Con la encomienda de discutir sobre la rendición de cuentas en la fiscalización de recursos públicos, el Colegio presentó, del 26 al 30 de agosto, la Semana nacional de auditoría gubernamental, evento que reunió a titulares gubernamentales, catedráticos, consultores y especialistas en el campo de la auditoría gubernamental.
En el protocolo de bienvenida, el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo destacó los desafíos y oportunidades que enfrentará México de cara a la transición de la administración pública federal; de ahí la trascendencia del foro, pues se presenta en un momento oportuno. En la inauguración, el presidente estuvo acompañado de Graciela Josefina Cámara Guerrero, presidenta de la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; Benjamín Reyes Torres, director general adjunto de Apoyo Normativo y Riesgos en el Inegi; y Diego Carlos Nieto Sánchez, vicepresidente de la comisión antes mencionada.
Entrando en materia, se presentó el panel La función de la contraloría interna en los órganos autónomos constitucionales, el cual contó con la participación de Arturo Serrano Meneses, titular del Órgano Interno de Control en la FGR; Alma Patricia Sam Carbajal, contralora del INAI; Juan Manuel Rodríguez Murillo, titular del Órgano Interno de Control en el Inegi; Perla Lizeth Torres López, titular en el Órgano Interno de Control del IFT; y Luis Oswaldo Peralta Rivera, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el INE.
En su participación, los servidores públicos intercambiaron puntos de vista sobre las implicaciones al ser órganos autónomos, cómo robustecer el sistema de fiscalización de recursos públicos, y su obligación como agentes de transparencia y confianza ante la ciudadanía.
“lo más importante que tenemos en común cada uno de los titulares es que debemos brindar a la ciudadanía certeza; ya que nos encontramos con servidores públicos que ejercen el presupuesto; por lo tanto, nuestra obligación primordial es velar porque este recurso se destine a su fin”, puntualizó Alma Patricia, contralora del INAI.
En más actividades de la semana de auditoría gubernamental, Reyes Torres agregó que el control interno gubernamental es el proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la administración y los demás servidores públicos de un ente, con objeto de proporcionar una seguridad razonable.
Por su parte, Carlos Lojero Ruar, asesor gubernamental, y Rubén Medina Estrada, catedrático en la UNAM; dialogaron sobre las fases del proceso de entrega-recepción en el ámbito federal y compartieron en qué consiste la búsqueda del estándar probatorio en los procesos de auditoría, respectivamente.
En tanto, Alejandro Fabián Díaz, gerente de Auditoría Interna en Nucleoeléctrica de Argentina, mencionó que el objetivo de la auditoría interna es realizar actividades de aseguramiento y asesoramiento para agregar valor organizacional con la mejora de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno; esto mediante ejemplos aterrizados sobre las certificaciones que ha logrado su organización.
Siguiendo con el programa, Omar González Vera, titular en Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP), apuntó que la fiscalización preventiva es el proceso crítico de examinación del desempeño gubernamental para verificar que los recursos públicos se administraron con estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas.
Al respecto, ahondó que son cuatro áreas fundamentales de la fiscalización: el cumplimiento de la ley, la verificación de la observancia de las normas de la contabilidad gubernamental, la comprobación y justificación del uso de los recursos y la revisión del cumplimiento de las metas y los objetivos.
Prosiguiendo con las mesas de discusión, Tizoc Villalobos Ruiz, especialista en Auditoría de Desempeño, habló sobre situaciones límites que han requerido intervención de los órganos jurisdiccionales para definir criterios de fiscalización. Por demás, Alfredo Cristalinas compartió el estudio sobre la integridad en México, en el cual destacó acciones para fortalecer las compras públicas, transparencia en los actos, entre otros.
Al panel también se sumó Oscar Sergio Salgado Soto, asesor en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en su intervención, destacó la optimización de recursos, eficiencia, comunicación, seguridad y mayor supervisión, como parte de los beneficios del uso de herramientas como apoyo al proceso de fiscalización al interior de los órganos superiores.
Bajo esta temática, María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) informó que son tres las etapas de un proceso en el sistema de justicia penal: investigación, intermedia y juicio oral. En tanto, Rubén Ortiz Pozos, especialista en formación de instructores en cultura de legalidad Órgano Interno de Control (OIC), habla sobre la importancia de poner en marcha el Sistema Nacional de Fiscalización como una herramienta de coordinación de las distintas autoridades de México, esto de cara al cambio de administración Federal.
En el último día de actividades de la semana, se dio paso a un panel integrado por Gricelda Sánchez Carranza, titular de la Oficina de Representación en Universidad Pedagógica Nacional, en este espacio la especialista declaró que, hoy en día, es necesario mejorar el manejo de la cantidad de información para la adecuada toma de decisiones en la SFP.
De la misma manera la expositora insto en ejecutar auditorías, visitas y demás actos de fiscalización al interior de los entes públicos, así como brindar seguimiento a los procesos determinados por la ASF.
Para cerrar las ponencias, Arturo Vázquez Espinosa, académico en la Facultad de Derecho en la UNAM, platicó en torno al procedimiento de responsabilidades administrativas que se debe seguir ante la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX. A lo largo de la charla describió que el curso de toda investigación debe manifestarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.
“La resolución debe notificarse personalmente al presunto responsable, al denunciante y jefe inmediato, o al titular de la dependencia para efectos de ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles”, manifestó el catedrático.
Para finalizar las actividades de la Semana nacional de Auditoría Gubernamental, la contadora Catalina Mejía Balcázar, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, fue la responsable de compartir un mensaje de clausura en el que agradeció a las autoridades, profesores, figuras gubernamentales y miembros del Colegio por el éxito obtenido a lo largo de las conferencias.
Eventos recientes
Este 16 de mayo, el Colegio presentó el foro Compliance, criterios ESG, terrorismo fiscal y lavado de dinero, lugar al que se dieron cita Edmundo Romero Lázaro, de la comisión de tecnologías financieras; y Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación. En la charla, los especialistas platicaron los aspectos que tienen que cumplir las empresas en cuanto a prevención de lavado de dinero, compliance, gobierno corporativo y criterios ASG (ambiental, social y de gobernanza).En la apertura, Edmundo Romero explicó que, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el lavado de dinero se define como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.Sobre lo anterior, informó que las etapas del lavado de dinero se establecen en la colocación, recolección física del efectivo para ingresarlo al sistema financiero; estratificación, conversión de los fondos precedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear capas complejas de transacciones financieras para disimular el rastro documentado; e integración, dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentemente sean normales.Por otro lado, señaló que el financiamiento al terrorismo es la provisión o recolección de fondos, con el conocimiento de que serán utilizados para cometer o apoyar la realización de un acto terrorista. “Su combate tiene como base acabar con la fuente de ingresos para las organizaciones terroristas y con ello, impedir la realización de actos”, precisó.Además, mencionó que la radicalización no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una amenaza más grave en los últimos años, especialmente debido al desarrollo de nuevas tecnologías y al creciente uso de Internet y los medios sociales.Al abordar las diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el ponente puntualizó que el lavado de dinero siempre se va a dar respecto de recursos que provengan de actividades ilícitas; además, el único interés por parte de la organización criminal radica en sustraer sus ganancias. Por su parte, el financiamiento al terrorismo se puede dar con recursos provenientes de actividades lícitas o ilícitas. Los fines son el sostenimiento de la organización terrorista.Previo a finalizar su participación, Edmundo habló sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual busca evitar que el sistema financiero y la economía mexicana se vean afectados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, incorporando nuevas medidas indispensables para quienes realicen actividades vulnerables señaladas en la ley.En tanto, la contadora Rosa Gutiérrez precisó que el compliance (cumplimiento normativo) hace alusión a la conformidad con las leyes, normas, reglamentos y regulaciones aplicables a una organización.Abonó que el cumplimiento normativo garantiza la observancia de la legislación aplicable, así como el compromiso con las normas de autorregulación, tales como el Código de Ética Profesional. Sobre los beneficios, la contadora consideró que se centran en prevención de sanciones, mejora de la reputación, eficiencia operativa y cultura organizacional.Sin embargo, entre los desafíos de implementar el compliance empresarial se encuentran la complejidad regulatoria, resistencia al cambio, costos y recursos, integración con la estrategia organizacional y el monitoreo y auditoría continua. “Para implementar un cumplimiento normativo se debe prestar atención en el desarrollo de políticas y procedimientos, capacitación, establecimiento de canales de denuncia y revisión; para ello, todos los actores de una organización deberán participar en ello”, precisó la especialista.
El plazo máximo para el pago de la Participación en las Utilidades (PTU) en México vence el 30 de mayo y 29 de julio, para personas morales y físicas respectivamente; debido a ello, el 13 de mayo se presentó en el Colegio el Taller de PTU, implicaciones legales y fiscales, un espacio de formación que sirviera para despejar las dudas de las personas asistentes antes del fin de esos plazos.Bajo la coordinación de Pascual Guerrero Pasillas, integrante de la comisión técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente, el taller contó con la participación de José Humberto Cárdenas Cabrera, integrante de la misma comisión, y Hugo Tulio Meléndez Nieto, miembro de la comisión representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Como punto de partida, Hugo Meléndez definió que la PTU no es una prestación determinada por el patrón; en su lugar, la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades se constituye anualmente para determinar si hay o no utilidades a repartir. De esta forma, la PTU no forma parte del salario ni está sujeta a descuentos no contemplados en la legislación aplicable.Aún con la participación de la comisión mixta, es el patrón quien se encarga de calcular y repartir la PTU, por lo que debe conocer el marco normativo aplicable a ella. Por esta razón, Meléndez señaló la importancia de conocer el marco normativo aplicable ya que, aunque en su mayoría está contenido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), de los artículos 117 a 131, se extiende hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la Resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y la Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.Posteriormente, el ponente compartió aspectos clave a considerar para el proceso de preparación y determinación de la PTU, donde subrayó la obligatoriedad del reparto de utilidades y sus excepciones, así como los casos especiales y topes del cálculo de la PTU; además, cubrió la definición conceptos dos conceptos relevantes: personas eventuales y salario base de reparto. Todo lo anterior con sustento en diversos artículos de la LFT, exaltando la importancia de reconocer la amplitud del marco normativo que se relaciona con la PTU.Finalmente, el expositor comentó que el incumplimiento normativo en términos de PTU pueden resultar en multas equivalentes de 250 a 5000 veces el salario mínimo general y pueden escalar por cada trabajador afectado. En seguimiento del tema, Humberto Cárdenas se encargó de analizar las disposiciones contables relacionadas al PTU, donde comenzó por la explicación el Reporte Técnico 53, una guía expedida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) que busca guiar en el cumplimiento de las Normas de Información Financiera (NIF).Este Reporte Técnico está dirigido a empresas que hayan formado parte de un proceso de transferencia de empleados, como emisores o receptores, y estén obligadas al pago de la PTU, con el objetivo de brindar una línea de operación aplicable a la determinación. Posteriormente, Cárdenas comentó las disposiciones fiscales a considerar para la PTU, donde incluyó el ajuste anual por inflación, dividendos, utilidad y pérdida cambiaria, deducciones, ingresos exentos, entre otros.Para dar cierre al taller, el expositor brindó un caso práctico de determinación de la PTU, donde disipó las dudas del auditorio y expuso los conceptos comentados a lo largo del taller, con el fin de afianzar los conocimientos compartidos.
En el evento Tratamiento contable, fiscal y legal de pensiones y jubilaciones, organizado por la comisión de Educación del Colegio y realizado el 9 de mayo, se ofreció una visión integral de los nuevos marcos legales, contables y fiscales que impactan tanto a empresas como a trabajadores. Con un enfoque en los cambios normativos recientes, los conferencistas abordaron temas fundamentales que incluyen la actualización de la NIF D-3, las implicaciones de la reforma de pensiones de 2025 y la gestión de los beneficios laborales en un entorno fiscal cada vez más regulado.La primera intervención corrió a cargo de Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación, quien detalló los recientes cambios en la Norma de Información Financiera (NIF) D-3. Según explicó Gutiérrez, la actualización de esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, exige que todas las empresas, incluidas las pequeñas, provisionen pasivos por beneficios laborales como las jubilaciones. Esta obligación, que responde a la PIF número 2, implica que las empresas deben contar con estudios actuariales para determinar los montos exactos a provisionar. Gutiérrez también destacó que los pagos por desvinculación solo se reconocerán si existen condiciones preestablecidas, y que los fondos destinados a estos pagos deben gestionarse en cuentas separadas, sin posibilidad de usarlos para otros fines. En su exposición, Gutiérrez también subrayó que, en términos contables, las pérdidas o ganancias actuariales deben reconocerse de inmediato en la cuenta de Otros Resultados Integrales (ORI), sin posibilidad de diferirlas, lo que representa un cambio significativo en la forma en que las empresas deben tratar estos beneficios. Además, insistió en la necesidad de tomar decisiones sobre los instrumentos financieros en los que se invertirán estos fondos, destacando la importancia de contar con instrumentos como CETES o bonos verdes.La segunda intervención fue impartida por Mónica Isela Galindo Cosme, asesora de la vicepresidencia de Normatividad Institucional, quien ofreció una exhaustiva revisión sobre los aspectos fiscales y legales que deben considerarse al momento de gestionar una pensión. Galindo Cosme destacó la relevancia de unificar los números de seguridad social de aquellos trabajadores que tienen más de un número de afiliación, lo cual es un paso previo necesario antes de iniciar cualquier trámite relacionado con pensiones. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de validar los datos personales con la FORE y realizar las correcciones necesarias en caso de discrepancias.En cuanto a la reforma de pensiones de 2025, la ponente explicó que, a partir de esa fecha, se exigirá un mínimo de 850 semanas de cotización para poder acceder a una pensión. También advirtió sobre los nuevos cálculos que se basarán en la UMA (Unidad de Medida y Actualización) en lugar del salario mínimo, lo que afectará a los trabajadores en cuanto al monto de su pensión. Galindo Cosme instó a los trabajadores a utilizar los servicios de las AFORE y a consultar con expertos para optimizar sus ahorros para el retiro.El cierre de las ponencias estuvo a cargo de Fernando Caín Oviedo Cruz, Socio en Cali Oviedo y asociados, quien abordó el tema desde una perspectiva más amplia, comenzando con la distinción entre jubilación y pensión. Caín explicó que mientras la jubilación es el proceso mediante el cual un trabajador finaliza su vida laboral para disfrutar de una pensión, la pensión es el beneficio económico resultante de dicho proceso. Resaltó que la confusión entre ambos términos ha generado múltiples dificultades en la comprensión de los trabajadores y en la realización de los trámites ante las instituciones correspondientes. En su intervención, Caín también subrayó los efectos negativos de la reforma de 2013, que ha resultado en pensiones más bajas para los trabajadores. Sin embargo, destacó que las reformas más recientes han traído consigo una mejora en las condiciones, permitiendo a los trabajadores acceder a pensiones con menos semanas de cotización y limitando las comisiones de las AFORE, lo cual representa un avance significativo para el bienestar de los jubilados. Además, enfatizó que los trabajadores deben estar preparados con al menos 5 años de anticipación para realizar los trámites necesarios y evitar sorpresas al momento de calcular su pensión.Finalmente, Caín abordó las implicaciones legales y fiscales para las empresas, especialmente en lo que respecta a la evasión fiscal y el cumplimiento con el seguro social. Advirtió sobre las sanciones que enfrentan los patrones que no den de alta a sus trabajadores en el IMSS, lo que podría derivar en auditorías por parte del Seguro Social y poner en riesgo tanto a los empleados como a los empleadores.
