El Foro anual de precios de transferencia, celebrado el 26 y 27 de noviembre, fue un espacio de análisis técnico y reflexión estratégica sobre los retos actuales de la materia. Organizado por la comisión de Precios de Transferencia, el evento contó con la participación de sus integrantes como expositores.
La jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de este encuentro. Durante su mensaje, subrayó que el foro “se ha consolidado como un referente técnico y estratégico para la profesión contable, la comunidad fiscal y el mundo empresarial”, resaltando así el valor de la actualización continua.
El evento inició con la participación de Karen Ramos Álvarez y Ricardo Suárez David, quienes abordaron las dificultades prácticas de aplicar el Profit Split en México, un método que, pese a su lógica teórica, tropieza con la falta de documentación robusta, la subjetividad en la asignación de valores y la escasa conciencia de los corporativos extranjeros sobre las formalidades mexicanas. Karen, con experiencia en al menos diez casos, presentó tres ejemplos que reflejaron desde el desconcierto de una subsidiaria mexicana en la industria energética, que recibió apenas 2% de una utilidad global del 10% sin justificación documenta, hasta la situación de una entidad digital que desconocía que se le aplicaba un Profit Split por parte de sus relacionadas en Bélgica y Alemania, lo que la llevó a operar con pérdidas por no considerar todos los gastos que exigen los principios contables mexicanos. Su tercer ejemplo, en cambio, mostró una implementación exitosa en la industria vinícola, donde tres entidades mexicanas lograron un reparto claro de utilidades gracias a un análisis funcional exhaustivo, aunque sin librarse de los retos fiscales relativos a revelación y comprobantes.
A partir de este punto, la conversación se dirigió naturalmente hacia la importancia de contar con evidencia sustancial que soporte cualquier política de precios de transferencia, tema que retomaron Luis Eduardo Natera Niño de Rivera y Mario Barrera Vázquez al analizar la materialidad y los servicios intragrupo. Ambos subrayaron que, antes de discutir el valor de las operaciones, debe acreditarse que estas existen y son reales, más aún cuando la materialidad, inicialmente una práctica administrativa, será obligación legal en el artículo 29-A del Código Fiscal. La autoridad, recordaron, mantiene una postura estricta contra operaciones inexistentes, apoyada en el criterio no vinculativo 44 de ISR, que desde 2024 exige evidencia de la recepción efectiva del servicio para permitir su deducción. Esta visión enlazó directamente con las reflexiones previas sobre la necesidad de un “defense file” robusto y reabrió el debate sobre la documentación como eje transversal del cumplimiento en precios de transferencia.
El foro continuó con la intervención de Raúl Gustavo López Gárate y Luis Antonio Andrade León, quienes extendieron la discusión documental hacia el ámbito del comercio exterior al analizar el impacto de los aranceles en los precios de transferencia. Subrayaron que, en un entorno marcado por la volatilidad arancelaria (particularmente la proveniente de Estados Unidos), las empresas deben tomar decisiones rápidas y sin respuestas únicas. Propusieron alternativas como el First Sale for Export, el duty drawback o el rediseño de la cadena de suministro, recordando que la opción elegida solo será defendible si cuenta con soporte adecuado, un argumento que reforzó la idea ya planteada en las participaciones anteriores: sin documentación clara no hay estrategia sostenible.
La conversación se amplió hacia el ámbito internacional con la participación, desde París, de Wanda Montero Cuello, consultora senior en Banco Mundial e Ivón Marlen Saénz Benítez, quienes explicaron que los retos locales se reflejan también en las revisiones globales del Capítulo 7 de las guías de la OCDE, especialmente en lo referente a servicios intragrupo, el test del beneficio y las actividades de accionistas. Destacaron la necesidad de clarificar la remuneración más allá del cost plus y señalaron que el sistema simplificado para servicios de bajo valor agregado ha demostrado ser insuficiente. También abordaron la consulta pública sobre movilidad global de personas, la potencial creación de establecimientos permanentes y el trabajo del Comité de Expertos de la ONU para brindar guías prácticas a países en desarrollo, incluida la exploración de temas modernos como créditos de carbono, lo que conectó con el creciente escrutinio global que también enfrentan sectores específicos en México.
Uno de ellos, la minería, fue analizado por Violeta Valerio Méndez y Paola Arredondo Marrón, quienes recordaron su peso económico —2.77% del PIB, 278,000 empleos directos y más de 3,300 millones de dólares de inversión extranjera en los primeros nueve meses de 2024— y la creciente presión fiscal derivada de una brecha estimada por el SAT en 19,130 millones de pesos. Relataron que la autoridad ha intensificado su fiscalización, recuperando 65,981 millones de pesos en 2023, y enfatizaron que la subvaluación de minerales sigue siendo un punto crítico. Explicaron cómo los precios de transferencia influyen en cada etapa de la cadena de valor minera y detallaron la aplicación práctica del método CUP para asegurar que los precios de minerales reflejen el valor de mercado, apoyándose en las guías de la OCDE y del IGF, lo que reintrodujo la relevancia del análisis técnico frente a una autoridad cada vez más vigilante.
En ese mismo ambiente de creciente fiscalización, Yoshio Uehara Hashimoto y Andrea Iturbide Maldonado abordaron las expectativas de auditorías y reformas para el próximo año, destacando la meta gubernamental de reducir el déficit presupuestario mediante una estrategia más agresiva de recaudación. Mencionaron cambios en el Código Fiscal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los criterios de riesgo del SAT, especialmente en tasas efectivas inferiores al sector y operaciones con jurisdicciones de baja imposición. Retomaron, como los ponentes anteriores, la importancia preventiva de contar con un “defense file”, junto con mecanismos como los APAs y los medios de defensa nacionales e internacionales, incluido el MAP con Estados Unidos, cuyos plazos fueron actualizados recientemente.
La jornada concluyó con la participación de Karla Mariana Godínez Linares y Miguel Ángel Morales García, quienes regresaron al núcleo conceptual de la creación de valor dentro de los grupos multinacionales al explicar la relevancia del análisis DEMPE en operaciones con intangibles. Recordaron que, aunque los intangibles han sido fundamentales desde 1995, las guías emitidas en 2018 sobre actividades de Desarrollo, Explotación, Mantenimiento y Protección continúan siendo objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades fiscales. Su exposición reforzó una conclusión común a todas las ponencias del foro: la necesidad de documentar quién realiza realmente las funciones que generan valor, pues no siempre el dueño legal del intangible es quien debería recibir toda la remuneración. Mostrar la sustancia económica, coincidieron, es indispensable para sostener cualquier deducibilidad ante auditorías cada vez más exhaustivas.
Eventos recientes
El Colegio firmó esta mañana un convenio de colaboración con Becker Professional Education, con el objetivo de establecer un marco de trabajo conjunto orientado a fortalecer la formación, actualización y certificación profesional de los contadores públicos en México.La firma del documento fue encabezada por Adolfo Ramírez, presidente del Colegio, y Michael Potenza, vicepresidente de Becker Professional Education. Con esta alianza, las instituciones impulsarán esquemas de promoción y difusión institucional, mediante los cuales el Colegio pueda dar a conocer los programas de Becker a través de sus distintos canales académicos, de comunicación y de vinculación profesional.Además, se contempla revisar los mecanismos que permitirán a los asociados del Colegio acceder a los programas de Becker a través de su licenciatario autorizado en el país, evaluando la experiencia del usuario, las condiciones comerciales, el soporte académico y los procesos administrativos correspondientes.Otro de los aspectos del acuerdo es el análisis de los derechos, obligaciones y beneficios que podrían derivarse para el gremio del Colegio, incluyendo materiales promocionales, esquemas de descuento y otros beneficios, esto con el objetivo de generar valor académico, profesional y ético para la comunidad de la contaduría pública y para el entorno de negocios.Este convenio representa una clara intención entre ambas instituciones para analizar, desarrollar y construir de manera coordinada las bases de una colaboración académica y profesional que contribuya al fortalecimiento de las capacidades técnicas y éticas de la membresía del Colegio.A la firma del convenio también asistieron María Luisa Ramírez, directora del Colegio de Contadores Públicos de México, así como Rosalía Ortega López, presidenta electa; José Luis Ugalde Bustillo, presidente de la comisión de Asuntos Internacionales y Fronterizos de la región Noreste del IMCP; Eduardo Escalante, International Business Development Manager de Becker; y Víctor Keller Kaplanska, asociado del Colegio, quienes presenciaron este primer paso en la relación institucional.
Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre sus egresados, fomentar el aprendizaje continuo y mantener una red activa de colaboración profesional, el Colegio realizó el lanzamiento oficial de la Comunidad Alumni, una iniciativa impulsada por la Vicepresidencia de Normatividad Institucional, el pasado 22 de enero.El evento contó con la presencia de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio; Orlando Corona Lara, vicepresidente de Normatividad Institucional; y Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, así como docentes, coordinadores de diplomados y miembros de la comunidad que se sumaron de manera virtual.Durante su mensaje de bienvenida, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo destacó que la Comunidad Alumni surge con el propósito de mantener cerca a los profesionales, fortalecer las relaciones profesionales y de negocios, y consolidar al colegio como un aliado permanente en el desarrollo integral de sus miembros.Subrayó que el Colegio cuenta con 33 años de experiencia en formación profesional continua, con 79 generaciones de diplomados, 146 generaciones de preparación para el Examen Uniforme de Certificación, más de 3,000 contadores certificados y 9,500 profesionales formados. Asimismo, anunció que actualmente se encuentran en operación 44 diplomados para los próximos dos años, abordando temas clave como comercio exterior, ciberseguridad, inteligencia artificial, ESG, formación de peritos contables y cumplimiento por donatarias, además del fortalecimiento de la modalidad e-learning, lanzada en 2024 con diplomados asíncronos.Por su parte, Orlando Corona Lara señaló que la Comunidad Alumni representa más que una iniciativa institucional, afirmando que la formación profesional no termina en el aula, sino que se extiende a través de una red viva, participativa y colaborativa.La Comunidad Alumni conecta y acompaña a profesionales a lo largo de su trayectoria, integrando a contadores certificados, exalumnos, docentes y nuevos talentos, con el respaldo institucional del Colegio.Ofrece una ventaja competitiva al mantener a sus integrantes actualizados con información estratégica y práctica sobre normas y tendencias, a través de un newsletter exclusivo que comparte actualidad, conocimiento y reconoce al alumni destacado, fortaleciendo el sentido de pertenencia y colaboración.Como cierre del evento de lanzamiento, se llevó a cabo la conferencia Cerebros felices, empresas imparables, impartida por el Ricardo González Escobar, invitado del evento. Durante su charla, abordó la importancia de crear ambientes de trabajo cerebro-amigables, destacando que las empresas productivas del presente y del futuro priorizan la salud cerebral de sus colaboradores, comenzando por el liderazgo. A través de dinámicas y ejemplos, explicó cómo el estrés, la falta de sueño, la mala alimentación y otros hábitos afectan el desempeño, y cómo el estado emocional y mental de los líderes impacta directamente en sus equipos.González Escobar también analizó los desafíos actuales del entorno laboral, como la ansiedad, la depresión, el burnout y la alta rotación de personal, apoyándose en estudios como los de Gallup y Oset Tanner. Finalmente, invitó a las organizaciones a promover la neuroplasticidad, el aprendizaje constante y la creación de entornos psicológicamente sanos que fomenten neurotransmisores del bienestar como la serotonina, la dopamina y la oxitocina.El lanzamiento cerró con un cóctel, en un ambiente de convivencia y networking que reforzó el espíritu de cercanía y comunidad entre los asistentes.
La adecuada gestión del cumplimiento tributario se ha convertido en un elemento estratégico para las personas morales, especialmente en un contexto de creciente digitalización de la fiscalización. Bajo esta premisa, los días 20 y 21 de enero se llevó a cabo el evento Mejores prácticas para el cumplimiento tributario de personas morales, organizado por la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, coordinado por Humberto Cruz Hernández.Durante el encuentro, los especialistas Salvador Rotter Aubanel y Adrián Urbina Galicia abordaron los retos actuales y compartieron recomendaciones prácticas para que las empresas puedan anticipar contingencias y garantizar la consistencia de sus registros fiscales.En su tuno, Rotter destacó que el contador público desempeña un papel clave en la prevención de riesgos fiscales y destacó que un conocimiento profundo de la empresa, su actividad, naturaleza jurídica y objeto social, es fundamental para identificar correctamente las obligaciones fiscales. “Una clasificación inadecuada o un objeto social demasiado amplio puede derivar en riesgos significativos, como la improcedencia de acreditamientos de IVA o la no deducibilidad de gastos”, comentó.Asimismo, resaltó la importancia de contar con un sistema de control interno sólido, diseñado específicamente para fines fiscales. Mencionó que este sistema debe incluir documentación digital de implementación y capacitación, guía contabilizadora con catálogo de cuentas, calendario de obligaciones, y expedientes corporativos, laborales y fiscales. “La guía contabilizadora debe ser flexible ante cambios normativos o de personal, asegurando la uniformidad y continuidad de los registros contables”, apuntó.Rotter también subrayó la relevancia de la documentación y la materialidad de las operaciones, especialmente ante reformas que exigen que tanto emisor como receptor del CFDI puedan demostrar la veracidad de las transacciones. Dijo que, para acreditar la materialidad, es necesario integrar expedientes con contratos con fecha cierta, cotizaciones, correspondencia digital, cartas porte, comprobantes de recepción de mercancías, registros de almacén, comprobantes de pago y evidencia de la capacidad técnica del personal.Por su parte, Urbina Galicia enfatizó en la necesidad de un plan de cumplimiento fiscal estructurado, orientado a prevenir multas, sanciones y afectaciones operativas. Explicó que el incumplimiento no solo genera riesgos económicos, sino también logísticos, como la cancelación del certificado de sello digital, que puede impedir la facturación o la liberación de mercancías en aduanas.Asimismo, Urbina destacó que la transformación digital impulsada por la OCDE y adoptada en México ha incrementado la interconexión de los sistemas fiscales, por lo que las autoridades utilizan inteligencia artificial para prellenar declaraciones y ejecutar programas de vigilancia. Ante esto, afirmó que las empresas deben anticipar revisiones y ejercer debida diligencia en la gestión de sus operaciones.Durante el evento, se revisaron causas frecuentes de restricción de sellos digitales, incluyendo la omisión de declaraciones y pagos, la emisión de CFDI por operaciones simuladas y la falta de acreditación de bienes o servicios. También se abordó la facultad del SAT para negar la inscripción en el RFC a personas morales cuyos socios o representantes legales presenten irregularidades fiscales, lo que refuerza la necesidad de mantener libros sociales actualizados y protocolos de actuación claros.Finalmente, se comentó que la prevención de riesgos fiscales requiere planeación, control documental, capacitación constante del personal, asesoría especializada y el uso de herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento oportuno y consistente de las obligaciones tributarias.
