En el marco de la conferencia mensual de abril organizada por el Colegio, se llevó a cabo el foro Parques industriales, impulso de cadenas de valor, en colaboración con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), el pasado 9 de abril. La sesión fue impartida por Claudia Esteves Cano, directora general de la AMPIP, y moderada por Miguel Ángel Tavares Sánchez, asesor del Comité Ejecutivo.
Durante su intervención, Esteves Cano explicó la evolución de la manufactura global y el papel estratégico que ha adquirido México en las cadenas de valor. En ese sentido, comentó que la AMPIP, fundada en 1986 tras la apertura comercial del país, agrupa actualmente al 95% de los desarrolladores industriales, con presencia en todo el territorio nacional.
Asimismo, señaló que México ha logrado consolidarse como un destino clave para la manufactura, gracias a su cercanía con Estados Unidos, su experiencia exportadora y la creciente integración de sus cadenas productivas. Al respecto, destacó que el país cuenta con 477 parques industriales clase A en operación, que suman alrededor de 85 millones de metros cuadrados, superando incluso la oferta total del resto de América Latina.
En cuanto a la distribución regional, indicó que el desarrollo industrial responde a distintas vocaciones: el norte del país se enfoca en la exportación, el Bajío en manufactura avanzada, particularmente en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico, mientras que el centro ha fortalecido su papel logístico, impulsado por el auge del comercio electrónico tras la pandemia.
Por otro lado, abordó el impacto del fenómeno de nearshoring. En ese contexto, explicó que factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia y diversos conflictos internacionales han detonado una demanda sin precedentes de espacios industriales en México. Como resultado, precisó que la absorción neta anual pasó de 2 a 5 millones de metros cuadrados entre 2021 y 2024, mientras que la disponibilidad se redujo del 6% al 2%.
Derivado de esta presión, agregó, se han registrado incrementos significativos en los precios de renta, así como una aceleración en el desarrollo de nuevos parques. Actualmente, detalló, existen 103 proyectos en construcción que añadirán entre 7 y 8 millones de metros cuadrados adicionales.
En ese mismo sentido, mencionó que, como parte del denominado Plan México, la AMPIP se comprometió a desarrollar 100 parques industriales durante el sexenio. A la fecha, puntualizó, ya se han entregado 20 de estos proyectos, con una inversión de 711 millones de dólares y la instalación de 245 empresas.
No obstante, advirtió que el crecimiento del sector enfrenta importantes retos estructurales. En particular, subrayó las limitaciones en infraestructura energética, especialmente en transmisión y distribución eléctrica, lo que podría restringir el desarrollo de nuevos proyectos industriales de gran escala.
Aun así, destacó la resiliencia del sector. En ese sentido, comentó que, pese a un entorno complejo en materia regulatoria, fiscal y financiera, los desarrolladores han mantenido un fuerte dinamismo. También señaló que enfrentan desafíos como la falta de incentivos fiscales, restricciones al financiamiento y altos costos en infraestructura, llegando incluso a realizar inversiones que posteriormente son transferidas al Estado.
Respecto a la inversión, indicó que, aunque cerca del 90% de los desarrolladores son de capital mexicano, la participación extranjera sigue siendo relevante por su escala. En términos generales, explicó, la inversión en el sector se distribuye aproximadamente en un 70–75% nacional y un 25–30% internacional.
Por otra parte, destacó la evolución de los parques industriales hacia modelos de “nueva generación”. En ese contexto, explicó que estos desarrollos incorporan tecnología, criterios de sostenibilidad y mejores condiciones para los trabajadores. Asimismo, señaló que la composición de las empresas también ha cambiado, ya que actualmente alrededor del 36% de las compañías instaladas en parques industriales son mexicanas.
Finalmente, subrayó que la toma de decisiones para la instalación de empresas o el desarrollo de nuevos parques responde a múltiples factores, entre ellos la disponibilidad de infraestructura, como energía, agua y conectividad, así como la logística, los costos, la seguridad y la sostenibilidad.
En este contexto, también hizo una distinción entre los parques industriales formales, con administración centralizada y estándares definidos y las zonas industriales tradicionales, muchas de las cuales, señaló, han quedado rezagadas o han sido absorbidas por la expansión urbana.
A manera de conclusión, enfatizó que el principal reto hacia adelante será modernizar la infraestructura nacional, atender los rezagos existentes y mantener la competitividad de México como un actor estratégico en la manufactura global.
Eventos recientes
Con el objetivo de revisar el marco normativo y el procedimiento para gestionar la reducción de la carga fiscal en el segundo semestre del año, se llevó a cabo este 20 de mayo el curso Aspectos prácticos en la disminución de pagos provisionales del ISR, evento organizado por la comisión Fiscal del Colegio.Las ponencias estuvieron a cargo de los especialistas César Aguilar Aguilar y Jesús Sánchez Juárez, bajo la moderación de Arturo Halgraves Cerda. Durante la sesión, los panelistas enfatizaron que, tras las recientes reformas fiscales, el enfoque no radica en disminuir el pago de manera directa, sino en solicitar la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor.El contador Aguilar inició la sesión explicando el fundamento técnico. Al respecto, destacó que el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que los pagos provisionales mensuales son anticipos a cuenta del impuesto del ejercicio, los cuales deben cubrirse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior.Asimismo, se vinculó este plazo con los beneficios de prórroga que otorga el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación (CFF); Aguilar precisó que, a partir de 2022, el artículo 14 de la LISR se modificó con el fin de especificar que la autorización prevista por la autoridad se refiere estrictamente a la modificación del coeficiente de utilidad, y no a la disminución de los pagos provisionales que derivan de la variación de dicho coeficiente.Respecto a la temporalidad del proceso, se aclaró que la solicitud debe presentarse ante la autoridad fiscal un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se pretenda disminuir. En tanto, para instrumentar el trámite, el expositor señaló que la base operativa se encuentra en la Ficha de trámite 28/ISR Solicitud de autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales del ISR, disponible a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Además, informó que, para que la solicitud sea admitida a trámite, los contribuyentes deben integrar un escrito libre que contenga el nombre, denominación o razón social de la empresa, el domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio, correo electrónico, número telefónico, entre otros. Adicionalmente, el expediente debe incluir la identificación oficial, el instrumento legal para acreditar la representación, el formato 34 y el papel de trabajo detallado.Por su parte, el contador Jesús Sánchez centró su participación en la ejecución técnica del llenado del Formato 34. Durante este bloque, compartió opiniones, experiencias prácticas y los criterios más comunes que aplica la autoridad fiscal al revisar los papeles de trabajo que soportan la proyección financiera del segundo semestre.Sánchez Juárez advirtió que la coherencia total entre la contabilidad interna, los CFDI emitidos y las proyecciones plasmadas en dicho formato es la clave definitiva para evitar requerimientos innecesarios o una resolución negativa por parte de la autoridad.
El 19 de mayo, el Colegio fue sede de una celebración por el Día del Maestro para reunir y conmemorar la dedicación del plantel docente de la comisión Académica de Diplomados. El evento fue encabezado por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; Pedro María Zugarramurdi Martiarena, presidente de la Comisión Académica de Diplomados; y María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Rosalía Ortega recibió a los asistentes con un discurso donde celebró el esfuerzo y dedicación de los docentes asistentes, quienes responden al compromiso de formación continua mediante su disciplina y apoyo al desarrollo disciplinar de vanguardia.Para seguir con la reunión, se galardonó con un reconocimiento a la excelencia académica a cuatro representantes del compromiso y la excelencia que deben reflejar los profesionales contables comprometidos con la educación. Blanca Esthela Landeros Olascoaga, Rodrigo Adrián Ramírez Venegas, Catalina Mejía Balcázar y Miguel Ángel Ávila Milpa fueron las personas destacadas por sus esfuerzos dedicados a la docencia.Finalmente, Pedro María Zugarramurdi agradeció a los asistentes por su asistencia y felicitó el trabajo continuo de todos, recordando que, aunque “no siempre son visibles las horas de trabajo puestas en cada clase, ese esfuerzo es valioso y marca la diferencia”, por lo que este espacio para recompensar, agradecer y prestigiar es enormemente merecido por quienes día con día demuestran sus esfuerzos a enaltecer la disciplina contable con vocación, dedicación y profesionalismo.
Bajo el compromiso de contribuir a la transparencia, legalidad y el combate a la impunidad, el Colegio organizó, este 18 de mayo, el foro Auditoría forense en el proceso penal con apoyo de peritos contables, lugar al que se dieron cita María del Rocío Hernández Romero, José Luis Maya Téllez, Mónica Morales González y Edgar Cruz.En la introducción, Hernández Romero presentó un análisis sobre la evolución del fraude financiero a nivel global y el papel que ha desempeñado la tecnología en su sofisticación, destacando la relevancia de la labor pericial contable en su detección y prevención.Durante su intervención, expuso que, de acuerdo con evaluaciones internacionales, las pérdidas globales por fraude financiero ascienden a 442 mil millones de dólares anuales, con un incremento significativo en los esquemas de fraude asistidos por Inteligencia Artificial (IA). “Este fenómeno obliga a fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales en auditoría forense”, remarcó.Además, advirtió que el fraude se ha consolidado como una problemática mundial, ya que organismos internacionales de supervisión financiera advierten que más del 90% de los países enfrentan este tipo de delitos. También, se platicó sobre la naturaleza jurídica de la reforma penal y cómo los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se convirtieron en la vía para resolver conflictos de manera rápida y eficiente.Por su parte, José Luis Maya Téllez dirigió su participación hacia la evolución del marco legal mexicano; al respecto, afirmó que la integración de los Estados a los organismos internacionales conlleva responsabilidades normativas indispensables para el crecimiento y desarrollo de las naciones.Desde esta perspectiva, el panelista subrayó que los sistemas jurídico-penales internos tienen la obligación de evitar cualquier tipo de divergencia o rezago entre la tipificación de conductas ilícitas internacionales y las reglamentaciones locales que las sancionan, garantizando un frente común y homogéneo contra la impunidad. De igual forma, Maya Téllez habló sobre los principios que dan identidad al procedimiento penal y que modifican la actuación del auditor forense en el desahogo de pruebas.Finalmente, Mónica Morales González, directora jurídica en la Auditoría Superior de la Federación, hizo hincapié en que el éxito de los casos de fraudes y malversaciones radica en la "sinergia forense", un modelo de colaboración conjunta que une las competencias del auditor con la conducción jurídica del abogado penalista.A su vez, detalló las tres etapas críticas donde la labor del perito contable resulta indispensable para construir un caso sólido ante los tribunales: la planeación y requisitos legales; investigación y cadena de custodia; y la elaboración del informe técnico.Como ejemplo, explicó que la prisión preventiva justificada se aplica únicamente por orden del juez y a solicitud del Ministerio Público o de la víctima, cuando otras medidas resulten insuficientes para garantizar el éxito del proceso.
