La comisión Sector Empresarial del Colegio realizó el 14 de marzo el evento Estadística de los delitos fiscales, espacio que contó con la participación de Josué Miguel Contreras Saldívar, abogado litigante, quien ofreció una visión amplia sobre el tema.
Para iniciar con la presentación, el expositor destacó la urgencia de enfrentar estos desafíos, “nos enfrentamos a una realidad donde la evasión y defraudación fiscal representan una amenaza no solo para el sistema tributario, sino también para la estabilidad económica y la justicia social”.
Bajo esa línea, y para entender la magnitud de este fenómeno, Contreras Saldívar consideró esencial comprender las diferentes conductas que constituyen delitos fiscales. “El Código Fiscal de la Federación establece claramente las acciones que se consideran como infracciones a la normativa tributaria”; en ese sentido, explicó que, desde el uso de documentos falsos hasta la omisión de contribuciones obligatorias, cada acto ilícito tiene implicaciones directas en la estabilidad financiera del país.
Asimismo, externó que, en la lucha contra los delitos fiscales, el sistema penal acusatorio desempeña un papel crucial. “Este sistema, basado en la igualdad de oportunidades entre las partes y la intervención de un juez imparcial, busca garantizar la aplicación justa de la ley”. Sin embargo, mencionó que su implementación plantea desafíos específicos en el contexto de los delitos fiscales, donde la complejidad de los casos y la necesidad de pruebas contundentes son aspectos fundamentales a considerar.
Respecto a la reforma penal-fiscal de 2019, dijo que esta marcó un antes y un después en la legislación mexicana, pero no estuvo exenta de controversia. “La determinación de los delitos fiscales como amenazas a la seguridad nacional generó debates intensos en la comunidad jurídica”.
Al respecto, reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo un papel determinante al pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha reforma, resaltando la importancia del Estado de Derecho en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Durante la plática, el abogado compartió estadísticas importantes sobre los delitos fiscales, donde los números presentados revelaron una realidad preocupante. “Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos fiscales han aumentado casi un 30% en México durante el año 2023”. Explicó que esta tendencia al alza refleja la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención y persecución de estos delitos, así como de promover una cultura de cumplimiento tributario entre los contribuyentes.
Manifestó que, a pesar de los desafíos, existen avances significativos en la persecución de los delitos fiscales. "El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado incrementar la eficiencia en la recaudación y fiscalización, obteniendo resultados positivos en la recuperación de ingresos", destacó Contreras Saldívar.
Sin embargo, externó que la tarea está lejos de estar completa, y que es necesario continuar fortaleciendo las capacidades institucionales y promoviendo la cooperación entre las autoridades fiscales y judiciales.
Ante este panorama, consideró que el Plan Maestro 2024 del SAT, actualmente, cobra una relevancia especial. “Este plan establece una hoja de ruta clara para fortalecer la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones fiscales”. Precisó que esto se podrá lograr a través de acciones coordinadas y estrategias innovadoras, que busquen incrementar la eficiencia y la transparencia en la gestión tributaria, sentando las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo.
Para cerrar el evento, e ilustrar los desafíos y las complejidades de la persecución de los delitos fiscales, Contreras Saldívar, presentó un caso práctico basado en situaciones reales; asimismo se dio paso a una sección de preguntas y repuestas, donde se esclarecieron las dudas de los participantes.
Eventos recientes
El 7 de agosto el Colegio contó con la presencia de la maestra Patricia Moles, especialista en sostenibilidad del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF, quien presentó la conferencia Tendencias y Normas de Información de Sostenibilidad con el CINIF.Para comenzar, Moles mencionó que un reporte empresarial es una herramienta para comprender una entidad, por ello debe ser pensado de forma holística y prospectivo. Ante la preocupación por los riesgos sistémicos del cambio climático, se integran a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFSR) la consideración de los riesgos físicos y relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).Según comentó la ponente, de manera global “se reconoce la responsabilidad de reducir las emisiones con aplicación tecnológica, políticas públicas, políticas de recaudación y reducir el consumo energético para permitir la conservación del planeta”.En ese mismo sentido, operan las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) propuestas por el CINIF, ya que permiten identificar las métricas de 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) de cada actor en las cadenas de valor por parte de los usuarios de la información. Con esos datos se permite entender el estado de una entidad para atender problemáticas, identificar oportunidades y encaminarla a prácticas más sostenibles.Posteriormente, la ponente detalló la información a considerar por las NIS en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG).Al respecto de los IBSO ambientales, los que suponen una mayor concentración de datos cuantitativos, Moles señaló la complejidad de la recopilación y obtención de los estos datos supone un reto que el CINIF decidió apoyar mediante la publicación de dos herramientas digitales; ambas pensadas desde la accesibilidad y la gratuidad, para que empresas de cualquier tamaño puedan emplearlas y así impulsar a la presentación de esta información.La primera herramienta es una calculadora de GEI, que mediante un cuestionario y un llenado de datos permite conocer las métricas de producción de CO2 directas e indirectas de una entidad. La segunda, permite el análisis de exposición a zonas de riesgo para la biodiversidad y la identificación de estrés hídrico.En conjunto, ambas propuestas proponen una perspectiva simplificada para que obtener estos datos suponga una carga menor en la entidad en relación con la ventaja que supone poseer esa información que, según concluyó Moles, supone una ventana para entender una empresa, sus riesgos, oportunidades y, con ello, elaborar un plan estratégico para su beneficio y la sostenibilidad del medio ambiente.
Con el fin de brindar información y recomendaciones para la atención de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la comisión técnica de Seguridad Social presentó el curso Cómo atender una visita de inspección de la STPS, el 31 de julio. Con este fin, se contó con la presencia de Nancy Berenice Robles Núñez, mánager de la práctica legal laboral en EY y experta en derecho laboral, bajo la coordinación de Rubén Darío Dávalos Palomera, integrante de la comisión.Para comenzar, la ponente señaló la importancia de mantener una actualización constante en relación con estas visitas de inspección, ya que “son un terreno cambiante en términos de normatividad y se caracterizan por ser visitas focalizadas”; esto se debe a que una inspección deriva de que la autoridad ya tiene información o un antecedente de incumplimiento que examina de forma específica durante su visita. Por si fuera poco, la STPS ejecuta revisiones en plazos mayores que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y suele considerar reincidencias, lo que puede provocar que la autoridad examine de forma secuencial diferentes años donde identifique una anomalía. En conjunto con el hecho de que las multas derivadas de estas visitas pueden ser por trabajador, el incumplimiento puede provocar multas muy altas para la organización.Debido a este riesgo, la ponente sugirió que siempre debe haber una persona destinada a atender las inspecciones de forma apropiada y que mantenga atención constante en los cambios en la normatividad aplicable. En ese sentido, se aprovechó el espacio para compartir los nuevos Lineamientos Operativos en Materia de Inspección Federal del Trabajo publicados en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2025.En esta actualización, se brinda facultad a los inspectores para ordenar medidas precautorias durante la inspección cuando se detecten riesgos inminentes a los trabajadores, donde se incluye la limitación total o parcial de operaciones y la restricción de acceso. Además, se promueve un mecanismo de seguimiento ágil, que obliga a la presentación de una resolución en un plazo máximo de 72 horas. Y, finalmente, se establece que la negativa a la inspección implicará un rigor mayor por parte del inspector.Respecto a este último punto, Robles reiteró la importancia de contar con una persona encargada de atender las inspecciones, ya que cualquier conducta que pueda ser interpretada como una negativa implicará un riesgo; incluso retrasar el acceso del inspector a las instalaciones puede ser asumido como obstrucción de la diligencia.A continuación, se comentaron las facultades y obligaciones del inspector, ya que es responsabilidad del patrón corroborar su autenticidad. Sin embargo, “es importante considerar que la imposibilidad para corroborar la autenticidad de una orden de inspección, no impiden la celebración de la inspección”.Posteriormente, la expositora señaló la documentación clave que debe considerar el patrón para gestionar una inspección, cuyo resguardo es una obligación según el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Para finalizar, se puntualizó que el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) también son una responsabilidad para los centros de trabajo, por lo que se debe identificar las NOM aplicables según el giro y tipo de actividad de la empresa, integrar un expediente documental y capacitar al personal en los casos necesarios.
Esta tarde, el Colegio de Contadores Públicos de México y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración que busca fortalecer la relación entre ambas instituciones y ofrecer beneficios significativos a sus integrantes.En el evento se dieron cita, por parte del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente; Rosalía Ortega López, vicepresidenta de Gobierno; y María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva. En representación del Colegio de Notarios, estuvieron presentes Roberto Garzón Jiménez, presidente de la institución, y Ángel Gilberto Adame López, director general del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado (IIJN).Durante la firma del convenio, se destacó el compromiso de ambas partes para desarrollar actividades que incluyen:Comunicación: Colaboración en la promoción de foros, cursos, talleres, etc. a través de redes sociales y comunicados oficiales.Acceso preferente a actividades académicas: Los asociados y colaboradores tendrán preferencia para participar en diversas actividades académicas organizadas por los colegios.Difusión: Se establecerá un enfoque en la promoción de cursos, talleres, seminarios, conferencias, simposios y diplomados, lo que permitirá a los miembros mantenerse actualizados en sus respectivas áreas de interés y contribuir al desarrollo profesional continuo.Posteriormente a la firma, las autoridades de ambos organismos realizaron un recorrido por las instalaciones del Colegio, donde pudieron conocer más sobre los beneficios que se ofrecen a los asociados.Durante el recorrido, los representantes intercambiaron ideas sobre la importancia de la colaboración interinstitucional y cómo esta puede impactar de manera positiva en la formación y actualización profesional. El encuentro finalizó con una cordial conversación sobre los desafíos actuales que enfrentan ambas profesiones, así como sobre la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.
