencialidad, ya que un dictamen deficiente puede ocasionar perjuicios a terceros e incluso derivar en responsabilidades penales. Asimismo, recalcaron la importancia de que el lenguaje del dictamen sea claro y accesible, considerando que será leído por jueces y abogados no especializados en contabilidad.En el taller abordaron también el papel del perito dentro de las distintas etapas del juicio, desde el desahogo de pruebas hasta la ejecución de sentencia. Enseñaron la intervención de los diferentes tipos de peritos, de parte, en rebeldía y tercero en discordia, e hicieron énfasis en que, independientemente de quién lo contrate, el perito es siempre auxiliar del juez.En el contexto de los juicios orales, resaltaron que el perito debe contar con habilidades de comunicación, estudiar a fondo su dictamen y se preparar junto con el abogado, anticipando posibles cuestionamientos y evitando opiniones fuera de su ámbito de competencia.Finalmente, los expositores destacaron la importancia de la capacitación continua, dada la constante evolución de las normas y la amplia gama de asuntos en los que puede intervenir un perito contable, desde temas fiscales y laborales hasta fraudes, sucesiones, contratos, determinación de intereses y cuantificación de daños.Durante el evento se brindó un espacio a integrantes de la comisión de Peritos Contables; Ricardo Santos Giles, Maribel Ballesteros Celaya, Yolanda Olivares Mendoza, Dalia Ernestina Granados Ramos, Raúl Armando Cruz Gómez y Mónica Estrada Hernández, quienes presentaron una metodología aplicable a la pericial contable, diseñada para estandarizar procedimientos y elevar la calidad de los dictámenes en los tribunales mexicanos.Este documento propone una guía integral que incluye bases normativas, aplicación del método científico, técnicas y procedimientos de investigación, estructura del dictamen, formatos de promociones y un glosario jurídico. Con ello, se busca fortalecer el rol del contador público como perito, garantizando dictámenes transparentes, trazables y técnicamente sustentados, capaces de transformar afirmaciones en verdades demostrables.
El 13 de enero, en el Colegio se reunieron cuatro expertos en materia fiscal para desarrollar el curso Materialidad, legalidad y cumplimiento fiscal 2026, con el apoyo de la comisión técnica Fiscal. Alberto Gabriel Cárdenas González coordinó el espacio donde Luis Alberto Placencia Alarcón, Antonio Alberto Vela Peón, Manuel Toledo Espinosa y Rodolfo Jerónimo Pérez compartieron sus conocimientos y recomendaciones para abordar el tema de materialidad para permanecer en cumplimiento fiscal.Para comenzar, se puntualizó que no existe una definición establecida por alguna disposición legal sobre el concepto de materialidad, pero la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en su publicación Presunción de inexistencia de operaciones amparadas en CFDI, propone la siguiente definición: “la materialidad radica en la efectiva realización o existencia de la actividad, negocio o acto jurídico por parte del emisor de comprobantes, así como la adquisición de bienes o recepción de servicios”.Dicho de otra manera, la materialidad es la evidencia que respalda la adquisición de bienes y servicios que garantiza su validez ante una posible revisión de la autoridad. Entre los documentos que pueden demostrar materialidad de operaciones están: actas constitutivas, comprobantes fiscales, registros contables, estados de cuenta bancarios, bitácoras, mensajes, contratos, listas de asistencia y pagos de nómina.Según comentan los ponentes, la materialidad de las operaciones ha un elemento de controversia entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, debido a que es un motivo de rechazo de deducciones. La autoridad cuestiona la realidad o veracidad de una operación mediante una presunción, por lo que es prioritario para el contribuyente contar con las pruebas necesarias para disiparla.Para comenzar, se señaló las dos metodologías que las autoridades fiscales emplean: los procedimientos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) y la validación de la realidad y veracidad de operaciones conforme el artículo 43 del CFF.Para ello es fundamental que el contribuyente considere esta acreditación de materialidad en sus operaciones antes de desatar una controversia con la autoridad. Durante el curso se presentó una metodología para dicha acreditación que debe sirviera para disipar la presunción de la autoridad o identificar áreas de oportunidad de manera preventiva para comenzar a construir evidencias que sirvan a ese fin.Para complementar estas recomendaciones, durante el evento se expusieron algunas sentencias sobre materialidad emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dejan enseñanzas sobre dónde debemos tener herramientas y evidencias para demostrar la materialidad de las operaciones, así como elementos válidos para esta comprobación de manera específica.Finalmente, para asentar la explicación en acciones concretas, se describieron aspectos clave que deben contener los expedientes de acreditación de materialidad para operaciones de préstamos y regalías, así como operaciones de asistencia técnica y servicios corporativos. Estos últimos, según los expertos, suponen un reto debido a que pueden o no dejar un resultado material de la prestación de servicios, por lo que la preparación anticipada para la recuperación de documentación que valide la materialidad de este tipo de operaciones.
