Por cuarenta y cuatro años consecutivos, la Semana de la Contaduría Pública ha sido un espacio para la reflexión y el debate en torno a los temas que marcan año con año la agenda del sector contable en México. Organizado por el Colegio de Contadores y realizado del 29 de septiembre al 3 de octubre, el evento reunió a diversos especialistas que compartieron perspectivas sobre la evolución normativa, la ética profesional, la digitalización y la sostenibilidad.
Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, dio la bienvenida a las y los participantes. En su mensaje inaugural, subrayó que este foro es clave para actualizarse, anticipar riesgos y fortalecer el liderazgo ético en un entorno cambiante.
Para dar inicio con las actividades, Moisés Alcalde Virgen, socio de Asesoría de Negocios y Consultoría en EY México, reflexionó sobre los avances y pendientes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, vigente desde 2008. Si bien esta normativa ha permitido estandarizar las cuentas públicas, especialmente a nivel municipal, aún enfrenta desafíos en el registro de pasivos laborales y en la evaluación del gasto social. Alcalde Virgen hizo hincapié en el potencial de esta ley para incorporar indicadores ESG, aprovechando la tecnología y el análisis de datos para generar políticas públicas más efectivas y transparentes.
Continuando con el programa, René Humberto Márquez Arcila, ex contralor en CONDUSEF, centró su intervención en la prevención del fraude dentro de las organizaciones, destacando la evolución y relevancia de la auditoría forense. Propuso la creación de áreas especializadas tanto en el sector público como privado, integradas por equipos multidisciplinarios, y subrayó la utilidad de herramientas como la entrevista forense, el análisis de datos y la inteligencia artificial para identificar comportamientos anómalos y prevenir riesgos.
Por otra parte, el maestro Alfredo Cristalinas Kaulitz, docente en la UNAM-FCA, ofreció una perspectiva crítica sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con cifras contundentes sobre pobreza, hambre, desigualdad y crisis climática, llamó a reflexionar sobre la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, y urgió a incorporar una ética profesional orientada al bienestar colectivo y la resiliencia social.
En otro orden de ideas, Alfonso Chávez Fierro expuso sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, destacando su alcance tanto en el sector público como en el privado. Subrayó la relevancia de herramientas como la Plataforma Digital Nacional y la necesidad de coordinación entre autoridades para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Además, enfatizó la importancia de los controles internos como medida de confianza institucional.
En su turno, José Eduardo Beristain Martínez, integrante de la comisión de Contribuciones Locales, abordó los lineamientos para la correcta retención y entero del Impuesto Sobre Nómina, repasando obligaciones, bases legales y aspectos prácticos en distintas entidades federativas. Destacó que, pese a la aparente complejidad del tema, los contenidos pueden ser abordados de forma clara y útil para los contribuyentes.
En otro tenor, Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la comisión de Comercio Exterior, advirtió sobre la creciente fiscalización del valor en aduana por parte de las autoridades. Explicó que una incorrecta integración del valor puede derivar en sanciones graves como multas, embargos o incluso acusaciones por contrabando. Recomendó prestar especial atención a los gastos incrementables y a la correcta aplicación de los Incoterms.
Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez y Óscar Narciso Brum Barrón, miembros de la comisión de Investigación Fiscal, explicaron que muchas empresas, tras la pandemia, quedaron en un limbo legal y fiscal. Aclararon la diferencia entre disolución y liquidación, y enfatizaron la necesidad de cumplir con todos los requisitos contables, fiscales y legales antes de iniciar un proceso formal, ya que el liquidador asume responsabilidades solidarias.
En otra línea del programa, Luis Fernando Arteaga Villeda y Ana Gabriela Basave Rivera, de Brains-Solvers, presentaron la ponencia Modernización del plan de estudios en contabilidad. Propusieron una renovación integral en la formación contable que incluya competencias digitales, pensamiento crítico, inteligencia de negocios y habilidades estratégicas, para responder eficazmente a los desafíos de un entorno cada vez más digitalizado.
Más adelante, María Margarita Aranda Martínez, integrante de la comisión SE Contraloría Financiera, abordó las recientes actualizaciones al Código de Ética Profesional, destacando cómo estas influyen directamente en el fortalecimiento de los sistemas de control interno. Subrayó que, más allá de ser un marco ético, estas normas permiten mejorar la supervisión y la gestión financiera.
En ese mismo contexto de actualización normativa, Jorge Alvarado Cordero y Luis Leonardo López Juárez, de la comisión Sector Empresarial, analizaron los nuevos cambios laborales en México, como la Ley Silla, las vacaciones dignas, el teletrabajo (NOM-037), y el derecho a la desconexión. Destacaron que estas reformas implican una revisión profunda de políticas internas, no solo para cumplir la ley, sino para elevar la productividad y competitividad de las empresas.
En otra de las sesiones, Ricardo Lechuga Reyes y Victorino Herrera González abordaron el impacto de la sostenibilidad en las organizaciones. Aunque el concepto aún es incipiente en América Latina, enfatizaron su creciente relevancia como factor de riesgo y oportunidad empresarial. Explicaron que los bancos y stakeholders ya exigen indicadores ESG, y destacaron el trabajo del Colegio de Contadores en la difusión de herramientas como las normas NISS A1 y B1 y la calculadora del CINIF.
Posteriormente, Juan Carlos Bojorges Pérez, expresidente del Colegio, presentó la reciente NIF A-2, que aborda los escenarios de incertidumbre sobre la continuidad de una entidad como negocio en marcha. La norma, obligatoria a partir de 2026, implica importantes cambios en materia de valuación, presentación y revelación contable, con implicaciones significativas para contadores y tomadores de decisiones.
Álvaro Enrique Cordón Álvarez, integrante de la comisión de Auditoría Fiscal, cerró el ciclo de ponencias con un análisis de las recientes reformas en compliance fiscal y prevención del lavado de dinero. Destacó la ampliación de responsabilidades a personas físicas y morales, la necesidad de automatizar procesos y la importancia de mantener registros actualizados y cumplir con las obligaciones informativas para reducir riesgos legales.
En el último día de actividades, Ignacio Domínguez Castillo, CEO de Yakatiak Consultores, enfatizó que la adopción de la inteligencia artificial ya no es una opción, sino una necesidad urgente para las empresas. Alertó sobre el rezago de México en esta materia, y llamó a implementar la IA de manera ética y regulada. Mencionó avances como la ISO 42001 y la creciente influencia de tecnologías como la IA agrícola y la computación cuántica, incluso en manos del crimen organizado, lo que exige mayor preparación a nivel nacional.
Por su parte, José Francisco Cárdenas Bautista, administrador general en el Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas, presentó una visión práctica sobre la integración de la sostenibilidad en la gestión empresarial. Compartió la guía elaborada por el Colegio de Contadores, que orienta a empresas —incluidas PYMES— en la adopción de prácticas sostenibles alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Pacto Mundial.
Finalmente, Emmanuel Hernández, socio fundador de Konká, cerró el evento con una reflexión sobre el liderazgo moderno. Definió al líder como un generador de confianza y energía positiva, capaz de desarrollar a las personas que producen resultados. Planteó que el liderazgo debe ser un acto cotidiano y valiente, sustentado en el amor propio y la inspiración mutua.
La clausura del evento estuvo a cargo de Adolfo Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, quien agradeció a ponentes, comisiones técnicas, personal del Colegio y a toda la comunidad que participó activamente durante la 44.ª Semana de la Contaduría Pública.
En su mensaje, destacó que la Contaduría es una profesión que demanda actualización permanente para enfrentar los retos del presente y del futuro. Subrayó que esta semana fue un espacio valioso para abrir la mente, fortalecer el pensamiento crítico y reafirmar el papel de la profesión como motor de confianza y crecimiento.
"Este no es un punto final, sino un punto de partida", afirmó Ramírez, invitando a las y los asistentes a llevar el conocimiento adquirido a sus despachos, empresas y proyectos, con ética, liderazgo e innovación.
Eventos recientes
El Colegio presentó, el 17 de febrero, el foro Reporte de sostenibilidad usando las NIS, módulo 2, sesión que dio continuidad al módulo 1, en el que se abordaron los aspectos normativos y ambientales de las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS).En esta ocasión, el análisis se centró en los componentes sociales y de gobernanza, con la participación de Paulina Macías Romero, Diana Neria Espinosa y Carlos Carrillo Contreras, especialistas en sostenibilidad corporativa, quienes profundizaron en la aplicación de la NIS B-1 y en la revelación de los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) requeridos a partir de 2025 en los estados financieros.Para iniciar la jornada, Paulina Macías Romero, coordinadora de Sostenibilidad en Chevez, Ruiz, Zamarripa, desarrolló una exposición especializada en dicha norma, con énfasis en el componente social. Durante su participación, explicó que la norma establece 30 IBSO, agrupados en tres dimensiones: ambiental, social y de gobierno corporativo.En el ámbito social, profundizó en los indicadores relacionados con capital humano, gestión de igualdad de oportunidades y trabajo digno, brecha salarial, horas de capacitación, evaluaciones de desempeño, así como salud y seguridad en el trabajo. A través de casos prácticos, la expositora mostró cómo determinar y revelar correctamente esta información en el reporte de sostenibilidad.Posteriormente, la contadora Diana Neria Espinosa abordó los aspectos de gobernanza. Señaló que la gobernanza corporativa constituye uno de los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, junto con las dimensiones ambiental y social. Durante su intervención, explicó los indicadores relacionados con la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno, la independencia de sus integrantes, la participación de mujeres en puestos de alta dirección y en consejos de administración, así como la existencia de políticas formales en materia de ética, integridad y combate a la corrupción.Destacó que estos elementos no solo fortalecen la transparencia, sino que también inciden directamente en la generación de confianza entre inversionistas, colaboradores y grupos de interés. Asimismo, subrayó que la revelación de información en materia de gobernanza debe realizarse con criterios claros de medición, alcance y periodicidad, a fin de garantizar la comparabilidad y consistencia de los datos reportados.En este contexto, enfatizó la necesidad de documentar adecuadamente los procesos internos y asegurar la congruencia entre las políticas declaradas y su aplicación práctica. Finalmente, advirtió que las empresas deben transitar de un enfoque meramente declarativo a uno sustentado en evidencia verificable, integrando los indicadores de gobernanza en la estrategia corporativa y en la gestión de riesgos; de esta manera, el reporte de sostenibilidad deja de ser un ejercicio aislado para convertirse en una herramienta estratégica de rendición de cuentas.Como cierre del foro, el contador Carlos Carrillo compartió un mensaje en el que exhortó a los asistentes a asumir con seriedad los temas de sostenibilidad, destacando que la adecuada implementación de las NIS no solo responde a una exigencia normativa, sino que representa una oportunidad para fortalecer la transparencia en las organizaciones y la confianza del mercado.
Los días 13 y 14 de febrero, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio llevó a cabo el evento Aplicación práctica de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, enfocado en el análisis de los principales cambios y su implementación.El programa contó con la participación de los miembros de la comisión organizadora: José Gerardo Alfaro Osorio, Gerardo Domínguez Gómez, José Emilio Brito Montiel, Víctor Manuel Pérez Ruiz y Elio Fernando Zurita Morales, bajo la coordinación de Marcial Cavazos Ortiz.La apertura estuvo a cargo de José Gerardo Alfaro Osorio, quien presentó un análisis sobre fiscalidad internacional, destacando los efectos prácticos en precios de transferencia, IVA en plataformas digitales y el estímulo de repatriación de capitales previsto en la Ley de Ingresos 2026.Uno de los puntos de mayor interés fue la interpretación del Artículo 7 de los tratados para evitar la doble tributación (beneficios empresariales), señalando que ciertos servicios podrían no considerarse actividad empresarial, lo que implicaría retenciones del 25% en lugar de aplicar tasas reducidas conforme a tratado. Asimismo, explicó la relevancia de la Regla 2.1.3 relativa a la constancia de residencia fiscal y los procedimientos amistosos (MAPs) como mecanismos de solución de controversias.En materia de servicios digitales, enfatizó las obligaciones de residentes en el extranjero: inscripción en el RFC, designación de representante legal y cumplimiento de obligaciones formales. También desarrolló el alcance de la Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas y los estudios de precios de transferencia (Local File, Master File y Country by Country Report), subrayando los umbrales de ingresos para su obligatoriedad.Respecto al estímulo de repatriación de capitales, puntualizó que su conveniencia debe evaluarse estratégicamente frente a otros mecanismos de regularización, considerando tasas, requisitos y condiciones de inversión.Por otro lado, Gerardo Domínguez Gómez y José Emilio Brito Montiel centraron su exposición en la aplicación práctica de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 en materia de comprobación digital y facultades de la autoridad.Analizaron la regla 2.2.15, relativa a la restricción temporal del certificado de sello digital, destacando el plazo de 40 días para presentar aclaraciones y la posibilidad de prórroga. Recordaron que la emisión de CFDI a través de terceros para eludir restricciones constituye práctica fiscal indebida.Abordaron además las multas por no enviar contabilidad electrónica en tiempo y forma, así como la obligatoriedad de habilitar el buzón tributario, cuyas sanciones serán aplicables a partir del 1 de enero de 2027 para quienes incumplan.En cuanto a los CFDI, detallaron la relevancia de los complementos (nómina, donatarias y recepción de pagos) para garantizar deducibilidad y acreditamiento de IVA. Subrayaron que las notas de crédito no sustituyen la cancelación de un CFDI de ingreso y explicaron los distintos supuestos de cancelación.También se revisaron prácticas fiscales indebidas vinculadas a indemnizaciones por riesgos de trabajo, pensiones y pagos a socios mediante terceros, además de aspectos prácticos sobre PTU y subsidio para el empleo.Continuando con el programa, Víctor Manuel Pérez Ruiz abundó en las implicaciones penales derivadas de reformas constitucionales y fiscales vinculadas a comprobantes fiscales falsos.Explicó que, tras la modificación al artículo 19 constitucional y al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes que no amparen operaciones reales pueden derivar en prisión preventiva oficiosa por equipararse a supuestos de contrabando. Señaló que los plazos reducidos de defensa y las visitas domiciliarias intensifican la exposición de los contribuyentes, generando un entorno de alta presión.Asimismo, destacó el incremento en la tasa de recargos, las nuevas cifras para el dictamen fiscal obligatorio en 2026 y el cambio en su fecha límite al 15 de mayo. Analizó la obligación de presentar la Declaración Informativa de Situación Fiscal (DISIF o ISSIF) en operaciones con partes relacionadas y el endurecimiento de las reglas para deducción de cuentas incobrables, salvo ciertos beneficios aplicables al sector bancario.Para cerrar la jornada, Elio Fernando Zurita Morales habló sobre el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), diferenciando su aplicación para personas físicas y morales.Durante su platica, subrayó la limitada regulación en ley y la forma en que la Resolución Miscelánea intenta aclarar criterios, particularmente en la incompatibilidad del RESICO con ingresos por plataformas digitales, como hospedaje tipo Airbnb, según la postura de la autoridad. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de exclusión del régimen y las implicaciones económicas que ello conlleva.También explicó los requisitos para permanecer en RESICO: inscripción activa, e.firma, buzón tributario habilitado y emisión correcta de CFDI. En esa línea, analizó la retención del 1.25% por personas morales, el acreditamiento del IVA y los supuestos en los que no se puede tributar en este régimen, como ser socio o accionista de persona moral o percibir ingresos asimilados a salarios.La sesión concluyó con reflexiones sobre dividendos, copropiedad, actividades primarias exentas y la relevancia estratégica de la opinión de cumplimiento.
En el marco del foro Reformas Fiscales de la CDMX 2026, organizado por el Colegio, e inaugurado por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, se presentaron los contadores Guadalupe Santos, Alejandro Guízar Acosta, Adrián Urbina Galicia, Laila Moreno Sotelo y Virginia Ríos Hernández, quienes compartieron un análisis sobre las reformas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), Código Fiscal de la Federación (CFF) y Ley de Ingresos de la Federación (LIF).El evento, llevado a cabo el 13 de febrero, fue introducido por Guadalupe Santos, quien explicó que la LIF es una legislación emitida por el Gobierno federal, resultado de un proceso legislativo formal, que determina cuánto dinero recibirá el Estado durante el ejercicio fiscal correspondiente.Durante su intervención, se comentó que la LIF 2026 contempla ingresos estimados por 10.19 billones de pesos, de los cuales 5.83 billones corresponden a ingresos tributarios, es decir, 57.28% del total previsto. También destacó que el déficit público, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se ubicaría en 4.1% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el saldo de la deuda se estima en niveles cercanos al 52.3% del PIB.Asimismo, se puntualizó que los estímulos fiscales previstos para 2026 representan una oportunidad de regularización para contribuyentes, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos en la normatividad aplicable.Por su parte, Guízar Acosta presentó un análisis de las modificaciones relevantes al CFF, con énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de control y combate a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) falsos. Señaló que las reformas plantean un endurecimiento del marco normativo en materia de comprobación fiscal, al establecer con mayor claridad que los CFDI deberán amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, conforme a lo previsto en el código.Además, informó que se adiciona una nueva causal de restricción de los Certificados de Sello Digital (CSD) cuando los contribuyentes otorguen efectos fiscales a comprobantes que hayan sido declarados falsos, lo que puede impactar directamente en la operación cotidiana de las empresas al impedir la emisión de facturas electrónicas.En la misma línea, Adrián Urbina comentó que, en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la ley exige identificar o asociar el impuesto efectivamente pagado con los actos o actividades gravadas del contribuyente para estar en posibilidad de acreditarlo.En tanto, la licenciada Moreno Sotelo presentó un análisis sobre las modificaciones y alcances del Código Fiscal de la Ciudad de México. Al respecto, reveló que el artículo 8 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece la obligación de las personas físicas y morales de pagar las contribuciones previstas en la legislación capitalina.A partir de este fundamento se desprenden obligaciones formales y sustantivas que deben observar los contribuyentes; con ello, se reforzó la importancia de un cumplimiento integral y oportuno en el ámbito tributario capitalino.Finalmente, Virginia Ríos Hernández versó sobre el subsidio al empleo 2026 y la propuesta de reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Explicó que el subsidio al empleo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025 y que para 2026 se establece un salario máximo de 11,492.66 pesos como límite para su aplicación.Se detalló que el monto del subsidio se determina con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual. Para ello, se aplican distintos porcentajes según el periodo del año. En el ámbito laboral, se abordó la propuesta de reducción de la jornada máxima semanal (40 horas) de manera gradual. En este punto, la especialista hizo hincapié en que esta transición progresiva busca permitir a las empresas adaptar sus estructuras operativas y presupuestales sin generar impactos abruptos en productividad y costos laborales.Con un mensaje de reconocimiento y reflexión, Leidy Ramos Marín, directora de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos, fue la encargada de clausurar el foro Reformas Fiscales de la CDMX 2026.Expresó un agradecimiento a los especialistas que compartieron su experiencia y conocimientos, así como a los asistentes que participaron en este espacio de análisis. Se reconoció que el diálogo entre autoridades, especialistas y profesionales fortalece la cultura de cumplimiento y contribuye a una mejor comprensión de los cambios legislativos.
