El Colegio llevó a cabo el curso Concurso mercantil: impacto de la opinión del experto contable el 12 de julio en su modalidad en línea. El evento fue organizado por la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, y coordinado por Viridiana González Díaz, quien contó con la participación de expertos como Guillermo Aguilera, Miguel Ríos Rayón y Antonio Silva Oropeza (socio en Silva Oropeza y Asociados), quienes resaltaron la importancia de la opinión especializada en las distintas fases de un concurso mercantil.
El objetivo principal del curso fue analizar las ventajas de la opinión de expertos para determinar el rumbo de empresas con problemas de liquidez y solvencia. Se buscó clarificar las etapas del concurso mercantil y explicar cuándo la opinión de un experto se convierte en una herramienta clave. Análisis desde el punto de vista legal y contable.
Durante el desarrollo del curso, los ponentes revisaron los antecedentes históricos del concurso mercantil, desde la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943 hasta la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) del año 2000.
En esta ley concursal establece dos etapas principales: la conciliación y la quiebra. Ambas se activan cuando un comerciante incumple de forma generalizada sus obligaciones de pago, lo que pone en riesgo la continuidad de la empresa.
El curso enfatizó el artículo 9.° de la LCM, que define el incumplimiento generalizado. Se explicó que la declaración de concurso mercantil puede ser solicitada por el propio comerciante (fracción I del artículo 9.° LCM) o por cualquier acreedor o el Ministerio Público (fracción II del citado artículo).
Miguel Ríos Rayón fue el encargado de abordar el tema del papel crucial de la opinión del experto dentro del proceso concursal. Aunque la LCM no especifica quiénes son "los expertos", se concluyó que el contador público es el profesional adecuado para esta labor, dada su experiencia en contabilidad, auditoría, costos, y análisis e interpretación de estados financieros. No obstante, la ley permite que las opiniones de otros expertos (financieros, fiscales o en administración) complementen el informe.
El propósito de la opinión del experto es determinar si el comerciante cumple con los supuestos de concurso mercantil o, en su caso, desvirtuarlos, conforme a las fracciones I y II del artículo 10.° de la LCM.
Un dictamen tradicional presentado en juzgados debe incluir:
• Datos del juicio: actor, demandado y juzgado.
• Datos del contador perito: nombre, domicilio, cédula profesional, tipo de perito.
• Objeto del dictamen: documentos base, metodología y procedimientos utilizados.
• Cuestionario: propuesto por las partes.
• Cédulas o papeles de trabajo: y la fuente de información.
• Conclusiones y opinión: sobre el trabajo realizado.
En su intervención, Guillermo César Aguilera Galindo hizo énfasis del papel que tiene la ética profesional y la responsabilidad de los expertos, temas que deben regirse por principios como la imparcialidad, profesionalismo, excelencia, confidencialidad y honestidad. El Código de Ética Profesional establece postulados esenciales como la independencia de criterios, la calidad profesional de los trabajos, el secreto profesional y la responsabilidad personal.
Los expertos tienen la obligación de ejercer sus funciones con probidad y diligencia, supervisar a sus auxiliares, rendir cuentas periódicamente y mantener la confidencialidad de la información.
El curso destacó los beneficios de la participación de expertos en procesos concursales, señalando que facilitan decisiones más informadas, reducen errores, aumentan la confianza en el proceso y contribuyen a la recuperación empresarial. Sin embargo, también se discutieron desafíos como la posible dependencia excesiva en los informes técnicos, los riesgos de conflictos de interés y la diversidad de criterios.
Como propuestas, se planteó la necesidad de una regulación transparente para los expertos, capacitación judicial en interpretación técnica y la creación de un padrón oficial de expertos.
Acto seguido, se presentó un caso práctico en el que se desarrollaron todas las fases del proceso del concurso mercantil: desde la competencia del perito, antecedentes, planteamiento del problema, hipótesis del problema, desarrollo de la hipótesis hasta la fundamentación técnica y ratificación judicial.
En el caso práctico, se presentó un análisis de la opinión de un experto que se incluyó en el documento proporcionado, el cual se refiere a una demanda de concurso mercantil contra una empresa. A partir del análisis del artículo 9.°, fracción II, y del artículo 10.°, fracciones I y II, el experto llega a la conclusión de que se cumplen las condiciones necesarias para declarar el concurso mercantil. La empresa muestra un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones y no cuenta con activos suficientes para hacer frente a las deudas vencidas con dos o más acreedores diferentes.
El abogado Antonio Silva Oropeza destacó que la opinión de expertos es una herramienta valiosa que, con una regulación adecuada, ética y equilibrio, favorece la justicia, la transparencia y la recuperación empresarial.
Por último, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos, un momento que puso el broche de oro del evento de concurso mercantil.
Eventos recientes
Durante la semana del 25 al 29 de agosto el Colegio fue sede para la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental, con el apoyo y coordinación de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. A lo largo del evento, se exploraron diversos temas de actualidad presentados por titulares de órganos superiores de fiscalización, órganos internos de control, auditores externos y otros actores del sector público.Para comenzar, durante el primer día se hicieron presentes 15 expertos en auditoría gubernamental: Alfredo Adam Adam, Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, Alberto Gándara Ruiz Esparza, Alejandro Romero Gudiño, Carlos Fernando Matute González, David Villanueva Lomelí, Carlos Orozco-Felgueres Loya, Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, José Luis Nava Díaz, Rosa María Cruz Lesbros, José Roldán Xopa, Javier Vargas Zempoaltécatl y Roberto Moreno Herrera. En conjunto, los especialistas desarrollaron los retos contemporáneos de la fiscalización en México, mediante las posturas de distintas instancias auditoras del país, con el fin de reiterar la importancia de la fiscalización, la auditoría y el control interno.Posteriormente, en el segundo día del evento, Arturo Vázquez Espinosa comentó sobre el impacto que han tenido las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde señaló que estos cambios buscan fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, “no para evadir o responsabilizar a las más personas posibles, sino para analizar objetivamente las circunstancias en las que actúan en el servicio púbico para mejorar la calidad de este”.Después, Benjamín Reyes Torres se encargó de detallar las Normas Globales de Auditoría (NGAI), quien las describió como “instrucciones para el actuar profesional que permiten mantener la calidad, consistencia, credibilidad, independencia y dirección, para fortalecer el reconocimiento global”. De esta manera, las NGAI brindan al auditor una herramienta para observar y evaluar que le permita dar consejos apropiados para las necesidades y objetivos de una organización.Irene Emilia Trejo Hernández, presentó Control de los bienes muebles nacionales en la Administración Pública Federal, donde comentó las dificultades de administrar este tipo de bienes debido a que se suelen pasar por alto. Sin embargo, la experta mencionó que todos estos bienes deben ser registrados y sistematizados para poder darles un seguimiento oportuno; para conseguirlo, el primer paso es ser conscientes de su existencia, ya que representan recursos que deben alinearse a los objetivos de la organización.Por su parte, Victorino Barrios Dávalos presentó El largo y sinuoso camino para combatir la corrupción en el Estado de México, donde compartió el proceso que se debe atravesar para emitir una sanción administrativa o denuncia penal relacionada a la corrupción. Según comentó el experto, la extensa duración de estos procedimientos y su dificultad suponen un desgaste que frena la lucha contra la corrupción.El tercer día de la jornada comenzó con Raúl Ochoa Macías y Ana Edith Villegas Lozano, quienes compartieron cómo la tecnología ha ampliado el alcance de la auditoría pública mediante las Técnicas de Auditoría Asistida por Computadora (CAAT, por sus siglas en inglés) y la Automatización Robótica de Procesos (RPA). En ambos casos, el uso de tecnologías permite optimizar procesos de auditoría al permitir gestionar mayor cantidad de información en menos tiempo y analizarla para emitir recomendaciones más valiosas. De forma complementaria, Edwin Meraz Ángeles presentó Con Inteligencia Artificial la Auditoría Superior de la Ciudad de México a la vanguardia en la Fiscalización Superior, donde se compartió la aplicación de IA en este organismo para incrementar la calidad de los resultados de la auditoría y facilitar los procesos relacionados para enfocar la labor del auditor a las tareas de mayor valor.Para finalizar el día, un panel compuesto por Rualdo Otoniel García Ramos, Jaime Díaz Martínez y Juan Carlos Estudillo detalló los retos que enfrenta la auditoría a entes públicos y la normatividad contable gubernamental, así como su papel en la lucha contra la corrupción.Al día siguiente, Jorge Enrique Santibáñez Fajardo y Ushuaia Guadarrama Valencia, con su ponencia llamada Sostenibilidad, sus revelaciones y posibles efectos en los entes públicos, donde compartieron el panorama actual de las normas de sostenibilidad. Durante su exposición, señalaron la relación entre los distintos cuerpos normativos en materia de sostenibilidad y las ventajas que supone su adopción, que van desde el apoyo a la toma de decisiones mejor informadas hasta la gestión de riesgos sociales, económicos y ambientales con mayor claridad.Posteriormente, Nicolás Domínguez García detalló las características y procesos de implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno en el sector público para promover una cultura ética y permitir combatir la corrupción, con el sustento de la ISO 37001.Francisco Javier Vega Rodríguez, por su parte, desarrolló los desafíos que enfrenta la fiscalización superior en el contexto geopolítico actual, donde mencionó que preservar un principio de adaptación y evaluación constante permite mantener vigente la fiscalización ante un entorno cambiante, manteniendo alineación con los objetivos globales y locales.Al final del día, Claudia Margarita Hernández Flores compartió su conocimiento sobre Sistemas Institucionales de Integridad y subrayó su importancia para el combate contra la corrupción a nivel institucional, ya que permiten alinear las políticas de integridad a contextos específicos y promueven una cultura de integridad que beneficia a la organización y a la sociedad.En la ponencia Administración de lo Público, de Martha Laura Bolívar Meza, la consultora hizo un repaso por la construcción histórica y filosófica del binomio de lo público y lo privado, donde concluyó que la auditoría gubernamental tiene la responsabilidad de preservar el interés, patrimonio y utilidad pública al evaluar a quienes administran lo público.Armando Sergio Lara Pérez, continuó con su ponencia Auditoría gubernamental: visión del futuro, donde comentó las expectativas y nuevas tendencias para esta disciplina, así como las herramientas que se encuentran en desarrollo actualmente, como la IA. Finalmente, sugirió acciones e ideas que se pueden comenzar a adaptarse para permitir a los profesionales sumarse a la corriente de cambio desde ahora y evitar rezagarse.Panorama del Sistema Nacional Anticorrupción fue presentado por Eduardo Rovelo Pico, quien se encargó de describir el estado actual del espacio responsable de coordinar los esfuerzos de las autoridades contra la corrupción, así como los resultados presentados hasta ahora y el camino que debe tomar para realizar un trabajo que cumpla con el objetivo que se propone.En ese sentido, Gerardo Fragozo Díaz cerró la jornada con su ponencia Retos para una reforma en materia de fiscalización superior, donde destacó la importancia de reconocer la responsabilidad de la auditoría gubernamental para poder proponer reformas clave que permitan alcanzar los objetivos de las organizaciones, con una perspectiva que busque el interés público.Con los espacios de formación terminados, la presidenta de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Graciela Josefina Cámara Guerrero, agradeció la participación de ponentes y asistentes, quienes contribuyeron a que la jornada fuera fructífera con reflexiones, perspectivas y buenas prácticas para enriquecer la labor profesional de la auditoría gubernamental.
Esta tarde, el Colegio presentó el foro Temas relevantes en materia laboral y de seguridad social, al que se reunieron destacados panelistas para debatir sobre los principales cambios en la Ley Federal del Trabajo (LFT), seguro social, Infonavit y los efectos de la fiscalización. Entre los panelistas se encontraban Hugo Meléndez Nieto, Jazmín Vera Montes de Oca y Ariel Morales García; Irene Ortiz España y Leonardo Morgado Santana fueron los coordinadores.En la primera exposición, Hugo Meléndez Nieto abordó tres importantes reformas a la LFT. La primera fue el cambio del día de descanso obligatorio, el cual pasa del 1 de diciembre al 1 de octubre cada seis años.La segunda reforma que abordó el expositor fue la conocida como Ley Silla, misma que busca garantizar, a los trabajadores, la disponibilidad de sillas adecuadas para la realización de sus actividades y para tener descansos periódicos. “Esta ley establece que los patrones deben proporcionar un número suficiente de asientos ergonómicos, prohibiendo que se obligue a los trabajadores a estar de pie durante toda su jornada laboral. Esta normativa se aplica a todos los centros de trabajo en el país”, informó.Además, destacó, como tercera reforma, la importancia de regular el trabajo en plataformas digitales, reconociendo la relación laboral subordinada de quienes realizan actividades a través de estas plataformas. “Se establece que el tiempo de trabajo debe ser fijado por el trabajador y que estos tendrán derecho a todos los beneficios reconocidos por la ley”, puntualizó.Por su parte, Jazmín Vera Montes de Oca presentó datos relevantes sobre la población trabajadora en México, señalando que el 22.1% de la población ocupada, es decir, alrededor de 13.2 millones de personas, son considerados trabajadores independientes. “De este grupo, el 42% son mujeres y el 58% hombres, con una participación activa en todos los sectores económicos, predominando los de servicios y comercio”, precisó la contadora.En tanto, Ariel Morales García informó que, a partir del 1 de septiembre de 2025, los patrones podrán consultar y autorizar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para publicar su estatus fiscal en seguridad social a través del Buzón IMSS. Asimismo, recordó que el 31 de agosto de 2025 es la fecha límite para el cierre de la funcionalidad del Escritorio Virtual y que se requiere el ingreso a través de la e.firma del Servicio de Administración Tributaria.También, los especialistas mencionaron que la revisión de la clasificación en el seguro de riesgos de trabajo es monitoreada por el área del IMSS para garantizar una adecuada protección de los trabajadores.El foro concluyó discutiendo sobre las posibles reformas para 2025, las cuales incluyen, de acuerdo con los panelistas, la reducción de la jornada laboral, el aumento del aguinaldo, el aumento a la prima de antigüedad, la igualdad salarial, el permiso por fallecimiento de un familiar, entre otras.
Como promotor del desempeño profesional desde una perspectiva basada en valores, el Colegio de Contadores Públicos de México realizó su 7. ° Foro de Ética el pasado martes 26 de agosto de 2025.El evento abordó los desafíos y estrategias del ejercicio de la contaduría actual. La bienvenida estuvo a cargo del presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, y del presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Héctor Amaya Estrella, quienes mencionaron la conveniencia de la actuación profesional conforme a valores y la relevancia creciente de la ética en un entorno cambiante y digital. La primera ponencia corrió a cargo de Juan Carlos Lugo Domínguez, quien abordó la relevancia de la Junta de Honor como órgano garante de la ética en la profesión contable y la próxima incorporación sobre el uso inteligencia artificial (IA) en el ejercicio profesional, la cual retomará los principios de la Unión Europea y de la Unesco sobre la IA, la cual debe ser explicativa, con solidez técnica y con supervisión humana.Estableció que: “El juicio crítico no puede delegarse a un algoritmo, se amenaza la independencia, ya que el juicio es lo más valioso de un auditor. Hay que tener presente que el uso de la IA conlleva un riesgo civil, legal. Debe asegurar transparencia, seguridad en la información y actualización de competencias”.El siguiente tema fue la Norma Internacional de Gestión de Calidad o NIGC-1, a cargo de Judith Galván Rodríguez, quien explicó que esta norma retoma el Código de Ética del IAASB para asegurar el buen desempeño de la auditoría. Expresó que: “La ética no es binaria, el cumplimiento sí lo es. El código de ética y las normas son guías para determinar el cumplimiento. La profesión contable se ha distinguido por poner en blanco y negro las directrices del comportamiento y así mejorar la confianza en la profesión”.Dentro de la NIGC-1, resaltó la ética como eje para su cumplimiento a través de documentar procesos, contar con un gobierno corporativo, no tener relaciones personales entre el cliente y el auditor (quien debe ser un profesional razonablemente informado y contar con el juicio para determinar el uso de la IA) y cuidar los medios por los que se comparte información. Todo ello, para no comprometer la integridad del auditor o la firma por un beneficio económico, medidas que contrarrestan el conflicto de interés y previenen o detectan el fraude.La siguiente ponencia corrió a cargo de Cynthia Escoffie Caballero y versó acerca de la ética en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Refirió a las sanciones recientes aplicadas a tres instituciones financieras mexicanas acusadas de presunto lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos y que han derivado en la modificación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).Al analizar el caso, observó faltas de control y de comportamiento ético, lo que ha dañado la reputación de las empresas, sus funcionarios y grupos de relación. Al respecto comentó: “No se habla de cumplimiento sin hablar de ética. Es necesario identificar a los clientes de los despachos y usuarios finales, detectar patrones de comportamiento, hacer análisis de riesgo, conocer las obligaciones y sanciones que representa el acto u omisión”. Recaló que es necesario tener mayor comunicación y claridad en las relaciones comerciales, no normalizar los desvíos o justificar el “siempre se ha hecho así”, hacer las preguntas correctas, no limitarse a seguir instrucciones o tener exceso de confianza, pues la confianza sin supervisión destruye, y “un mal negocio puede terminar todo el negocio”.Para concluir el foro, Karina Tapia Iturriaga compartió sobre la IES 4, ética, actitudes y valores profesionales. Explicó que esta norma internacional (que entrará en vigor el 6 de julio de 2026) establece los lineamientos de formación de los futuros contadores, se basa en los valores y actitudes para ofrecer un servicio, promover el interés público, el respeto por la ley, el compromiso con la calidad y el aprendizaje continuo.“Como formadores, y de acuerdo con la IES 4, debemos fomentar, entre nuestros jóvenes, reflexiones sobre dilemas éticos y cómo solucionarlos, fortalecer el pensamiento crítico, el juicio moral y la capacidad de analizar diferentes perspectivas antes de tomar decisiones. Todos tenemos dilemas éticos, todos los días, la cuestión es cómo los enfrentamos.”Recalcó la necesidad de renovar constantemente los planes de estudio, la incorporación de tecnología, hacer énfasis en la sostenibilidad y sembrar en los jóvenes una conciencia de escalabilidad, pues la imagen propia es la imagen de la empresa, cada uno tiene la capacidad de crearla o destruirla. El foro fue clausurado por María de Lourdes Nabor Cadena, presidenta de la comisión de Ética, organizadora del evento, y coordinado por Lucía Mónica López Mirafuentes y Edgar Alejandro Romero León.
