Tras el impacto ambiental que se vive actualmente, se plantea un nuevo escenario por parte de algunas entidades federativas, que promuevan la creación de impuestos ecológicos que conlleven a la disminución de contaminantes.
Ante este panorama, y presentando temas de oportunidad, la comisión técnica de Contribuciones Locales en el Colegio expuso el 19 de octubre el tema en línea Impuestos ambientales en los Estados, que fue presidido por algunos de sus integrantes, representado por Rodrigo Farías García, Rafael Martínez Albarrán y Ana Victoria Albareda Soberón (coordinadora), quienes abordaron los temas Antecedentes y aspectos generales de los impuestos ambientales en los estados y Descripción de los impuestos ambientales por estado: sujeto, objeto, base y tarifa de cálculo.
Rodrigo Farías García habló de los impuestos ambientales que están en vigor en la República mexicana, cuyas características principales es paliar las externalidades negativas que producen las industrias en general. La finalidad de estos impuestos son privilegiar que la sociedad en general vea remediado el daño ambiental que causa la actividad industrial, y en ese sentido, que los supuestos responsables de la contaminación al ambiente se vean obligados a remediar las acciones que generan en su actividad.
“Los impuestos ecológicos tienen antecedentes en varios países previo a la llegada a México, en el que la doctrina general ha señalado que las bases tributarias deberían irse racionando de manera automática. Lo que buscan estos impuestos meramente extrafiscales es que los contribuyentes que se ubiquen en el hecho imponible del tributo realicen actividades o inversiones tecnológicas que modifiquen su actividad en ese momento para que sea trasladada a una operación limpia. Esta doctrina habla en el sentido de que los elementos del tributo debieran irse erosionando por sí solos”.
Asimismo, agregó que este principio de doctrina no está reflejado en la legislación mexicana, aunque se tiene como antecedente al estado de Zacatecas, que cuenta con un capítulo en impuestos ecológicos en la propia Ley de Hacienda Pública Estatal; no obstante, el primer caso de impuesto ecológico local se dio en Coahuila al regular la extracción de materiales pétreos, siendo el primer antecedente local.
En ese mismo tenor, Rafael Martínez Albarrán basó su participación en los cuatro impuestos ecológicos que están legislados en Zacatecas, pero que son un referente para los 12 estados que se han sumado a este tipo de tributación.
1) Impuesto por la remediación ambiental en la extracción de materiales.
2) Impuesto de la emisión de gases a la atmósfera.
3) Impuesto de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.
4) Impuesto al depósito o almacenamiento de residuos.
De los estados que han adoptado los impuestos en materia de extracción de materiales figuran Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Quintana Roo, Coahuila, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Colima.
Mientras tanto, el gravamen por emisión de gases a la atmósfera se encuentra Yucatán, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas.
En cuanto a la tributación por emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua aparece Yucatán, Nuevo León y Zacatecas.
Por último, los estados que gravan impuesto por almacenamiento y la disposición final de residuos de manejo especial y peligroso están Querétaro y Zacatecas.
Ana Victoria Albareda Soberón dijo que los impuestos ecológicos o ambientales han tomado relevancia y exhortó a ambientarse en este tipo de cultura circundante.
Para concluir, los expositores cerraron su participación apelando que es necesario hacer un análisis por estado, sector y empresa para determinar los impuestos gravados, trabajar en conjunto con las áreas de mantenimiento y de normatividad ambiental que permitan cumplir con las obligaciones fiscales y ambientales.
Eventos recientes
El jueves 27 de noviembre se realizó la conferencia en línea con especialistas, en esta ocasión con la participación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), también conocida como la Universidad en Internet, representada por Gabriel Valencia González, quien se centró en el tema Evolución de las finanzas tecnológicas (Fintech). Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente de Vinculación Universitaria, Héctor Vázquez González.En materia de la conferencia, Gabriel Valencia habló de forma detallada de cómo la tecnología ha transformado la forma en la que se gestionan las finanzas, para ello, se centró en tres ejes esenciales: Definición y evolución de las finanzas tecnológicas; Importancia de la tecnología en la industria financiera y El futuro de las finanzas tecnológicas.El profesor, quien es contador público con especialidad en auditoría y en administración de empresas, explicó que el término Fintech se refiere a una serie de innovaciones, aplicaciones, productos y servicios financieros que buscan llegar a un mayor número de personas. “Los objetivos de la Fintech incluyen: reducir costos operativos, mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a servicios financieros a la población no bancarizada, aumentar la competencia y mejorar la experiencia del usuario”, comentó. Asimismo, destacó que el ecosistema Fintech abarca diversas áreas, como: los pagos digitales, banca digital, Robo-Advisors (inversiones automatizadas) e InsurTech (tecnología aplicada a seguros), criptomonedas y blockchain, crowdfunding (financiamiento colectivo) y APIs (Application Programming Interface).En esa línea, aclaró que las Reg Tech utilizan Inteligencia Artificial (IA) y big data para ayudar a las empresas a cumplir normativas y gestionar riesgos regulatorios de forma eficiente en sectores como banca, seguros y Fintech.Acerca del tema de los retos que enfrentan las Fintech, Gabriel Valencia destacó que los principales desafíos son la regulación que está rezagada frente a los avances tecnológicos que han evolucionado a gran velocidad; en tanto, la legislación va muy atrás. Otro reto, es el riesgo de fraudes y ataques cibernéticos (como los deepfakes), y la necesidad de protección de datos sensibles ante la posible venta de bases de datos por parte de empleados. Finalmente, el desarrollo de monedas virtuales de bancos centrales (CBDCs), como el yuan digital en China, busca eliminar el dinero centralizado en papel para pagos internos, siendo una de las nuevas tendencias para el futuro.Para concluir su intervención, mencionó aquellas tecnologías de soporte como las APIs, las cuales definió como un conjunto de reglas y protocolos que permiten que dos sistemas o aplicaciones se comuniquen de forma segura y estructurada. Ejemplo de esto son las aplicaciones como Uber que utiliza diferentes APIs para la ubicación (Maps API), el pago (Payments API), la autenticación y las notificaciones, asegurando que la aplicación principal no tenga acceso a todos los datos sensibles del usuario.
El Foro anual de precios de transferencia, celebrado el 26 y 27 de noviembre, fue un espacio de análisis técnico y reflexión estratégica sobre los retos actuales de la materia. Organizado por la comisión de Precios de Transferencia, el evento contó con la participación de sus integrantes como expositores.La jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de este encuentro. Durante su mensaje, subrayó que el foro “se ha consolidado como un referente técnico y estratégico para la profesión contable, la comunidad fiscal y el mundo empresarial”, resaltando así el valor de la actualización continua.El evento inició con la participación de Karen Ramos Álvarez y Ricardo Suárez David, quienes abordaron las dificultades prácticas de aplicar el Profit Split en México, un método que, pese a su lógica teórica, tropieza con la falta de documentación robusta, la subjetividad en la asignación de valores y la escasa conciencia de los corporativos extranjeros sobre las formalidades mexicanas. Karen, con experiencia en al menos diez casos, presentó tres ejemplos que reflejaron desde el desconcierto de una subsidiaria mexicana en la industria energética, que recibió apenas 2% de una utilidad global del 10% sin justificación documenta, hasta la situación de una entidad digital que desconocía que se le aplicaba un Profit Split por parte de sus relacionadas en Bélgica y Alemania, lo que la llevó a operar con pérdidas por no considerar todos los gastos que exigen los principios contables mexicanos. Su tercer ejemplo, en cambio, mostró una implementación exitosa en la industria vinícola, donde tres entidades mexicanas lograron un reparto claro de utilidades gracias a un análisis funcional exhaustivo, aunque sin librarse de los retos fiscales relativos a revelación y comprobantes.A partir de este punto, la conversación se dirigió naturalmente hacia la importancia de contar con evidencia sustancial que soporte cualquier política de precios de transferencia, tema que retomaron Luis Eduardo Natera Niño de Rivera y Mario Barrera Vázquez al analizar la materialidad y los servicios intragrupo. Ambos subrayaron que, antes de discutir el valor de las operaciones, debe acreditarse que estas existen y son reales, más aún cuando la materialidad, inicialmente una práctica administrativa, será obligación legal en el artículo 29-A del Código Fiscal. La autoridad, recordaron, mantiene una postura estricta contra operaciones inexistentes, apoyada en el criterio no vinculativo 44 de ISR, que desde 2024 exige evidencia de la recepción efectiva del servicio para permitir su deducción. Esta visión enlazó directamente con las reflexiones previas sobre la necesidad de un “defense file” robusto y reabrió el debate sobre la documentación como eje transversal del cumplimiento en precios de transferencia.El foro continuó con la intervención de Raúl Gustavo López Gárate y Luis Antonio Andrade León, quienes extendieron la discusión documental hacia el ámbito del comercio exterior al analizar el impacto de los aranceles en los precios de transferencia. Subrayaron que, en un entorno marcado por la volatilidad arancelaria (particularmente la proveniente de Estados Unidos), las empresas deben tomar decisiones rápidas y sin respuestas únicas. Propusieron alternativas como el First Sale for Export, el duty drawback o el rediseño de la cadena de suministro, recordando que la opción elegida solo será defendible si cuenta con soporte adecuado, un argumento que reforzó la idea ya planteada en las participaciones anteriores: sin documentación clara no hay estrategia sostenible.La conversación se amplió hacia el ámbito internacional con la participación, desde París, de Wanda Montero Cuello, consultora senior en Banco Mundial e Ivón Marlen Saénz Benítez, quienes explicaron que los retos locales se reflejan también en las revisiones globales del Capítulo 7 de las guías de la OCDE, especialmente en lo referente a servicios intragrupo, el test del beneficio y las actividades de accionistas. Destacaron la necesidad de clarificar la remuneración más allá del cost plus y señalaron que el sistema simplificado para servicios de bajo valor agregado ha demostrado ser insuficiente. También abordaron la consulta pública sobre movilidad global de personas, la potencial creación de establecimientos permanentes y el trabajo del Comité de Expertos de la ONU para brindar guías prácticas a países en desarrollo, incluida la exploración de temas modernos como créditos de carbono, lo que conectó con el creciente escrutinio global que también enfrentan sectores específicos en México.Uno de ellos, la minería, fue analizado por Violeta Valerio Méndez y Paola Arredondo Marrón, quienes recordaron su peso económico —2.77% del PIB, 278,000 empleos directos y más de 3,300 millones de dólares de inversión extranjera en los primeros nueve meses de 2024— y la creciente presión fiscal derivada de una brecha estimada por el SAT en 19,130 millones de pesos. Relataron que la autoridad ha intensificado su fiscalización, recuperando 65,981 millones de pesos en 2023, y enfatizaron que la subvaluación de minerales sigue siendo un punto crítico. Explicaron cómo los precios de transferencia influyen en cada etapa de la cadena de valor minera y detallaron la aplicación práctica del método CUP para asegurar que los precios de minerales reflejen el valor de mercado, apoyándose en las guías de la OCDE y del IGF, lo que reintrodujo la relevancia del análisis técnico frente a una autoridad cada vez más vigilante.En ese mismo ambiente de creciente fiscalización, Yoshio Uehara Hashimoto y Andrea Iturbide Maldonado abordaron las expectativas de auditorías y reformas para el próximo año, destacando la meta gubernamental de reducir el déficit presupuestario mediante una estrategia más agresiva de recaudación. Mencionaron cambios en el Código Fiscal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los criterios de riesgo del SAT, especialmente en tasas efectivas inferiores al sector y operaciones con jurisdicciones de baja imposición. Retomaron, como los ponentes anteriores, la importancia preventiva de contar con un “defense file”, junto con mecanismos como los APAs y los medios de defensa nacionales e internacionales, incluido el MAP con Estados Unidos, cuyos plazos fueron actualizados recientemente.La jornada concluyó con la participación de Karla Mariana Godínez Linares y Miguel Ángel Morales García, quienes regresaron al núcleo conceptual de la creación de valor dentro de los grupos multinacionales al explicar la relevancia del análisis DEMPE en operaciones con intangibles. Recordaron que, aunque los intangibles han sido fundamentales desde 1995, las guías emitidas en 2018 sobre actividades de Desarrollo, Explotación, Mantenimiento y Protección continúan siendo objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades fiscales. Su exposición reforzó una conclusión común a todas las ponencias del foro: la necesidad de documentar quién realiza realmente las funciones que generan valor, pues no siempre el dueño legal del intangible es quien debería recibir toda la remuneración. Mostrar la sustancia económica, coincidieron, es indispensable para sostener cualquier deducibilidad ante auditorías cada vez más exhaustivas.
El 27 de diciembre se presentó el curso Gobierno corporativo: mitos y realidades, el primer espacio de actualización coordinado por la nueva comisión técnica de Gobierno Corporativo que se integra dentro del Colegio, representada por Carlos Ugalde Navarro, como su presidente, y Mauricio Villanueva Cruz, como vicepresidente. Durante la sesión se presentaron directrices para orientar la labor profesional apropiada como consejero independiente por el camino del cumplimiento, la planeación estratégica, la ética y la responsabilidad profesional.Fueron ocho expertos fueron reunidos en el Colegio para compartir sus conocimientos: Carlos Ugalde Navarro, Mauricio Villanueva Cruz, José Adrián Barrera Garduño, Nancy Velasco Contreras, Francisco José Sánchez González, Roberto Resa Perusquia, Jorge Zúñiga Carrasco y Miguel Ángel Brizuela González; todos integrantes de la comisión antes mencionada. En conjunto, desarrollaron cinco temas conectados que permitieron conocer las bases fundamentales del Gobierno Corporativo.Para comenzar, se destacó la importancia del gobierno corporativo para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, y al papel del contador público en este sector. Este rol permite al experto contable ser un aliado orientado estratégico para las organizaciones en materia de sostenibilidad, ética, finanzas, etc., quien emplea protocolos y su juicio profesional para asegurar la rentabilidad de una organización y su permanencia a lo largo del tiempo.Posteriormente, se expusieron los elementos de la planeación estratégica, que permiten al gobierno corporativo conocer el contexto de una organización, plantear objetivos realistas y coherentes, trazar un camino de acción para alcanzarlos y adaptar este plan para preservar el sentido de este. Sin embargo, según comentaron, al desarrollar esta estrategia es fundamental que el contador sepa mostrar su propuesta y demostrar la importancia de su implementación, pero también brindar seguimiento al cumplimiento de dicho plan de acción.Por ello, el siguiente tema se encargó de destacar la importancia de un comisario que vigile la legalidad y veracidad de la gestión de una organización, así como su información financiera, ya que su supervisión garantica el cumplimiento legal y ético, pero también permite orientar el actuar de la organización para ser consecuente con sus objetivos.Esta tarea, según explicaron los comisionados, no se logra individualmente. La figura del consejo de administración complementa esta labor de vigilancia que atiende los riesgos y forma parte fundamental del cumplimiento ASG. Así, este consejo suma valor a través de la supervisión, ya que integra elementos complejos, brinda perspectiva a la gestión de la organización y permite compartir experiencias que nutran la toma de decisiones empresariales y permitan gestionar riesgos apropiadamente.En su siguiente tema, una vez compartido el papel del contador dentro del gobierno corporativo, se destacó la relevancia del Código de Ética Profesional (CEP) y su seguimiento apropiado para el experto en el gobierno corporativo, ya que la naturaleza de esta labor demanda independencia y juicio profesional, fundamentos clave del CEP.Para cerrar la jornada, los ponentes desarrollaron cómo el un buen gobierno corporativo puede asegurar el mantenimiento de una organización a lo largo del tiempo mediante estrategias claras y realistas, planes de contención de riesgos y un contante análisis de la situación de una empresa que permita alinear las decisiones con los objetivos estratégicos mediante un uso apropiado de recursos.Finalmente, una vez concluido el enriquecedor espacio, el presidente de la comisión agradeció a los asistentes e inauguró un brindis de honor que permitiera celebrar el inicio de actividades de la comisión técnica de Gobierno Corporativo, y subrayó nuevamente que debido a la importancia de esta disciplina en la contaduría, la comisión adquiere una responsabilidad con la profesión contable que está en disposición de satisfacer de manera plena.
