La comisión de Contribuciones Locales del Colegio llevó a cabo el 4 de septiembre el evento Impuestos ecológicos, el cual contó con la participación de Sergio Alejandro Ríos Alonso, Enrique Augusto Zamora Paredes y Juvenal Octaviano Villaverde Crisantos, todos integrantes de la comisión antes mencionada.
Entrando en tema, Zamora Paredes comentó que, en México, la preocupación por el medio ambiente y la protección de los recursos naturales ha llevado a la implementación de impuestos ecológicos en varios Estados del país. Estos impuestos, también conocidos como impuestos verdes o ambientales, tienen como objetivo principal desincentivar actividades que puedan dañar el entorno natural y proporcionar recursos para la conservación ambiental y la salud pública.
En ese sentido, explicó que los impuestos ecológicos se aplican a una variedad de actividades que van desde la emisión de gases a la atmósfera hasta la extracción de materiales pétreos. “Los Estados tienen la facultad de establecer impuestos locales, y esta potestad ha llevado a la creación de diferentes regulaciones y tasas impositivas en cada entidad federativa”.
En su turno, Ríos Alonso profundizó sobre el caso de Zacatecas, uno de los Estados pioneros en la implementación de impuestos ecológicos. Al respecto, manifestó que, en 2017, este Estado publicó una nueva Ley de Hacienda que incluyó un capítulo exclusivo para estos impuestos, cuyo objetivo declarado fue proporcionar al Estado los recursos necesarios para cumplir con su obligación de proteger la salud y el medio ambiente, tal como lo establece la Constitución Mexicana.
Sin embargo, señaló que no todos los Estados han mantenido estos impuestos. Michoacán, por ejemplo, derogó sus impuestos ecológicos en 2019 debido a preocupaciones sobre la medición de las emisiones, la proporcionalidad en los cobros y la falta de claridad en el uso de los fondos recaudados.
Zamora Paredes precisó que la legislación relacionada con los impuestos ecológicos está en constante evolución, por lo que, algunos Estados han implementado impuestos más recientemente, como Coahuila en 2022 (impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos) y Durango en 2023 (impuesto para preservación y restauración ecológica en la extracción de materiales, impuesto por emisión de gases a la atmósfera, impuesto de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua e impuesto por depósito o almacenamiento de residuos). Estos impuestos buscan no solo recaudar fondos, sino también incentivar cambios en el comportamiento de los contribuyentes para favorecer el medio ambiente.
Finalmente, los ponentes indicaron que los impuestos ecológicos en México representan un esfuerzo importante para promover la protección ambiental y la conservación de los recursos naturales. A medida que más Estados adopten estas medidas, será esencial seguir de cerca su evolución y su impacto en la sociedad y el medio ambiente. “Estos impuestos no solo buscan recaudar dinero, sino también generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno natural”.
Durante la charla, los expositores brindaron detalle de cada impuesto aplicado en los Estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas, así como las obligaciones que tiene las personas físicas y morales respecto a esos tributos.
Eventos recientes
El Colegio llevó a cabo este 21 de marzo el foro Aspectos básicos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, lugar al que se dieron cita los contadores Susana Mejía Balcázar y Alejandro Méndez Rueda, quienes abordaron los fundamentos conceptuales, legales y operativos de esta práctica ilícita, así como su relación con el marco normativo nacional e internacional.Durante la exposición, la especialista Mejía Balcázar explicó que el lavado de dinero implica ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos a través de actividades ilegales, con el propósito de integrarlos a la economía formal bajo una apariencia de legalidad. Este proceso se desarrolla en tres etapas claramente identificadas: colocación, cuando los recursos ingresan al sistema financiero; estratificación, donde se fragmentan y se realizan diversas transacciones para desvincularlos de su origen; e integración, fase en la que los fondos regresan al circuito económico mediante operaciones aparentemente lícitas.Se destacó que este delito está tipificado en el Código Penal Federal como operaciones con recursos de procedencia ilícita; de acuerdo con la legislación, “se configura cuando una persona, por sí misma o a través de terceros, adquiere, administra, transfiere, transporta o invierte recursos de origen ilegal, con conocimiento de dicha procedencia”, aclaró la contadora.En este contexto, se informó que las sanciones contempladas van de 5 a 15 años de prisión, además de multas de entre 1,000 y 5,000 días. “Estas penas pueden incrementarse cuando participan actores con responsabilidades específicas, como administradores, consejeros o servidores públicos, lo que refleja la gravedad del delito dentro del sistema financiero”.Además, se abordó la tipificación del terrorismo en el propio código, definido como la realización intencional de actos violentos que generen alarma o terror en la población, mediante el uso de diversos medios, con el objetivo de afectar la seguridad nacional o presionar a autoridades.Bajo esta línea, se subrayó la diferencia clave entre ambos fenómenos: mientras el lavado de dinero busca ocultar el origen ilícito de los recursos para integrarlos a la economía, el financiamiento al terrorismo puede utilizar tanto recursos legales como ilegales, pero con la finalidad de apoyar actividades terroristas, sin necesariamente ocultar su procedencia.En el foro también se analizó la relevancia de la cooperación internacional. “Organismos como el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria establecen principios para fortalecer la regulación financiera y la gestión de riesgos”, lo cual consolida estándares globales en la materia.Para el caso de México, se destacó que la prevención del lavado de dinero opera a través de un ecosistema institucional encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con la participación activa de organismos supervisores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Los especialistas señalaron que el cumplimiento en esta materia ha evolucionado significativamente desde la entrada en vigor del marco normativo en julio de 2013 hasta la reforma integral del 16 de julio de 2025. Este proceso ha implicado la transición de esquemas tradicionales hacia modelos de gestión de riesgos más sofisticados, apoyados en herramientas digitales y análisis dinámico de operaciones.Finalmente, se precisó que las obligaciones varían según la actividad económica. Mientras sectores como los juegos con apuesta cuentan con umbrales específicos para la identificación y reporte de operaciones, otros rubros estratégicos, como el inmobiliario y el otorgamiento de préstamos, están sujetos a esquemas de identificación total, lo que implica la integración de expedientes por cada operación, sin importar su monto.
El 8.° Simposio patrimonial internacional fue celebrado el 12 de marzo, en el Colegio, un evento de actualización que contó con cuatro paneles donde se exploró la complejidad de las prácticas en las declaraciones anuales de personas con inversiones en el extranjero, coordinado por Juan Ignacio Rivero Celorio, Gerardo Napolitano Pompa y René Alberto Meza Aragón, integrantes de la comisión técnica Fiscal Internacional.Previo al inicio del evento Rosalía Ortega López, la presidenta del Colegio, señaló la necesidad profesional de constante preparación para los especialistas en inversiones internacionales, debido a la complejidad derivada de las distintas implicaciones fiscales que conllevan estas operaciones.El primer panel, Patrimonial, inversiones y estructuras internacionales en España y, su efecto fiscal, Marcos González Villarreal, Layda Cárcamo Sabido y Gerardo Napolitano Pompa colaboraron para desarrollar la fiscalidad y planificación patrimonial de mexicanos en España. En su espacio discutieron sobre las obligaciones fiscales para mexicanos residentes o inversores en el país europeo y se destacaron elementos como la residencia fiscal, la doble tributación y los tratados fiscales aplicables para estos casos.Dentro de la conversación se comentó sobre el régimen de impatriados, o Ley Beckam, esquema tributario diseñado para atraer talento internacional, mediante la posibilidad de permitir a los contribuyentes tributar a un tipo fijo y no tributar por la renta y el patrimonio extranjero. Sin embargo, se exhortó a los asistentes a considerar cada caso, ya que este régimen no permite la aplicación de tratados fiscales, lo que puede complicar la situación de doble residencia. Los expertos señalaron que este principio de valoración específica debe ser una máxima para los profesionales en fiscalización internacional.Pedro Corona De la Fuente, en compañía de los integrantes de comisión previamente mencionados, continuaron con el panel Patrimonial, inversiones y estructuras internacionales en Estados Unidos y, su efecto fiscal, focalizado en inversiones inmuebles, donde se compartió el tratamiento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para para no-residentes y las obligaciones fiscales derivadas de la venta de inmuebles.Sumado a ello, se conversó sobre las reglas de residencia fiscal y los impuestos sobre herencias, ejemplos que sirvieron para establecer que las distintas estructuras de inversión en Estados Unidos, como las Compañía de Responsabilidad Limitada (LCC, por sus siglas en inglés) o fideicomisos, implican sus propias ventajas y desventajas; por ello, el conocimiento de ellas es fundamental establecer una estrategia de inversión óptima.El tercer panel fue presentado por Aline Espinoza de los Monteros y Juan Ignacio Rivero Celorio, correspondiente al tema Tópicos selectos de las declaraciones anuales con inversiones en el extranjero. Durante su intervención, se enfatizó en la importancia de planificar de manera adecuada las declaraciones anuales de este tipo, ya que implican un grado de complejidad debido a la consideración de cumplimiento en dos países distintos. Debido a ello, el tiempo se convierte en un factor determinante para evitar la doble tributación y la maximización de los beneficios fiscales, por lo que la anticipación es clave para estas presentaciones informativas.El evento concluyó con el segmento Patrimonial, inversiones y estructuras internacionales en Canadá y, su efecto fiscal, a cargo de Oscar Becerra y René Alberto Meza Aragón. El espacio sirvió para conocer las características y beneficios para residentes fiscales en México, con activos en Canadá; entre ellas, el experto comentó una estabilidad y seguridad jurídica que facilita la creación de estructuras patrimoniales.Como parte de su explicación, se detallaron las Sociedades Limitadas en Ontario (OLP, por sus siglas en inglés), estructuras jurídicas utilizadas como vehículos de inversión y planificación patrimonial a nivel internacional y proporcionan beneficios al inversor, particularmente beneficiosa para realizar una planeación sucesoral. Al finalizar la conceptualización y la explicación del marco normativo canadiense, se expusieron casos prácticos y recomendaciones para llevar conducir a los asistentes a una comprensión más amplia del tema, alimentados de la experiencia de Oscar Becerra.Finalmente, Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Capacitación y Desarrollo Profesional del Colegio, brindó unas palabras para el cierre del evento, donde agradeció la participación de ponentes y asistentes, quienes alimentaron el encuentro con sus dudas, conocimientos y experiencia profesional mientras preservaban su compromiso con la actualización contable.
El curso Aspectos controvertidos en la declaración anual de personas morales fue brindado en el Colegio durante el 9, 10 y 11 de marzo, con la intención de revisar temas específicos en materia de ISR para permitir elaborar, preparar y enviar esta declaración anual del Régimen General de Ley.Se contó con la coordinación de César Ismael Mora Vegerano, integrante de la comisión de Desarrollo Fiscal 3; y la asistencia de seis ponentes de primer nivel: Alejandro Rico Nieto, Rodolfo Jerónimo Pérez, Arieman Ben Pandira Albarrán Monroy, Miguel Zárraga Zárraga, Mirella Plácido Hernández, Rodolfo Rubén Cuahutle Torres y María Concepción Samperio Becerril; además, se contó con la participación de Ana Laura Delgadillo, Administradora Central de Declaraciones y Pagos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante el primer día, los expositores se dedicaron al tratamiento de dos elementos clave para la declaración anual de personas morales: los ingresos acumulables y las deducciones fiscales. Para los ingresos, Alejandro Rico señaló la importancia de apegarnos al significado de este concepto para evitar confusiones y orientar el registro de ellos; así, es importante recordar que la Norma de Información Financiera (NIF) A-1 señala que el ingreso es “el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta”.Adicionalmente, según comentó el experto, los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) son un elemento clave para el registro de ingresos, ya que permiten la verificación de operaciones que resultan en un incremento de activos. Debido a ello, es fundamental mantener un control sobre los CFDI, validar su materialidad y asegurarse que estén alineados con la razón de negocios del contribuyente. Rodolfo Gerónimo abonó al desarrollo de las deducciones fiscales y comenzó con puntualizar el papel fundamental de las facturas para este apartado, por lo que invitó a la audiencia a utilizar el visor de facturas digital, una herramienta dispuesta por el SAT para consultar las facturas emitidas y recibidas por los contribuyentes. Adicionalmente, explicó el requisito de estricta indispensabilidad necesario para considerar una deducción, que identifica una deducción como necesaria para la operación y en relación con el objeto social. De esta forma, para la apropiada presentación de las deducciones es necesario considerar si éstas son estrictamente indispensables, que se encuentren registradas en la contabilidad y tener un comprobante fiscal que avale la operación. El segundo día del curso comenzó con una exploración de la deducción por pagos al extranjero proporcionada por Ben Pandira Albarrán, quien detalló los requisitos para estas deducciones reflejadas en el artículo 27 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR); durante esta explicación extendió en la deducción de intereses, asistencia técnica, regalías, honorarios y servicios personales independientes; además, comento que la materialidad y razón de negocios son elementos fundamentales para este tipo de deducciones.Miguel Zárraga se encargó de comentar los detalles dos atributos fiscales de las personas morales: la Cuenta de Aportación de Capital (CUCA) y Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), elementos clave para el control y optimización de la carga tributaria. Para ambos casos, se enfatizo en la importancia del cuidado de los datos informativos, por lo que se exhortó a la audiencia a construir un modelo de planeación financiera que permitiera contar con esta información para la toma de decisiones de manera consciente y la consolidación de un archivo de defensa que demuestre materialidad, razón de negocios y cumplimiento en las operaciones de la empresa.El último día de este espacio de actualización contó con la presencia de autoridades del SAT: Ana Laura Delgadillo y Javier Palma Villa, quienes dedicaron su espacio a compartir información sobre la declaración Anual de personas Morales 2025. Para empezar, señalaron la importancia de anticipar la presentación de esta declaración para prevenir contingencias, ya que más de un 85% de las declaraciones se presentan durante el mes de vencimiento. Además, se comentaron los detalles del Plan México para 2026, una propuesta para impulsar el desarrollo económico y la inversión y que considera estímulos fiscales que deben considerarse a lo largo de este año.Posteriormente, en seguimiento a la línea trazada por las autoridades fiscales, Roberto Cuahutle comentó los criterios normativos y no vinculativos, vigentes y derogados, con el fin de ofrecer un panorama amplio que permita conocer la interpretación oficial de las leyes fiscales, evitar prácticas indebidas, reducir riesgos de multas, amonestaciones o auditorías y garantizar el cumplimiento fiscal correcto.María Concepción Samperio Becerril, para cerrar esta jornada, compartió las reglas misceláneas aplicables a la declaración anual de personas morales. Durante su explicación, señaló la importancia de la actualización constante en materia fiscal, ya que permite anticiparse para evitar cualquier reducir el riesgo de la operación de la entidad económica; adicionalmente, brindó una ruta de acción práctica en el llenado de la declaración anual.
