El 19 y 20 de agosto se celebró por primera vez la Cumbre para donatarias autorizadas: desafíos y oportunidades 2025 en el Colegio, un espacio coordinado Ivonne Canett Rivas y Alma Goretti Rivera Pérez, representantes de la comisión técnica de Sector Empresa de Entidades con Propósitos No Lucrativos. Esta jornada tuvo por objetivo impulsar a los profesionales que laboran en donatarias autorizadas, para bridarles herramientas contables, fiscales, legales y de PLD que permitan fortalecer su perfil y las organizaciones que apoyan.
Durante los dos días de la cumbre, se presentaron dos paneles, dos conferencias y siete pares de talleres simultáneos donde se desarrollaron temas de actualización y buenas prácticas para organizaciones sin fines de lucro.
La apertura del evento fue dada por el presidente Alfredo Ramírez Fernández del Castillo y Rosa María Cruz Lesbros, expresidenta del Colegio. Quienes señalaron la importancia de la actualización completa para la profesión contable en materia fiscal, legal, contable y administrativa, pero destacaron que es aún más fundamental para la operación de organizaciones con un entorno regulatorio tan cambiante que, además, se encuentran en constante vigilancia, como las donatarias autorizadas.
“Es un privilegio poner nuestra mente donde está nuestro corazón, por ello debemos actuar con ética, transparencia, creatividad y fortaleza para apoyar las causas sociales que son objetivo de nuestras donatarias”, señaló Rosa María.
El primer panel, Voces que transforman: buen gobierno contable y legal en organizaciones de la sociedad civil, presentado por la panelista Elizabeth Pérez Esteban, contó con la participación de Noé Rafael Wong Serna y José Martín Aguayo Solano, quienes conversaron sobre el papel del contador en las donatarias, así como las medidas y prácticas que construyen una organización ética, transparente, participativa, independiente y en cumplimiento.
Por otro lado, en el taller Legalidad con propósito: marco jurídico de las donatarias, Gemma Sáez Banús comentó los conceptos generales que cobijan jurídicamente a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); abarcando desde su definición y personalidad jurídica, hasta sus derechos y obligaciones en función del tipo de OSC. A la par, se presentó Contratos y Convenios para Donatarias: Legalidad con Impacto Social, con Adalid Herrera Garduño, donde se señaló la importancia preservar la legalidad de las relaciones profesionales de las donatarias con acuerdos escritos y claros que dejen delimitadas las responsabilidades y derechos de cada persona que aporta valor a la organización.
Posteriormente, se presentaron los talleres Normas de Información Financiera (NIF) esenciales para donatarias, por César Daniel Pérez Castro; y Auditoría efectiva en donatarias: qué cuidar antes, durante y después del proceso, por Maribel De La Llave González y Alberto De La Llave Fernández. En ambos casos se partió de un punto en común: fortalecer las OSC mediante la información que permita la mejora continua y brinde a la organización reputación basada en los datos derivados de su actividad.
Alejandra Marín Valladares y José Luis Mondragón presidieron la conferencia Bajo la lupa del SAT: expectativas fiscales para donatarias autorizadas, donde se desarrollaron los cambios recientes a las modificaciones normativas aplicables a las donatarias al respecto del acreditamiento de sus actividades y la capacidad de la autoridad para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. En la ponencia se destacó que mantener la organización en cumplimiento fiscal es invaluable, ya que de ello depende preservar la autorización, además de sus multas respectivas.
Tras un breve descanso para comer, la cumbre continuó con más talleres. En Contabilidad estratégica en donatarias: límites, control y soporte de gastos, de Elizabeth Pérez Esteban, se remarcó el papel de la contabilidad para la correcta toma de decisiones de una organización mediante control interno y gestión eficiente; además, se comentó como la transparencia facilita el cumplimiento fiscal. En conjunto, ambos factores contribuyen con el mismo objetivo: reforzar la confianza en la labor de las organizaciones.
Además, en la sesión precedida por Adolfo David Fonseca Trejo, Renovación de donatarias: Cumple, Presenta y Conserva, se cubrieron las obligaciones y necesidades de las donatarias para obtener y mantener su autorización. Durante la ponencia, se contó con ejemplos prácticos que representaron buenas prácticas y medidas de contención al alcance de las organizaciones para conservar su valiosa autorización mediante la comprensión del proceso de revocación.
El último par de talleres del día brindaron fundamentos para aplicar la tecnología en beneficio de las donatarias. Primero, Mario Espadas Sánchez, con Donativos y Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI): ¿cómo emitirlos correctamente al ser donataria autorizada?, elaboró en la forma correcta de expedir CFDI de cada tipo de donativo recibidos por las organizaciones, para evitar incumplimiento. En complemento, Digitalización Contable: Implementación y Cumplimiento en Donatarias, de Alma Goretti Rivera Pérez, sirvió para mostrar las oportunidades que brinda la tecnología aplicada a la contabilidad al permitir procesos eficientes y transparentes, pero se exhortó a mantener un acercamiento crítico para lograr una aplicación efectiva.
El segundo día comenzó con el panel Rumbo sostenible: retos y oportunidades para donatarias autorizadas, moderado por Graciela Enríquez Guadarrama. En el espacio convergieron Gloria Lara Cantón, Cecilia Mora y Jerónimo Castrillón Cortina, quienes conversaron sobre el papel de la sostenibilidad en las donatarias y concordaron en que los programas de las organizaciones deben articularse con las metas de sostenibilidad global, ya que elementos como los Índices Básicos de Sostenibilidad (IBSO) ayudan a formular un plan de trabajo responsable que se traduce en confianza social y, por lo tanto, en apoyo para las donatarias.
Aspectos clave del remanente distribuible: implicaciones fiscales y contables para donatarias, de Alejandro Gualito Hernández, y Relaciones que comprometen: fiscalización de partes relacionadas en donatarias, de José Carlos Romero Cuéllar, incorporaron conceptos fiscales clave para la operación de las organizaciones sin fines de lucro y, en ambos casos, se señaló la importancia de mantener el cumplimiento fiscal debido a la vigilancia de la autoridad y el peligro de revocación de la autorización.
En un sentido cercano, Luz Berenice Trujillo Mendieta y Alejandro Méndez Rueda, en su taller Un solo beneficiario, dos obligaciones: fiscal y Prevención de Lavado de Dinero (PLD), compartieron los detalles de la reciente reforma a la Ley Antilavado de Dinero que afectan a las donatarias autorizadas y destacaron la relevancia de identificar a los beneficiarios controladores para fortalecer las organizaciones en materia de PLD.
Seguido a ello, en el taller De la gestión a la transparencia: sistematización para el cumplimiento de informes en donatarias, de Sergio Sánchez Arciniega, señaló el valor ético y estratégico de la transparencia, ya que permite una mejor toma de decisiones, legitima la actividad de las organizaciones, habilita la mejora continua y fortalece la relación entre donataria y donantes.
El último par de talleres, Tópicos de PTU en donatarias autorizadas: mitos, realidades y criterios, de Mayeli Cabral y Estefanía Benítez Arias, y Nómina y seguridad social en donatarias: cumplimiento integral y riesgos comunes, de Mario Fernando Medina López, sirvieron para desarrollar las obligaciones de las donatarias hacia sus colaboradores con el fin de mantener esas relaciones dentro de la legalidad para ejercer un cuidado responsable de la organización y las personas que suman valor a ella mediante la exposición de buenas prácticas y riesgos comunes en sus tópicos respectivos.
Finalmente, se presentó la última conferencia de la jornada: Método Alineación donatarias autorizadas (Método ADA), donde se compartió esta metodología cuyo enfoque preventivo y correctivo permite reducir riesgos, mantener el cumplimiento oportuno y, en consecuencia, preservar la autorización. En esta conferencia se contó con la participación de Maribel Trejo Estudillo, Ilana Ostrosky Frid, Adolfo David Fonseca Trejo, Maribel de la Llave González y José Sinaí Trejo Suárez; expertos quienes profundizaron en los aspectos legales, contables y fiscales que abarca el Método ADA.
Para el cierre de la cumbre, se comunicó a los asistentes que la comisión técnica de Sector Empresa de Entidades con Propósitos No Lucrativos puso a su disposición una serie de herramientas y contenidos técnicos para reforzar los temas revisados a lo largo de ambos días, con el fin de continuar el compromiso de mejora continua y actualización que dio lugar a este magno evento.
Además, al cierre se sumó Ricardo Bucio Mújica, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, y Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, quienes reconocieron los esfuerzos puestos por la coordinación y audiencia de la cumbre para mantener los objetivos sociales de las OSC desde la profesión contable.
Eventos recientes
Este 25 de agosto, el Colegio celebró la octava edición del Foro de ética con el propósito de analizar y difundir los principios que rigen la práctica contable en los entornos empresarial, independiente, gubernamental, financiero y docente. Durante la primera intervención, Norma Leyla Rangel López abordó los puntos finos para la estructuración de programas de cumplimiento en entidades en funcionamiento. En su exposición destacó la relevancia de la Norma de Información Financiera (NIF) A-2 y el postulado de negocio en marcha, vigentes de forma obligatoria a partir de 2025, los cuales exigen una evaluación formal, documentada y prospectiva a doce meses sobre la viabilidad de las organizaciones, informó la panelista.Asimismo, la especialista expuso las transformaciones que se han manifestado este año y que derivan de las disposiciones del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés), entre las que destacan la entrada en vigor de las Normas Internacionales de Ética para el Aseguramiento de la Sostenibilidad, los nuevos requerimientos en planeación fiscal y el uso de expertos, así como la actualización de la Norma Internacional de Educación.Por su parte, Edyth Ramírez Sánchez centró su participación en los requerimientos éticos indispensables para el control de calidad en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y la prevención de contingencias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al respecto, explicó cómo se relacionan el Código de Ética Profesional y el Código de Conducta del SAT con el ecosistema de facturación electrónica.De igual forma, enfatizó que los principios de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad institucional obligan a la autoridad a fundamentar sus actuaciones y evitar cobros o restricciones arbitrarias de sellos digitales, y al contador público a mantener la veracidad, objetividad y competencia para evitar la simulación de operaciones.También participó en el foro la contadora Silvia Matus de la Cruz, quien analizó la planeación estratégica con enfoque ético para la prevención del lavado de dinero y la mitigación de riesgos fiscales. En este sentido, comentó que la profesionalidad actúa como escudo mediante la aplicación del marco de la IESBA, que permite evaluar amenazas a través de la prueba del tercero razonable y gestionar los incentivos y periodos de desconexión.Por otro lado, señaló que la profesión se constituye como la primera línea de defensa macroeconómica frente a la delincuencia organizada y la evasión fiscal, al aplicar los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Finalmente, la contadora María de Lourdes Nabor Cadena expuso las principales modificaciones incorporadas al Código de Ética Profesional para 2026; entre las novedades destacó la inclusión de los servicios de planificación fiscal en los sectores público, privado e independiente, estableciendo que el asesoramiento debe contar siempre con una base razonable conforme a la ley y evaluar los impactos reputacionales y comerciales.Además, abordó las nuevas disposiciones en materia de tecnologías de la información e hizo hincapié en que, si bien la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización optimizan cruces de datos, el juicio profesional y el criterio humano son fundamentales en el actuar profesional.
El Colegio llevó a cabo el curso Repse: taller sobre beneficios laborales, fiscales y sociales el 25 de agosto, el cual contó con la coordinación de Jorge Alvarado Cordero y la participación de los ponentes Jorge Eugenio Martínez Vargas, Selene Paredes De la Rosa y Alberto Flores Mesa, todos integrantes de la comisión técnica Sector empresarial. El desarrollo del taller se estructuró en tres temas fundamentales: los aspectos laborales del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), las implicaciones fiscales enfocadas en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los aspectos de seguridad social relativos a las Informativas de Contratos de Servicios u Obras Especializadas (ICSOE) y Sistema de Información de Subcontratación (SISUB).Durante la primera hora, centrada en la normatividad laboral, Jorge Eugenio Martínez Vargas analizó la complejidad operativa y jurídica que afrontan las empresas ante las exigencias de este registro. El abogado expuso que la falta de actualización del sistema dificulta verificar los registros cancelados y señaló que la imposición del Repse genera sobrecarga administrativa. De igual manera, abordó las controversias derivadas de la coincidencia del objeto social, el riesgo de simulación laboral y la aplicación de sanciones por incumplimiento.Martínez Vargas precisó que las personas físicas con actividad empresarial sin trabajadores a cargo no tienen obligación de tramitar el registro. En cuanto a proveedores de servicios como banquetes, jardinería o instalación de productos terminados, el especialista sostuvo que el trámite resulta innecesario cuando los trabajos no implican una subordinación directa hacia la empresa contratante. De igual manera, explicó que los despachos de contadores tampoco requieren dicha inscripción para la prestación de sus servicios profesionales.Finalmente, el expositor examinó las implicaciones de la responsabilidad solidaria en materia de cuotas y auditorías, así como las confusiones conceptuales generadas por las normativas vigentes. Enfatizó la importancia de elaborar contratos específicos y adecuados a la realidad operativa de cada operación mercantil con el propósito de evitar interpretaciones erróneas por parte de la autoridad fiscal y laboral.La segunda participación estuvo a cargo de Selene Paredes De la Rosa, quien analizó los impactos del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el ISR y en el IVA; además, destacó la reforma iniciada en 2020 y publicada el 24 de abril de 2021, la cual modificó 12 artículos, adicionó 15 y derogó seis en diversas leyes para eliminar la subcontratación laboral e incorporar reglas sobre servicios especializados. En este tenor enfatizó que el artículo 15.° del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece la prohibición de esquemas agresivos de subcontratación de personal cuando las actividades se desempeñan en relación con el objeto social o la actividad económica preponderante de la empresa contratante.En este sentido, precisó que la norma permite la contratación de servicios u obras especializadas, incluso entre empresas de un mismo grupo corporativo, siempre que no formen parte de la actividad preponderante y se cuente con el registro en la plataforma correspondiente. La especialista aclaró dudas sobre la existencia de subordinación laboral, los servicios prestados entre partes relacionadas, la adquisición de productos por maquila y los criterios aplicables a diversos sectores para mitigar riesgos de rechazo en deducciones o acreditamientos. La tercera y última participación fue de Alberto Flores Mesa, quien abordó los aspectos de seguridad social del REPSE, así como las plataformas del ICSOE y del SISUB. En su exposición detalló las diferencias legales entre ambos sistemas, el fundamento jurídico del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social (LSS), la periodicidad cuatrimestral de reporte, la gestión de usuarios capturistas dentro del sistema, el intercambio de información entre autoridades (IMSS, Infonavit, SAT y STPS) y los procedimientos prácticos para registrar declaraciones informativas tanto con datos como sin información.En ese sentido, el especialista mencionó que la entrega extemporánea u omisión de esta obligación faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a imponer multas que oscilan entre 500 y 2000 UMA. En caso de no celebrar contratos durante el periodo a reportar, existe la obligación de presentar la declaración bajo la modalidad sin información. El Salario Base de Cotización a declarar corresponde al último salario registrado del trabajador dentro del periodo. De forma adicional, Flores Mesa, el artículo 29 Bis de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mandata el cumplimiento cuatrimestral de la entrega de información contractual, montos de aportaciones, amortizaciones y datos de los trabajadores a través del Sistema de Información de Subcontratación. Ambas instituciones mantienen convenios de colaboración con la STPS para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, lo que permite detectar inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y proceder con la cancelación del registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Para cerrar el taller, se realizó una ronda de preguntas y respuestas, así como la entrega de reconocimientos.
Este 24 de agosto, el Colegio y México Evalúa concretaron una alianza estratégica orientada a impulsar acciones de investigación, análisis y difusión en materia de transparencia, rendición de cuentas y civismo fiscal. Además, el acuerdo establece las bases para que ambas instituciones desarrollen actividades orientadas a generar conocimiento, fortalecer capacidades y promover espacios de diálogo sobre asuntos de interés público. Durante la firma, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que la institución ha buscado construir alianzas que contribuyan a su crecimiento y permitan ampliar la aportación de la contaduría pública al fortalecimiento de las organizaciones y las instituciones.Señaló que la profesión contable tiene una responsabilidad que trasciende el ámbito empresarial y organizacional, particularmente por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado manejo de los recursos; “en este Colegio creemos firmemente en el poder de las alianzas”, expresó la contadora.Por su parte, María de Lourdes Morales Canales, coordinadora del Programa de Ciudadanía de México Evalúa, subrayó la relevancia de este acuerdo ante los retos que enfrenta el país en materia de fortalecimiento institucional y participación ciudadana.Morales Canales explicó que, como parte de los compromisos adoptados, se impulsará el proyecto El poder de tus contribuciones, iniciativa que busca promover una visión del civismo fiscal y fomentar una ciudadanía consciente de sus derechos y capacitada para exigir que la gestión de los fondos públicos se traduzca en beneficios concretos y accesibles.Mediante este marco de colaboración, México Evalúa podrá convocar a los integrantes del Colegio a participaciones activas en seminarios, conferencias, talleres y debates, además de colaborar de forma conjunta en la elaboración y divulgación de materiales especializados. Para dar seguimiento a las actividades proyectadas, se designó como enlaces institucionales a Morales Canales por parte de México Evalúa y a la contadora Rosa María Cruz Lesbros por parte del Colegio.Con esta colaboración, el Colegio refrenda su interés en ampliar los espacios de participación de la profesión contable en asuntos vinculados con las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que fortalece la vinculación de su membresía con iniciativas de investigación, generación de conocimiento y participación ciudadana.
