Por cuarenta y cuatro años consecutivos, la Semana de la Contaduría Pública ha sido un espacio para la reflexión y el debate en torno a los temas que marcan año con año la agenda del sector contable en México. Organizado por el Colegio de Contadores y realizado del 29 de septiembre al 3 de octubre, el evento reunió a diversos especialistas que compartieron perspectivas sobre la evolución normativa, la ética profesional, la digitalización y la sostenibilidad.
Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, dio la bienvenida a las y los participantes. En su mensaje inaugural, subrayó que este foro es clave para actualizarse, anticipar riesgos y fortalecer el liderazgo ético en un entorno cambiante.
Para dar inicio con las actividades, Moisés Alcalde Virgen, socio de Asesoría de Negocios y Consultoría en EY México, reflexionó sobre los avances y pendientes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, vigente desde 2008. Si bien esta normativa ha permitido estandarizar las cuentas públicas, especialmente a nivel municipal, aún enfrenta desafíos en el registro de pasivos laborales y en la evaluación del gasto social. Alcalde Virgen hizo hincapié en el potencial de esta ley para incorporar indicadores ESG, aprovechando la tecnología y el análisis de datos para generar políticas públicas más efectivas y transparentes.
Continuando con el programa, René Humberto Márquez Arcila, ex contralor en CONDUSEF, centró su intervención en la prevención del fraude dentro de las organizaciones, destacando la evolución y relevancia de la auditoría forense. Propuso la creación de áreas especializadas tanto en el sector público como privado, integradas por equipos multidisciplinarios, y subrayó la utilidad de herramientas como la entrevista forense, el análisis de datos y la inteligencia artificial para identificar comportamientos anómalos y prevenir riesgos.
Por otra parte, el maestro Alfredo Cristalinas Kaulitz, docente en la UNAM-FCA, ofreció una perspectiva crítica sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con cifras contundentes sobre pobreza, hambre, desigualdad y crisis climática, llamó a reflexionar sobre la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, y urgió a incorporar una ética profesional orientada al bienestar colectivo y la resiliencia social.
En otro orden de ideas, Alfonso Chávez Fierro expuso sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, destacando su alcance tanto en el sector público como en el privado. Subrayó la relevancia de herramientas como la Plataforma Digital Nacional y la necesidad de coordinación entre autoridades para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Además, enfatizó la importancia de los controles internos como medida de confianza institucional.
En su turno, José Eduardo Beristain Martínez, integrante de la comisión de Contribuciones Locales, abordó los lineamientos para la correcta retención y entero del Impuesto Sobre Nómina, repasando obligaciones, bases legales y aspectos prácticos en distintas entidades federativas. Destacó que, pese a la aparente complejidad del tema, los contenidos pueden ser abordados de forma clara y útil para los contribuyentes.
En otro tenor, Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la comisión de Comercio Exterior, advirtió sobre la creciente fiscalización del valor en aduana por parte de las autoridades. Explicó que una incorrecta integración del valor puede derivar en sanciones graves como multas, embargos o incluso acusaciones por contrabando. Recomendó prestar especial atención a los gastos incrementables y a la correcta aplicación de los Incoterms.
Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez y Óscar Narciso Brum Barrón, miembros de la comisión de Investigación Fiscal, explicaron que muchas empresas, tras la pandemia, quedaron en un limbo legal y fiscal. Aclararon la diferencia entre disolución y liquidación, y enfatizaron la necesidad de cumplir con todos los requisitos contables, fiscales y legales antes de iniciar un proceso formal, ya que el liquidador asume responsabilidades solidarias.
En otra línea del programa, Luis Fernando Arteaga Villeda y Ana Gabriela Basave Rivera, de Brains-Solvers, presentaron la ponencia Modernización del plan de estudios en contabilidad. Propusieron una renovación integral en la formación contable que incluya competencias digitales, pensamiento crítico, inteligencia de negocios y habilidades estratégicas, para responder eficazmente a los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado.
Más adelante, María Margarita Aranda Martínez, integrante de la comisión SE Contraloría Financiera, abordó las recientes actualizaciones al Código de Ética Profesional, destacando cómo estas influyen directamente en el fortalecimiento de los sistemas de control interno. Subrayó que, más allá de ser un marco ético, estas normas permiten mejorar la supervisión y la gestión financiera.
En ese mismo contexto de actualización normativa, Jorge Alvarado Cordero y Luis Leonardo López Juárez, de la comisión Sector Empresarial, analizaron los nuevos cambios laborales en México, como la Ley Silla, las vacaciones dignas, el teletrabajo (NOM-037), y el derecho a la desconexión. Destacaron que estas reformas implican una revisión profunda de políticas internas, no solo para cumplir la ley, sino para elevar la productividad y competitividad de las empresas.
En otra de las sesiones, Ricardo Lechuga Reyes y Victorino Herrera González abordaron el impacto de la sostenibilidad en las organizaciones. Aunque el concepto aún es incipiente en América Latina, enfatizaron su creciente relevancia como factor de riesgo y oportunidad empresarial. Explicaron que los bancos y stakeholders ya exigen indicadores ESG, y destacaron el trabajo del Colegio de Contadores en la difusión de herramientas como las normas NISS A1 y B1 y la calculadora del CINIF.
Posteriormente, Juan Carlos Bojorges Pérez, expresidente del Colegio, presentó la reciente NIF A-2, que aborda los escenarios de incertidumbre sobre la continuidad de una entidad como negocio en marcha. La norma, obligatoria a partir de 2026, implica importantes cambios en materia de valuación, presentación y revelación contable, con implicaciones significativas para contadores y tomadores de decisiones.
Álvaro Enrique Cordón Álvarez, integrante de la comisión de Auditoría Fiscal, cerró el ciclo de ponencias con un análisis de las recientes reformas en compliance fiscal y prevención del lavado de dinero. Destacó la ampliación de responsabilidades a personas físicas y morales, la necesidad de automatizar procesos y la importancia de mantener registros actualizados y cumplir con las obligaciones informativas para reducir riesgos legales.
En el último día de actividades, Ignacio Domínguez Castillo, CEO de Yakatiak Consultores, enfatizó que la adopción de la inteligencia artificial ya no es una opción, sino una necesidad urgente para las empresas. Alertó sobre el rezago de México en esta materia, y llamó a implementar la IA de manera ética y regulada. Mencionó avances como la ISO 42001 y la creciente influencia de tecnologías como la IA agrícola y la computación cuántica, incluso en manos del crimen organizado, lo que exige mayor preparación a nivel nacional.
Por su parte, José Francisco Cárdenas Bautista, administrador general en el Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas, presentó una visión práctica sobre la integración de la sostenibilidad en la gestión empresarial. Compartió la guía elaborada por el Colegio de Contadores, que orienta a empresas —incluidas PYMES— en la adopción de prácticas sostenibles alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Pacto Mundial.
Finalmente, Emmanuel Hernández, socio fundador de Konká, cerró el evento con una reflexión sobre el liderazgo moderno. Definió al líder como un generador de confianza y energía positiva, capaz de desarrollar a las personas que producen resultados. Planteó que el liderazgo debe ser un acto cotidiano y valiente, sustentado en el amor propio y la inspiración mutua.
La clausura del evento estuvo a cargo de Adolfo Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, quien agradeció a ponentes, comisiones técnicas, personal del Colegio y a toda la comunidad que participó activamente durante la 44.ª Semana de la Contaduría Pública.
En su mensaje, destacó que la Contaduría es una profesión que demanda actualización permanente para enfrentar los retos del presente y del futuro. Subrayó que esta semana fue un espacio valioso para abrir la mente, fortalecer el pensamiento crítico y reafirmar el papel de la profesión como motor de confianza y crecimiento.
"Este no es un punto final, sino un punto de partida", afirmó Ramírez, invitando a las y los asistentes a llevar el conocimiento adquirido a sus despachos, empresas y proyectos, con ética, liderazgo e innovación.
Eventos recientes
La creciente incorporación de factores ambientales y otros aspectos no financieros a la información empresarial plantea nuevas consideraciones para el trabajo de auditoría. Este vínculo fue abordado durante el curso El auditor financiero en la revisión de temas de sostenibilidad, realizado el 19 de septiembre por la comisión de Auditoría del Colegio, en el que se revisaron los nuevos requerimientos para generar, reportar y asegurar este tipo de información.La sesión contó con la participación de Juan Carlos Rodríguez de León, integrante de la comisión de Sostenibilidad, y Rafael Yela Gutiérrez, de la comisión de Auditoría. La coordinación estuvo a cargo de Justo Elí Jiménez Rodríguez y Jessica Gómez Domínguez, también integrantes de esta última comisión.Durante su participación, Rodríguez de León explicó la relación entre la sostenibilidad y la información financiera, y destacó la importancia de conectar los datos financieros y no financieros bajo una misma narrativa. En este contexto, hizo referencia a las normas IFRS S1 y S2, así como a las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), vigentes en México desde 2025, que incorporan 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad. También abordó el concepto de doble materialidad y señaló que los riesgos de sostenibilidad pueden tener consecuencias directas en las cifras de una organización.Para ejemplificarlo, explicó que un evento como una inundación puede afectar el flujo de efectivo, el costo de capital, las provisiones, el valor de los activos o las inversiones. Bajo esta perspectiva, destacó que la información de sostenibilidad no debe permanecer aislada de los estados financieros, sino integrarse a la información que utilizan inversionistas y acreedores para valorar los riesgos y oportunidades de una empresa.Por su parte, Yela Gutiérrez centró su exposición en el trabajo del auditor frente a la información de sostenibilidad y en la transición hacia la Norma Internacional de Aseguramiento de Sostenibilidad 5000 (NIA 5000), que será obligatoria para ejercicios que inicien a partir del 15 de diciembre de 2026. Explicó que el aseguramiento de sostenibilidad es distinto de la auditoría de estados financieros y contempla encargos de seguridad limitada y de seguridad razonable. Asimismo, detalló que el proceso comprende etapas como la aceptación, planeación, evaluación de riesgos, obtención de evidencia y emisión de conclusiones.Al referirse a los riesgos del encargo, advirtió que la información de sostenibilidad suele generarse fuera de los sistemas financieros tradicionales, lo que puede incrementar la posibilidad de errores, sesgos o prácticas de greenwashing. Por ello, enfatizó la importancia de garantizar la trazabilidad de los datos desde su origen hasta el reporte final y de evaluar los controles internos. Finalmente, señaló que estos trabajos pueden requerir equipos multidisciplinarios, con especialistas en áreas como ingeniería ambiental o hidrología, aunque puntualizó que la responsabilidad sobre la conclusión final permanece en el líder del encargo.
El Colegio llevó a cabo, este 17 de septiembre, el foro Iniciativa fiscal para 2027, espacio de análisis en el que María Mancilla Rendón, Arturo Halgraves Cerda, Juan Torres Romero y Eduardo Sánchez Lemoine revisaron el proyecto de iniciativa de reforma y expusieron sus posibles implicaciones para contribuyentes y organizaciones.Durante el encuentro, la doctora Mancilla Rendón abordó los aspectos relacionados con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), los estímulos fiscales y las expectativas de recaudación. Como parte de su exposición, explicó el procedimiento previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para la presentación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como los elementos que integran los Criterios Generales de Política Económica. Por lo anterior, informó que se prevé una aceleración de la economía mexicana con una expansión del PIB de entre 1.5% y 2.5%, menor inflación y estabilidad cambiaria.Además, puntualizó que los ingresos presupuestarios ascenderían a 9.157 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del Producto Interno o Interior Bruto (PIB), con una variación real de 3.9% respecto a 2026. Los ingresos tributarios representarían 15.9% del PIB.La ponente explicó el papel de la recaudación como mecanismo de distribución de recursos hacia las entidades federativas y los municipios, así como la función del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas ante posibles variaciones en la recaudación.Otro de los temas expuestos fue el esquema de multas por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas del pago de contribuciones. Al respecto, detalló los supuestos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la presentación de declaraciones, solicitudes y avisos, así como las obligaciones vinculadas con la contabilidad y los pagos provisionales.Por su parte, Arturo Halgraves Cerda concentró su participación en siete modificaciones con posibles efectos operativos, particularmente en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), retenciones e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); entre los planteamientos revisados se encontró el tratamiento fiscal para libros, periódicos y revistas, cuya tasa cero estaría condicionada a que al menos el 90% de los ingresos del ejercicio anterior proviniera de la venta de estos bienes.El análisis de Halgraves Cerda también abarcó las retenciones aplicables a plataformas digitales, la ampliación del tratamiento de tasa cero para determinados productos de gestión menstrual, las restricciones al acreditamiento del IVA en ciertos casos relacionados con aseguradoras, una alternativa de pago para contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y medidas de trazabilidad para productos con nicotina.En tanto, Juan Torres Romero centró su intervención en el mecanismo propuesto para el control de las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales. Explicó que la iniciativa contempla incorporar a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) un límite para las deducciones de personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos, así como disposiciones relacionadas con la disminución de las cantidades que no puedan aplicarse en el ejercicio correspondiente.Finalmente, Eduardo Sánchez Lemoine incorporó la perspectiva jurídica al análisis de las deducciones estructurales y no estructurales. Explicó que las primeras corresponden a erogaciones vinculadas con la producción u obtención de los ingresos y que su reconocimiento se relaciona con el principio de proporcionalidad tributaria, al permitir determinar la renta neta que constituye la base del ISR.En contraste, señaló que las deducciones no estructurales no mantienen ese vínculo directo con la generación de ingresos. Como parte de esta revisión, Sánchez Lemoine hizo referencia al criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la limitación a la deducción de intereses netos.
El 14 de septiembre se presentó en el Colegio un curso destinado a desarrollar sobre los descuentos de créditos de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit): Descuentos de Infonavit. La intención del curso fue construir un espacio práctico cercano a la realidad que permitiera a los asistentes consolidar sus conocimientos técnicos mediante ejemplos prácticos y fue presentado por Miguel Arnulfo Castellanos Cadena, coordinador del curso y representante de la comisión T. de Seguridad Social. Francisco Javier Ibarra Mayoral fue el encargado de desarrollar el tema para la audiencia, quien comenzó señalando que los créditos para la vivienda proporcionados por el Infonavit se mantienen como opciones competitivas frente a créditos bancarios en la mayoría de los casos, por lo que conocer su funcionamiento, límites y alcances es conocimiento esencial para el especialista. El experto señaló que el Infonavit proporciona distintos tipos de créditos como los créditos de cuota fija monetaria, que representan la mayor parte de la cartera, los créditos en veces de Unidad de Medida y Actualización (UMA) o unidad mixta y los créditos porcentuales, siendo estos últimos los menos comunes en comparación a los otros dos. Francisco Ibarra señaló que, para el caso de la cuota fija, ésta representa certeza para los trabajadores y facilita la planeación, convirtiéndola en una opción accesible financiera y administrativamente.Al desarrollar los cuerpos normativos vinculados a estos créditos para la vivienda se desarrolló la Ley del Infonavit, el marco legal que regula a la institución y donde se establecen las obligaciones patronales, como el pago de aportaciones de cada trabajador mientras exista una relación laboral y, por tanto, la realización de los descuentos en los salarios conforme lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo (LFT).Uno de los grandes escenarios que debe considerar el patrón, tras la reforma de la Ley Infonavit del 2025, es que la obligación de los descuentos y enteros por créditos de vivienda no se suspende por ausencias o incapacidades médicas, ya que se debe cubrir un 5% del salario base de cotización y pagar la amortización del crédito Infonavit, aunque el trabajador no perciba salario directamente. Todo esto, según comenta Francisco, representa una obligación patronal y una carga financiera que la organización debe considerar para evitar deudas y multas.Finalmente, se trazó una prelación de descuentos al salario, donde se señaló un elemento fundamental: el patrón es solidario del pago de créditos Infonavit y sujeto a multa ante el incumplimiento de descuentos judiciales, como la pensión alimenticia, por lo que se debe considera que si el sueldo neto tras retenciones de impuestos y descuentos judiciales no cubre el total de la amortización de Infonavit, el patrón debe reportar la incidencia y retener únicamente hasta el límite legal permitido sin afectar el mínimo vital del trabajador; debido a ello, la planeación es fundamental para evitar riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones patronales.
