Con un enfoque técnico y preventivo, la comisión Fiscal del Colegio organizó la 35.ª Semana Fiscal, realizada en cuatro sesiones los días 4, 11, 18 y 25 de septiembre. Todos los expositores fueron integrantes de la comisión organizadora, y pusieron sobre la mesa temas críticos como los esquemas reportables, el beneficiario controlador, los tratados internacionales y la creciente fiscalización inteligente, anticipando un 2026 fiscalmente desafiante.
Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, dio la bienvenida al evento destacando que la Semana Fiscal es un referente de análisis, reflexión y actualización para la profesión. Enfatizó la relevancia de estar preparados frente a la próxima Miscelánea Fiscal y el paquete económico 2026, que marcarán la pauta para las estrategias empresariales.
Para dar inicio Allen Saracho Carrillo habló sobre el fortalecimiento de las facultades del SAT. Explicó que, aunque desde 2014 no se han implementado reformas estructurales, sí se han introducido múltiples adecuaciones que han transformado el panorama tributario. Añadió que la autoridad cuenta hoy con información en línea más completa que nunca, lo que permite una fiscalización inmediata, basada en riesgos y obligaciones como el reporte de operaciones mediante la forma 76. “El incumplimiento puede generar sanciones importantes”, advirtió.
Por otro lado, Rodolfo Jerónimo Pérez profundizó en los esquemas reportables, explicando que estas disposiciones buscan frenar la planeación fiscal agresiva y que su umbral de aplicación es de 100 millones de pesos. “No toda consulta constituye un esquema reportable. Hay que actuar con prudencia para evitar ubicarse innecesariamente en supuestos de responsabilidad”, puntualizó.
En otros temas, Mario Ramón Escobosa Barojas abordó el concepto de beneficiario controlador, señalando que este concepto se adopta para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo. Detalló que identificar a las personas físicas que realmente ejercen control es ahora una obligación fiscal, con severas sanciones en caso de incumplimiento.
En el mismo tono, Israel Bastida Ventura habló sobre la materialidad de las operaciones, una idea que, si bien carece de definición legal, ha adquirido gran peso. Explicó que las autoridades exigen expedientes de defensa sólidos que acrediten la efectiva realización de los actos jurídicos. “No hay una fórmula única, pero la adecuada integración de documentación preventiva es clave”.
En su turno, Alejandro Rico Nieto expuso sobre los criterios normativos y no vinculativos del SAT, destacando que, aunque no imponen obligaciones, sí orientan la actuación de la autoridad y pueden derivar en controversias. Alertó sobre prácticas indebidas, como el uso de estímulos fiscales sin sustancia económica, y remarcó la importancia de documentar la materialidad y sustancia de las operaciones.
Por su parte, Mirella Mirandina Plácido Hernández detalló los procesos de devolución de IVA, sugiriendo que, si bien el acreditamiento es más ágil, la devolución es necesaria en ciertos casos. Indicó que estos procesos pueden tomar hasta 12 meses si hay compulsa con terceros o facultades de comprobación, por lo que subrayó la necesidad de contar con una documentación exhaustiva.
Continuando con el programa, Pablo Ramírez Morales explicó que las fusiones son una fuente de problemas para contribuyentes y asesores”, especialmente si no se justifica la razón de negocios. Detalló los pasos legales y fiscales del proceso, y alertó sobre el riesgo de que la autoridad revierta los efectos si no se cumple con los requisitos.
En esa línea, Eduardo Enrique García Hidalgo comentó que la fusión permite la transmisión de activos sin que se considere enajenación, siempre que se presente el aviso de fusión. Sin embargo, señaló que la ficha de trámite 316 para cancelar el RFC suele ser rechazada por inconsistencias. También abordó el tratamiento fiscal de pérdidas, inversiones y aspectos laborales relacionados.
En un panel doble, Eduardo Sánchez Lemoine y Oswaldo Méndez Álvarez hablaron sobre la escisión y liquidación, destacando que la escisión no tiene una definición formal en la ley, lo que genera incertidumbre. Acentuaron la importancia de justificar cada operación con una razón de negocios real y citaron ejemplos globales como General Electric o Siemens para ilustrar buenas prácticas.
En la última jornada, Alberto Gabriel Cárdenas González abordó el tema de la restricción y cancelación de los sellos digitales, destacando su importancia para la fiscalización y la evolución del CFDI desde 2001. En ese sentido, detalló los antecedentes, los criterios normativos y las causales de restricción, incluyendo la omisión de declaraciones, la no localización del contribuyente, operaciones inexistentes o ilícitas, y la oposición a facultades de comprobación. También hizo mención a las modificaciones propuestas para 2026, como la adición de causales relacionadas con créditos fiscales firmes no pagados y la ley aduanera, así como la importancia de la conciliación de CFDI y la atención a las cartas invitación para evitar problemas con la autoridad.
Asu vez, Ignacio Sosa López explicó que cualquier contrato con un extranjero que implique desembolso desde México se considera un pago al extranjero y por tanto puede generar obligaciones fiscales. Señaló que los tratados para evitar la doble tributación deben analizarse cuidadosamente, y que es indispensable emitir CFDI aun si no hay retención.
Finalmente, Laura Elena Acevedo Solís concluyó con una exposición sobre el instrumento multilateral adoptado en 2024, el cual busca armonizar más de mil tratados. “Este instrumento añade complejidad al análisis y exige que las transacciones tengan razones de negocio más allá del beneficio fiscal”, afirmó.
Eventos recientes
La comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio organizó el foro Ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, un espacio de análisis y reflexión en torno a la relevancia de la ética profesional en los procesos de aseguramiento. El encuentro reunió a especialistas del ámbito contable y de auditoría para discutir los desafíos que enfrentan las firmas al implementar sistemas de gestión de calidad y garantizar la independencia y objetividad en la revisión de los encargos.La coordinación del evento, realizado el 11 de marzo, estuvo a cargo de Cecilia Coronel Ruiz y Carlos Velázquez Valle, integrantes de la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional. Como expositores participaron Parménides Lozano Rodríguez, integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero; Arantxa Esthela Reyes Mendiola, Audit Associate Partner en Baker Tilly México; Francisco José Sánchez González, integrante de la comisión de Gobierno Corporativo; y la propia Cecilia Coronel Ruiz.Durante su intervención, Parménides Lozano Rodríguez abordó la ética en el nombramiento del revisor de calidad en auditorías, vinculada con las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que la profesión contable es de interés público, por lo que los profesionales no solo responden ante quien contrata sus servicios, sino también ante la sociedad, ya que las conclusiones de auditoría influyen en la toma de decisiones y en una cadena de valor que incluye empleados, proveedores y el entorno social.Destacó que estas normas surgieron tras escándalos corporativos que evidenciaron la necesidad de reforzar la independencia y la ética profesional. Por ello, el revisor de calidad debe designarse con base en criterios de competencia, capacidad y disponibilidad, evitando amenazas a la objetividad como la familiaridad o el interés propio. Asimismo, explicó que esta revisión es necesaria en encargos relacionados con entidades que cotizan en bolsa, instituciones supervisadas por autoridades financieras o empresas con alto riesgo de lavado de dinero. Entre los hallazgos más comunes mencionó la falta de claridad sobre cuándo interviene el revisor, la ausencia de evidencia de su participación y la escasa documentación de los procesos de remediación.Por su parte, Arantxa Esthela Reyes Mendiola centró su exposición en la ética dentro del sistema de gestión de calidad bajo las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Destacó que la ética debe ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una práctica operativa dentro de las firmas, ya que la confianza es la principal “mercancía” de los profesionales contables y el comportamiento individual impacta directamente en la reputación institucional.A partir de su experiencia en la implementación de estos estándares en México y Latinoamérica, señaló que, aunque los contextos varían, la confianza es un elemento transversal. Advirtió que los mayores riesgos para las firmas no siempre son técnicos, sino aquellos derivados de la familiaridad con los clientes o de presiones comerciales que pueden afectar el juicio profesional. Ante ello, subrayó la importancia de contar con salvaguardas adecuadas, procesos constantes de autoevaluación, canales de denuncia efectivos y un liderazgo ético que se refleje en toda la organización.En su intervención, Francisco José Sánchez González abordó los desafíos éticos que enfrentan las firmas de contaduría pública en la asignación de revisores y en la ejecución de auditorías. Señaló que la confianza pública, la objetividad, la independencia y la calidad profesional son pilares de la profesión, guiados por principios del código de ética como la integridad, la objetividad, la competencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional.También enfatizó la importancia de documentar adecuadamente los procesos de aceptación y continuidad de clientes, verificando que los miembros del equipo no tengan intereses financieros o relaciones personales que comprometan su independencia, y que cuenten con la experiencia necesaria para cada sector. Asimismo, advirtió que presiones internas y externas, como las económicas o los plazos de entrega, pueden generar riesgos éticos, los cuales deben mitigarse mediante salvaguardas como la rotación de socios o revisores, la documentación de la independencia y la capacitación continua.Finalmente, Cecilia Coronel Ruiz explicó el papel de la ética en los sistemas de gestión de calidad establecidos por las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 e NIGC 2). Señaló que las firmas deben aplicar sistemas basados en riesgos para garantizar la calidad de los encargos y el cumplimiento de normas profesionales y legales.Destacó que el revisor de calidad actúa de forma independiente al equipo de auditoría y valida las conclusiones antes de emitir el informe. También subrayó la importancia de contar con políticas claras para la elegibilidad de revisores y respetar periodos de enfriamiento, con el fin de fortalecer la calidad, la independencia y la confianza en la profesión contable.
Este 9 de marzo, el Colegio organizó el foro Fiscalidad con IA: Criptoexchanges y retenciones, un espacio de análisis dedicado a revisar el marco fiscal relacionado con los criptoactivos, así como las herramientas tecnológicas que utilizan las autoridades para su fiscalización.En el encuentro participaron los especialistas Juan Carlos Santillán Hernández y Gustavo Fuentes de León como expositores, mientras que Juan Carcaño López fungió como moderador y presentó un panorama general sobre la evolución de los criptoactivos y su tratamiento regulatorio.Durante la sesión se explicó que la fiscalidad comprende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan los tributos y los procesos de recaudación del Estado, los cuales permiten financiar servicios públicos y otras actividades gubernamentales. En ese contexto, los especialistas destacaron que la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ha transformado la manera en que las autoridades analizan grandes volúmenes de datos para detectar patrones, tomar decisiones y fortalecer los procesos de supervisión fiscal. Como parte del panorama general, se revisó el desarrollo del ecosistema de activos digitales. Los ponentes recordaron que el crecimiento de redes como Ethereum permitió la creación de tokens mediante contratos inteligentes, lo que dio origen a miles de activos digitales programables dentro de la tecnología blockchain. De igual forma, explicaron que los criptoactivos se definieron como representaciones digitales de valor que utilizan criptografía y redes descentralizadas para validar y registrar transacciones sin la intervención de una autoridad central. Entre sus principales características, los panelistas enlistaron la descentralización, el uso de blockchain, el pseudonimato de los usuarios y la posibilidad de realizar transferencias globales casi inmediatas. Asimismo, se mencionó que dentro del mercado existen distintas categorías, entre ellas criptomonedas ampliamente conocidas como Bitcoin y Ethereum, además de stablecoins, tokens de utilidad y tokens de gobernanza.Los especialistas señalaron que, ante el crecimiento del mercado de criptoactivos, diversos organismos internacionales han impulsado lineamientos orientados a mejorar la transparencia fiscal y prevenir riesgos como el lavado de dinero. En el caso de México, recordaron que los criptoactivos no tienen el carácter de moneda de curso legal. Su regulación se encuentra principalmente en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como en disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y criterios de Banxico. Además, se destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la vigilancia sobre este tipo de operaciones mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas, entre ellas el análisis de blockchain, el intercambio internacional de información y sistemas de IA capaces de rastrear transacciones en redes públicas. En materia tributaria, se explicó que México aún no cuenta con un régimen específico para las criptomonedas. Sin embargo, la postura de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sugiere que las operaciones de compraventa de estos activos pueden tratarse como enajenación de bienes, por lo que podrían sujetarse a disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) relacionadas con este tipo de transacciones. Durante el foro también se revisaron las reglas aplicables a las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) en plataformas tecnológicas y servicios digitales. Los especialistas coincidieron en que las disposiciones fiscales establecen obligaciones específicas para las plataformas que intermedian operaciones, incluyendo la retención de impuestos y la emisión de comprobantes fiscales correspondientes.
Con el propósito de analizar los principales retos en la preparación de la declaración anual, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio organizó el 6 de marzo el curso Declaración anual 2025 en Resico: aspectos clave para su elaboración, impartido por los comisionados Elio Fernando Zurita Morales y Edyth Ramírez Sánchez. Durante el evento se abordaron aspectos normativos y prácticos que los contribuyentes deben considerar para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales dentro del Régimen Simplificado de Confianza (Resico).En su intervención, Elio Fernando Zurita Morales explicó los elementos centrales para la elaboración de la declaración anual 2025 en Resico, tanto para personas físicas como para personas morales. Señaló que, en el caso de las personas físicas, el régimen es voluntario, se basa en ingresos efectivamente cobrados y no permite deducciones, siempre que los ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos anuales. También se permite obtener ingresos adicionales por sueldos o intereses, siempre que no se supere dicho límite.No obstante, advirtió que existen limitaciones en la regla miscelánea que permite combinar ingresos, lo que puede generar riesgos en casos como la venta de una casa no exenta u otros ingresos extraordinarios. En caso de rebasar el límite o incumplir obligaciones, el contribuyente deberá salir del régimen y tributar en el esquema correspondiente.Respecto a las personas morales, destacó que el Resico es obligatorio cuando la sociedad está integrada únicamente por personas físicas y sus ingresos del ejercicio anterior no superan los 35 millones de pesos. Asimismo, subrayó que la participación de socios en otras sociedades mercantiles, especialmente cuando existe control o relación entre ellas, puede impedir tributar en este régimen.En materia de deducciones, explicó que en Resico para personas morales se consideran principalmente las adquisiciones efectivamente pagadas. Las inversiones cuentan con porcentajes de deducción más altos, aunque solo hasta tres millones de pesos, aplicándose posteriormente los porcentajes normales. También mencionó algunos retos prácticos, como la falta de reglas claras para la deducción de inventarios iniciales al cambiar de régimen y la no deducibilidad de los anticipos de remanente en sociedades civiles.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez destacó la importancia de preparar con anticipación la información para la declaración anual, aun cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un simulador que precarga diversos datos. Subrayó que es indispensable contar con papeles de trabajo y validar la información antes de presentar la declaración.La especialista explicó que la autoridad fiscal dispone de una gran cantidad de información del contribuyente, principalmente a través de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), por lo que resulta fundamental conciliar ingresos, gastos y pagos provisionales con dichos comprobantes. También resaltó la relevancia de los complementos de pago para confirmar cuándo un ingreso ha sido efectivamente cobrado.Asimismo, enfatizó la correcta emisión de CFDI en conceptos como sueldos, viáticos y otras prestaciones, ya que el incumplimiento en retenciones puede impedir la deducción de ciertos gastos. También recomendó justificar adecuadamente la razón de negocios de las erogaciones y mantener actualizadas cuentas fiscales como la CUCA, la CUFIN y las pérdidas fiscales.Finalmente, la expositora reiteró que la información precargada por la autoridad debe utilizarse únicamente como referencia, por lo que es indispensable revisarla y conciliarla con la contabilidad del contribuyente. Una adecuada preparación y verificación de la información permitirá presentar la declaración anual de manera correcta y evitar posibles inconsistencias ante la autoridad fiscal.
