En un evento que destacó la colaboración entre el Colegio de Contadores Públicos de México y las autoridades fiscales, se realizó el foro sobre la Declaración anual de personas morales el 6 de marzo. Con la participación de destacados representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Gari Gevijoar Flores Hernández González, Administrador General de Recaudación y Ana Laura Delgadillo García, Administradora Central de Declaraciones y Pagos, el foro brindó una valiosa oportunidad para profundizar en temas como el llenado del aplicativo de la declaración, aspectos de ingresos y deducciones, y estrategias para fortalecer la relación entre contadores y la autoridad fiscal.
La apertura del evento estuvo a cargo de Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, quien destacó el valor de la colaboración entre los contadores públicos y las autoridades fiscales. “Contar con la presencia de autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a los contadores públicos tener un acercamiento directo con la autoridad fiscalizadora, favoreciendo el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias,” expresó Mejía Balcázar durante su bienvenida.
Entrando de llenó al evento, el Administrador General de Recaudación en el SAT, resaltó la importancia de la colaboración entre la autoridad fiscal y los contadores públicos. Este espacio de diálogo fue visto como esencial para optimizar la ejecución de las obligaciones fiscales y promover una mayor comprensión de los trámites tributarios.
“La relación con los contadores públicos es crucial para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es necesario seguir creando espacios de retroalimentación para asegurar que los formularios y las declaraciones sean más eficientes y alineados con los objetivos de simplificación y digitalización de la administración fiscal”, expresó Flores Hernández durante el inicio de su intervención.
El expositor destacó que la recaudación fiscal es un esencial para la estabilidad económica del país. En este sentido, mencionó que los ingresos tributarios han superado las expectativas, con un excedente cercano a los 30,000 millones de pesos al mes de febrero. “El 97% de la recaudación proviene de los contribuyentes a través de los formularios fiscales, y la declaración anual es una de las principales obligaciones”, señaló Gevijoar.
Respecto al tema de la obligación de contribuir, el representante del SAT recordó que el artículo 31, fracción IV de la Constitución establece claramente que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento del gobierno. “El pago de impuestos permite que el gobierno ofrezca servicios esenciales como educación, salud y seguridad”, comentó. En cuanto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), explicó que su naturaleza es general y directo, y que las empresas tienen la obligación de presentar su declaración anual. “Hasta el 4 de marzo, ya se habían presentado más de 115,000 declaraciones, lo que representa un crecimiento del 2% respecto al año anterior”.
Uno de los puntos más enfáticos de la presentación fue la necesidad de fortalecer la ética y la responsabilidad dentro de la profesión contable. Flores Hernández destacó que muchos contribuyentes enfrentan problemas fiscales debido a malas prácticas o negligencia por parte de terceros. “Hacemos un llamado a los contadores públicos para que colaboren con la autoridad en la identificación de irregularidades. Esto ayudará a fortalecer la confianza en el sistema tributario y a garantizar el cumplimiento”, afirmó.
Asimismo, el Administrador General de Recaudación subrayó que el SAT prioriza el acompañamiento al contribuyente en lugar de recurrir a auditorías o medidas coercitivas. “Nuestro objetivo es hacer el pago de impuestos más sencillo, no solo en términos de los formularios, sino también mediante la precarga de información que facilite el proceso”, explicó.
En cuanto a los avances en digitalización, el ponente mencionó que México es pionero en facturación electrónica y precarga de declaraciones. Actualmente, el 68% de los campos en la declaración anual ya están prellenados. “Estamos comprometidos con la modernización de nuestras plataformas. La renovación del portal institucional busca hacerlo más intuitivo y accesible para todos”, dijo.
Para finalizar su participación, presentó el mini sitio del SAT dedicado a la declaración anual, herramienta que ofrece información detallada sobre los requisitos, las mejoras y las guías de llenado. “El SAT busca seguir optimizando los procesos fiscales y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, concluyó.
En su turno, la Administradora Central de Declaraciones y Pagos del SAT, destacó los avances en la automatización de los procesos fiscales y la evolución de la precarga de información en las declaraciones. Según Delgadillo, “desde 2012 hemos trabajado en la automatización de la Declaración Anual para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, y a partir de 2019 implementamos la precarga de la declaración de personas morales”.
Mencionó, que el proceso, que busca agilizar y simplificar la presentación de las declaraciones fiscales, ha seguido evolucionando. En ese sentido, en 2022, se extendió la precarga a pagos provisionales en el régimen general y en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), con la finalidad de reducir errores y mejorar la precisión de los datos reportados. En palabras de Delgadillo: “Hemos añadido formularios específicos para sectores clave, como retenciones de sueldos y salarios, IVA y actividades empresariales, con el objetivo de facilitar aún más el trabajo de los contribuyentes”.
Destacó el tema de los visores de información, herramientas que permiten a los contribuyentes verificar los datos precargados en su declaración antes de enviarla. “Los visores de nómina, CFDI emitidos y recibidos, y deducciones personales permiten a los contribuyentes comprobar que la información es correcta antes de su presentación”, afirmó Delgadillo, quien también subrayó que anualmente el SAT procesa millones de CFDI para facilitar el proceso de declaración.
La funcionaria también aclaró el impacto de los vencimientos en las declaraciones, que varían según el régimen fiscal. “Actualmente, los formularios del régimen general y Resico cuentan con precarga de información, mientras que otros regímenes aún requieren captura manual. Estamos trabajando para actualizar los formularios pendientes y lograr una integración más eficiente en nuestras plataformas”, dijo Delgadillo.
En cuanto a la estructura de la declaración anual, Delgadillo explicó que se trata de un proceso detallado que incluye la determinación de ingresos, deducciones, impuestos a pagar y otros datos adicionales. Se hizo énfasis en la precarga de los ingresos nominales, basados en los pagos provisionales, y la inclusión de deducciones como sueldos y salarios, inversiones y estímulos fiscales.
Sobre el seguimiento de la secuencia en la presentación de las declaraciones, en especial en casos de liquidación, la ponente destacó: “los contribuyentes deben seguir un orden adecuado al presentar su declaración, para evitar problemas y facilitar el proceso”.
También, se discutieron algunos errores comunes que pueden afectar la precisión de la información, como la falta de emisión o el timbrado incorrecto de CFDI. Delgadillo concluyó su intervención con un llamado a la retroalimentación de los contribuyentes: “Es esencial que recibamos retroalimentación para seguir mejorando las herramientas y procesos que facilitamos a los contribuyentes”.
Continuando con el foro, Marycelia García Valle y Jesús Guillermo Mendieta González, miembros de las comisiones Fiscal y de Auditoría Fiscal, compartieron en su presentación recomendaciones para la fiscalización de la declaración anual de personas morales.
García Valle resaltó la necesidad de verificar que la e.Firma y la contraseña estén vigentes, y de asegurarse de que los ingresos y deducciones se reporten correctamente. “Es fundamental revisar los visores del SAT y hacer conciliaciones de CFDI con los pagos provisionales, IVA y retenciones para evitar inconsistencias”, señaló.
Además, enfatizó en mantener papeles de trabajo adecuados, como estados financieros y documentación de soporte. También recomendó contar con un expediente de defensa en caso de auditoría, que incluya contratos y registros de variaciones de capital.
Por su parte, Mendieta González habló sobre el Plan Maestro 2025 del SAT, que prioriza la fiscalización contra la evasión y el contrabando, y destacó la revisión del comercio exterior y la correcta aplicación de tasas de IVA. “El cruce de información con el IMSS, STPS e Infonavit es clave para detectar irregularidades”, agregó.
Finalmente, respecto al dictamen fiscal, se explicó que debe presentarse antes del 15 de mayo de 2025. García Valle advirtió que cualquier dictamen fuera de plazo carecerá de efectos jurídicos y que, en caso de diferencias fiscales, se deberán presentar declaraciones complementarias.
Orlando Corona Lara, vicepresidente de Normatividad Institucional, cerró el evento destacando la importancia del curso el cual permitió actualizar conocimientos y mejorar la práctica fiscal. Agradeció a los ponentes y autoridades, resaltando el compromiso del Colegio en generar espacios para la excelencia profesional y el beneficio de la sociedad.
Eventos recientes
Del 4 al 7 de agosto, el Colegio se convirtió en el escenario para el debate y la reflexión sobre la seguridad social y laboral en México, al albergar el 31.º Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social (FONESS); evento que reunió a destacados funcionarios del gobierno, expertos y profesionales del sector para analizar las expectativas, resultados, desafíos y oportunidades en la materia.Entre las figuras gubernamentales presentes, destacó la participación de Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección Jurídica del IMSS; Fernando Jordan Siliceo del Prado, director general de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Jorge Quiroz Téllez, gerente de Recaudación y Cobranza Fiscal del Infonavit. Su presencia subrayó la importancia de la colaboración entre las autoridades y los especialistas en la materia.Durante el foro, se discutieron temas cruciales como el Programa de Inspección Federal del Trabajo 2025, el cual busca fortalecer la vigilancia y cumplimiento de las normativas laborales; al respecto, Siliceo del Prado informó que, entre 2019 y 2024, la STPS realizó más de 236 mil inspecciones a los centros de trabajo, de las cuales fueron vigiladas las condiciones de 27 millones de personas trabajadoras, “resultado de una mejora en la eficiencia de la inspección federal”, remarcó.Además, puntualizó que, bajo la meta de reducir los gastos operativos de la STPS, se migrará a un mecanismo de notificaciones electrónicas, tal como las realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de su buzón tributario. “Con esto, se ahorrarían 2.7 millones que representan 17% del gasto en notificaciones”, remarcó.Asimismo, se abordaron las reformas laborales y su impacto en el ámbito social, ofreciendo un balance de los resultados obtenidos hasta la fecha y las perspectivas legislativas futuras, a cargo de Norma Gabriela López Castañeda, Yareni Varinia Villareal Camero, jefa de Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos en el IMSS, y Jesús Mendoza Huelgas, coordinador de Asuntos Contenciosos en el IMSS. De igual forma, dialogaron sobre los avances en la modernización jurídica en el instituto, así como los mecanismos alternativos y la responsabilidad patrimonial.Otro de los puntos destacados fue la presentación de Pedro Ordorica Leñero, especialista jurídico y en seguridad social, y Juan Manuel Jiménez Illescas, exmagistrado de sala regional y de la sala superior del TFJA; quienes hablaron sobre las características del compliance tributario en la seguridad social para lograr una gestión empresarial responsable y realizaron un análisis del régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el que examinaron su evolución, problemáticas actuales y posibles escenarios de la reforma.En más actividades del FONESS, Jorge Quiroz Téllez presentó las principales consideraciones derivadas de la modificación al artículo 29 de la Ley del Infonavit, la cual es vigente a partir de julio de 2025; sobre el punto, comentó que, al eliminarse la suspensión de la obligación de realizar el descuento, el empleador debe aplicar el monto completo indicado en el aviso de retención sin hacer reducciones proporcionales.Por su parte, Carlos Alberto González Calvo, gerente de Operaciones de la Cuenta en el Infonavit, compartió los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, entre los que destacó las aportaciones a la subcuenta de vivienda y el mecanismo de ahorro. En este tenor, Perla María Márquez Martínez y Santiago Gutiérrez Villarruel, de la gerencia Sr. de Fiscalización en el Infonavit, versaron sobre las características del aviso para presentar el dictamen Infonavit, así como la revisión de papeles de trabajo como parte de las facultades de revisión de la autoridad.La tercera jornada culminó con una destacada conferencia a cargo de Gabriela Garza Valdez y Luis Eduardo Jiménez Torres, de la Gerencia Sr. de Fiscalización del Infonavit, junto a Fernando Tapia Díaz, de la Gerencia de Facturación Fiscal. Durante su presentación, se abordaron las más recientes actualizaciones sobre el Sistema de Información de Subcontratación (SISUB), que busca optimizar la regulación y control de la subcontratación en el ámbito laboral.Garza Valdez y Jiménez Torres enfatizaron la importancia de este sistema para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social por parte de las empresas que recurren a este modelo de contratación.También, los ponentes discutieron aspectos relevantes de los avisos de crédito, proporcionando a los asistentes información valiosa sobre su manejo y las implicaciones que tienen en la fiscalización.En su participación, Gabriel Omar Cabello León, titular de la Coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos del IMSS, presentó importantes detalles sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar.Cabello León explicó las características y objetivos de este fondo, diseñado para mejorar la calidad de vida de los pensionados y garantizar un ingreso digno en la etapa de retiro. Durante su exposición, enfatizó las condiciones necesarias para acceder al complemento que ofrece este programa.Respecto a la situación de trabajadores independientes, Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, destacó que, en el país, 22.1% de la población ocupada, equivalente a 13.2 millones de personas, se encuentra en esta categoría. Dada esta cifra significativa, subrayó la importancia de facilitar el acceso al seguro social para estos trabajadores, quienes a menudo enfrentan retos únicos en su camino hacia la formalización.En su presentación, explicó los pasos necesarios para la incorporación, así como los beneficios que esta ofrece, incluyendo acceso a servicios médicos, prestaciones económicas y seguridad en el retiro.Las participaciones fueron complementadas por Rolando Silva Briceño, Jorge Eugenio Martínez Vargas, miembros del Colegio; José Guadalupe Rodríguez Marentes, Nancy Berenice Robles Núñez, especialistas en la materia; y María Juana Ramírez Ortega, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos en el IMSS, y Luis Miguel Velázquez González, coordinador de Servicios Integrales en el IMSS; estos últimos versaron sobre las características, funciones e implementación del Buzón IMSS, respondiendo a las dudas de los asistentes, lo cual, fue la característica principal de esta edición del foro, pues dicha interacción permitió aclarar dudas y fomentar un intercambio de ideas sobre las mejores prácticas en la gestión de estos temas.
El 7 de agosto el Colegio contó con la presencia de la maestra Patricia Moles, especialista en sostenibilidad del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF, quien presentó la conferencia Tendencias y Normas de Información de Sostenibilidad con el CINIF.Para comenzar, Moles mencionó que un reporte empresarial es una herramienta para comprender una entidad, por ello debe ser pensado de forma holística y prospectivo. Ante la preocupación por los riesgos sistémicos del cambio climático, se integran a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFSR) la consideración de los riesgos físicos y relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).Según comentó la ponente, de manera global “se reconoce la responsabilidad de reducir las emisiones con aplicación tecnológica, políticas públicas, políticas de recaudación y reducir el consumo energético para permitir la conservación del planeta”.En ese mismo sentido, operan las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) propuestas por el CINIF, ya que permiten identificar las métricas de 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) de cada actor en las cadenas de valor por parte de los usuarios de la información. Con esos datos se permite entender el estado de una entidad para atender problemáticas, identificar oportunidades y encaminarla a prácticas más sostenibles.Posteriormente, la ponente detalló la información a considerar por las NIS en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).Al respecto de los IBSO ambientales, los que suponen una mayor concentración de datos cuantitativos, Moles señaló la complejidad de la recopilación y obtención de los estos datos supone un reto que el CINIF decidió apoyar mediante la publicación de dos herramientas digitales; ambas pensadas desde la accesibilidad y la gratuidad, para que empresas de cualquier tamaño puedan emplearlas y así impulsar a la presentación de esta información.La primera herramienta es una calculadora de GEI, que mediante un cuestionario y un llenado de datos permite conocer las métricas de producción de CO2 directas e indirectas de una entidad. La segunda, permite el análisis de exposición a zonas de riesgo para la biodiversidad y la identificación de estrés hídrico.En conjunto, ambas propuestas proponen una perspectiva simplificada para que obtener estos datos suponga una carga menor en la entidad en relación con la ventaja que supone poseer esa información que, según concluyó Moles, supone una ventana para entender una empresa, sus riesgos, oportunidades y, con ello, elaborar un plan estratégico para su beneficio y la sostenibilidad del medio ambiente.
Con el fin de brindar información y recomendaciones para la atención de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la comisión técnica de Seguridad Social presentó el curso Cómo atender una visita de inspección de la STPS, el 31 de julio. Con este fin, se contó con la presencia de Nancy Berenice Robles Núñez, mánager de la práctica legal laboral en EY y experta en derecho laboral, bajo la coordinación de Rubén Darío Dávalos Palomera, integrante de la comisión.Para comenzar, la ponente señaló la importancia de mantener una actualización constante en relación con estas visitas de inspección, ya que “son un terreno cambiante en términos de normatividad y se caracterizan por ser visitas focalizadas”; esto se debe a que una inspección deriva de que la autoridad ya tiene información o un antecedente de incumplimiento que examina de forma específica durante su visita. Por si fuera poco, la STPS ejecuta revisiones en plazos mayores que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y suele considerar reincidencias, lo que puede provocar que la autoridad examine de forma secuencial diferentes años donde identifique una anomalía. En conjunto con el hecho de que las multas derivadas de estas visitas pueden ser por trabajador, el incumplimiento puede provocar multas muy altas para la organización.Debido a este riesgo, la ponente sugirió que siempre debe haber una persona destinada a atender las inspecciones de forma apropiada y que mantenga atención constante en los cambios en la normatividad aplicable. En ese sentido, se aprovechó el espacio para compartir los nuevos Lineamientos Operativos en Materia de Inspección Federal del Trabajo publicados en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2025.En esta actualización, se brinda facultad a los inspectores para ordenar medidas precautorias durante la inspección cuando se detecten riesgos inminentes a los trabajadores, donde se incluye la limitación total o parcial de operaciones y la restricción de acceso. Además, se promueve un mecanismo de seguimiento ágil, que obliga a la presentación de una resolución en un plazo máximo de 72 horas. Y, finalmente, se establece que la negativa a la inspección implicará un rigor mayor por parte del inspector.Respecto a este último punto, Robles reiteró la importancia de contar con una persona encargada de atender las inspecciones, ya que cualquier conducta que pueda ser interpretada como una negativa implicará un riesgo; incluso retrasar el acceso del inspector a las instalaciones puede ser asumido como obstrucción de la diligencia.A continuación, se comentaron las facultades y obligaciones del inspector, ya que es responsabilidad del patrón corroborar su autenticidad. Sin embargo, “es importante considerar que la imposibilidad para corroborar la autenticidad de una orden de inspección, no impiden la celebración de la inspección”.Posteriormente, la expositora señaló la documentación clave que debe considerar el patrón para gestionar una inspección, cuyo resguardo es una obligación según el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para finalizar, se puntualizó que el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) también son una responsabilidad para los centros de trabajo, por lo que se debe identificar las NOM aplicables según el giro y tipo de actividad de la empresa, integrar un expediente documental y capacitar al personal en los casos necesarios.
