El Foro anual de precios de transferencia, celebrado el 26 y 27 de noviembre, fue un espacio de análisis técnico y reflexión estratégica sobre los retos actuales de la materia. Organizado por la comisión de Precios de Transferencia, el evento contó con la participación de sus integrantes como expositores.
La jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de este encuentro. Durante su mensaje, subrayó que el foro “se ha consolidado como un referente técnico y estratégico para la profesión contable, la comunidad fiscal y el mundo empresarial”, resaltando así el valor de la actualización continua.
El evento inició con la participación de Karen Ramos Álvarez y Ricardo Suárez David, quienes abordaron las dificultades prácticas de aplicar el Profit Split en México, un método que, pese a su lógica teórica, tropieza con la falta de documentación robusta, la subjetividad en la asignación de valores y la escasa conciencia de los corporativos extranjeros sobre las formalidades mexicanas. Karen, con experiencia en al menos diez casos, presentó tres ejemplos que reflejaron desde el desconcierto de una subsidiaria mexicana en la industria energética, que recibió apenas 2% de una utilidad global del 10% sin justificación documenta, hasta la situación de una entidad digital que desconocía que se le aplicaba un Profit Split por parte de sus relacionadas en Bélgica y Alemania, lo que la llevó a operar con pérdidas por no considerar todos los gastos que exigen los principios contables mexicanos. Su tercer ejemplo, en cambio, mostró una implementación exitosa en la industria vinícola, donde tres entidades mexicanas lograron un reparto claro de utilidades gracias a un análisis funcional exhaustivo, aunque sin librarse de los retos fiscales relativos a revelación y comprobantes.
A partir de este punto, la conversación se dirigió naturalmente hacia la importancia de contar con evidencia sustancial que soporte cualquier política de precios de transferencia, tema que retomaron Luis Eduardo Natera Niño de Rivera y Mario Barrera Vázquez al analizar la materialidad y los servicios intragrupo. Ambos subrayaron que, antes de discutir el valor de las operaciones, debe acreditarse que estas existen y son reales, más aún cuando la materialidad, inicialmente una práctica administrativa, será obligación legal en el artículo 29-A del Código Fiscal. La autoridad, recordaron, mantiene una postura estricta contra operaciones inexistentes, apoyada en el criterio no vinculativo 44 de ISR, que desde 2024 exige evidencia de la recepción efectiva del servicio para permitir su deducción. Esta visión enlazó directamente con las reflexiones previas sobre la necesidad de un “defense file” robusto y reabrió el debate sobre la documentación como eje transversal del cumplimiento en precios de transferencia.
El foro continuó con la intervención de Raúl Gustavo López Gárate y Luis Antonio Andrade León, quienes extendieron la discusión documental hacia el ámbito del comercio exterior al analizar el impacto de los aranceles en los precios de transferencia. Subrayaron que, en un entorno marcado por la volatilidad arancelaria (particularmente la proveniente de Estados Unidos), las empresas deben tomar decisiones rápidas y sin respuestas únicas. Propusieron alternativas como el First Sale for Export, el duty drawback o el rediseño de la cadena de suministro, recordando que la opción elegida solo será defendible si cuenta con soporte adecuado, un argumento que reforzó la idea ya planteada en las participaciones anteriores: sin documentación clara no hay estrategia sostenible.
La conversación se amplió hacia el ámbito internacional con la participación, desde París, de Wanda Montero Cuello, consultora senior en Banco Mundial e Ivón Marlen Saénz Benítez, quienes explicaron que los retos locales se reflejan también en las revisiones globales del Capítulo 7 de las guías de la OCDE, especialmente en lo referente a servicios intragrupo, el test del beneficio y las actividades de accionistas. Destacaron la necesidad de clarificar la remuneración más allá del cost plus y señalaron que el sistema simplificado para servicios de bajo valor agregado ha demostrado ser insuficiente. También abordaron la consulta pública sobre movilidad global de personas, la potencial creación de establecimientos permanentes y el trabajo del Comité de Expertos de la ONU para brindar guías prácticas a países en desarrollo, incluida la exploración de temas modernos como créditos de carbono, lo que conectó con el creciente escrutinio global que también enfrentan sectores específicos en México.
Uno de ellos, la minería, fue analizado por Violeta Valerio Méndez y Paola Arredondo Marrón, quienes recordaron su peso económico —2.77% del PIB, 278,000 empleos directos y más de 3,300 millones de dólares de inversión extranjera en los primeros nueve meses de 2024— y la creciente presión fiscal derivada de una brecha estimada por el SAT en 19,130 millones de pesos. Relataron que la autoridad ha intensificado su fiscalización, recuperando 65,981 millones de pesos en 2023, y enfatizaron que la subvaluación de minerales sigue siendo un punto crítico. Explicaron cómo los precios de transferencia influyen en cada etapa de la cadena de valor minera y detallaron la aplicación práctica del método CUP para asegurar que los precios de minerales reflejen el valor de mercado, apoyándose en las guías de la OCDE y del IGF, lo que reintrodujo la relevancia del análisis técnico frente a una autoridad cada vez más vigilante.
En ese mismo ambiente de creciente fiscalización, Yoshio Uehara Hashimoto y Andrea Iturbide Maldonado abordaron las expectativas de auditorías y reformas para el próximo año, destacando la meta gubernamental de reducir el déficit presupuestario mediante una estrategia más agresiva de recaudación. Mencionaron cambios en el Código Fiscal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los criterios de riesgo del SAT, especialmente en tasas efectivas inferiores al sector y operaciones con jurisdicciones de baja imposición. Retomaron, como los ponentes anteriores, la importancia preventiva de contar con un “defense file”, junto con mecanismos como los APAs y los medios de defensa nacionales e internacionales, incluido el MAP con Estados Unidos, cuyos plazos fueron actualizados recientemente.
La jornada concluyó con la participación de Karla Mariana Godínez Linares y Miguel Ángel Morales García, quienes regresaron al núcleo conceptual de la creación de valor dentro de los grupos multinacionales al explicar la relevancia del análisis DEMPE en operaciones con intangibles. Recordaron que, aunque los intangibles han sido fundamentales desde 1995, las guías emitidas en 2018 sobre actividades de Desarrollo, Explotación, Mantenimiento y Protección continúan siendo objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades fiscales. Su exposición reforzó una conclusión común a todas las ponencias del foro: la necesidad de documentar quién realiza realmente las funciones que generan valor, pues no siempre el dueño legal del intangible es quien debería recibir toda la remuneración. Mostrar la sustancia económica, coincidieron, es indispensable para sostener cualquier deducibilidad ante auditorías cada vez más exhaustivas.
Eventos recientes
La comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio organizó el foro Ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, un espacio de análisis y reflexión en torno a la relevancia de la ética profesional en los procesos de aseguramiento. El encuentro reunió a especialistas del ámbito contable y de auditoría para discutir los desafíos que enfrentan las firmas al implementar sistemas de gestión de calidad y garantizar la independencia y objetividad en la revisión de los encargos.La coordinación del evento, realizado el 11 de marzo, estuvo a cargo de Cecilia Coronel Ruiz y Carlos Velázquez Valle, integrantes de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Como expositores participaron Parménides Lozano Rodríguez, integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero; Arantxa Esthela Reyes Mendiola, Audit Associate Partner en Baker Tilly México; Francisco José Sánchez González, integrante de la comisión de Gobierno Corporativo; y la propia Cecilia Coronel Ruiz.Durante su intervención, Parménides Lozano Rodríguez abordó la ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, vinculada con las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que la profesión contable es de interés público, por lo que los profesionales no solo responden ante quien contrata sus servicios, sino también ante la sociedad, ya que las conclusiones de auditoría influyen en la toma de decisiones y en una cadena de valor que incluye empleados, proveedores y el entorno social.Destacó que estas normas surgieron tras escándalos corporativos que evidenciaron la necesidad de reforzar la independencia y la ética profesional. Por ello, el revisor de calidad debe designarse con base en criterios de competencia, capacidad y disponibilidad, evitando amenazas a la objetividad como la familiaridad o el interés propio. Asimismo, explicó que esta revisión es necesaria en encargos relacionados con entidades que cotizan en bolsa, instituciones supervisadas por autoridades financieras o empresas con alto riesgo de lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes mencionó la falta de claridad sobre cuándo interviene el revisor, la ausencia de evidencia de su participación y la escasa documentación de los procesos de remediación.Por su parte, Arantxa Esthela Reyes Mendiola centró su exposición en la ética dentro del sistema de gestión de calidad bajo las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Destacó que la ética debe ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una práctica operativa dentro de las firmas, ya que la confianza es la principal “mercancía” de los profesionales contables y el comportamiento individual impacta directamente en la reputación institucional.A partir de su experiencia en la implementación de estos estándares en México y Latinoamérica, señaló que, aunque los contextos varían, la confianza es un elemento transversal. Advirtió que los mayores riesgos para las firmas no siempre son técnicos, sino aquellos derivados de la familiaridad con los clientes o de presiones comerciales que pueden afectar el juicio profesional. Ante ello, subrayó la importancia de contar con salvaguardas adecuadas, procesos constantes de autoevaluación, canales de denuncia efectivos y un liderazgo ético que se refleje en toda la organización.En su intervención, Francisco José Sánchez González abordó los desafíos éticos que enfrentan las firmas de contaduría pública en la asignación de revisores y en la ejecución de auditorías. Señaló que la confianza pública, la objetividad, la independencia y la calidad profesional son pilares de la profesión, guiados por principios del código de ética como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional.También enfatizó la importancia de documentar adecuadamente los procesos de aceptación y continuidad de clientes, verificando que los miembros del equipo no tengan intereses financieros o relaciones personales que comprometan su independencia, y que cuenten con la experiencia necesaria para cada sector. Asimismo, advirtió que presiones internas y externas, como las económicas o los plazos de entrega, pueden generar riesgos éticos, los cuales deben mitigarse mediante salvaguardas como la rotación de socios o revisores, la documentación de la independencia y la capacitación continua.Finalmente, Cecilia Coronel Ruiz explicó el papel de la ética en los sistemas de gestión de calidad establecidos por las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que las firmas deben aplicar sistemas basados en riesgos para garantizar la calidad de los encargos y el cumplimiento de normas profesionales y legales.Destacó que el revisor de calidad actúa de forma independiente al equipo de auditoría y valida las conclusiones antes de emitir el informe. También subrayó la importancia de contar con políticas claras para la elegibilidad de revisores y respetar periodos de enfriamiento, con el fin de fortalecer la calidad, la independencia y la confianza en la profesión contable.
Este 9 de marzo, el Colegio organizó el foro Fiscalidad con IA: Criptoexchanges y retenciones, un espacio de análisis dedicado a revisar el marco fiscal relacionado con los criptoactivos, así como las herramientas tecnológicas que utilizan las autoridades para su fiscalización.En el encuentro participaron los especialistas Juan Carlos Santillán Hernández y Gustavo Fuentes de León como expositores, mientras que Juan Carcaño López fungió como moderador y presentó un panorama general sobre la evolución de los criptoactivos y su tratamiento regulatorio.Durante la sesión se explicó que la fiscalidad comprende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan los tributos y los procesos de recaudación del Estado, los cuales permiten financiar servicios públicos y otras actividades gubernamentales. En ese contexto, los especialistas destacaron que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la manera en que las autoridades analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones, tomar decisiones y fortalecer los procesos de supervisión fiscal. Como parte del panorama general, se revisó el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Los ponentes recordaron que el crecimiento de redes como Ethereum permitió la creación de tokens mediante contratos inteligentes, lo que dio origen a miles de activos digitales programables dentro de la tecnología blockchain. De igual forma, explicaron que los criptoactivos se definieron como representaciones digitales de valor que utilizan criptografía y redes descentralizadas para validar y registrar transacciones sin la intervención de una autoridad central. Entre sus principales características, los panelistas enlistaron la descentralización, el uso de blockchain, el pseudonimato de los usuarios y la posibilidad de realizar transferencias globales casi inmediatas. Asimismo, se mencionó que dentro del mercado existen distintas categorías, entre ellas criptomonedas ampliamente conocidas como Bitcoin y Ethereum, además de stablecoins, tokens de utilidad y tokens de gobernanza.Los especialistas señalaron que, ante el crecimiento del mercado de criptoactivos, diversos organismos internacionales han impulsado lineamientos orientados a mejorar la transparencia fiscal y prevenir riesgos como el lavado de dinero. En el caso de México, recordaron que los criptoactivos no tienen el carácter de moneda de curso legal. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y criterios de Banxico. Además, se destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el análisis de blockchain, el intercambio internacional de información y sistemas de IA capaces de rastrear transacciones en redes públicas. En materia tributaria, se explicó que México aún no cuenta con un régimen específico para las criptomonedas. Sin embargo, la postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugiere que las operaciones de compraventa de estos activos pueden tratarse como enajenación de bienes, por lo que podrían sujetarse a disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) relacionadas con este tipo de transacciones. Durante el foro también se revisaron las reglas aplicables a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en plataformas tecnológicas y servicios digitales. Los especialistas coincidieron en que las disposiciones fiscales establecen obligaciones específicas para las plataformas que intermedian operaciones, incluyendo la retención de impuestos y la emisión de comprobantes fiscales correspondientes.
Con el propósito de analizar los principales retos en la preparación de la declaración anual, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio organizó el 6 de marzo el curso Declaración anual 2025 en Resico: aspectos clave para su elaboración, impartido por los comisionados Elio Fernando Zurita Morales y Edyth Ramírez Sánchez. Durante el evento se abordaron aspectos normativos y prácticos que los contribuyentes deben considerar para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales dentro del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).En su intervención, Elio Fernando Zurita Morales explicó los elementos centrales para la elaboración de la declaración anual 2025 en Resico, tanto para personas físicas como para personas morales. Señaló que, en el caso de las personas físicas, el régimen es voluntario, se basa en ingresos efectivamente cobrados y no permite deducciones, siempre que los ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos anuales. También se permite obtener ingresos adicionales por sueldos o intereses, siempre que no se supere dicho límite.No obstante, advirtió que existen limitaciones en la regla miscelánea que permite combinar ingresos, lo que puede generar riesgos en casos como la venta de una casa no exenta u otros ingresos extraordinarios. En caso de rebasar el límite o incumplir obligaciones, el contribuyente deberá salir del régimen y tributar en el esquema correspondiente.Respecto a las personas morales, destacó que el Resico es obligatorio cuando la sociedad está integrada únicamente por personas físicas y sus ingresos del ejercicio anterior no superan los 35 millones de pesos. Asimismo, subrayó que la participación de socios en otras sociedades mercantiles, especialmente cuando existe control o relación entre ellas, puede impedir tributar en este régimen.En materia de deducciones, explicó que en Resico para personas morales se consideran principalmente las adquisiciones efectivamente pagadas. Las inversiones cuentan con porcentajes de deducción más altos, aunque solo hasta tres millones de pesos, aplicándose posteriormente los porcentajes normales. También mencionó algunos retos prácticos, como la falta de reglas claras para la deducción de inventarios iniciales al cambiar de régimen y la no deducibilidad de los anticipos de remanente en sociedades civiles.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez destacó la importancia de preparar con anticipación la información para la declaración anual, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un simulador que precarga diversos datos. Subrayó que es indispensable contar con papeles de trabajo y validar la información antes de presentar la declaración.La especialista explicó que la autoridad fiscal dispone de una gran cantidad de información del contribuyente, principalmente a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), por lo que resulta fundamental conciliar ingresos, gastos y pagos provisionales con dichos comprobantes. También resaltó la relevancia de los complementos de pago para confirmar cuándo un ingreso ha sido efectivamente cobrado.Asimismo, enfatizó la correcta emisión de CFDI en conceptos como sueldos, viáticos y otras prestaciones, ya que el incumplimiento en retenciones puede impedir la deducción de ciertos gastos. También recomendó justificar adecuadamente la razón de negocios de las erogaciones y mantener actualizadas cuentas fiscales como la CUCA, la CUFIN y las pérdidas fiscales.Finalmente, la expositora reiteró que la información precargada por la autoridad debe utilizarse únicamente como referencia, por lo que es indispensable revisarla y conciliarla con la contabilidad del contribuyente. Una adecuada preparación y verificación de la información permitirá presentar la declaración anual de manera correcta y evitar posibles inconsistencias ante la autoridad fiscal.
