El 29 de julio se presentó en el Colegio el curso Presentación del dictamen por fusión y escisión de sociedades, donde la comisión técnica de Auditoría Fiscal brindó la información necesaria a los asistentes para elaborar el dictamen y presentación de estados financieros de las empresas participantes de fusiones o escisiones, conforme a los requisitos del artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
El espacio estuvo coordinado por Rafael Mendoza Aguilar y contó con la participación de tres expertos en el tema e integrantes de la comisión: Daniel Lugo Serrano, Saraí Dávila Fragaso y Miguel Ángel Severiano Hernández, quienes compartieron sus conocimientos para explorar los antecedentes, disposiciones fiscales, requisitos y recomendaciones para la elaboración de estos dictámenes.
Para comenzar, se explicó que el proceso de fusión o escisión comienza con una asamblea extraordinaria de accionistas, donde se determinarán los motivos para tal efecto en relación con los estados financieros. Además, se señaló la importancia de extender en un acta de asamblea todos los detalles necesarios del acuerdo de estos actos corporativos, con el fin de clarificar las descripciones, plazos, responsabilidades y obligaciones que derivan de ellos.
El acta de asamblea no tiene una lista concreta de extensión y alcance. Los expertos señalaron que debe responder a las necesidades de las partes involucradas para establecer un acuerdo, siempre alineada a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM).
En ese mismo sentido de cumplimiento normativo, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación señala las condiciones que debe cumplir un caso de fusión para no ser considerada como una enajenación. Una de estas condiciones es que la sociedad fusionante deberá continuar con las actividades que realizaba antes de la acción.
Posteriormente, en el foro se comentó quiénes no están obligados al dictamen, con sustento de la regla 2.10.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Para ello, los contribuyentes deben cumplir tres supuestos: el monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad y el capital social del fusionante o la escindente no debe exceder el equivalente a $100’000,000; El valor de los activos netos transmitidos a la sociedad fusionante o escindida es igual o menor a un monto equivalente a $100’000,000; y, la sociedad fusionada o escindente, en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la acción, consignó en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) iguales o menores a un monto equivalente a equivalente a $50’000,000.
Además, se compartió cómo debe presentarse un dictamen de los estados financieros utilizados para llevar acabo una fusión o escisión, sus requisitos y condiciones con fundamento del artículo 14-b del CFF. Dentro de estos requisitos, se destacó el escrito libre que debe contener el dictamen y debe ser realizado por un contador público inscrito; además, es en esta carta donde se debe incluir la copia del acta de asamblea que se mencionó previamente.
Finalmente, se señaló que no presentar este dictamen, dentro de los plazos establecidos, mediante el Sistema de Presentación de Dictamen (Sipred) puede llevar a la invalidez de la fusión o escisión para efectos fiscales, sanciones económicas y la pérdida de la revisión secuencial. Debido a ello, es de suma importancia mantener estas acciones empresariales dentro de las normativas aplicables y, para ello, es fundamental contar con una presentación apropiada y alineada del dictamen de los estados financieros que les sustentan.
Eventos recientes
El 13 de octubre se celebró el 12.° Encuentro de temas fiscales del sector financiero, en el Hotel Marquis Reforma, con la coordinación de Juan Alejandro Solano González y Elio Fernando Zurita Morales, representantes de la comisión técnica de Investigación Fiscal.Durante la apertura de la jornada, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, indicó los retos en materia fiscal a los que se enfrentarán el sector financiero derivados de actualizaciones normativas y cambios geopolíticos que han sacudido el sector. Ante ello, el profesional debe fortalecer su criterio para mejorar su labor de análisis y favorecer su toma de decisiones.Víctor Manuel Pérez Ruiz presentó el primer espacio de actualización, donde se encargó de detallar las características fiscales y prácticas relacionadas al arrendamiento financiero, donde destacó que este tipo de financiamiento resulta útil y atractivo, pero su empleo requiere conocer a detalles los impactos fiscales que genera. Por ello, dentro de su ponencia compartió las controversias relacionadas al arrendamiento para conocer las dificultades que puede generar y la forma en que pueden ser abordadas.Posteriormente, Laura Martínez Martínez, Ricardo Real Munguia y Luis Gerardo Hernández, integrantes del comité fiscal de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) compartieron la ponencia Retos en materia fiscal para el sector financiero en el entorno actual de fiscalización. En ella compartieron las actualizaciones normativas en la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación que generarán un impacto en el sector financiero; a su vez, compartieron la agenda del AMIB, donde destacaron su promoción de un régimen fiscal para fondos de inversión que homologue con otros instrumentos de inversión y promueva la inversión. Durante la conferencia Expectativas políticas y económicas para el 2026, Rafael Camarena Zavala y Brenda García Flores se encargaron de detallar el contexto político y económico actual a nivel local e internacional, para poder entender los cambios en el sistema financiero que han afectado las expectativas de inversión en el extranjero o la fragilidad del mercado laboral nacional. Los expertos subrayaron que las tensiones internacionales han llevado a una reconfiguración global de las cadenas de valor que tendrá impacto en la economía de México, por lo que atender las oportunidades para fortalecer el papel del país en el mercado internacional, como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) del 1 de julio de 2026, serán tan relevantes como fortalecer la economía a nivel nacional y local.Para Experiencias en la aplicación del concepto razón de negocios, retos y recomendaciones, Pablo Javier Corvera Caraza y Manuel Torres García Villalobos compartieron información sobre este concepto nuevo que se estima como un nuevo eje de la autoridad para la fiscalización y cuyo conocimiento es fundamental para plantear estrategias de anticipación que lo consideren como tal. Dentro de su conversación, los ponentes destacaron los aspectos a considerar para presentar ante la autoridad dicha razón ya que, debido a que parte de una presunción, será quien deberá desplegar mecanismos probatorios para disipar la duda de la autoridad.Juan Carlos Santillán Hernández y Allen Saracho Carrillo desarrollaron su ponencia entorno a la fluctuación cambiaria y sus efectos fiscales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los ponentes señaron que en este tema es complicado llegar a un acuerdo único, debido a la cantidad de variables que involucra y que han generado diversos criterios para la toma de decisiones.En la presentación Bursatilización de cartera: alternativa de financiamiento alterno, consideraciones fiscales en su aplicación, Luis Guillén Juárez compartió las ventajas de la bursatilización a nivel nacional e internacional, así como los esquemas para este financiamiento, con el fin de identificar las oportunidades en ellos sin dejar de lado las consideraciones fiscales que implican.La última conferencia del día estuvo a cargo de Asael Eduardo Apolinar Hernández, titulada Reflexiones sobre el tratamiento fiscal de los intereses a cargo. Durante su intervención, el experto comentó la importancia de reconocer y monitorear los supuestos de capitalización delgada para evitar un señalamiento por elusión fiscal a través de la deducción excesiva de intereses.La vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, Catalina Mejía Balcázar, acudió a la clausura de la jornada, agradeció a los asistentes por su compromiso y a los profesionales que pusieron su esfuerzo en crear este espacio de actualización en un tema tan complejo como la fiscalización en el sector financiero, donde el criterio profesional y el conocimiento integral son la clave para la correcta toma de decisiones.
El Colegio llevó a cabo este 9 y 10 de octubre el 6.º Foro de economía digital: IA, regulación y desafíos fiscales, un espacio de análisis, reflexión y diálogo en torno al impacto que ha tenido la IA en los modelos de negocio, la fiscalización y la ciberseguridad en México.Coordinado por los contadores Raúl Tagle Cázares y Juan Alejandro Solano González, el foro reunió a especialistas de diversos sectores, quienes compartieron su visión sobre este tema. Entre los ponentes se encontraron Jaume Sués Caula, Jorge Bibiano Ruiz Sánchez, Javier Zamora Serrano, Humberto Cruz Hernández, Enrique Cevallos Orvañanos y Erick Robles Gómez.En la introducción, Sués Caula abrió el encuentro con una exposición sobre el marco regulatorio de la IA en el mundo, momento en el que destacó que cerca del 92% de las grandes empresas mexicanas ya han lanzado programas de IA, mientras que el 15% de los trabajos podrían automatizarse con tecnologías disponibles actualmente.Entre los casos más rentables de IA en México, mencionó la mejora en la productividad de los colaboradores, la prevención del fraude y de los riesgos, y la optimización de precios. No obstante, advirtió que “muchas implementaciones no cumplen las expectativas por falta de gobierno de datos, objetivos de negocio claros y confianza de los colaboradores”.Además, subrayó que los dilemas éticos —como el sesgo, la autonomía, el social scoring y la falsedad— seguirán siendo un reto para los marcos regulatorios internacionales en los próximos años.En tanto, Javier Zamora Serrano enfatizó que la IA representa “el cambio más importante del siglo XXI” y que la clave no está en temerle, sino en aprender a usarla; “la IA no te va a reemplazar; te reemplazará alguien que sepa usarla mejor que tú”, afirmó el especialista.Subrayó que las habilidades humanas irremplazables, tales como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y el liderazgo adaptable, serán determinantes en la evolución de las profesiones.Por su parte, Cruz Hernández expuso el uso de la IA en la fiscalización, donde destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la recaudación sin necesidad de reformas fiscales, gracias a la digitalización, el prellenado de declaraciones y el uso de herramientas tecnológicas para detectar irregularidades.Advirtió que la implementación de esta herramienta implica nuevos modelos de interacción entre la autoridad y el contribuyente, así como una transformación en la gestión interna, la sostenibilidad y la gobernanza de las organizaciones.Bajo esta línea, Cevallos Orvañanos analizó el régimen fiscal aplicable a plataformas digitales. En su participación manifestó que la reforma en esta materia busca garantizar un entorno más equitativo y transparente, donde tanto las plataformas como las personas físicas que las utilizan cumplan con sus obligaciones fiscales.Explicó que la regulación distingue entre servicios digitales generales y servicios de intermediación, con el objetivo de fortalecer la recaudación y asegurar que todos los actores contribuyan de manera justa al sistema fiscal.Erick Robles Gómez dirigió su ponencia en torno a la ciberseguridad y el efecto de la IA en el negocio; al respecto, señaló que el cibercrimen genera pérdidas globales superiores a 10.5 billones de dólares anuales.Por lo anterior, enumeró las principales consecuencias de un ciberataque y compartió acciones clave para mitigar riesgos, entre ellas el uso de contraseñas seguras, la autenticación multifactorial, el uso de redes confiables y la educación continua de los colaboradores.Finalmente, Jorge Ruiz abordó los Pilares 1 y 2 del proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que explicó los avances y retos del proyecto impulsado por la OCDE y el G20 para combatir la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios.Precisó que México no ha emitido aún una posición oficial sobre la implementación del Importe A del Pilar Uno, y que la adopción del Importe B sigue siendo una posibilidad en evaluación, dado que todavía no se han establecido fechas concretas ni disposiciones legislativas específicas.
Como promotor de la ética en los distintos campos del ejercicio profesional, el Colegio de Contadores Públicos de México impartió, el 9 de octubre de 2025, el curso Ética pública, con el objeto de analizar los componentes que integran el SEI en la administración pública. El evento contó con la participación de dos destacadas representantes del Estado de México y fue coordinado por Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental independiente, quien expuso el papel que juega el contador en el sector público para garantizar el combate a la corrupción, mediante el ejercicio de los recursos, el resguardo de las evidencias y garantías del cumplimiento normativo. Explicó que: “Debe contar con elementos de programación y supervisión para identificar si el gasto está alineado a los objetivos y metas institucionales, tiene el balance y monitorea si la institución va cumpliendo con esas metas. Debe hacer un análisis predictivo para tomar decisiones oportunas y tener elementos suficientes para determinar decisiones”. La primera ponencia corrió a cargo de Claudia Margarita Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, quien expuso la figura del Agente Ético dentro de los organismos de administración pública. Compartió que la función principal de esta figura innovadora, propuesta por el Dr. Óscar Diego Bautista, es abordar los dilemas éticos que se presentan dentro del servicio público, no en un papel de abogado, sino basado en la ponderación, el fomento de valores y el análisis de las situaciones de acuerdo con su contexto. Compartió que: “El Agente Ético permite prevenir los actos de corrupción, no sólo cuando hay dolo, puede haber desconocimiento o incomprensión de la ley. Es experto en ética pública, conocedor de valores, cómo se aplican y brinda asesoría cuando hay dilemas. Su función no se basa únicamente en conocer la ley, sino lograr una comprensión integral. Es un agente de cambio”. También expuso que, a ocho años de instauración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y seis años de los sistemas estatales anticorrupción, tan sólo se cuentan con 21 de los 32 posibles, lo cual el propio SNA se amparó al respecto al instaurar los sistemas municipales anticorrupción en el Estado de México. Posteriormente, se realizó la presentación de Sonia Montserrat Flores Zuazo, auditora de la Administración Pública del Estado de México y autora de temas de ética pública, quien expuso el SEI en la administración pública, también desarrollado por Óscar Diego Bautista. Flores Zuazo analizó el SEI en sus componentes: Instrumentos (consejo de ética pública, oficina de ética de gobierno, marco legal ético, marco normativo ético, agente ético y auditorías éticas); Políticas éticas (de difusión de valores generales y específicos, de motivación del servidor público, en materia de regalos, de recursos humanos basado en valores, y políticas macro para el Estado para formación e inclusión de ética en el sistema educativo estatal); y Acciones (dignificación del juramento en la toma del cargo público, formación de líderes éticos, capacitación de denuncias y protección a denunciantes). Resaltó que: “La ética integrada adecuadamente en las instituciones puede generar una administración pública eficaz y eficiente, lo que da prestigio a las instituciones. Debe ser un prestigio y un honor ser servidor público”. Acto seguido, se realizó la plenaria donde las ponentes analizaron los canales de denuncia ante actos de corrupción, el temor que conlleva y los sistemas de protección a denunciantes como el Sistema de Atención Mexiquense (anónimo) que puede extenderse a nivel nacional. Además, se discutió la necesidad de realizar contrataciones públicas con capacidad y experiencia del Agente Ético, quien no sustituye al testigo social, para garantizar el cuidado de recursos públicos que no sólo son financieros, sino humanos y de patrimonio. El evento concluyó con el agradecimiento de la coordinadora, Claudia Laura Mancera Monroy, a los participantes presenciales y remotos, así como a las ponentes.
