El Colegio celebró su 27.° Foro de Tributación Internacional, Acapulco 2025, un evento relevante para el análisis de la tributación internacional, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de los impuestos y los desafíos de la industria maquiladora.
El foro, que se llevó a cabo los días 14 y 15 de agosto, tuvo como objetivo principal analizar el impacto de las normas de fiscalidad internacional y sus implicaciones para el sector empresarial. El evento proporcionó una actualización integral en fiscalidad internacional, en el que se abordaron temas cruciales como los avances de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), casos de exposición fiscal, el futuro de la industria maquiladora y el efecto de las nuevas regulaciones en las plataformas digitales. El foro reunió al gremio contable para conocer, de voz de los expertos y especialistas en la materia, los precedentes más relevantes en materia fiscal.
La inauguración estuvo a cargo de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio. El programa se dividió en ocho paneles durante las dos jornadas.
El primer panel se centró en la Problemática en diferentes industrias por incertidumbre arancelaria. Los expertos Luis Antonio Andrade León (comisión técnica de Precios de Transferencia), Gloria Rocío Estrada Antón (comisión técnica de Comercio Exterior) y Jorge Alberto Labra Neri (ArcelorMittal México), con la coordinación de Eliud Santiago (comisión técnica Fiscal Internacional), analizaron temas como: el impacto directo en la industria del acero, afectaciones en el mercado de commodities, estrategias de adaptación para las empresas y posibles escenarios ante la incertidumbre global arancelaria.
Durante sus intervenciones, los ponentes definieron el arancel como el porcentaje que se aplica a un bien manufacturado en el extranjero, impidiendo que cruce la frontera si no se paga. Los aranceles tienen dos funciones principales: ser 100% recaudatorios y proteccionistas, buscando encarecer los productos extranjeros para favorecer a los domésticos.
El comercio de acero entre México y EUA se utilizó como caso de estudio. Se mencionó la pérdida de la exención arancelaria bajo el T-MEC, con aranceles que se impusieron primero en 25% y luego aumentaron a 50% en junio de este 2025. Esto resultó en un impacto negativo en las exportaciones de acero de México a EUA, con una caída acumulada del 17% en junio de 2025. Esta situación, combinada con una desaceleración económica interna, ha reducido la demanda de acero en México, afectando la construcción y la inversión. Como consecuencia, los precios del acero mexicano han disminuido.
El análisis del impacto global de los aranceles muestra que los sectores más vulnerables son los metales básicos, como el cobre y el aluminio, que han sufrido caídas de precios. En contraste, los metales preciosos como el oro y la plata han actuado como activos refugio y sus precios han aumentado, reflejando un comportamiento opuesto al de los metales industriales en tiempos de incertidumbre.
Para mitigar los riesgos, se sugieren estrategias de adaptación como: diversificación, nearshoring, regionalización, hedging (cobertura) e innovación.
En la segunda mesa de análisis, se discutieron los Diferentes modelos de negocio ante un entorno arancelario, en los que se analizaron los desafíos que enfrentan las empresas ante las posibles implicaciones arancelarias de EUA hacia México. Bajo la coordinación de Adriana Rodríguez Cuevas (comisión técnica Fiscal Internacional), los expertos Christian Raúl Natera Niño de Rivera (comisión técnica Fiscal Internacional) e Iván Díaz Barreiro (de Alvarez & Marsal) exploraron tres modelos de negocio clave para mitigar los riesgos: fabricante por contrato a un principal, fabricante por contrato a distribuidores y fabricación bajo maquila.
En cuanto a las medidas arancelarias de EUA, se anunció que el 12 de julio de 2025 los aranceles a los productos mexicanos no conformes con el T-MEC aumentarían del 25 al 30% a partir del 1.° de agosto. La justificación oficial de esta medida se basa en la insuficiente colaboración de México para controlar el tráfico de fentanilo y la migración. A pesar de estas medidas, los bienes que cumplen con las reglas de origen del T-MEC siguen exentos de aranceles. México y Canadá también han aceptado condiciones adicionales para mantener el libre comercio de acero y aluminio con EUA.
En materia de los modelos de negocio ante un entorno arancelario, los ponentes hablaron de tres modelos de manufactura intragrupo para adaptarse al entorno arancelario: fabricante por contrato (suministra bienes al principal), fabricante por contrato (suministra a distribuidores) y fabricación bajo maquila (toll manufacturer).
La tercera ponencia se centró en las Experiencias prácticas de auditorías. Moderado por César Julio Catalán Sánchez (comisión técnica Fiscal Internacional), la mesa de análisis contó con la participación de los comisionados técnicos en Fiscal Internacional, Alejandro Barrera Fernández (Basham, Ringe y Correa, S.C.) y César Andrés Fares Canavati. Los especialistas compartieron experiencias y casos prácticos, además de abordar temas cruciales como: intereses no deducibles (EBITDA), piramidación de pagos al extranjero, intereses pagados a bancos extranjeros, cuestionamientos a la CUCA, entre otros.
En uno de los casos prácticos, sobre los intereses no deducibles (EBITDA), se puso sobre la mesa de discusión de que el SAT argumentó que una compañía no había cumplido con el artículo 28.°, fracción XXXII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), ya que en el cálculo consolidado se observaba que no todas las sociedades del grupo reflejaban intereses devengados superiores a los 20,000,000 pesos. La autoridad fiscal solicitó excluir del cálculo consolidado a aquellas sociedades que tenían intereses devengados inferiores a esta cantidad. Además, el SAT sostuvo que la carencia de reglas no afectaba lo establecido en el artículo y que la mecánica de cálculo no debía basarse en normas contables aplicadas al ámbito fiscal.
Por su parte, el contribuyente argumentó que, conforme a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no existía impedimento legal para aplicar un cálculo consolidado, siempre que se consideraran aspectos técnicos, económicos, contables y financieros razonables. El contribuyente también afirmó que las disposiciones fiscales eran diferentes a la mecánica del Plan BEPS y que el cálculo debía hacerse como si la entidad fuera una sola, ya que excluir empresas distorsionaba el resultado consolidado.
El penúltimo panel del día se centró en los Avances de la IA en impuestos internacionales. Juan Ignacio Rivero Celorio (coordinador), los expositores Juan Ángel Becerra Cantú (ambos de la comisión técnica de Fiscal Internacional) y Luis Nouel (de Latam, Africa & ME en Ámsterdam de IBFD) exploraron cómo la IA está transformando el mundo tributario, desde la automatización de procesos hasta el análisis predictivo.
El quinto y último panel de la tarde, se expuso acerca de las Auditorías por llevar a cabo operaciones entre partes relacionadas. Bajo la coordinación de Manuel Tamez Zendejas (comisión técnica Fiscal Internacional), los expertos Fernando Pliego Vincent (comisión técnica de Precios de Transferencia), Eduardo Michán (de Galicia Abogados) y Elizabeth González Gasca (de White & Case), exploraron las principales operaciones que suelen ser revisadas por las autoridades fiscales, como financiamientos, prestación de servicios, pagos de regalías y comisiones, asistencia técnica, distribución y manufactura, así como la enajenación de bienes y acciones.
Otro de los temas expuesto fue el de activos intangibles, en el que se hizo hincapié en el análisis funcional DEMPE (Desarrollo, Mejora, Mantenimiento, Protección y Explotación), la sustancia económica, la aplicación de métodos de precios de transferencia y la migración de intangibles.
En tanto, en el tópico de las reestructuras, se recalcó la necesidad de considerar las implicaciones según la OCDE, la redistribución de funciones, activos y riesgos, y la evaluación conforme al principio de plena competencia. Se evaluó una reestructura con base en si un tercero independiente la aceptaría, a través de un análisis de opciones realistas y sustancia económica. También se enfatizó la importancia de una documentación robusta y un análisis funcional.
Para el cierre del primer día, el Colegio llevó a cabo una tradicional cena. La reunión tuvo lugar en la alberca maya-mixteca del hotel Princess Mundo Imperial en Acapulco, donde los asistentes disfrutaron de música ambiental y una deliciosa mariscada.
El segundo día inició con el panel Precedentes internacionales y análisis de la PPT, mismo que fue coordinado y expuesto por los integrantes de la comisión Fiscal Internacional: Rita Mireya Valdivia Hernández (coordinadora); Alejandro Héctor Calderón Aguilera, Koen Van't Hek y Armando Lara Yaffar (ponentes), quienes discutieron el origen de la disposición antiabuso, la regla del propósito principal (PPT) y su aplicación.
El panel abordó temas de discusión y precedentes de la jurisprudencia internacional. También se analizó la diferencia entre el propósito y la sustancia de una transacción fiscal.
La Regla del Propósito Principal (PPT) fue el tema central, y se definió como la negación de los beneficios de un tratado cuando uno de los propósitos principales de una transacción era la obtención de ese beneficio, a menos que la concesión fuera coherente con el objeto y propósito de las disposiciones del tratado. La consecuencia inmediata de su aplicación era la no concesión de los beneficios del tratado.
El panel concluyó que el derecho busca sancionar la elusión sólo cuando se basa en actos artificiosos. También se abordó la carga de la prueba, señalando que, en el derecho comparado, la autoridad fiscal debe cumplir con un alto estándar para negar beneficios.
En el penúltimo panel de la segunda jornada del foro se expuso acerca de la Actualización de criterios en materia fiscal internacional. La presentación estuvo a cargo de Enrique Bolado, director de Negociación de Tratados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el auspicio de Francisco Olivares Bello (comisión técnica Fiscal Internacional).
Durante la sesión se trataron temas relevantes como los Pilares 1 y 2 del Proyecto sobre la Digitalización de la Economía, impulsado por la OCDE. Se hizo un recuento de la cronología del proyecto, destacando la publicación del reporte sobre BEPS en 2013 y el anuncio de un plan de dos pilares en 2019 para abordar los desafíos de la economía digital.
De igual forma, se detalló el trabajo técnico de ambos pilares:
• Pilar 1, Nuevo Derecho de Gravamen. Se enfoca en empresas multinacionales y busca resolver el problema de la falta de consenso, con el objetivo de establecer un umbral mínimo para su aplicación y abordar la complejidad de las reglas.
• Pilar 2, Impuesto Mínimo Global. Las reglas de este pilar se publicaron en diciembre de 2021, y se han emitido comentarios y guías administrativas para su implementación.
Referente a la Convención Fiscal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se subrayó el rol más activo de la ONU en la recomendación de normas internacionales y la adopción de una resolución en diciembre de 2022 para promover la cooperación fiscal internacional. Se mencionó la incertidumbre sobre la influencia de la OCDE y el rol de EUA en este contexto.
El Foro de Tributación Internacional concluyó de manera magistral con el panel Comentarios de la transición del Sistema Judicial. El evento contó con la participación estelar de Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien estuvo acompañado por Ulises Gómez Nolasco (de TSV Legal Services) y Jorge Alejandro Rubio Gamboa (comisión de desarrollo Fiscal Internacional).
El ministro Laynez compartió su postura, enfocada en la defensa de la autonomía y el diálogo constructivo. El ministro Laynez expresó su profunda preocupación por las reformas que amenazan la independencia del Poder Judicial. Para él, la politización de las decisiones judiciales representaba un riesgo significativo.
A pesar de su postura crítica, Laynez propuso el diálogo y la integración, subrayando la necesidad de que el Poder Judicial se acercara a la sociedad. Reconoció que, aunque la Corte había logrado avances en temas como el matrimonio igualitario, la sociedad debía sentir una mayor cercanía con sus decisiones.
La postura del ministro Laynez se centró en la defensa de la autonomía y la profesionalización del Poder Judicial, el respeto al Estado de Derecho y la necesidad de que cualquier proceso de reforma se basara en un diagnóstico serio y en un diálogo constructivo, evitando la politización y el desmantelamiento de las instituciones.
Con este destacado panel, se dio por finalizada una jornada que reunió al gremio contable para profundizar en los aspectos más relevantes de la materia tributaria internacional.
El 27.° Foro de Tributación Internacional reunió a destacados expertos para abordar los temas más actuales del panorama fiscal internacional. Durante dos días, se profundizaron temas cruciales y, para el cierre del evento, se contó con las participaciones estelares del ministro de la SCJN y del director de Negociación de Tratados en la SHCP.
Las palabras de clausura estuvieron a cargo de Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien enfatizó el interés de los temas abordados, lo que generó gran asistencia por parte del gremio. Asimismo, puso de manifiesto la labor del Comité Ejecutivo 2024-2026, de los coordinadores de los paneles y el profesionalismo de los expositores; para ello, les entregó un reconocimiento por su dedicación y compromiso.
De igual forma, la vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional aprovechó para agradecer el apoyo de los patrocinadores: White & Case LLP, Galicia Abogados, Basham, Ringe y Correa, S.C., Alvarez & Marsal y Klu.
Por último, para cerrar el evento, los organizadores del foro ofrecieron a los asistentes un cóctel, que puso fin al 27.° Foro de Tributación Internacional 2025 celebrado en Acapulco, Guerrero con gran éxito.
Eventos recientes
El Colegio presentó, el 17 de febrero, el foro Reporte de sostenibilidad usando las NIS, módulo 2, sesión que dio continuidad al módulo 1, en el que se abordaron los aspectos normativos y ambientales de las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS).En esta ocasión, el análisis se centró en los componentes sociales y de gobernanza, con la participación de Paulina Macías Romero, Diana Neria Espinosa y Carlos Carrillo Contreras, especialistas en sostenibilidad corporativa, quienes profundizaron en la aplicación de la NIS B-1 y en la revelación de los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) requeridos a partir de 2025 en los estados financieros.Para iniciar la jornada, Paulina Macías Romero, coordinadora de Sostenibilidad en Chevez, Ruiz, Zamarripa, desarrolló una exposición especializada en dicha norma, con énfasis en el componente social. Durante su participación, explicó que la norma establece 30 IBSO, agrupados en tres dimensiones: ambiental, social y de gobierno corporativo.En el ámbito social, profundizó en los indicadores relacionados con capital humano, gestión de igualdad de oportunidades y trabajo digno, brecha salarial, horas de capacitación, evaluaciones de desempeño, así como salud y seguridad en el trabajo. A través de casos prácticos, la expositora mostró cómo determinar y revelar correctamente esta información en el reporte de sostenibilidad.Posteriormente, la contadora Diana Neria Espinosa abordó los aspectos de gobernanza. Señaló que la gobernanza corporativa constituye uno de los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, junto con las dimensiones ambiental y social. Durante su intervención, explicó los indicadores relacionados con la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno, la independencia de sus integrantes, la participación de mujeres en puestos de alta dirección y en consejos de administración, así como la existencia de políticas formales en materia de ética, integridad y combate a la corrupción.Destacó que estos elementos no solo fortalecen la transparencia, sino que también inciden directamente en la generación de confianza entre inversionistas, colaboradores y grupos de interés. Asimismo, subrayó que la revelación de información en materia de gobernanza debe realizarse con criterios claros de medición, alcance y periodicidad, a fin de garantizar la comparabilidad y consistencia de los datos reportados.En este contexto, enfatizó la necesidad de documentar adecuadamente los procesos internos y asegurar la congruencia entre las políticas declaradas y su aplicación práctica. Finalmente, advirtió que las empresas deben transitar de un enfoque meramente declarativo a uno sustentado en evidencia verificable, integrando los indicadores de gobernanza en la estrategia corporativa y en la gestión de riesgos; de esta manera, el reporte de sostenibilidad deja de ser un ejercicio aislado para convertirse en una herramienta estratégica de rendición de cuentas.Como cierre del foro, el contador Carlos Carrillo compartió un mensaje en el que exhortó a los asistentes a asumir con seriedad los temas de sostenibilidad, destacando que la adecuada implementación de las NIS no solo responde a una exigencia normativa, sino que representa una oportunidad para fortalecer la transparencia en las organizaciones y la confianza del mercado.
Los días 13 y 14 de febrero, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio llevó a cabo el evento Aplicación práctica de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, enfocado en el análisis de los principales cambios y su implementación.El programa contó con la participación de los miembros de la comisión organizadora: José Gerardo Alfaro Osorio, Gerardo Domínguez Gómez, José Emilio Brito Montiel, Víctor Manuel Pérez Ruiz y Elio Fernando Zurita Morales, bajo la coordinación de Marcial Cavazos Ortiz.La apertura estuvo a cargo de José Gerardo Alfaro Osorio, quien presentó un análisis sobre fiscalidad internacional, destacando los efectos prácticos en precios de transferencia, IVA en plataformas digitales y el estímulo de repatriación de capitales previsto en la Ley de Ingresos 2026.Uno de los puntos de mayor interés fue la interpretación del Artículo 7 de los tratados para evitar la doble tributación (beneficios empresariales), señalando que ciertos servicios podrían no considerarse actividad empresarial, lo que implicaría retenciones del 25% en lugar de aplicar tasas reducidas conforme a tratado. Asimismo, explicó la relevancia de la Regla 2.1.3 relativa a la constancia de residencia fiscal y los procedimientos amistosos (MAPs) como mecanismos de solución de controversias.En materia de servicios digitales, enfatizó las obligaciones de residentes en el extranjero: inscripción en el RFC, designación de representante legal y cumplimiento de obligaciones formales. También desarrolló el alcance de la Declaración Informativa de Operaciones con Partes Relacionadas y los estudios de precios de transferencia (Local File, Master File y Country by Country Report), subrayando los umbrales de ingresos para su obligatoriedad.Respecto al estímulo de repatriación de capitales, puntualizó que su conveniencia debe evaluarse estratégicamente frente a otros mecanismos de regularización, considerando tasas, requisitos y condiciones de inversión.Por otro lado, Gerardo Domínguez Gómez y José Emilio Brito Montiel centraron su exposición en la aplicación práctica de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 en materia de comprobación digital y facultades de la autoridad.Analizaron la regla 2.2.15, relativa a la restricción temporal del certificado de sello digital, destacando el plazo de 40 días para presentar aclaraciones y la posibilidad de prórroga. Recordaron que la emisión de CFDI a través de terceros para eludir restricciones constituye práctica fiscal indebida.Abordaron además las multas por no enviar contabilidad electrónica en tiempo y forma, así como la obligatoriedad de habilitar el buzón tributario, cuyas sanciones serán aplicables a partir del 1 de enero de 2027 para quienes incumplan.En cuanto a los CFDI, detallaron la relevancia de los complementos (nómina, donatarias y recepción de pagos) para garantizar deducibilidad y acreditamiento de IVA. Subrayaron que las notas de crédito no sustituyen la cancelación de un CFDI de ingreso y explicaron los distintos supuestos de cancelación.También se revisaron prácticas fiscales indebidas vinculadas a indemnizaciones por riesgos de trabajo, pensiones y pagos a socios mediante terceros, además de aspectos prácticos sobre PTU y subsidio para el empleo.Continuando con el programa, Víctor Manuel Pérez Ruiz abundó en las implicaciones penales derivadas de reformas constitucionales y fiscales vinculadas a comprobantes fiscales falsos.Explicó que, tras la modificación al artículo 19 constitucional y al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes que no amparen operaciones reales pueden derivar en prisión preventiva oficiosa por equipararse a supuestos de contrabando. Señaló que los plazos reducidos de defensa y las visitas domiciliarias intensifican la exposición de los contribuyentes, generando un entorno de alta presión.Asimismo, destacó el incremento en la tasa de recargos, las nuevas cifras para el dictamen fiscal obligatorio en 2026 y el cambio en su fecha límite al 15 de mayo. Analizó la obligación de presentar la Declaración Informativa de Situación Fiscal (DISIF o ISSIF) en operaciones con partes relacionadas y el endurecimiento de las reglas para deducción de cuentas incobrables, salvo ciertos beneficios aplicables al sector bancario.Para cerrar la jornada, Elio Fernando Zurita Morales habló sobre el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), diferenciando su aplicación para personas físicas y morales.Durante su platica, subrayó la limitada regulación en ley y la forma en que la Resolución Miscelánea intenta aclarar criterios, particularmente en la incompatibilidad del RESICO con ingresos por plataformas digitales, como hospedaje tipo Airbnb, según la postura de la autoridad. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de exclusión del régimen y las implicaciones económicas que ello conlleva.También explicó los requisitos para permanecer en RESICO: inscripción activa, e.firma, buzón tributario habilitado y emisión correcta de CFDI. En esa línea, analizó la retención del 1.25% por personas morales, el acreditamiento del IVA y los supuestos en los que no se puede tributar en este régimen, como ser socio o accionista de persona moral o percibir ingresos asimilados a salarios.La sesión concluyó con reflexiones sobre dividendos, copropiedad, actividades primarias exentas y la relevancia estratégica de la opinión de cumplimiento.
En el marco del foro Reformas Fiscales de la CDMX 2026, organizado por el Colegio, e inaugurado por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, se presentaron los contadores Guadalupe Santos, Alejandro Guízar Acosta, Adrián Urbina Galicia, Laila Moreno Sotelo y Virginia Ríos Hernández, quienes compartieron un análisis sobre las reformas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), Código Fiscal de la Federación (CFF) y Ley de Ingresos de la Federación (LIF).El evento, llevado a cabo el 13 de febrero, fue introducido por Guadalupe Santos, quien explicó que la LIF es una legislación emitida por el Gobierno federal, resultado de un proceso legislativo formal, que determina cuánto dinero recibirá el Estado durante el ejercicio fiscal correspondiente.Durante su intervención, se comentó que la LIF 2026 contempla ingresos estimados por 10.19 billones de pesos, de los cuales 5.83 billones corresponden a ingresos tributarios, es decir, 57.28% del total previsto. También destacó que el déficit público, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se ubicaría en 4.1% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el saldo de la deuda se estima en niveles cercanos al 52.3% del PIB.Asimismo, se puntualizó que los estímulos fiscales previstos para 2026 representan una oportunidad de regularización para contribuyentes, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos en la normatividad aplicable.Por su parte, Guízar Acosta presentó un análisis de las modificaciones relevantes al CFF, con énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de control y combate a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) falsos. Señaló que las reformas plantean un endurecimiento del marco normativo en materia de comprobación fiscal, al establecer con mayor claridad que los CFDI deberán amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, conforme a lo previsto en el código.Además, informó que se adiciona una nueva causal de restricción de los Certificados de Sello Digital (CSD) cuando los contribuyentes otorguen efectos fiscales a comprobantes que hayan sido declarados falsos, lo que puede impactar directamente en la operación cotidiana de las empresas al impedir la emisión de facturas electrónicas.En la misma línea, Adrián Urbina comentó que, en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la ley exige identificar o asociar el impuesto efectivamente pagado con los actos o actividades gravadas del contribuyente para estar en posibilidad de acreditarlo.En tanto, la licenciada Moreno Sotelo presentó un análisis sobre las modificaciones y alcances del Código Fiscal de la Ciudad de México. Al respecto, reveló que el artículo 8 del Código Fiscal de la Ciudad de México establece la obligación de las personas físicas y morales de pagar las contribuciones previstas en la legislación capitalina.A partir de este fundamento se desprenden obligaciones formales y sustantivas que deben observar los contribuyentes; con ello, se reforzó la importancia de un cumplimiento integral y oportuno en el ámbito tributario capitalino.Finalmente, Virginia Ríos Hernández versó sobre el subsidio al empleo 2026 y la propuesta de reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas. Explicó que el subsidio al empleo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025 y que para 2026 se establece un salario máximo de 11,492.66 pesos como límite para su aplicación.Se detalló que el monto del subsidio se determina con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual. Para ello, se aplican distintos porcentajes según el periodo del año. En el ámbito laboral, se abordó la propuesta de reducción de la jornada máxima semanal (40 horas) de manera gradual. En este punto, la especialista hizo hincapié en que esta transición progresiva busca permitir a las empresas adaptar sus estructuras operativas y presupuestales sin generar impactos abruptos en productividad y costos laborales.Con un mensaje de reconocimiento y reflexión, Leidy Ramos Marín, directora de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos, fue la encargada de clausurar el foro Reformas Fiscales de la CDMX 2026.Expresó un agradecimiento a los especialistas que compartieron su experiencia y conocimientos, así como a los asistentes que participaron en este espacio de análisis. Se reconoció que el diálogo entre autoridades, especialistas y profesionales fortalece la cultura de cumplimiento y contribuye a una mejor comprensión de los cambios legislativos.
