Desde compraventas y donaciones hasta fideicomisos y ventas esporádicas, Pablo Fernández de Cevallos y Torres y Adrián Antonio Ruiz Casas, integrantes de la comisión de Investigación Fiscal, expusieron las múltiples aristas fiscales que deben considerarse en las operaciones con bienes inmuebles, durante el foro Efectos fiscales de la transmisión de inmuebles, realizado el 8 de abril.
Entrando en tema, Fernández de Cevallos explicó las implicaciones civiles y fiscales de la enajenación de inmuebles, puntualizando que actos jurídicos como la compraventa, la donación o la aportación a sociedades representan formas válidas de transmisión de dominio.
Desde el punto de vista fiscal, el ponente comentó que esta transmisión genera obligaciones tributarias para el adquirente, quien es considerado propietario para efectos fiscales, existiendo un tratamiento diferenciado entre terrenos y construcciones debido a sus características contables y a las reglas de depreciación aplicables.
Respecto al Impuesto sobre la Renta (ISR), explicó que la ganancia obtenida por la venta de terrenos o activos fijos debe acumularse como ingreso gravable, permitiendo deducir el monto original de la inversión debidamente actualizado. Subrayó la importancia de cumplir con las reglas de depreciación previstas en la Ley del ISR, que establece un límite del 5% anual para construcciones, y destacó el papel del CFDI como instrumento primordial para acreditar el costo de adquisición.
En cuanto a la transmisión de inmuebles mediante fideicomisos, el expositor diferenció entre fideicomisos empresariales, en los que la fiduciaria asume obligaciones fiscales significativas como emitir CFDI, calcular el resultado fiscal y cumplir con el ISR e IVA; y fideicomisos no empresariales, donde aplican reglas especiales como la denominada “regla 90/10” para identificar ingresos pasivos y considerar al fideicomiso como transparente para efectos fiscales.
También analizó los casos en los que residentes en el extranjero enajenan bienes inmuebles ubicados en México. En estos supuestos, dijo que se establece la aplicación del Título V de la LISR, con tasas del 25% sobre el ingreso bruto o del 35% sobre la ganancia. En cuanto al IVA, revisó los casos en los que procede su causación, con énfasis en las exenciones aplicables, especialmente en la venta de casas habitación.
Por su parte, Ruiz Casas centró su participación en los efectos fiscales que se derivan de la venta de inmuebles por personas físicas. En ese sentido, distinguió entre aquellas operaciones que forman parte de una actividad empresarial y aquellas que se consideran esporádicas.
En el primer caso, explicó que se trata de operaciones con fines de especulación comercial, sujetas al régimen del Título IV, Capítulo II de la LISR. Aquí, el ingreso se acumula al momento de su percepción, sin posibilidad de deducir terrenos ni activos fijos —salvo construcciones—, y el contribuyente es responsable del cálculo y entero del impuesto, sin intervención del notario.
En contraste, cuando la venta se realiza de forma ocasional, se aplica el Título IV, Capítulo IV. En este régimen, el notario público se encarga de calcular y enterar el pago provisional del ISR. Ruiz Casas detalló los requisitos para aplicar la exención por casa habitación (hasta 700,000 UDIS) y los conceptos deducibles, que incluyen el costo comprobado de adquisición, mejoras, gastos notariales y avalúos.
El expositor explicó también la mecánica de cálculo del impuesto en ambos regímenes. En la actividad empresarial, la utilidad se determina restando deducciones autorizadas a los ingresos acumulables, con posibilidad de aplicar pérdidas fiscales en ejercicios posteriores. En la actividad esporádica, la ganancia se prorratea entre los años transcurridos desde la adquisición y se puede tributar parcialmente como ingreso no acumulable, con una tasa efectiva específica.
Finalmente, se abordaron reglas para la actualización del costo de construcción, depreciación, y situaciones especiales como la venta de inmuebles en el extranjero —donde se permite acreditar el ISR pagado en el país de origen— y la adquisición por prescripción, considerada ingreso por adquisición de bienes, gravada conforme al avalúo correspondiente.
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En un acto que reafirma el compromiso con la profesionalización del servicio público, el Colegio llevó a cabo la firma de las minutas correspondientes al cierre de actividades 2025 y a la apertura del programa de capacitación 2026.El evento, realizado el 30 de marzo, contó con la participación de la licenciada Leidy Ramos Marín, titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); la maestra Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; y la maestra María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Dentro de los acuerdos establecidos en la minuta, destaca la impartición de eventos técnicos, tales como la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental y el Taller de Entrega-Recepción en la Administración Pública de la Ciudad de México, así como cursos especializados sobre conceptos, principios y finalidades de la administración pública local.Asimismo, se ratificó el cumplimiento de 300 horas de capacitación en cursos programados por el Colegio, así como la realización del evento Reformas Fiscales 2026, llevado a cabo de manera exitosa el pasado mes de febrero.En este sentido, ambas instituciones acordaron dar apertura a los cursos, con el objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas continúen con su desarrollo profesional.Con estas acciones, el Colegio refrenda su compromiso como aliado estratégico del Gobierno de la Ciudad de México, al aportar excelencia técnica para el fortalecimiento del sistema de formación continua.
En el marco de la primera conferencia universitaria del Bienio 2026-2028, la institución llevó a cabo la sesión SAT y jóvenes emprendedores, lo que debes saber antes de iniciar, bajo un nuevo formato de mesa de discusión y preguntas y respuestas, con la participación de especialistas en materia contable.El evento, realizado este 26 de marzo, fue coordinado por el contador Miguel Ángel Ávila, y contó con la participación de Angélica Valladares López, Gabriel Valencia González y Carlos Montes Ojendis, quienes abordaron los principales retos y recomendaciones para quienes buscan emprender en un entorno fiscal digitalizado.Durante su intervención, la maestra Angélica enfatizó que el éxito de un emprendimiento no depende solo de una buena idea, sino de una adecuada planeación financiera y fiscal desde el inicio. Al respecto, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe visualizarse como un aliado estratégico y no como un obstáculo.Explicó que uno de los primeros pasos para emprender es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la obtención de herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Asimismo, destacó la relevancia de elegir correctamente el régimen fiscal y mantener un control adecuado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Por su parte, Gabriel Valencia hizo hincapié en el alto nivel de digitalización del SAT, lo que permite a la autoridad monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, destacó que los emprendedores deben adaptarse a este entorno tecnológico y comprender las reglas fiscales como parte de un “tablero de ajedrez”.También, resaltó la importancia de conceptos como la razón de negocio y la materialidad de las operaciones y añadió que la asesoría contable debe evolucionar hacia un enfoque estratégico.En tanto, Carlos Montes coincidió en que, antes de preocuparse por el SAT, el emprendedor debe tener claridad sobre su modelo de negocio, ya que esto determinará sus obligaciones fiscales. Señaló que una correcta asesoría desde el inicio evita errores comunes, como la elección inadecuada del régimen o el incumplimiento de obligaciones.En virtud de lo anterior, coincidieron en que el entorno fiscal actual exige mayor rigor desde el inicio de operaciones. Entre los puntos clave, destacaron la necesidad de garantizar la materialidad de las operaciones, evitar la mezcla de finanzas personales y empresariales, y cumplir no solo con obligaciones fiscales, sino también con disposiciones en materia de seguridad social.Por último, los expertos concluyeron que la formalidad no solo permite cumplir con la ley, sino que abre la puerta a mayores oportunidades, como el acceso a financiamiento; y abrieron paso a la ronda de preguntas y respuestas por los participantes.
Con el objetivo de fortalecer la práctica profesional y promover una cultura organizacional basada en la excelencia, la comisión de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos del Colegio llevó a cabo el 25 de marzo el curso Normas Internacionales de Gestión de Calidad 1 y 2 y NIA 220 Revisada, un espacio de análisis y actualización normativa que reunió a especialistas en la materia.Bajo la coordinación de Rosa Isabel Pedraza Curiel, el evento contó con la participación de José Ángel Lucio Bernal, Jorge Adrián Ramírez Soriano, Emilio Hernández Rodríguez, José Emilio Martínez Gutiérrez, Verónica Flores Acosta, Miguel Ángel Castillo Ruiz, Luis Eduardo Lazcano Luviano y Jorge Uriel Sánchez Cedillo, todos integrantes de la comisión organizadora.Durante la jornada, José Ángel Lucio Bernal destacó que el propósito central del curso es difundir la normatividad aplicable y compartir experiencias que permitan a las firmas implementar con éxito sistemas de gestión de calidad. Subrayó que este aspecto cobra especial relevancia ante las revisiones anuales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales enfatizan el cumplimiento de dichos sistemas como medida para evitar consecuencias negativas.En su intervención, Jorge Adrián Ramírez Soriano explicó que la NIGC 1 establece la necesidad de diseñar, implementar y operar un sistema que garantice, con seguridad razonable, el cumplimiento de las responsabilidades profesionales y la emisión de informes adecuados. Enfatizó que la calidad debe entenderse como un proceso transversal dentro de la firma, que exige un enfoque proactivo y un liderazgo comprometido.Por su parte, Emilio Hernández Rodríguez abordó el proceso de valoración de riesgos, señalando que este debe partir de la identificación de objetivos de calidad, el reconocimiento de riesgos asociados y la implementación de respuestas para mitigarlos. Destacó la importancia de que este proceso sea continuo y adaptable a las características particulares de cada firma.En el ámbito de la relación con clientes, José Emilio Martínez Gutiérrez enfatizó la necesidad de realizar evaluaciones previas, o background checks, para analizar la integridad y valores éticos de los clientes potenciales, así como su impacto reputacional. También advirtió sobre los riesgos de dependencia financiera excesiva, que podrían comprometer la independencia del auditor.Verónica Flores Acosta resaltó que la NIGC 1 fortalece los requerimientos en materia de información y comunicación, al exigir objetivos de calidad medibles y una interacción efectiva con distintos actores, tanto internos como externos, definiendo claramente la naturaleza, oportunidad y alcance de estas comunicaciones.Uno de los puntos clave fue expuesto por Miguel Ángel Castillo Ruiz, quien señaló que la calidad en auditoría se construye de manera progresiva y no en una sola etapa. Explicó que las normas de gestión de calidad y la NIA 220 deben aplicarse de forma integral, destacando el papel del revisor de calidad como un agente independiente que cuestiona los juicios significativos del socio del encargo, sin que ello implique una segunda auditoría.En la misma línea, Luis Eduardo Lazcano Luviano profundizó en la aceptación y continuidad de clientes conforme a la NIA 220, describiéndola como un filtro preventivo esencial. Identificó tres factores clave: la integridad del cliente, la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de los principios éticos e independencia. Asimismo, subrayó la importancia de documentar adecuadamente estos procesos.Finalmente, Jorge Uriel Sánchez Cedillo abordó los recursos del encargo, clasificándolos en humanos, tecnológicos e intelectuales. Destacó que el uso adecuado de la tecnología puede mejorar la eficiencia y calidad, aunque advirtió sobre los riesgos de dependencia excesiva y la necesidad de capacitación constante. También subrayó la relevancia de contar con conocimiento actualizado y políticas bien documentadas.
