El Colegio de Contadores Públicos de México comprometido con el tema del tratamiento contable y sobre el marco de legalidad de las monedas virtuales, realizó el 27 de noviembre —vía streaming— el Foro internacional sobre criptomonedas, que contó con las participaciones de representantes del CINIF, IASB, de las comisiones de Fintech y Fiscal del Colegio, entre otras instituciones.
Ana Lilia Contreras Villagómez y María de los Ángeles Aguilar Anaya, integrantes de la comisión de Educación del Colegio, fueron las encargadas de coordinar el foro; mientras tanto, Juan Mauricio Gras Gas, miembro del CINIF, y Juan Carlos Lugo Domínguez, socio del despacho Solís Cámara, fueron los moderadores de las ponencias y paneles.
El contador Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente del Colegio, en sus palabras inaugurales, destacó el compromiso del Colegio para afrontar de manera positiva, el reto que impuso la pandemia durante 2020, y que a pesar de ello, el Colegio mantenía su espíritu de esfuerzo con temas de vanguardia. Acerca del evento, comentó que las criptomonedas son usadas en empresas de diferentes países, de ahí la relevancia por conocer sus aspectos contables, legales y fiscales.
El primer panel internacional de la tarde, con el tema Tratamiento Contable de las Criptomonedas en Argentina, Brasil y México, estuvo integrado por Amaro Luiz de Oliveira Gomes, exmiembro del International Accounting Standards Board (IASB); Elsa Beatriz García Bojorges, del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF); y José Luis Arnoletto, del Consejo Académico de la especialización en Contabilidad Superior y Auditoría.
Luiz de Oliveira, representante de Brasil, comentó que países como Canadá, Australia y Japón externaron la necesidad de contar con la reglamentación del uso de las criptomonedas en los estados financieros, por lo que el IASB solicitó que el comité de interpretaciones discutiera el tema sobre qué Norma de Información Financiera (NIF) aplica a las criptomonedas, teniendo como resultado la NIC-2, Inventarios y NIC-38, Activos intangibles; originalmente estaba considerada la NIC-32, Instrumentos financieros, pero no abarcaba todo lo que es hoy el uso de estos activos virtuales.
García Bojorges, comisionada de México, argumentó que el CINIF comenzó a trabajar el tema de criptomonedas en 2017 debido al uso e importancia de estos activos, pero el factor que detonó considerarlas fue a partir de la emisión de la Ley Fintech de 2018, pues reconoció la existencia, uso e importancia de las criptomonedas en México; además, está posibilitando a entidades de tecnología financiera su uso. La integrante del CINIF externó que será en enero de 2021 cuando entre en vigor la Norma de Información Financiera C-22, Criptomonedas.
En esa misma línea, Luis Arnoletto, exponente de Argentina, comentó que con la aparición de las criptomonedas, no se tiene control de las transacciones, tema que preocupa a los bancos centrales porque hasta ese entonces tenían el monopolio de la emisión moneda; rompen con los acuerdo de Basilea como encargados de la supervisión y regulación bancaria; además, de la preocupación de los gobiernos por las cuestiones tributarias y por el tema de las auditorías, pues el auditor al emitir la valuación de los activos, le generan temor al no existir mercados absolutamente transparentes ni reguladores; de igual forma genera dudas y temores a las comisiones de valores.
En el caso de Argentina, el tratamiento contable no tiene nada con respecto a criptomonedas, pero se basan en las normas establecidas en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRIC, por sus siglas en inglés).
Posteriormente, Alberto Ratia Mendoza, de la comisión Fintech del Colegio, trató el tema de la Repercusión de la Ley Fintech en México, en el que destacó que el sistema financiero mexicano no puede abrir cuentas en dólares, mucho menos en criptomonedas; y aunque existen en México casas de cambio que se dedican a la compraventa de estos activos virtuales, hay empresas que han tramitado una licencia en otro país, bajo otro esquema legislativo, que permita a mexicanos abrir cuentas en criptomonedas; no obstante, esos criptoactivos no “viven” en México, legalmente viven en otro país.
“Este tipo de transacción no es un delito ni se infringe la ley, porque la ley permite como mexicano o residente mexicano abrir contratos en criptomonedas y utilizarlas para la compra, venta o inversión. A quien no se le permite la apertura de este tipo de cuentas de activos virtuales es al sistema financiero mexicano”.
Para cerrar magistralmente el día, se presentó el panel Regulación Fiscal de las Criptomonedas en México, con las participaciones de Juan Alberto Torres Romero, de la Comisión Fiscal; Miguel Alonso Llovera, socio de impuestos en Deloitte México, y Rob Massey, socio líder global de impuestos para blockchain y activos virtuales en Deloitte, EUA; y Juan Carlos Lugo Domínguez, socio de Solís Cámara.
Torres Romero dijo que la situación que están viviendo con el tema de los activos virtuales y las autoridades fiscales, es que se deben tener en cuenta los elementos legales, contractuales, contables y financieros. Como primer elemento, el expositor enlistó, que se tiene que registrar en la contabilidad y ver que esté “machado” la razón de negocios y el objeto social; es decir, la manera en cómo se adquirió el bien y plantear el registro como inventario o bien intangible, pues no es un derecho de crédito y tampoco se puede registrar como un activo financiero, por lo que tendrá que basarse en el soporte de la adquisición y la venta.
Desde la perspectiva fiscal, se tiene un activo de difícil valuación, pero serán los mercados reconocidos, los que permitan tener una apreciación del valor mismo. Al no ser moneda física, tendrán que ser tratadas como otro activo distinto a monedas, comentó Alonso Llovera.
Las criptomonedas como no son monedas tangibles no es una cuenta por cobrar, por lo que se puede tomar como inventario, según la actividad preponderante; o puede ser considerados como un bien intangible. Para las personas físicas, pueden meterlo en enajenación de bienes, pero tener cuidado porque si se trata de dos residentes mexicanos, se corre el riesgo de gravar el IVA, concluyeron los expositores.
La clausura estuvo a cargo de Angelina Adela Arellanos Robledo, vicepresidenta de Desarrollo Profesional Continuo.
Eventos recientes
En un acto que reafirma el compromiso con la profesionalización del servicio público, el Colegio llevó a cabo la firma de las minutas correspondientes al cierre de actividades 2025 y a la apertura del programa de capacitación 2026.El evento, realizado el 30 de marzo, contó con la participación de la licenciada Leidy Ramos Marín, titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); la maestra Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; y la maestra María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Dentro de los acuerdos establecidos en la minuta, destaca la impartición de eventos técnicos, tales como la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental y el Taller de Entrega-Recepción en la Administración Pública de la Ciudad de México, así como cursos especializados sobre conceptos, principios y finalidades de la administración pública local.Asimismo, se ratificó el cumplimiento de 300 horas de capacitación en cursos programados por el Colegio, así como la realización del evento Reformas Fiscales 2026, llevado a cabo de manera exitosa el pasado mes de febrero.En este sentido, ambas instituciones acordaron dar apertura a los cursos, con el objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas continúen con su desarrollo profesional.Con estas acciones, el Colegio refrenda su compromiso como aliado estratégico del Gobierno de la Ciudad de México, al aportar excelencia técnica para el fortalecimiento del sistema de formación continua.
En el marco de la primera conferencia universitaria del Bienio 2026-2028, la institución llevó a cabo la sesión SAT y jóvenes emprendedores, lo que debes saber antes de iniciar, bajo un nuevo formato de mesa de discusión y preguntas y respuestas, con la participación de especialistas en materia contable.El evento, realizado este 26 de marzo, fue coordinado por el contador Miguel Ángel Ávila, y contó con la participación de Angélica Valladares López, Gabriel Valencia González y Carlos Montes Ojendis, quienes abordaron los principales retos y recomendaciones para quienes buscan emprender en un entorno fiscal digitalizado.Durante su intervención, la maestra Angélica enfatizó que el éxito de un emprendimiento no depende solo de una buena idea, sino de una adecuada planeación financiera y fiscal desde el inicio. Al respecto, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe visualizarse como un aliado estratégico y no como un obstáculo.Explicó que uno de los primeros pasos para emprender es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la obtención de herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Asimismo, destacó la relevancia de elegir correctamente el régimen fiscal y mantener un control adecuado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Por su parte, Gabriel Valencia hizo hincapié en el alto nivel de digitalización del SAT, lo que permite a la autoridad monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, destacó que los emprendedores deben adaptarse a este entorno tecnológico y comprender las reglas fiscales como parte de un “tablero de ajedrez”.También, resaltó la importancia de conceptos como la razón de negocio y la materialidad de las operaciones y añadió que la asesoría contable debe evolucionar hacia un enfoque estratégico.En tanto, Carlos Montes coincidió en que, antes de preocuparse por el SAT, el emprendedor debe tener claridad sobre su modelo de negocio, ya que esto determinará sus obligaciones fiscales. Señaló que una correcta asesoría desde el inicio evita errores comunes, como la elección inadecuada del régimen o el incumplimiento de obligaciones.En virtud de lo anterior, coincidieron en que el entorno fiscal actual exige mayor rigor desde el inicio de operaciones. Entre los puntos clave, destacaron la necesidad de garantizar la materialidad de las operaciones, evitar la mezcla de finanzas personales y empresariales, y cumplir no solo con obligaciones fiscales, sino también con disposiciones en materia de seguridad social.Por último, los expertos concluyeron que la formalidad no solo permite cumplir con la ley, sino que abre la puerta a mayores oportunidades, como el acceso a financiamiento; y abrieron paso a la ronda de preguntas y respuestas por los participantes.
Con el objetivo de fortalecer la práctica profesional y promover una cultura organizacional basada en la excelencia, la comisión de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos del Colegio llevó a cabo el 25 de marzo el curso Normas Internacionales de Gestión de Calidad 1 y 2 y NIA 220 Revisada, un espacio de análisis y actualización normativa que reunió a especialistas en la materia.Bajo la coordinación de Rosa Isabel Pedraza Curiel, el evento contó con la participación de José Ángel Lucio Bernal, Jorge Adrián Ramírez Soriano, Emilio Hernández Rodríguez, José Emilio Martínez Gutiérrez, Verónica Flores Acosta, Miguel Ángel Castillo Ruiz, Luis Eduardo Lazcano Luviano y Jorge Uriel Sánchez Cedillo, todos integrantes de la comisión organizadora.Durante la jornada, José Ángel Lucio Bernal destacó que el propósito central del curso es difundir la normatividad aplicable y compartir experiencias que permitan a las firmas implementar con éxito sistemas de gestión de calidad. Subrayó que este aspecto cobra especial relevancia ante las revisiones anuales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las cuales enfatizan el cumplimiento de dichos sistemas como medida para evitar consecuencias negativas.En su intervención, Jorge Adrián Ramírez Soriano explicó que la NIGC 1 establece la necesidad de diseñar, implementar y operar un sistema que garantice, con seguridad razonable, el cumplimiento de las responsabilidades profesionales y la emisión de informes adecuados. Enfatizó que la calidad debe entenderse como un proceso transversal dentro de la firma, que exige un enfoque proactivo y un liderazgo comprometido.Por su parte, Emilio Hernández Rodríguez abordó el proceso de valoración de riesgos, señalando que este debe partir de la identificación de objetivos de calidad, el reconocimiento de riesgos asociados y la implementación de respuestas para mitigarlos. Destacó la importancia de que este proceso sea continuo y adaptable a las características particulares de cada firma.En el ámbito de la relación con clientes, José Emilio Martínez Gutiérrez enfatizó la necesidad de realizar evaluaciones previas, o background checks, para analizar la integridad y valores éticos de los clientes potenciales, así como su impacto reputacional. También advirtió sobre los riesgos de dependencia financiera excesiva, que podrían comprometer la independencia del auditor.Verónica Flores Acosta resaltó que la NIGC 1 fortalece los requerimientos en materia de información y comunicación, al exigir objetivos de calidad medibles y una interacción efectiva con distintos actores, tanto internos como externos, definiendo claramente la naturaleza, oportunidad y alcance de estas comunicaciones.Uno de los puntos clave fue expuesto por Miguel Ángel Castillo Ruiz, quien señaló que la calidad en auditoría se construye de manera progresiva y no en una sola etapa. Explicó que las normas de gestión de calidad y la NIA 220 deben aplicarse de forma integral, destacando el papel del revisor de calidad como un agente independiente que cuestiona los juicios significativos del socio del encargo, sin que ello implique una segunda auditoría.En la misma línea, Luis Eduardo Lazcano Luviano profundizó en la aceptación y continuidad de clientes conforme a la NIA 220, describiéndola como un filtro preventivo esencial. Identificó tres factores clave: la integridad del cliente, la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de los principios éticos e independencia. Asimismo, subrayó la importancia de documentar adecuadamente estos procesos.Finalmente, Jorge Uriel Sánchez Cedillo abordó los recursos del encargo, clasificándolos en humanos, tecnológicos e intelectuales. Destacó que el uso adecuado de la tecnología puede mejorar la eficiencia y calidad, aunque advirtió sobre los riesgos de dependencia excesiva y la necesidad de capacitación constante. También subrayó la relevancia de contar con conocimiento actualizado y políticas bien documentadas.
