Con un enfoque técnico y preventivo, la comisión Fiscal del Colegio organizó la 35.ª Semana Fiscal, realizada en cuatro sesiones los días 4, 11, 18 y 25 de septiembre. Todos los expositores fueron integrantes de la comisión organizadora, y pusieron sobre la mesa temas críticos como los esquemas reportables, el beneficiario controlador, los tratados internacionales y la creciente fiscalización inteligente, anticipando un 2026 fiscalmente desafiante.
Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, dio la bienvenida al evento destacando que la Semana Fiscal es un referente de análisis, reflexión y actualización para la profesión. Enfatizó la relevancia de estar preparados frente a la próxima Miscelánea Fiscal y el paquete económico 2026, que marcarán la pauta para las estrategias empresariales.
Para dar inicio Allen Saracho Carrillo habló sobre el fortalecimiento de las facultades del SAT. Explicó que, aunque desde 2014 no se han implementado reformas estructurales, sí se han introducido múltiples adecuaciones que han transformado el panorama tributario. Añadió que la autoridad cuenta hoy con información en línea más completa que nunca, lo que permite una fiscalización inmediata, basada en riesgos y obligaciones como el reporte de operaciones mediante la forma 76. “El incumplimiento puede generar sanciones importantes”, advirtió.
Por otro lado, Rodolfo Jerónimo Pérez profundizó en los esquemas reportables, explicando que estas disposiciones buscan frenar la planeación fiscal agresiva y que su umbral de aplicación es de 100 millones de pesos. “No toda consulta constituye un esquema reportable. Hay que actuar con prudencia para evitar ubicarse innecesariamente en supuestos de responsabilidad”, puntualizó.
En otros temas, Mario Ramón Escobosa Barojas abordó el concepto de beneficiario controlador, señalando que este concepto se adopta para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo. Detalló que identificar a las personas físicas que realmente ejercen control es ahora una obligación fiscal, con severas sanciones en caso de incumplimiento.
En el mismo tono, Israel Bastida Ventura habló sobre la materialidad de las operaciones, una idea que, si bien carece de definición legal, ha adquirido gran peso. Explicó que las autoridades exigen expedientes de defensa sólidos que acrediten la efectiva realización de los actos jurídicos. “No hay una fórmula única, pero la adecuada integración de documentación preventiva es clave”.
En su turno, Alejandro Rico Nieto expuso sobre los criterios normativos y no vinculativos del SAT, destacando que, aunque no imponen obligaciones, sí orientan la actuación de la autoridad y pueden derivar en controversias. Alertó sobre prácticas indebidas, como el uso de estímulos fiscales sin sustancia económica, y remarcó la importancia de documentar la materialidad y sustancia de las operaciones.
Por su parte, Mirella Mirandina Plácido Hernández detalló los procesos de devolución de IVA, sugiriendo que, si bien el acreditamiento es más ágil, la devolución es necesaria en ciertos casos. Indicó que estos procesos pueden tomar hasta 12 meses si hay compulsa con terceros o facultades de comprobación, por lo que subrayó la necesidad de contar con una documentación exhaustiva.
Continuando con el programa, Pablo Ramírez Morales explicó que las fusiones son una fuente de problemas para contribuyentes y asesores”, especialmente si no se justifica la razón de negocios. Detalló los pasos legales y fiscales del proceso, y alertó sobre el riesgo de que la autoridad revierta los efectos si no se cumple con los requisitos.
En esa línea, Eduardo Enrique García Hidalgo comentó que la fusión permite la transmisión de activos sin que se considere enajenación, siempre que se presente el aviso de fusión. Sin embargo, señaló que la ficha de trámite 316 para cancelar el RFC suele ser rechazada por inconsistencias. También abordó el tratamiento fiscal de pérdidas, inversiones y aspectos laborales relacionados.
En un panel doble, Eduardo Sánchez Lemoine y Oswaldo Méndez Álvarez hablaron sobre la escisión y liquidación, destacando que la escisión no tiene una definición formal en la ley, lo que genera incertidumbre. Acentuaron la importancia de justificar cada operación con una razón de negocios real y citaron ejemplos globales como General Electric o Siemens para ilustrar buenas prácticas.
En la última jornada, Alberto Gabriel Cárdenas González abordó el tema de la restricción y cancelación de los sellos digitales, destacando su importancia para la fiscalización y la evolución del CFDI desde 2001. En ese sentido, detalló los antecedentes, los criterios normativos y las causales de restricción, incluyendo la omisión de declaraciones, la no localización del contribuyente, operaciones inexistentes o ilícitas, y la oposición a facultades de comprobación. También hizo mención a las modificaciones propuestas para 2026, como la adición de causales relacionadas con créditos fiscales firmes no pagados y la ley aduanera, así como la importancia de la conciliación de CFDI y la atención a las cartas invitación para evitar problemas con la autoridad.
Asu vez, Ignacio Sosa López explicó que cualquier contrato con un extranjero que implique desembolso desde México se considera un pago al extranjero y por tanto puede generar obligaciones fiscales. Señaló que los tratados para evitar la doble tributación deben analizarse cuidadosamente, y que es indispensable emitir CFDI aun si no hay retención.
Finalmente, Laura Elena Acevedo Solís concluyó con una exposición sobre el instrumento multilateral adoptado en 2024, el cual busca armonizar más de mil tratados. “Este instrumento añade complejidad al análisis y exige que las transacciones tengan razones de negocio más allá del beneficio fiscal”, afirmó.
Eventos recientes
El 23 de mayo, el Colegio fue sede del curso Metaperitaje en juicios penales, un espacio de actualización para dar a conocer los elementos que componen los metaperitajes y la normatividad aplicable a ellos, con el fin de bridar los conocimientos necesarios para defenderse ante cuestionamientos con una base metodológica sólida.Miguel Ríos Rayón, integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, en coordinación de Viridiana González Díaz, comenzó el evento brindando conceptos fundamentales para entender el papel del perito en los juicios penales. Según describe, “el perito es un experto en una técnica, ciencia o materia, por lo que el perito contable dentro del juicio se convierte en una autoridad que emplea sus conocimientos para establecer conclusiones”. Estas conclusiones sirven para enunciar hechos que soporten la resolución de un juicio penal.El experto señaló una relación entre el peritaje contable y el método científico, ya que en ambos casos se emplea una metodología para construir enunciados sustentados en la realidad. Para ilustrar este hecho, se listaron pasos metodológicos aplicables en ambos casos: primero, la observación: se analizan los hechos del expediente y se identifican irregularidades contables o financieras para determinar aquellos aspectos que requieren ser verificados. Posteriormente, se define el objetivo del peritaje, planteando el problema que debe ser cuantificado o demostrado. Después, se formula una explicación preliminar, o hipótesis, que guiará el proceso de verificación, donde se extiende un análisis contable, revisión documental y cotejo con normas fiscales, contables y financieras para comprobar si la hipótesis previa está debidamente sustentada en evidencia. Con ello, se ejecuta un análisis de resultados donde se interpretan los hallazgos y se evalúa la coherencia del respaldo documental, con el fin de identificar errores o sesgos. Finalmente, el perito emite un dictamen técnico con una metodología verificable; todo ello presentado con claridad y evidencia documental.Una vez explicado el fundamento metodológico del peritaje, el especialista abordó el concepto de metaperitaje, un estudio técnico que auxilia al juez con un análisis técnico-crítico de un dictamen pericial previamente emitido. La idea principal del metaperitaje es evaluar con el fin de identificar errores, omisiones o sesgos en la metodología y pruebas documentales presentadas pro un peritaje previo. Dicho de otra forma, “el metaperitaje va más allá del peritaje, ya que valida lo presentado en él e identifica su rigor metodológico o identifica deficiencias en sus evidencias”. En resumen, un peritaje emite una opinión técnica sobre hechos controvertidos y el metaperitaje analiza críticamente la calidad técnica de ese tipo de dictámentes.Para continuar con su ponencia, Ríos Rayón comentó la importancia de conocer el marco jurídico aplicable al peritaje, que puede incluir distintos cuerpos normativos en función de la materia del peritaje, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, legislaciones procesales locales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas financieras o fiscales relacionadas con cada caso.Además, el perito debe considerar cuatro principios jurídicos: el principio de contradicción, el principio de objetividad, el principio de legalidad y el principio de pertenencia técnica. Estos principios aseguran la coherencia del dictamen y brindan seguridad a las conclusiones emitidas por el perito.Ríos también enfatizo en la importancia de preservar la responsabilidad ética profesional durante las labores de peritaje y metaperitaje ya que, al ser parte del ejercicio de la contaduría pública, esta labor debe actuar en beneficio del interés público, debe ser imparcial y preservar la independencia del especialista. Para finalizar, se destacaron tres aspectos fundamentales que deben prevalecer en cualquier ejercicio de peritaje: primero, el dictamen debe estar evidenciado para fortalecer sus conclusiones; segundo, la metodología es tan importante como el resultado del dictamen, ya que da soporte probatorio; tercero, el dictamen debe ser claro y comprensible para el juzgador, ya que si no es entendible pierde su objetivo.
Ante una mayor exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental se ha consolidado como una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, al generar información útil y confiable para evaluar resultados y fortalecer la confianza en las instituciones.En este contexto, del 18 al 22 de mayo se realizó la 23.ª Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, organizada por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, como un espacio de análisis sobre las finanzas públicas en el país.El evento reunió a autoridades y especialistas de instituciones como la SHCP, Banxico, FGR, PJF, SE, CONAC, IMCP e INAP, además de representantes académicos, municipales y organismos de auditoría y fiscalización.La inauguración estuvo encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de impulsar espacios de actualización profesional y construcción de soluciones para fortalecer las instituciones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.Para abrir el programa académico, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, abordó el impacto de la contabilidad gubernamental en la evaluación del desempeño en México. Durante su participación resaltó la relevancia del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la homologación de criterios contables en los tres órdenes de gobierno, así como en la generación de información financiera comparable y útil para medir resultados y desempeño institucional.En otro orden de ideas, María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, vicepresidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), centró su exposición en la cultura de la prevención como herramienta para combatir irregularidades en el sector público. Explicó que el cumplimiento estricto del marco normativo, el fortalecimiento del control interno, la automatización de procesos y la fiscalización preventiva son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos.Por su parte, Gerardo Laveaga Rendón, académico en Instituto Tecnológico Autónomo de México y Edmundo Álvarez Moreno, director General en Concentrado Empresarial SSM, desarrollaron un análisis sobre los alcances y límites del actuar gubernamental en materia de fiscalización. Ambos especialistas reflexionaron sobre las afectaciones patrimoniales derivadas de actos de auditoría y revisaron criterios jurídicos relacionados con responsabilidades administrativas y manejo de recursos públicos.Durante el segundo día de actividades, Moises Alcalde Virgen, primer secretario técnico en Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó una ponencia sobre la emisión de información financiera del gobierno de México y la evolución de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la legislación mexicana busca fortalecer la administración financiera del sector público mediante reglas claras de registro y trazabilidad de la información. Además, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos como reportes de sostenibilidad, cambio climático y economía circular para responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia.En su turno, Lucelia Cuevas Rasgado, consultora gubernamental, especialista en Fiscalización Superior, explicó los llamados “momentos contables del egreso”, figura prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para identificar cada etapa del ejercicio del gasto público: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. La especialista señaló que el incumplimiento de estos procesos puede derivar en observaciones y riesgos administrativos, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles y mecanismos de seguimiento.Más adelante, Carlos Alejandro León González, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, presentó un panorama sobre la deuda pública en México. Durante su exposición detalló que la deuda federal representa actualmente más de la mitad del Producto Interno Bruto y subrayó la necesidad de fortalecer la disciplina financiera, priorizar la inversión pública productiva y evaluar permanentemente la capacidad de pago de estados y municipios. Asimismo, destacó que gran parte de la deuda subnacional está respaldada por participaciones federales del Ramo 28.A su vez, Ana María Martínez Núñez, presidenta de la Comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presentó una investigación sobre la implementación de sistemas de contabilidad de costos en el sector público. Explicó que conocer el costo real de los servicios gubernamentales permitiría optimizar recursos, reducir improductividad y mejorar las evaluaciones de desempeño, mediante modelos de costeo histórico y absorbente basados en información presupuestal y patrimonial.En el tercer día de trabajos, Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la SHCP, expuso los avances de la armonización contable en México y los retos pendientes para fortalecer las capacidades técnicas de municipios y entes públicos. También abordó el papel del sistema SEVAC en la evaluación de cumplimiento y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para modernizar los procesos contables y de fiscalización.Posteriormente, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación derivada de la reforma publicada en septiembre de 2024. Señaló que el nuevo modelo de contratación pública busca homologar criterios entre distintas instituciones judiciales bajo principios de transparencia, eficiencia y planeación estratégica, mientras que la Contraloría de Administración Judicial desempeña un papel preventivo para evitar irregularidades.En materia de evaluación del desempeño, Guillermo García Quevedo, especialista en Fiscalización de Desempeño, destacó la relevancia de contar con información financiera confiable y verificable para medir la eficacia, eficiencia y economía del quehacer gubernamental. A través de casos prácticos relacionados con Pemex, Conade y distintas dependencias federales, explicó cómo la información financiera permite detectar irregularidades, promover acciones correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.Por otro lado, Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental, abordó el registro contable de los egresos bajo criterios de materialidad y trazabilidad. Explicó que la correcta integración documental y la identificación de los seis momentos contables son fundamentales para acreditar el ejercicio del gasto y prevenir observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.Durante el cuarto día, Edwin Meraz Ángeles, auditor superior en Ciudad de México, habló sobre la evolución de la contabilidad gubernamental como herramienta central del control democrático del gasto público. Destacó que las recientes reformas legales permiten investigar faltas graves sin necesidad de concluir previamente el proceso de auditoría y señaló que la inteligencia artificial comienza a incorporarse en los modelos de fiscalización implementados en la Ciudad de México.En otro de los paneles, Italia Almeida Paredes, directora de Prevención del Delito y Atención Ciudadana en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, expuso el funcionamiento del sistema de financiamiento y fiscalización electoral en México. Explicó que el modelo privilegia el financiamiento público para garantizar equidad en los procesos electorales y detalló los mecanismos de supervisión implementados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización.Asimismo, Oscar Daniel Del Río Serrano, contralor interno en la Fiscalía General de la República, analizó la importancia de la autonomía financiera de los órganos constitucionalmente autónomos. Destacó las obligaciones de coordinación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y la función preventiva de los órganos internos de control para vigilar el adecuado ejercicio del gasto público.Más adelante, Alfonso Chávez Fierro, investigador técnico en el Banco de México, profundizó en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, abordando temas relacionados con equilibrio presupuestario, manejo de deuda, ingresos excedentes y sistemas de alertas para prevenir riesgos financieros en los gobiernos locales.La jornada final inició con la participación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en Instituto Nacional de Administración Pública, quien explicó la importancia del Marco Integrado de Control Interno y de la administración de riesgos contables para garantizar información financiera confiable y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.En seguida, Rodolfo Carlos Pérez Garrido presentó las principales tendencias internacionales en materia de NICSP. Entre los temas abordados destacaron la consolidación de la contabilidad base devengo, los reportes de sostenibilidad y clima, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la transparencia y comparabilidad global de la información financiera pública.Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, explicó las obligaciones fiscales de los entes públicos, incluyendo retenciones de ISR e IVA, emisión de CFDI, responsabilidad solidaria y riesgos derivados de incumplimientos fiscales y administrativos.Finalmente, Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía cerró las actividades con una reflexión sobre el control interno como instrumento fundamental de la rendición de cuentas. Durante su participación destacó la relevancia del Modelo COSO y del Sistema de Control Interno Institucional para fortalecer la transparencia, prevenir riesgos y promover una cultura ética dentro de la administración pública.
Con la finalidad de identificar riesgos, proteger datos personales y saber cómo actuar en caso de fraude, el Colegio celebró el foro Prevención y medidas en el robo de identidad, llevado a cabo este 21 de mayo a cargo del contador David Foulkes Woog y Susana Mejía Balcázar, integrantes de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero.En la introducción, el expositor aclaró que el fraude engloba la apropiación indebida de información confidencial para secuestrar cuentas, realizar compras, tramitar créditos o conseguir documentos oficiales. “Se opera a través de tres vías principales, la física, la virtual y, de manera más reciente, mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA)”.Sobre lo anterior, explicó que la complejidad de este fenómeno varía desde el hackeo de una red social hasta acciones de repercusión legal y fiscal, tales como la presentación de declaraciones de impuestos apócrifas en nombre del afectado.En el foro se detalló que existen cuatro variantes principales de este delito: la financiera, la delictiva, la médica y la infantil. El robo de identidad financiera se mantiene como el más común, generando pérdidas económicas directas y severas. Por su parte, la modalidad delictiva ocurre cuando un infractor suplanta la identidad de un tercero para evadir consecuencias jurídicas ante la policía al ser detenido.En el ámbito de la identidad médica, el panelista explicó que los delincuentes buscan recibir tratamientos o conseguir medicamentos de forma ilícita, un riesgo altamente incentivado en regiones con sistemas de salud privados. Y, para el caso de robo de identidad infantil, se comentó que los criminales aprovechan registros de menores de edad para adquirir propiedades o solicitar créditos.Al respecto, David Foulkes subrayó que una de las herramientas más utilizadas por los estafadores para concretar estos fraudes son las llamadas telefónicas automáticas pregrabadas y los mensajes de texto. “Los delincuentes emplean tecnología avanzada para falsificar el identificador de llamadas, logrando que aparezcan los nombres de instituciones oficiales y mediante mensajes engañosos se busca presionar a las personas para que hagan clic en enlaces maliciosos”.Ante este panorama, la principal recomendación que compartió el especialista consiste en colgar de inmediato las llamadas sospechosas e ignorar cualquier mensaje inesperado, evitando presionar números o abrir vínculos digitales. Además, aconseja recurrir a los servicios de bloqueo con los proveedores de telefonía y consultar herramientas de orientación internacional.El contador concluyó su participación exponiendo casos reales de estas conductas delictivas y haciendo un llamado a la prevención colectiva y la difusión de estas medidas de protección.
