El Colegio celebró su 27.° Foro de Tributación Internacional, Acapulco 2025, un evento relevante para el análisis de la tributación internacional, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de los impuestos y los desafíos de la industria maquiladora.
El foro, que se llevó a cabo los días 14 y 15 de agosto, tuvo como objetivo principal analizar el impacto de las normas de fiscalidad internacional y sus implicaciones para el sector empresarial. El evento proporcionó una actualización integral en fiscalidad internacional, en el que se abordaron temas cruciales como los avances de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), casos de exposición fiscal, el futuro de la industria maquiladora y el efecto de las nuevas regulaciones en las plataformas digitales. El foro reunió al gremio contable para conocer, de voz de los expertos y especialistas en la materia, los precedentes más relevantes en materia fiscal.
La inauguración estuvo a cargo de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio. El programa se dividió en ocho paneles durante las dos jornadas.
El primer panel se centró en la Problemática en diferentes industrias por incertidumbre arancelaria. Los expertos Luis Antonio Andrade León (comisión técnica de Precios de Transferencia), Gloria Rocío Estrada Antón (comisión técnica de Comercio Exterior) y Jorge Alberto Labra Neri (ArcelorMittal México), con la coordinación de Eliud Santiago (comisión técnica Fiscal Internacional), analizaron temas como: el impacto directo en la industria del acero, afectaciones en el mercado de commodities, estrategias de adaptación para las empresas y posibles escenarios ante la incertidumbre global arancelaria.
Durante sus intervenciones, los ponentes definieron el arancel como el porcentaje que se aplica a un bien manufacturado en el extranjero, impidiendo que cruce la frontera si no se paga. Los aranceles tienen dos funciones principales: ser 100% recaudatorios y proteccionistas, buscando encarecer los productos extranjeros para favorecer a los domésticos.
El comercio de acero entre México y EUA se utilizó como caso de estudio. Se mencionó la pérdida de la exención arancelaria bajo el T-MEC, con aranceles que se impusieron primero en 25% y luego aumentaron a 50% en junio de este 2025. Esto resultó en un impacto negativo en las exportaciones de acero de México a EUA, con una caída acumulada del 17% en junio de 2025. Esta situación, combinada con una desaceleración económica interna, ha reducido la demanda de acero en México, afectando la construcción y la inversión. Como consecuencia, los precios del acero mexicano han disminuido.
El análisis del impacto global de los aranceles muestra que los sectores más vulnerables son los metales básicos, como el cobre y el aluminio, que han sufrido caídas de precios. En contraste, los metales preciosos como el oro y la plata han actuado como activos refugio y sus precios han aumentado, reflejando un comportamiento opuesto al de los metales industriales en tiempos de incertidumbre.
Para mitigar los riesgos, se sugieren estrategias de adaptación como: diversificación, nearshoring, regionalización, hedging (cobertura) e innovación.
En la segunda mesa de análisis, se discutieron los Diferentes modelos de negocio ante un entorno arancelario, en los que se analizaron los desafíos que enfrentan las empresas ante las posibles implicaciones arancelarias de EUA hacia México. Bajo la coordinación de Adriana Rodríguez Cuevas (comisión técnica Fiscal Internacional), los expertos Christian Raúl Natera Niño de Rivera (comisión técnica Fiscal Internacional) e Iván Díaz Barreiro (de Alvarez & Marsal) exploraron tres modelos de negocio clave para mitigar los riesgos: fabricante por contrato a un principal, fabricante por contrato a distribuidores y fabricación bajo maquila.
En cuanto a las medidas arancelarias de EUA, se anunció que el 12 de julio de 2025 los aranceles a los productos mexicanos no conformes con el T-MEC aumentarían del 25 al 30% a partir del 1.° de agosto. La justificación oficial de esta medida se basa en la insuficiente colaboración de México para controlar el tráfico de fentanilo y la migración. A pesar de estas medidas, los bienes que cumplen con las reglas de origen del T-MEC siguen exentos de aranceles. México y Canadá también han aceptado condiciones adicionales para mantener el libre comercio de acero y aluminio con EUA.
En materia de los modelos de negocio ante un entorno arancelario, los ponentes hablaron de tres modelos de manufactura intragrupo para adaptarse al entorno arancelario: fabricante por contrato (suministra bienes al principal), fabricante por contrato (suministra a distribuidores) y fabricación bajo maquila (toll manufacturer).
La tercera ponencia se centró en las Experiencias prácticas de auditorías. Moderado por César Julio Catalán Sánchez (comisión técnica Fiscal Internacional), la mesa de análisis contó con la participación de los comisionados técnicos en Fiscal Internacional, Alejandro Barrera Fernández (Basham, Ringe y Correa, S.C.) y César Andrés Fares Canavati. Los especialistas compartieron experiencias y casos prácticos, además de abordar temas cruciales como: intereses no deducibles (EBITDA), piramidación de pagos al extranjero, intereses pagados a bancos extranjeros, cuestionamientos a la CUCA, entre otros.
En uno de los casos prácticos, sobre los intereses no deducibles (EBITDA), se puso sobre la mesa de discusión de que el SAT argumentó que una compañía no había cumplido con el artículo 28.°, fracción XXXII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), ya que en el cálculo consolidado se observaba que no todas las sociedades del grupo reflejaban intereses devengados superiores a los 20,000,000 pesos. La autoridad fiscal solicitó excluir del cálculo consolidado a aquellas sociedades que tenían intereses devengados inferiores a esta cantidad. Además, el SAT sostuvo que la carencia de reglas no afectaba lo establecido en el artículo y que la mecánica de cálculo no debía basarse en normas contables aplicadas al ámbito fiscal.
Por su parte, el contribuyente argumentó que, conforme a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no existía impedimento legal para aplicar un cálculo consolidado, siempre que se consideraran aspectos técnicos, económicos, contables y financieros razonables. El contribuyente también afirmó que las disposiciones fiscales eran diferentes a la mecánica del Plan BEPS y que el cálculo debía hacerse como si la entidad fuera una sola, ya que excluir empresas distorsionaba el resultado consolidado.
El penúltimo panel del día se centró en los Avances de la IA en impuestos internacionales. Juan Ignacio Rivero Celorio (coordinador), los expositores Juan Ángel Becerra Cantú (ambos de la comisión técnica de Fiscal Internacional) y Luis Nouel (de Latam, Africa & ME en Ámsterdam de IBFD) exploraron cómo la IA está transformando el mundo tributario, desde la automatización de procesos hasta el análisis predictivo.
El quinto y último panel de la tarde, se expuso acerca de las Auditorías por llevar a cabo operaciones entre partes relacionadas. Bajo la coordinación de Manuel Tamez Zendejas (comisión técnica Fiscal Internacional), los expertos Fernando Pliego Vincent (comisión técnica de Precios de Transferencia), Eduardo Michán (de Galicia Abogados) y Elizabeth González Gasca (de White & Case), exploraron las principales operaciones que suelen ser revisadas por las autoridades fiscales, como financiamientos, prestación de servicios, pagos de regalías y comisiones, asistencia técnica, distribución y manufactura, así como la enajenación de bienes y acciones.
Otro de los temas expuesto fue el de activos intangibles, en el que se hizo hincapié en el análisis funcional DEMPE (Desarrollo, Mejora, Mantenimiento, Protección y Explotación), la sustancia económica, la aplicación de métodos de precios de transferencia y la migración de intangibles.
En tanto, en el tópico de las reestructuras, se recalcó la necesidad de considerar las implicaciones según la OCDE, la redistribución de funciones, activos y riesgos, y la evaluación conforme al principio de plena competencia. Se evaluó una reestructura con base en si un tercero independiente la aceptaría, a través de un análisis de opciones realistas y sustancia económica. También se enfatizó la importancia de una documentación robusta y un análisis funcional.
Para el cierre del primer día, el Colegio llevó a cabo una tradicional cena. La reunión tuvo lugar en la alberca maya-mixteca del hotel Princess Mundo Imperial en Acapulco, donde los asistentes disfrutaron de música ambiental y una deliciosa mariscada.
El segundo día inició con el panel Precedentes internacionales y análisis de la PPT, mismo que fue coordinado y expuesto por los integrantes de la comisión Fiscal Internacional: Rita Mireya Valdivia Hernández (coordinadora); Alejandro Héctor Calderón Aguilera, Koen Van't Hek y Armando Lara Yaffar (ponentes), quienes discutieron el origen de la disposición antiabuso, la regla del propósito principal (PPT) y su aplicación.
El panel abordó temas de discusión y precedentes de la jurisprudencia internacional. También se analizó la diferencia entre el propósito y la sustancia de una transacción fiscal.
La Regla del Propósito Principal (PPT) fue el tema central, y se definió como la negación de los beneficios de un tratado cuando uno de los propósitos principales de una transacción era la obtención de ese beneficio, a menos que la concesión fuera coherente con el objeto y propósito de las disposiciones del tratado. La consecuencia inmediata de su aplicación era la no concesión de los beneficios del tratado.
El panel concluyó que el derecho busca sancionar la elusión sólo cuando se basa en actos artificiosos. También se abordó la carga de la prueba, señalando que, en el derecho comparado, la autoridad fiscal debe cumplir con un alto estándar para negar beneficios.
En el penúltimo panel de la segunda jornada del foro se expuso acerca de la Actualización de criterios en materia fiscal internacional. La presentación estuvo a cargo de Enrique Bolado, director de Negociación de Tratados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el auspicio de Francisco Olivares Bello (comisión técnica Fiscal Internacional).
Durante la sesión se trataron temas relevantes como los Pilares 1 y 2 del Proyecto sobre la Digitalización de la Economía, impulsado por la OCDE. Se hizo un recuento de la cronología del proyecto, destacando la publicación del reporte sobre BEPS en 2013 y el anuncio de un plan de dos pilares en 2019 para abordar los desafíos de la economía digital.
De igual forma, se detalló el trabajo técnico de ambos pilares:
• Pilar 1, Nuevo Derecho de Gravamen. Se enfoca en empresas multinacionales y busca resolver el problema de la falta de consenso, con el objetivo de establecer un umbral mínimo para su aplicación y abordar la complejidad de las reglas.
• Pilar 2, Impuesto Mínimo Global. Las reglas de este pilar se publicaron en diciembre de 2021, y se han emitido comentarios y guías administrativas para su implementación.
Referente a la Convención Fiscal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se subrayó el rol más activo de la ONU en la recomendación de normas internacionales y la adopción de una resolución en diciembre de 2022 para promover la cooperación fiscal internacional. Se mencionó la incertidumbre sobre la influencia de la OCDE y el rol de EUA en este contexto.
El Foro de Tributación Internacional concluyó de manera magistral con el panel Comentarios de la transición del Sistema Judicial. El evento contó con la participación estelar de Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien estuvo acompañado por Ulises Gómez Nolasco (de TSV Legal Services) y Jorge Alejandro Rubio Gamboa (comisión de desarrollo Fiscal Internacional).
El ministro Laynez compartió su postura, enfocada en la defensa de la autonomía y el diálogo constructivo. El ministro Laynez expresó su profunda preocupación por las reformas que amenazan la independencia del Poder Judicial. Para él, la politización de las decisiones judiciales representaba un riesgo significativo.
A pesar de su postura crítica, Laynez propuso el diálogo y la integración, subrayando la necesidad de que el Poder Judicial se acercara a la sociedad. Reconoció que, aunque la Corte había logrado avances en temas como el matrimonio igualitario, la sociedad debía sentir una mayor cercanía con sus decisiones.
La postura del ministro Laynez se centró en la defensa de la autonomía y la profesionalización del Poder Judicial, el respeto al Estado de Derecho y la necesidad de que cualquier proceso de reforma se basara en un diagnóstico serio y en un diálogo constructivo, evitando la politización y el desmantelamiento de las instituciones.
Con este destacado panel, se dio por finalizada una jornada que reunió al gremio contable para profundizar en los aspectos más relevantes de la materia tributaria internacional.
El 27.° Foro de Tributación Internacional reunió a destacados expertos para abordar los temas más actuales del panorama fiscal internacional. Durante dos días, se profundizaron temas cruciales y, para el cierre del evento, se contó con las participaciones estelares del ministro de la SCJN y del director de Negociación de Tratados en la SHCP.
Las palabras de clausura estuvieron a cargo de Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien enfatizó el interés de los temas abordados, lo que generó gran asistencia por parte del gremio. Asimismo, puso de manifiesto la labor del Comité Ejecutivo 2024-2026, de los coordinadores de los paneles y el profesionalismo de los expositores; para ello, les entregó un reconocimiento por su dedicación y compromiso.
De igual forma, la vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional aprovechó para agradecer el apoyo de los patrocinadores: White & Case LLP, Galicia Abogados, Basham, Ringe y Correa, S.C., Alvarez & Marsal y Klu.
Por último, para cerrar el evento, los organizadores del foro ofrecieron a los asistentes un cóctel, que puso fin al 27.° Foro de Tributación Internacional 2025 celebrado en Acapulco, Guerrero con gran éxito.
Eventos recientes
Este 18 de noviembre, el Colegio llevó a cabo el foro El perito contable ante operaciones con recursos de procedencia ilícita, espacio en el que especialistas analizaron los aspectos que deben considerarse dentro de las reglas de prevención de lavado de dinero y su aplicación en los procesos judiciales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.Durante el foro, coordinado por Viridiana González Díaz, participaron Mónica Estrada Hernández, Susana Mejía Balcázar y Ricardo Landín Quinto, quienes abordaron desde distintas perspectivas los elementos que intervienen en la reconstrucción y análisis de operaciones financieras sujetas a investigación.En primer momento, Mónica Estrada Hernández explicó que la labor del especialista no se limita a la revisión de cifras, sino que requiere un proceso estructurado que permita identificar, acreditar, interpretar y concluir a partir de la evidencia disponible.Señaló que el análisis debe comenzar con la reconstrucción de las operaciones y el seguimiento de los flujos financieros para detectar inconsistencias; posteriormente, es necesario vincular los registros contables con documentos mercantiles, movimientos bancarios y demás evidencia verificable. “Con ello, el perito debe distinguir entre hechos comprobados, indicios, explicaciones alternativas y las limitaciones de la investigación, antes de emitir una opinión técnica sustentada, objetiva y trazable”, señaló.La especialista también destacó que un peritaje en esta materia debe responder preguntas fundamentales relacionadas con qué ocurrió, quiénes participaron, cómo se realizaron las operaciones, cuál fue el origen y destino de los recursos y qué normatividad resulta aplicable.Asimismo, precisó que entre las principales aportaciones de la persona perita se encuentran la reconstrucción de flujos y movimientos de recursos, la conciliación de información entre documentos, instituciones bancarias y registros contables, así como la identificación de inconsistencias y relaciones entre operaciones.Por su parte, Ricardo Landín Quinto expuso el marco institucional que interviene en estos casos y destacó la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de supervisión financiera. En el ámbito de procuración e impartición de justicia, señaló la intervención de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación.El especialista explicó que el principal sustento normativo para abordar estas operaciones es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mientras que en las investigaciones de carácter penal también resultan aplicables el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. A partir de este marco, resaltó la importancia de delimitar qué autoridad interviene, qué información utiliza y cuál es la responsabilidad específica del perito contable dentro del proceso.Landín Quinto subrayó que “las operaciones con recursos de procedencia ilícita dejan una huella financiera que puede ser reconstruida mediante la metodología, la evidencia y la trazabilidad”.Durante su participación, Susana Mejía Balcázar abordó las actividades ilícitas que pueden generar flujos financieros sujetos a investigación; entre ellas, mencionó la producción y tráfico de drogas, el robo y contrabando de bienes, mercancías y armas, así como delitos como la trata de personas, la explotación sexual, el secuestro y la extorsión.En este contexto, explicó la secuencia tradicional mediante la cual se busca dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Señaló que la primera etapa corresponde a la colocación, en la que el dinero proveniente de actividades ilegales ingresa al sistema financiero; posteriormente ocurre la estratificación, fase en la que se realizan diversas transacciones para separar los recursos de su origen y dificultar su rastreo; finalmente, se presenta la integración, mediante la cual los fondos regresan al circuito económico a través de operaciones personales o comerciales que buscan aparentar una procedencia legítima.
El 17 de noviembre se celebró el Magno evento de Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF), en el Colegio, con el fin de analizar los requerimientos de los PIF e identificar su relación con la práctica profesional y los retos vinculados en el ejercicio profesional, mediante el apoyo de la comisión de Educación, representada por la coordinación de Rosa Gutiérrez García y Néstor Hernández Vázquez, Para comenzar con el evento, María Gloria Arévalo Guerrero estableció un panorama general de los PIF para 2027, donde estableció los retos contemporáneos de la profesión contable y las características fundamentales para las personas dedicadas a esta disciplina. En ese sentido, las PIF suponen una herramienta clave para asegurar la competencia de las contadoras y contadores con un enfoque integral basado en resultados; todo en armonización a la tendencia internacional detallada en los Estándares Internacionales de Educación (IES, por sus siglas en inglés).Con esa introducción, el evento continuó con el desarrollo de la PIF 5, que regula la experiencia práctica dentro del desarrollo profesional inicial y que establece que los aspirantes a contadores deben adquirir experiencia laboral relevante y supervisada antes de obtener su certificación profesional. Rosa Martha Ortiz del Pilar, Yolanda Cristina Ramírez Soltero, Elizabeth Aguilar Hernández, Deyanira Arizbe Gutiérrez Hernández y Pedro Cortés Larios detallaron algunos de estos contextos profesionales donde los contadores deben aplicar conocimientos técnicos y su criterio profesional para prestar un servicio de calidad, tales como: la orientación jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT); la preparación para la evolución tecnológica para el aprovechamiento de sus ventajas y el conocimiento de sus riesgos; la adaptación ante los nuevos requisitos y límites de las deducciones fiscales; y cómo actuar ante el bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En suma, estos escenarios representan la realidad actual de la contaduría pública y su dominio es fundamental para garantizar un ejercicio profesional a la altura.Posteriormente, Ramón Bernardo Martínez Juárez detalló lo relacionado al PIF 2, que se centra en el dominio de la contabilidad, las finanzas y las leyes. Al respecto, el contador mencionó la importancia de la inclusión de requerimientos en materia de sostenibilidad, ya que eso permite mantenerse a la vanguardia en un asunto que ha permeado a la realidad empresarial y cuyos riesgos comprometen la continuidad del negocio.Para hablar sobre la PIF 4, Miguel Ángel Ake Madera comentó que el escepticismo profesional y juicio ético alineado al interés público debe ser una máxima en el desempeño de la labor contable. Incluso ahora, cuando la tecnología ha modificado el quehacer del especialista, el criterio profesional ético y la responsabilidad de acción siempre deberá portarla el contador público. Orlando Corona Lara abonó en la jornada al desarrollar el importante papel del desarrollo profesional continuo contenido en la PIF 7, ya que da cuenta de la importancia que tiene preservar la vigencia de las prácticas y habilidades necesarias para ejercer la contaduría pública. Para continuar con la PIF 8, que enmarca los requerimientos de competencia para profesionales de la auditoría, Catalina Mejia Balcazar indicó que, dentro de su alcance especializado a un rol concreto, ese PIF pretende elevar la calidad y credibilidad de la labor contable. Esta razón es una de las que eleva el valor de los pronunciamientos, ya que son un esfuerzo por construir bases sólidas que permitan a los estudiantes en formación convertirse en los contadores y contadoras que necesita el entorno profesional. Con el fin de concluir la jornada, Blanca Tapia Sánchez recuperó los retos en la implementación de estos pronunciamientos, encabezados por la resistencia al cambio y la limitación de recursos tanto humanos como materiales; pero concluyó con un hecho innegable: la futura generación de contadores incluye a todos, independientemente de sus años de experiencia profesional, y es responsabilidad de cada especialista contable preservar su desarrollo profesional continuo e impulsarlo con sus pares.
Durante la semana del 9 al 13 de noviembre, el Colegio fue sede de la 31.ª Semana de apoyo al ejercicio independiente, un espacio para destacar los temas más relevantes en materia de información financiera, auditoría, fiscal, legal y ética para fortalecer la labor de especialistas contables que desempeñan sus labores de manera independiente, en una jornada bajo la coordinación de la comisión técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente.El 9 de noviembre, al encuentro acudieron representantes del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF): Elsa Beatriz García Bojorges, María Pineda Barragán y Jessica Trinidad Magaña López. Durante su participación, las expertas desarrollaron la estructura e impacto de las Normas de Información Financiera (NIF) B-1 y B-3 pero enfatizaron en otro factor importante: la emisión de estas normas genera un proyecto de cambios consecuenciales en las normas particulares de presentación y revelación, por lo que el CINIF ha trabajado en la revisión del corpus normativo completo, para sincronizarlo a los cambios recientes.En ese mismo sentido se presentó la ponencia Armonización de las NIF y el Código de Ética, donde Salvador García Briones y Ricardo Lechuga Reyes centraron su atención en los requerimientos técnicos de las NIF y su convergencia con las obligaciones jurídicas, fiscales y éticas del contador público independiente, con el fin de exaltar la importancia de mantenerse actualizado para permitirle acatar la ley, incluso cuando una norma contable sugiera algo distinto. Según su participación, sortear con esas convergencias entre lo financiero, lo jurídico y lo ético demanda un compromiso y criterio profesional que debe ser alimentado constantemente.El segundo día dio apertura con la ponencia de Parménides Lozano Rodríguez, quien señaló que el criterio profesional es aplicable desde la decisión de aceptar o rechazar un encargo, particularmente para quienes ejercen la profesión de manera independiente. Según el desarrollo de su ponencia, se debe evaluar cada encargo mediante una metodología que cubra un espectro amplio para evitar conflictos de interés o abogacía, pero también es fundamental considerar si cada encargo aceptado tiene concordancia con la competencia y capacidad del equipo especialista. El criterio profesional es fundamental para proteger a quienes prestan sus servicios profesionales, por lo que aceptar o rechazar un encargo supone una decisión tanto técnica como ética.Posteriormente, en Valuación y deterioro de activos, Ricardo Lechuga Reyes y Victorino Herrera González realizaron un análisis práctico de estos conceptos para facilitar su cálculo y garantizar que los estados financieros de una empresa reflejen su valor económico real. En el proceso indicaron la importancia de sustentar los costos y depreciaciones para evitar el incumplimiento fiscal, normativo o una toma de decisiones deficiente al sustentarla en datos erróneos.En seguimiento a las recomendaciones para sortear los riesgos de la profesión, Miguel del Olmo Mosqueda presentó una ponencia donde señaló la importancia de la prudencia y el juicio profesional en la aplicación de tecnología, con énfasis en la Inteligencia Artificial (IA), bajo un mismo principio: la IA modifica cómo trabaja el especialista, pero no redirige la responsabilidad. Debido a ello, el experto señala que se debe atender los riesgos intrínsecos del uso de la tecnología de manera anticipada para preservar la confidencialidad, la calidad de los datos y la reputación de los especialistas independientes.El tercer día del evento contó con la participación de Miguel Buitrón Pineda, quien presentó Fiscalización inmediata y represiva, quien comentó la tendencia actual de la autoridad fiscal centrada en una respuesta rápida a las inconsistencias y la búsqueda activa de argumentos al contribuyente para la desvirtuación de supuestos. Como ejemplo de ello, el ponente presentó los detalles de la estructura de las visitas domiciliarias y de verificación, facultades de la autoridad que buscan disipar la duda de la autoridad de manera directa; y compartió sus recomendaciones prácticas para afrontar estas visitas con éxito.Por su parte, Gerardo Jesús Alvarado Nieto presentó Implicaciones de las limitaciones en deducciones y pérdidas para 2027, donde habló sobre estas medidas fiscales incluidas en la Reforma Fiscal 2027, cuya intención es el combate contra las operaciones simuladas y los esquemas de evasión. El experto comentó que estos cambios pueden generar impacto en las organizaciones que les impulse a reestructurar sus precios y estrategias comerciales, aumentando el costo financiero y la carga administrativa. Debido a ello, es fundamental comenzar a anticipar estos cambios para evitar comprometer la continuidad del negocio. En relación con esta búsqueda de soluciones y escenarios de manera anticipada, Adrián Castillo García se encargó de exponer los retos que derivarán de dos cambios importantes en la realidad laboral del país: la reducción gradual de la jornada y el derecho a la desconexión digital laboral. En ambos casos, es fundamental que las organizaciones reestructuren sus estrategias con esto en mente y, más importante aún, se modifique la cultura laboral para facilitar la adopción de estas nuevas obligaciones a todos los niveles de las empresas.Raúl Joel Díaz Pérez de encargó de detallar las implicaciones del modelo reformado en las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Para ello, el ponente detalló la metodología de evaluación de riesgo que propone este nuevo modelo donde se integra la necesidad de sistemas tecnológicos capaces de monitorear de manera constante para alertar ante la sospecha de riesgo y, por consecuencia, el resguardo de información actualizada.Durante el cuarto día del evento, Viridiana Karin Martínez Lucio dedicó su participación al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), donde detalló las obligaciones del registro que incluyen la formalización de operaciones mediante contratos y reportes periódicos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La experta comentó que es imperativo mantener el cumplimiento en materia de subcontratación laboral, ya que simular esquemas puede derivar en sanciones administrativas e incluso consecuencias penales de hasta 9 años de prisión.El segundo panel del día fue dirigido por Enrique Márquez Valle, Germán Paredes Guerra y Juan Carlos Pacheco, quienes comentaron los principales cambios contenidos en la Reforma fiscal, que están alineados a una mayor eficiencia recaudatoria. Entre las modificaciones destacadas, comentaron la limitación sobre deducciones, medida para evitar el uso indebido de deducciones fiscales y la aplicación excesiva de pérdidas fiscales.Para el último día de la jornada, Heidi Martínez Marín presentó su ponencia Calidad y ética: ADN de la información contable, donde desarrolló el papel del Código de Ética Profesional (CEP) en el ejercicio de la profesión contable independiente como un elemento fundamental y transversal. Según lo comentado por la especialista, los principios contenidos en el CEP deben orientar la labor contable de manera permanente, desde el cumplimiento normativo y la preservación de la independencia profesional, hasta el uso de tecnologías de la información de manera pertinente y consciente de los riesgos.En esa misma línea, Parménides Lozano Rodríguez recuperó las prácticas indebidas que debe evitar un especialista en auditoría, con el fin de preservar su independencia. Entre lo comentado, el experto señaló la importancia de mantener el escepticismo profesional y evaluar los clientes potenciales con un enfoque basado en riesgo, con el fin anteponer el criterio profesional incluso de manera preliminar a la aceptación de un encargo; todas estas acciones tienen un impacto y se deben tomar bajo un mismo sentido: mitigar riesgos y prestar un servicio de calidad.Para abonar al tema, Juan Carlos Bojorges Pérez, destacó una clave para entender la importancia de la ética en específico para ejercicio independiente: no existe una jerarquía ni supervisión institucional que dictamine qué hacer, por lo que la conciencia, integridad y compromiso del profesional son las brújulas de acción para los especialistas. Para finalizar el evento y rematar la perspectiva descrita durante el último día de esta jornada, Javier Díaz Brassetti destacó durante su ponencia que la ética no solo se cultiva con cumplimiento normativo, sino que se labra desde las acciones diarias y se alimentan de una cultura que promueve el bien actuar desde su forma más cotidiana hasta manifestarse en el ejercicio profesional diario del especialista en contaduría pública. De esta forma, promover el compromiso profesional con la ética es una labor para todos y todas que se alimenta del actuar diario.