Durante la semana del 25 al 29 de agosto el Colegio fue sede para la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental, con el apoyo y coordinación de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. A lo largo del evento, se exploraron diversos temas de actualidad presentados por titulares de órganos superiores de fiscalización, órganos internos de control, auditores externos y otros actores del sector público.
Para comenzar, durante el primer día se hicieron presentes 15 expertos en auditoría gubernamental: Alfredo Adam Adam, Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, Alberto Gándara Ruiz Esparza, Alejandro Romero Gudiño, Carlos Fernando Matute González, David Villanueva Lomelí, Carlos Orozco-Felgueres Loya, Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, José Luis Nava Díaz, Rosa María Cruz Lesbros, José Roldán Xopa, Javier Vargas Zempoaltécatl y Roberto Moreno Herrera.
En conjunto, los especialistas desarrollaron los retos contemporáneos de la fiscalización en México, mediante las posturas de distintas instancias auditoras del país, con el fin de reiterar la importancia de la fiscalización, la auditoría y el control interno.
Posteriormente, en el segundo día del evento, Arturo Vázquez Espinosa comentó sobre el impacto que han tenido las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde señaló que estos cambios buscan fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, “no para evadir o responsabilizar a las más personas posibles, sino para analizar objetivamente las circunstancias en las que actúan en el servicio púbico para mejorar la calidad de este”.
Después, Benjamín Reyes Torres se encargó de detallar las Normas Globales de Auditoría (NGAI), quien las describió como “instrucciones para el actuar profesional que permiten mantener la calidad, consistencia, credibilidad, independencia y dirección, para fortalecer el reconocimiento global”. De esta manera, las NGAI brindan al auditor una herramienta para observar y evaluar que le permita dar consejos apropiados para las necesidades y objetivos de una organización.
Irene Emilia Trejo Hernández, presentó Control de los bienes muebles nacionales en la Administración Pública Federal, donde comentó las dificultades de administrar este tipo de bienes debido a que se suelen pasar por alto. Sin embargo, la experta mencionó que todos estos bienes deben ser registrados y sistematizados para poder darles un seguimiento oportuno; para conseguirlo, el primer paso es ser conscientes de su existencia, ya que representan recursos que deben alinearse a los objetivos de la organización.
Por su parte, Victorino Barrios Dávalos presentó El largo y sinuoso camino para combatir la corrupción en el Estado de México, donde compartió el proceso que se debe atravesar para emitir una sanción administrativa o denuncia penal relacionada a la corrupción. Según comentó el experto, la extensa duración de estos procedimientos y su dificultad suponen un desgaste que frena la lucha contra la corrupción.
El tercer día de la jornada comenzó con Raúl Ochoa Macías y Ana Edith Villegas Lozano, quienes compartieron cómo la tecnología ha ampliado el alcance de la auditoría pública mediante las Técnicas de Auditoría Asistida por Computadora (CAAT, por sus siglas en inglés) y la Automatización Robótica de Procesos (RPA). En ambos casos, el uso de tecnologías permite optimizar procesos de auditoría al permitir gestionar mayor cantidad de información en menos tiempo y analizarla para emitir recomendaciones más valiosas.
De forma complementaria, Edwin Meraz Ángeles presentó Con Inteligencia Artificial la Auditoría Superior de la Ciudad de México a la vanguardia en la Fiscalización Superior, donde se compartió la aplicación de IA en este organismo para incrementar la calidad de los resultados de la auditoría y facilitar los procesos relacionados para enfocar la labor del auditor a las tareas de mayor valor.
Para finalizar el día, un panel compuesto por Rualdo Otoniel García Ramos, Jaime Díaz Martínez y Juan Carlos Estudillo detalló los retos que enfrenta la auditoría a entes públicos y la normatividad contable gubernamental, así como su papel en la lucha contra la corrupción.
Al día siguiente, Jorge Enrique Santibáñez Fajardo y Ushuaia Guadarrama Valencia, con su ponencia llamada Sostenibilidad, sus revelaciones y posibles efectos en los entes públicos, donde compartieron el panorama actual de las normas de sostenibilidad. Durante su exposición, señalaron la relación entre los distintos cuerpos normativos en materia de sostenibilidad y las ventajas que supone su adopción, que van desde el apoyo a la toma de decisiones mejor informadas hasta la gestión de riesgos sociales, económicos y ambientales con mayor claridad.
Posteriormente, Nicolás Domínguez García detalló las características y procesos de implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno en el sector público para promover una cultura ética y permitir combatir la corrupción, con el sustento de la ISO 37001.
Francisco Javier Vega Rodríguez, por su parte, desarrolló los desafíos que enfrenta la fiscalización superior en el contexto geopolítico actual, donde mencionó que preservar un principio de adaptación y evaluación constante permite mantener vigente la fiscalización ante un entorno cambiante, manteniendo alineación con los objetivos globales y locales.
Al final del día, Claudia Margarita Hernández Flores compartió su conocimiento sobre Sistemas Institucionales de Integridad y subrayó su importancia para el combate contra la corrupción a nivel institucional, ya que permiten alinear las políticas de integridad a contextos específicos y promueven una cultura de integridad que beneficia a la organización y a la sociedad.
En la ponencia Administración de lo Público, de Martha Laura Bolívar Meza, la consultora hizo un repaso por la construcción histórica y filosófica del binomio de lo público y lo privado, donde concluyó que la auditoría gubernamental tiene la responsabilidad de preservar el interés, patrimonio y utilidad pública al evaluar a quienes administran lo público.
Armando Sergio Lara Pérez, continuó con su ponencia Auditoría gubernamental: visión del futuro, donde comentó las expectativas y nuevas tendencias para esta disciplina, así como las herramientas que se encuentran en desarrollo actualmente, como la IA. Finalmente, sugirió acciones e ideas que se pueden comenzar a adaptarse para permitir a los profesionales sumarse a la corriente de cambio desde ahora y evitar rezagarse.
Panorama del Sistema Nacional Anticorrupción fue presentado por Eduardo Rovelo Pico, quien se encargó de describir el estado actual del espacio responsable de coordinar los esfuerzos de las autoridades contra la corrupción, así como los resultados presentados hasta ahora y el camino que debe tomar para realizar un trabajo que cumpla con el objetivo que se propone.
En ese sentido, Gerardo Fragozo Díaz cerró la jornada con su ponencia Retos para una reforma en materia de fiscalización superior, donde destacó la importancia de reconocer la responsabilidad de la auditoría gubernamental para poder proponer reformas clave que permitan alcanzar los objetivos de las organizaciones, con una perspectiva que busque el interés público.
Con los espacios de formación terminados, la presidenta de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Graciela Josefina Cámara Guerrero, agradeció la participación de ponentes y asistentes, quienes contribuyeron a que la jornada fuera fructífera con reflexiones, perspectivas y buenas prácticas para enriquecer la labor profesional de la auditoría gubernamental.
Eventos recientes
El Colegio llevó a cabo el 13.° Foro de Fiscalización (AGAFF), encuentro en el que representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartieron las principales tendencias, estrategias y herramientas que emplea la autoridad para fortalecer la supervisión del cumplimiento fiscal.El foro, presentado este 21 y 22 de octubre, permitió conocer, desde distintas áreas operativas, los mecanismos de prevención, análisis, comprobación y sanción utilizados para identificar riesgos y combatir prácticas que afectan la recaudación y la integridad del sistema tributario. En el mensaje de apertura, Amelia De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal, destacó la trascendencia del encuentro y la vinculación entre la autoridad y el Colegio como un espacio para favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.Para abrir las actividades, Nelly Prieto López y Ana Razo Salinas, representantes de la Administración Central de Planeación y Programación, explicaron los mecanismos implementados para supervisar el cumplimiento en sectores considerados prioritarios. En materia de nóminas, señalaron que, además de las revisiones ordinarias relacionadas con retenciones de ISR y subsidios, la autoridad mantiene nuevos esquemas de control para detectar abusos en otros pagos no gravados, verificar los límites de las exenciones y revisar deducciones de personal timbradas fuera de los comprobantes habituales de nómina.En el sector energético y de combustibles, destacaron la revisión de controles volumétricos, el cruce de información entre compras y ventas, así como la correcta determinación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en importaciones de hidrocarburos y aditivos.En materia de devoluciones, Desireé Romero Carrillo y María Hernández Aguirre, de la Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, explicaron el procedimiento para resolver solicitudes de devolución de saldos a favor y los mecanismos con los que la autoridad busca otorgar certeza jurídica y agilizar su atención.Las ponentes señalaron que el SAT puede formular hasta dos requerimientos de información dentro de un plazo de 40 días, ejercer facultades de comprobación durante periodos de 90 a 180 días o realizar compulsas a terceros. “Estos procedimientos permiten determinar si una devolución resulta total, parcial, desistida, no presentada o negada”, destacaron.Por su parte, Rubén Rodríguez López, Administrador Central de Fiscalización Estratégica, y María Bernal Velázquez, Administradora Central de Análisis Técnico Fiscal, expusieron el procedimiento operativo relacionado con el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF), enfocado en verificar la autenticidad y existencia de las operaciones amparadas por comprobantes fiscales.Durante su participación explicaron los efectos que pueden generar las visitas domiciliarias y las notificaciones mediante buzón tributario, incluida la suspensión inmediata del Certificado de Sello Digital (CSD). Asimismo, detallaron los plazos para desvirtuar la presunción de falsedad de las operaciones y las consecuencias para emisores y receptores de CFDI cuando no se acredita su procedencia.Otro de los temas abordados fue la garantía del interés fiscal. Antonio Vela Peón y Rodolfo Cuahutle Torres explicaron los principales aspectos normativos y operativos para su constitución y mantenimiento, incluida la actualización anual del adeudo y sus accesorios correspondientes a los siguientes 12 meses. En el análisis de las conductas tributarias, Fernando Sierra de la Fuente, Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional, y Miguel Ángel Rivera Cervera, funcionario público del Gobierno Federal de México, diferenciaron entre economía de opción, elusión fiscal agresiva y evasión fiscal.Explicaron que, mientras la economía de opción corresponde a una planeación fiscal lícita, la elusión agresiva parte del abuso de negocios jurídicos válidos y la evasión recurre a mecanismos artificiosos o engañosos para ocultar obligaciones tributarias. Para identificar estas prácticas, señalaron que la autoridad utiliza una red de información integrada por sistemas institucionales, expedientes cruzados, denuncias, fuentes abiertas, datos de terceros y figuras como el tercero colaborador fiscal.En cuanto a prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades vulnerables, Castor Álvarez Ortiz y Bernardo Núñez Salazar, Administradores Centrales de Apoyo Jurídico de Actividades Vulnerables, detallaron la coordinación entre las distintas instituciones responsables de prevenir, detectar, monitorear, combatir y sancionar conductas de riesgo.La relevancia del dictamen fiscal también formó parte de la agenda del foro; María Zacatenco Cruz, funcionaria pública, quien explicó que esta herramienta constituye una estrategia de fiscalización indirecta basada en la confianza y credibilidad del contador público inscrito, al contribuir a verificar el correcto cálculo de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como a brindar mayor seguridad sobre la información financiera con base en las Normas de Información Financiera (NIF).Finalmente, Marco Hernández Lara y Gerardo Ojeda Asbun, Administradores Centrales de Apoyo Jurídico, abordaron la importancia de acreditar la materialidad de las operaciones ante la autoridad tributaria. Explicaron que este análisis requiere reunir elementos probatorios que permitan demostrar que efectivamente ocurrieron actos como la percepción de ingresos, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
El 20 de octubre se presentó en el Colegio el curso Facultades de comprobación y medios de defensa en materia aduanera, donde Yolanda Guadalupe Aguirre González y Sandra López Sela, integrantes de la comisión técnica de Comercio Exterior, bajo la coordinación de Juan Antonio Castro Chávez, analizaron las facultades de las autoridades fiscales y aduaneras con el fin de brindar herramientas para la proyección de un plan para atravesar estos procesos de revisión.Para comenzar, se presentó el contexto de fiscalización en México, donde se estima que existen alrededor de 180,000 operadores de comercio exterior, de los cuales aproximadamente 100,000 se mantienen activos y bajo vigilancia específica de las autoridades; en este sentido, se explicó que el modelo actual de fiscalización mantiene un enfoque recaudatorio, apoyado en el cruce masivo de información electrónica, como pedimentos, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), controles de inventarios y manifestaciones de valor. A partir de estos elementos, las autoridades clasifican a los contribuyentes de acuerdo con su nivel de cumplimiento y determinan las acciones de vigilancia correspondientes.Respecto de las autoridades involucradas, las ponentes distinguieron las funciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Mientras la primera concentra las auditorías posteriores al despacho aduanero, la segunda participa en la revisión de mercancías, inspecciones en transporte y supervisión de figuras autorizadas. Asimismo, se señaló que las entidades federativas pueden intervenir en determinados actos de fiscalización de comercio exterior, mediante convenios de colaboración administrativa y bajo la coordinación de la AGACE.Entre los principales aspectos sujetos a revisión, se destacó el cumplimiento de los anexos 24 y 30 de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), relacionados con el control de inventarios de empresas IMMEX y la certificación de IVA. Sobre este punto, se identificaron irregularidades recurrentes, como la falta de registro de pedimentos de entrada y salida, la desactualización de listas de materiales y el uso incorrecto de factores de conversión, situaciones que pueden derivar en omisiones de contribuciones y multas.En cuanto a las facultades de comprobación, se desarrollaron las diferencias entre las revisiones de gabinete, las visitas domiciliarias y las revisiones electrónicas. En las primeras, la autoridad solicita documentación mediante el buzón tributario y puede emitir requerimientos adicionales, mientras que las visitas domiciliarias permiten verificar directamente mercancías, instalaciones, activos fijos y procesos productivos.También se explicaron los plazos para atender estos procedimientos y las alternativas disponibles para los contribuyentes. Entre ellas se encuentran las solicitudes de prórroga, la presentación de pruebas para desvirtuar observaciones, la autocorrección y los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON). Con el análisis detallado de estas facultades y sus procesos, las expertas presentaron sus recomendaciones prácticas para enfrentarlas, donde destacaron la importancia de mantener expedientes electrónicos completos, documentación que acredite la legal estancia de las mercancías y controles de inventarios actualizados. Asimismo, se destacó que la atención oportuna de requerimientos, el aprovechamiento de los plazos y el diálogo técnico con las autoridades permiten atender observaciones y acceder, cuando corresponda, a mecanismos de regularización y reducción de multas.
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la difusión de información especializada y brindar nuevas ventajas profesionales a la comunidad contable, el Colegio y El Economista formalizaron este lunes 19 de octubre un convenio de colaboración estratégica.La ceremonia contó con la participación de Rosalía Ortega López, presidenta de la institución, y del ingeniero Francisco Ayza Merino, CEO de El Economista, quienes firmaron e intercambiaron los documentos que formalizan esta alianza.La jornada comenzó con la presentación del encuentro y la bienvenida a las autoridades. En su mensaje, la contadora Ortega López destacó la relevancia de sumar esfuerzos con un medio líder en información económica y de negocios para potenciar la labor de los profesionales de la contaduría.“Hoy estamos construyendo un puente entre dos instituciones que, desde ámbitos distintos, compartimos algo fundamental: el valor que tiene la información cuando es confiable, oportuna y se convierte en conocimiento”.Asimismo, la presidenta resaltó que el acuerdo contempla una aportación bidireccional, en la que especialistas del Colegio podrán colaborar con análisis técnicos en las plataformas del medio, en alineación con el Plan Estratégico.Por su parte, Ayza Merino subrayó el compromiso de acompañar a las contadoras y contadores, así como a profesionistas afines, con información inteligente, estratégica y oportuna. “Queremos construir una relación de largo plazo, generar espacios para compartir conocimiento y encontrar nuevas formas de aportar valor a nuestras comunidades”.Asimismo, Sandra Romero, representante del equipo directivo y comercial del diario, estuvo a cargo de exponer los principales alcances y beneficios del acuerdo, los cuales buscan impulsar de manera directa al gremio. "Queremos ser un aliado que les agregue valor en los diferentes momentos de su vida. Además de contenidos curados, herramientas de consulta y actualización profesional, esta alianza les permitirá acceder a todo nuestro ecosistema: desde experiencias exclusivas como catas de vino, obras de teatro y libros, hasta descuentos en servicios cotidianos”.Tras la firma del convenio y la toma de la fotografía entre autoridades y equipos de trabajo, las actividades concluyeron con un brindis de honor, seguido de una sesión de entrevistas con autoridades del Colegio, cerrando la jornada con un espacio de networking.
