En un evento que destacó la colaboración entre el Colegio de Contadores Públicos de México y las autoridades fiscales, se realizó el foro sobre la Declaración anual de personas morales el 6 de marzo. Con la participación de destacados representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Gari Gevijoar Flores Hernández González, Administrador General de Recaudación y Ana Laura Delgadillo García, Administradora Central de Declaraciones y Pagos, el foro brindó una valiosa oportunidad para profundizar en temas como el llenado del aplicativo de la declaración, aspectos de ingresos y deducciones, y estrategias para fortalecer la relación entre contadores y la autoridad fiscal.
La apertura del evento estuvo a cargo de Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, quien destacó el valor de la colaboración entre los contadores públicos y las autoridades fiscales. “Contar con la presencia de autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a los contadores públicos tener un acercamiento directo con la autoridad fiscalizadora, favoreciendo el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias,” expresó Mejía Balcázar durante su bienvenida.
Entrando de llenó al evento, el Administrador General de Recaudación en el SAT, resaltó la importancia de la colaboración entre la autoridad fiscal y los contadores públicos. Este espacio de diálogo fue visto como esencial para optimizar la ejecución de las obligaciones fiscales y promover una mayor comprensión de los trámites tributarios.
“La relación con los contadores públicos es crucial para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es necesario seguir creando espacios de retroalimentación para asegurar que los formularios y las declaraciones sean más eficientes y alineados con los objetivos de simplificación y digitalización de la administración fiscal”, expresó Flores Hernández durante el inicio de su intervención.
El expositor destacó que la recaudación fiscal es un esencial para la estabilidad económica del país. En este sentido, mencionó que los ingresos tributarios han superado las expectativas, con un excedente cercano a los 30,000 millones de pesos al mes de febrero. “El 97% de la recaudación proviene de los contribuyentes a través de los formularios fiscales, y la declaración anual es una de las principales obligaciones”, señaló Gevijoar.
Respecto al tema de la obligación de contribuir, el representante del SAT recordó que el artículo 31, fracción IV de la Constitución establece claramente que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento del gobierno. “El pago de impuestos permite que el gobierno ofrezca servicios esenciales como educación, salud y seguridad”, comentó. En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), explicó que su naturaleza es general y directo, y que las empresas tienen la obligación de presentar su declaración anual. “Hasta el 4 de marzo, ya se habían presentado más de 115,000 declaraciones, lo que representa un crecimiento del 2% respecto al año anterior”.
Uno de los puntos más enfáticos de la presentación fue la necesidad de fortalecer la ética y la responsabilidad dentro de la profesión contable. Flores Hernández destacó que muchos contribuyentes enfrentan problemas fiscales debido a malas prácticas o negligencia por parte de terceros. “Hacemos un llamado a los contadores públicos para que colaboren con la autoridad en la identificación de irregularidades. Esto ayudará a fortalecer la confianza en el sistema tributario y a garantizar el cumplimiento”, afirmó.
Asimismo, el Administrador General de Recaudación subrayó que el SAT prioriza el acompañamiento al contribuyente en lugar de recurrir a auditorías o medidas coercitivas. “Nuestro objetivo es hacer el pago de impuestos más sencillo, no solo en términos de los formularios, sino también mediante la precarga de información que facilite el proceso”, explicó.
En cuanto a los avances en digitalización, el ponente mencionó que México es pionero en facturación electrónica y precarga de declaraciones. Actualmente, el 68% de los campos en la declaración anual ya están prellenados. “Estamos comprometidos con la modernización de nuestras plataformas. La renovación del portal institucional busca hacerlo más intuitivo y accesible para todos”, dijo.
Para finalizar su participación, presentó el mini sitio del SAT dedicado a la declaración anual, herramienta que ofrece información detallada sobre los requisitos, las mejoras y las guías de llenado. “El SAT busca seguir optimizando los procesos fiscales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, concluyó.
En su turno, la Administradora Central de Declaraciones y Pagos del SAT, destacó los avances en la automatización de los procesos fiscales y la evolución de la precarga de información en las declaraciones. Según Delgadillo, “desde 2012 hemos trabajado en la automatización de la Declaración Anual para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, y a partir de 2019 implementamos la precarga de la declaración de personas morales”.
Mencionó, que el proceso, que busca agilizar y simplificar la presentación de las declaraciones fiscales, ha seguido evolucionando. En ese sentido, en 2022, se extendió la precarga a pagos provisionales en el régimen general y en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), con la finalidad de reducir errores y mejorar la precisión de los datos reportados. En palabras de Delgadillo: “Hemos añadido formularios específicos para sectores clave, como retenciones de sueldos y salarios, IVA y actividades empresariales, con el objetivo de facilitar aún más el trabajo de los contribuyentes”.
Destacó el tema de los visores de información, herramientas que permiten a los contribuyentes verificar los datos precargados en su declaración antes de enviarla. “Los visores de nómina, CFDI emitidos y recibidos, y deducciones personales permiten a los contribuyentes comprobar que la información es correcta antes de su presentación”, afirmó Delgadillo, quien también subrayó que anualmente el SAT procesa millones de CFDI para facilitar el proceso de declaración.
La funcionaria también aclaró el impacto de los vencimientos en las declaraciones, que varían según el régimen fiscal. “Actualmente, los formularios del régimen general y Resico cuentan con precarga de información, mientras que otros regímenes aún requieren captura manual. Estamos trabajando para actualizar los formularios pendientes y lograr una integración más eficiente en nuestras plataformas”, dijo Delgadillo.
En cuanto a la estructura de la declaración anual, Delgadillo explicó que se trata de un proceso detallado que incluye la determinación de ingresos, deducciones, impuestos a pagar y otros datos adicionales. Se hizo énfasis en la precarga de los ingresos nominales, basados en los pagos provisionales, y la inclusión de deducciones como sueldos y salarios, inversiones y estímulos fiscales.
Sobre el seguimiento de la secuencia en la presentación de las declaraciones, en especial en casos de liquidación, la ponente destacó: “los contribuyentes deben seguir un orden adecuado al presentar su declaración, para evitar problemas y facilitar el proceso”.
También, se discutieron algunos errores comunes que pueden afectar la precisión de la información, como la falta de emisión o el timbrado incorrecto de CFDI. Delgadillo concluyó su intervención con un llamado a la retroalimentación de los contribuyentes: “Es esencial que recibamos retroalimentación para seguir mejorando las herramientas y procesos que facilitamos a los contribuyentes”.
Continuando con el foro, Marycelia García Valle y Jesús Guillermo Mendieta González, miembros de las comisiones Fiscal y de Auditoría Fiscal, compartieron en su presentación recomendaciones para la fiscalización de la declaración anual de personas morales.
García Valle resaltó la necesidad de verificar que la e.Firma y la contraseña estén vigentes, y de asegurarse de que los ingresos y deducciones se reporten correctamente. “Es fundamental revisar los visores del SAT y hacer conciliaciones de CFDI con los pagos provisionales, IVA y retenciones para evitar inconsistencias”, señaló.
Además, enfatizó en mantener papeles de trabajo adecuados, como estados financieros y documentación de soporte. También recomendó contar con un expediente de defensa en caso de auditoría, que incluya contratos y registros de variaciones de capital.
Por su parte, Mendieta González habló sobre el Plan Maestro 2025 del SAT, que prioriza la fiscalización contra la evasión y el contrabando, y destacó la revisión del comercio exterior y la correcta aplicación de tasas de IVA. “El cruce de información con el IMSS, STPS e Infonavit es clave para detectar irregularidades”, agregó.
Finalmente, respecto al dictamen fiscal, se explicó que debe presentarse antes del 15 de mayo de 2025. García Valle advirtió que cualquier dictamen fuera de plazo carecerá de efectos jurídicos y que, en caso de diferencias fiscales, se deberán presentar declaraciones complementarias.
Orlando Corona Lara, vicepresidente de Normatividad Institucional, cerró el evento destacando la importancia del curso el cual permitió actualizar conocimientos y mejorar la práctica fiscal. Agradeció a los ponentes y autoridades, resaltando el compromiso del Colegio en generar espacios para la excelencia profesional y el beneficio de la sociedad.
Eventos recientes
El 23 de mayo, el Colegio fue sede del curso Metaperitaje en juicios penales, un espacio de actualización para dar a conocer los elementos que componen los metaperitajes y la normatividad aplicable a ellos, con el fin de bridar los conocimientos necesarios para defenderse ante cuestionamientos con una base metodológica sólida.Miguel Ríos Rayón, integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, en coordinación de Viridiana González Díaz, comenzó el evento brindando conceptos fundamentales para entender el papel del perito en los juicios penales. Según describe, “el perito es un experto en una técnica, ciencia o materia, por lo que el perito contable dentro del juicio se convierte en una autoridad que emplea sus conocimientos para establecer conclusiones”. Estas conclusiones sirven para enunciar hechos que soporten la resolución de un juicio penal.El experto señaló una relación entre el peritaje contable y el método científico, ya que en ambos casos se emplea una metodología para construir enunciados sustentados en la realidad. Para ilustrar este hecho, se listaron pasos metodológicos aplicables en ambos casos: primero, la observación: se analizan los hechos del expediente y se identifican irregularidades contables o financieras para determinar aquellos aspectos que requieren ser verificados. Posteriormente, se define el objetivo del peritaje, planteando el problema que debe ser cuantificado o demostrado. Después, se formula una explicación preliminar, o hipótesis, que guiará el proceso de verificación, donde se extiende un análisis contable, revisión documental y cotejo con normas fiscales, contables y financieras para comprobar si la hipótesis previa está debidamente sustentada en evidencia. Con ello, se ejecuta un análisis de resultados donde se interpretan los hallazgos y se evalúa la coherencia del respaldo documental, con el fin de identificar errores o sesgos. Finalmente, el perito emite un dictamen técnico con una metodología verificable; todo ello presentado con claridad y evidencia documental.Una vez explicado el fundamento metodológico del peritaje, el especialista abordó el concepto de metaperitaje, un estudio técnico que auxilia al juez con un análisis técnico-crítico de un dictamen pericial previamente emitido. La idea principal del metaperitaje es evaluar con el fin de identificar errores, omisiones o sesgos en la metodología y pruebas documentales presentadas pro un peritaje previo. Dicho de otra forma, “el metaperitaje va más allá del peritaje, ya que valida lo presentado en él e identifica su rigor metodológico o identifica deficiencias en sus evidencias”. En resumen, un peritaje emite una opinión técnica sobre hechos controvertidos y el metaperitaje analiza críticamente la calidad técnica de ese tipo de dictámentes.Para continuar con su ponencia, Ríos Rayón comentó la importancia de conocer el marco jurídico aplicable al peritaje, que puede incluir distintos cuerpos normativos en función de la materia del peritaje, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, legislaciones procesales locales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas financieras o fiscales relacionadas con cada caso.Además, el perito debe considerar cuatro principios jurídicos: el principio de contradicción, el principio de objetividad, el principio de legalidad y el principio de pertenencia técnica. Estos principios aseguran la coherencia del dictamen y brindan seguridad a las conclusiones emitidas por el perito.Ríos también enfatizo en la importancia de preservar la responsabilidad ética profesional durante las labores de peritaje y metaperitaje ya que, al ser parte del ejercicio de la contaduría pública, esta labor debe actuar en beneficio del interés público, debe ser imparcial y preservar la independencia del especialista. Para finalizar, se destacaron tres aspectos fundamentales que deben prevalecer en cualquier ejercicio de peritaje: primero, el dictamen debe estar evidenciado para fortalecer sus conclusiones; segundo, la metodología es tan importante como el resultado del dictamen, ya que da soporte probatorio; tercero, el dictamen debe ser claro y comprensible para el juzgador, ya que si no es entendible pierde su objetivo.
En el marco de las celebraciones por el Día del Contador, el Colegio llevó a cabo el Congreso de la Contaduría Pública: IA en fiscalización y gestión. El evento fue inaugurado por Rosalía Ortega López, presidenta de la institución, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la nutrida asistencia del público, lo que representa grandes avances para el futuro de la profesión. Durante su mensaje, la contadora enfatizó que el Colegio mantiene un compromiso con la innovación y la preparación de su gremio.La jornada inició con la participación de Rosaura Aguilar Peña y José Luis Ortiz Coronado, quienes abordaron a fondo el concepto y alcance fiscal de la materialidad. Ante ello, el especialista habló sobre algunos desafíos que se presentan en la práctica actual, tales como la propia definición jurídica de materialidad dentro de la legislación mexicana.Además, recordó que, ante la emisión de comprobantes sin activos, personal o infraestructura, la autoridad presumirá la inexistencia de las operaciones. Asimismo, alertó sobre la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación (CFF) en la Ley Aduanera y las facultades de comprobación.Sobre la actualización para 2026, Rosaura Aguilar desglosó el impacto de la reforma aduanera publicada el 19 de noviembre de 2025, donde se obliga a importadores y exportadores a conservar de forma electrónica el soporte documental que acredite la materialidad de los recursos empleados. Aunado a esto, detallaron las exigencias de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) mediante los rubros específicos que vinculan el entorno corporativo, comercial y fiscal.Por su parte, Marycelia García Valle y Rodolfo Jerónimo Pérez aportaron una visión sobre el panorama actual de fiscalización, “el cual está totalmente volcado hacia la digitalización de la información fiscal y los cruces automatizados de datos, lo que permite a la autoridad detectar riesgos y patrones de comportamiento atípicos en tiempo real”, aclaró García Valle.Jerónimo Pérez precisó que demostrar la materialidad en la práctica va más allá de un papel; “implica comprobar plenamente que la operación exista, tenga sentido de negocio y sea comprobable”, subrayó.Finalmente, Ignacio Domínguez Castillo expuso los objetivos institucionales de eficiencia recaudatoria y cobranza coactiva implementados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que el uso de mecanismos inteligentes busca optimizar las acciones de vigilancia para identificar omisiones de forma oportuna, sin generar cargas innecesarias a los contribuyentes cumplidos.Sin embargo, advirtió que la fiscalización inteligente enfocará sus baterías y auditorías de manera prioritaria en aquellos contribuyentes que incurran en las siguientes conductas, como la celebración de operaciones con empresas factureras, presentación de pérdidas fiscales recurrentes, simulación o aplicación ilegal de deducciones, entre otras.
Ante una mayor exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental se ha consolidado como una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, al generar información útil y confiable para evaluar resultados y fortalecer la confianza en las instituciones.En este contexto, del 18 al 22 de mayo se realizó la 23.ª Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, organizada por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio, como un espacio de análisis sobre las finanzas públicas en el país.El evento reunió a autoridades y especialistas de instituciones como la SHCP, Banxico, FGR, PJF, SE, CONAC, IMCP e INAP, además de representantes académicos, municipales y organismos de auditoría y fiscalización.La inauguración estuvo encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de impulsar espacios de actualización profesional y construcción de soluciones para fortalecer las instituciones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.Para abrir el programa, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, abordó el impacto de la contabilidad gubernamental en la evaluación del desempeño en México. Durante su participación resaltó la relevancia del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la homologación de criterios contables en los tres órdenes de gobierno, así como en la generación de información financiera comparable y útil para medir resultados y desempeño institucional.En otro orden de ideas, María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, vicepresidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), centró su exposición en la cultura de la prevención como herramienta para combatir irregularidades en el sector público. Explicó que el cumplimiento estricto del marco normativo, el fortalecimiento del control interno, la automatización de procesos y la fiscalización preventiva son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos.Por su parte, Gerardo Laveaga Rendón, académico en Instituto Tecnológico Autónomo de México y Edmundo Álvarez Moreno, director General en Concentrado Empresarial SSM, desarrollaron un análisis sobre los alcances y límites del actuar gubernamental en materia de fiscalización. Ambos especialistas reflexionaron sobre las afectaciones patrimoniales derivadas de actos de auditoría y revisaron criterios jurídicos relacionados con responsabilidades administrativas y manejo de recursos públicos.Durante el segundo día de actividades, Moises Alcalde Virgen, primer secretario técnico en Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó una ponencia sobre la emisión de información financiera del gobierno de México y la evolución de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la legislación mexicana busca fortalecer la administración financiera del sector público mediante reglas claras de registro y trazabilidad de la información. Además, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos como reportes de sostenibilidad, cambio climático y economía circular para responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia.En su turno, Lucelia Cuevas Rasgado, consultora gubernamental, especialista en Fiscalización Superior, explicó los llamados “momentos contables del egreso”, figura prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para identificar cada etapa del ejercicio del gasto público: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. La especialista señaló que el incumplimiento de estos procesos puede derivar en observaciones y riesgos administrativos, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles y mecanismos de seguimiento.Más adelante, Carlos Alejandro León González, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, presentó un panorama sobre la deuda pública en México. Durante su exposición detalló que la deuda federal representa actualmente más de la mitad del Producto Interno Bruto y subrayó la necesidad de fortalecer la disciplina financiera, priorizar la inversión pública productiva y evaluar permanentemente la capacidad de pago de estados y municipios. Asimismo, destacó que gran parte de la deuda subnacional está respaldada por participaciones federales del Ramo 28.A su vez, Ana María Martínez Núñez, presidenta de la Comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presentó una investigación sobre la implementación de sistemas de contabilidad de costos en el sector público. Explicó que conocer el costo real de los servicios gubernamentales permitiría optimizar recursos, reducir improductividad y mejorar las evaluaciones de desempeño, mediante modelos de costeo histórico y absorbente basados en información presupuestal y patrimonial.En el tercer día de trabajos, Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la SHCP, expuso los avances de la armonización contable en México y los retos pendientes para fortalecer las capacidades técnicas de municipios y entes públicos. También abordó el papel del sistema SEVAC en la evaluación de cumplimiento y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para modernizar los procesos contables y de fiscalización.Posteriormente, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación derivada de la reforma publicada en septiembre de 2024. Señaló que el nuevo modelo de contratación pública busca homologar criterios entre distintas instituciones judiciales bajo principios de transparencia, eficiencia y planeación estratégica, mientras que la Contraloría de Administración Judicial desempeña un papel preventivo para evitar irregularidades.En materia de evaluación del desempeño, Guillermo García Quevedo, especialista en Fiscalización de Desempeño, destacó la relevancia de contar con información financiera confiable y verificable para medir la eficacia, eficiencia y economía del quehacer gubernamental. A través de casos prácticos relacionados con Pemex, Conade y distintas dependencias federales, explicó cómo la información financiera permite detectar irregularidades, promover acciones correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.Por otro lado, Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental, abordó el registro contable de los egresos bajo criterios de materialidad y trazabilidad. Explicó que la correcta integración documental y la identificación de los seis momentos contables son fundamentales para acreditar el ejercicio del gasto y prevenir observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.Durante el cuarto día, Edwin Meraz Ángeles, auditor superior en Ciudad de México, habló sobre la evolución de la contabilidad gubernamental como herramienta central del control democrático del gasto público. Destacó que las recientes reformas legales permiten investigar faltas graves sin necesidad de concluir previamente el proceso de auditoría y señaló que la inteligencia artificial comienza a incorporarse en los modelos de fiscalización implementados en la Ciudad de México.En otro de los paneles, Italia Almeida Paredes, directora de Prevención del Delito y Atención Ciudadana en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, expuso el funcionamiento del sistema de financiamiento y fiscalización electoral en México. Explicó que el modelo privilegia el financiamiento público para garantizar equidad en los procesos electorales y detalló los mecanismos de supervisión implementados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización.Asimismo, Oscar Daniel Del Río Serrano, contralor interno en la Fiscalía General de la República, analizó la importancia de la autonomía financiera de los órganos constitucionalmente autónomos. Destacó las obligaciones de coordinación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y la función preventiva de los órganos internos de control para vigilar el adecuado ejercicio del gasto público.Más adelante, Alfonso Chávez Fierro, investigador técnico en el Banco de México, profundizó en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, abordando temas relacionados con equilibrio presupuestario, manejo de deuda, ingresos excedentes y sistemas de alertas para prevenir riesgos financieros en los gobiernos locales.La jornada final inició con la participación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en Instituto Nacional de Administración Pública, quien explicó la importancia del Marco Integrado de Control Interno y de la administración de riesgos contables para garantizar información financiera confiable y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.En seguida, Rodolfo Carlos Pérez Garrido presentó las principales tendencias internacionales en materia de NICSP. Entre los temas abordados destacaron la consolidación de la contabilidad base devengo, los reportes de sostenibilidad y clima, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la transparencia y comparabilidad global de la información financiera pública.Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, explicó las obligaciones fiscales de los entes públicos, incluyendo retenciones de ISR e IVA, emisión de CFDI, responsabilidad solidaria y riesgos derivados de incumplimientos fiscales y administrativos.Finalmente, Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía cerró las actividades con una reflexión sobre el control interno como instrumento fundamental de la rendición de cuentas. Durante su participación destacó la relevancia del Modelo COSO y del Sistema de Control Interno Institucional para fortalecer la transparencia, prevenir riesgos y promover una cultura ética dentro de la administración pública.
