Como parte de la importancia de la educación y experiencia en la profesión contable para otorgar conocimiento, habilidades, valores, ética y actitudes que permitan continuar adaptándose al cambio, el Colegio, llevó a cabo el 24 de marzo el curso Competencias para el desarrollo de la contaduría, PIF 2, 3 y 4, espacio en el que se analizaron los principales Pronunciamientos Internacionales de Formación (PIF).
El foro contó con las participaciones de Carlos Cristino Medina Ortíz, Graciela Enríquez Guadarrama, José Antonio Mancilla Romero y Claudia Valentina Palencia García, maestros e integrantes de la comisión de Educación del Colegio, quienes debatieron acerca de las buenas prácticas del contador público, lo anterior derivado de los ocho PIF.
En la primera intervención del día, Carlos Medina Ortíz charló sobre las características para futuros profesionistas contables, al respecto comentó que los PIF establecen un punto de calificación en el que se deberán evaluar las capacidades y competencia mínima que debe demostrar una persona para ser considerada como un contador profesional. En ese sentido, señaló que la meta de la contaduría, así como de la experiencia práctica, es formar contadores públicos competentes, que sean capaces de establecer contribuciones positivas.
Sobre los cambios constantes en la sociedad, el especialista consideró importante que el profesional debe desarrollar y mantener una actitud de constante aprendizaje para garantizar su competencia y eficacia enfocada hacia el bienestar social. “Estas capacidades ayudarán a identificar problemas, saber qué conocimiento se requiere para resolverlos, en dónde encontrarlo y cómo aplicarlo de una manera ética para alcanzar soluciones apropiadas”, puntualizó Medina Ortíz.
Bajo este tenor, Graciela Enríquez dirigió su participación al análisis de la PIF 2 Desarrollo Profesional Inicial-Competencia técnica, destacando que en este proceso se encuentran los conocimientos mínimos para ejercer la profesión contable.
La especialista informó que este pronunciamiento establece 11 áreas de competencia técnica, así como los resultados del aprendizaje que, como mínimo, debe alcanzar el aspirante: contabilidad e información financiera, contabilidad administrativa, finanzas y gestión financiera, impuestos, auditoría y aseguramiento, gobierno corporativo, leyes y regulaciones de negocios, tecnología de la información, entorno de negocios, economía y estrategia de negocios.
Enríquez Guadarrama agregó que en México el desarrollo de las competencias técnicas y habilidades profesionales son responsabilidad de los cuerpos técnicos académicos de las distintas áreas del conocimiento de las Instituciones de Educación Superior (IES), quienes deben gestionar los planes de estudio de la carrera.
Por otro lado, Mancilla Romero dialogó sobre las características del PIF 3 Habilidades Profesionales, cuyo objetivo es establecer las habilidades profesionales que el aspirante necesita demostrar al final del Desarrollo Profesional Inicial (DPI) para poder llevar a cabo dicha función.
Explicó que el PIF 3 especifica las áreas de competencia y los resultados del aprendizaje que describen las habilidades profesionales, siendo de tipo:
En su participación refirió que la formación de habilidades profesionales debe ser integral y no se debe perder de vista las necesidades actuales de los usuarios de la información financiera, considerando los constantes cambios que rodean a la profesión.
Finalmente, Claudia Valentina Palencia García cerró las participaciones conversando acerca de la PIF 4 Valores Profesionales, Ética y Actitudes; detalló que este pronunciamiento establece cinco principios fundamentales de la ética profesional: la integridad, la objetividad, la diligencia, la confidencialidad y el comportamiento profesional.
Recalcó que este procedimiento pretende fomentar el escepticismo profesional y el juicio profesional, de modo que se pueda aplicar críticamente una mentalidad inquisitiva para valorar la información financiera y otra información relevante, además de identificar y evaluar alternativas razonadas.
Eventos recientes
El 15 de agosto el Colegio fue sede del curso Características del sistema automatizado en actividades no financieras, con la intención de dar a conocer características, funcionalidades y requisitos indispensables de un sistema automatizado alineado a las obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). A la cita acudieron Teresita del Niño de Jesús Mendoza Espinosa, socia fundadora de Diaso, una línea de sistemas de software diseñada para la optimización de procesos administrativos y el cumplimiento normativo empresarial; y Yessica Trujillo Mendieta, integrante de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero, quien además se encargó de la coordinación de este espacio.Para comenzar, Mendoza Espinoza comentó la relevancia de preservar el cumplimiento de estos sistemas automatizados debido a la reciente reforma del 7 de agosto de 2026 en la LFPIORPI, que establece obligaciones de implementación y operación para actividades vulnerables. Por ello, el primer paso de este curso de actualización fue definir qué es un mecanismo automatizado y de qué manera está regulado por el cuerpo normativo citado.Un mecanismo automatizado es un conjunto de procesos, sistemas o herramientas tecnológicas que permiten la revisión continua de actos u operaciones; según comenta la experta, estos sistemas pueden estar compuestos de diversas herramientas, como bases de datos u hojas de cálculo, pero deben contener funciones alineadas con la norma y deben ser verificables por la autoridad. Además, estos mecanismos deberán alinearse al capítulo XIII, artículo 41 de la LFPIORPI, por lo que la ingeniera Mendoza desarrolló los supuestos que debe cumplir un mecanismo automatizado entre los que destacó que los datos recuperados deben ser conservados y actualizados, con el fin de ser accesibles a lo largo del tiempo para sustentar operaciones previas; y la capacidad de emitir alertas sobre las operaciones con Personas Usuarias de Grado de Riesgo alto y Personas Políticamente Expuestas, con el fin de mantener vigilancia activa en los datos recuperados.Adicionalmente, se destacó la importancia de mantener un enfoque basado en riesgos (EBR) para la carga y procesamiento de la información de estos sistemas automatizados, con el fin de aprovechar la información como una herramienta estratégica de detección temprana de riesgos y no solo como un extractor y almacenamiento de información que no dirija la toma de decisiones.El curso continuó con la exploración de un sistema ejemplo que permitió a la audiencia identificar las mejores prácticas y posibilidades al alcance, como la determinación de monitores que permita al sistema alertar sobre excesos en transacciones o un cambio en la tendencia de las operaciones con cada cliente. Con este ejemplo, la experta señaló la importancia de que el sistema analice todas las operaciones para comparar e identificar riesgos, no solo aquellas que presenten anomalías, ya que las operaciones totales son las que permiten visualizar operaciones que salen de la media.
Este 13 de agosto, el Colegio llevó a cabo la octava edición del Foro de expertos en comercio exterior, un espacio dedicado al análisis y actualización profesional que reunió a especialistas y comisionados de la institución para abordar los principales retos que enfrenta México ante la evolución del entorno comercial internacional. Durante la apertura, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó la importancia de mantener una actualización permanente frente a las transformaciones que experimenta el comercio exterior.En el primer panel, Georgina Estrada Aguirre explicó que la incertidumbre derivada de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un factor que las empresas deben considerar en sus procesos de planeación, particularmente en materia de inversiones. Por su parte, Juan Antonio Castro Chávez analizó los desafíos relacionados con la fiscalización y la defensa de las empresas ante los cambios normativos; sobre ello, destacó la necesidad de fortalecer la preparación jurídica y contable para atender posibles controversias.En tanto, Rosaura Aguilar Peña y Gerardo Canseco Romero centraron su participación en la manifestación de valor electrónica y sus implicaciones para el cumplimiento. Explicaron que este mecanismo resulta relevante para determinar el valor en aduana de las mercancías, base para el cálculo de impuestos y cuotas compensatorias, y precisaron que la responsabilidad principal de transmitir y realizar la manifestación corresponde al importador. Los especialistas señalaron que dicha manifestación busca fortalecer la trazabilidad y congruencia de las operaciones mediante la integración de documentación como facturas, comprobantes de pago, contratos y gastos incrementables. Asimismo, resaltaron la necesidad de coordinación entre las áreas legales, fiscales y de logística de las empresas, así como con agentes aduanales y asesores externos.En el tercer panel, Leticia Yamel y José Luis Ortiz discutieron la relevancia del T-MEC para México y los retos asociados con su proceso de revisión. Destacaron la relevancia del tratado para el crecimiento del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la posición de México como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos.En este contexto, señalaron la relevancia de sectores como el automotriz, agrícola, de maquinaria y equipo eléctrico, combustibles y productos médicos, cuyas cadenas mantienen interdependencia entre los tres países. “La revisión del tratado representa un desafío para la certidumbre de las inversiones y las operaciones comerciales”, precisó José Luis.Posteriormente, Sandra López y Blanca Hernández abordaron la función de los aranceles y las alternativas disponibles para las empresas con el propósito de reducir su impacto; al respecto, señalaron que estos impuestos cumplen funciones de recaudación, protección de la industria nacional y regulación del comercio.También comentaron que los aranceles pueden incrementar los costos de importación y afectar los márgenes de las empresas, por lo que presentaron mecanismos como el programa IMMEX, PROSEC, la regla octava, entre otros.De igual forma, se presentaron Balam Riquelme y Marco Antonio Martínez, quienes abordaron los medios de defensa a partir de las características del actual sistema judicial. En su presentación, explicaron en qué consisten las herramientas jurídicas con las que cuentan las empresas ante posibles controversias derivadas de actos de autoridad.El sexto panel fue dedicado al incremento de las sanciones y a las medidas para prevenir dichos actos, los cuales están previstos en los artículos 176 y 178 de la Ley Aduanera; para ello, Berenice Egure y Julián Luna hablaron sobre fortalecer los procesos de verificación y control interno, particularmente en la identificación de proveedores extranjeros, validación de domicilios y correcta integración de la información relacionada con las operaciones.Los especialistas precisaron que “las empresas deben verificar previamente que las mercancías no estén sujetas a prohibiciones de importación o exportación y establecer controles sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes a cada fracción arancelaria”.Finalmente, Gloria Rocío Estrada y Alberto Ruiz Rioja versaron sobre los cambios en la figura del agente aduanal y sus efectos en las operaciones contables. Los especialistas detallaron que la patente constituye la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a una persona física para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías en los distintos regímenes aduaneros.Explicaron la función del agente como representante legal de los importadores y exportadores, e informaron que su responsabilidad no se limita a facilitar los trámites administrativos, sino que comprende obligaciones fiscales, aduaneras, civiles y, en determinados supuestos, penales.
El 13 de agosto tuvo lugar en el Colegio de Contadores Públicos de México la firma de un convenio de colaboración con Siigo Aspel, empresa tecnológica especializada en soluciones de software contable, administrativo y de gestión empresarial. El objetivo de esta convergencia es construir oportunidades de cooperación para fortalecer a la profesión contable mediante el uso y desarrollo de tecnología.A la firma del acuerdo acudió Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Hans Ludwig Schmal Jiménez, vicepresidente de producto de Siigo Aspel. Durante el encuentro comentaron la importancia de mantenerse a la vanguardia tecnológica y técnica de manera continua, sobre todo para la profesión contable; adicionalmente, la presidenta Rosalía comentó que incluso con la importancia que alcanzan las herramientas y métodos digitales, el criterio profesional del contador público siempre será fundamental para aplicarlos de manera responsable y efectiva.El acuerdo supone honrar estos principios de unidad entre la tecnología y la labor profesional para conseguir objetivos conjuntos y crear nuevas oportunidades para el desarrollo de la disciplina contable y la tecnología aplicada a la toma de decisiones, la eficiencia de procesos y el levantamiento de información de calidad.Así, ambos representantes sellaron el compromiso con la firma de los instrumentos que reflejan su acuerdo de cooperación. María Luisa Ramírez, directora del Colegio, y Fernando Ramírez Cordero, analista senior de relaciones públicas en Siigo Aspel, acudieron a la cita para reforzar el compromiso de ambas organizaciones.
