La comisión Fiscal del Colegio presentó los días 5 y 6 de septiembre el evento Seminario fiscal, con el objetivo brindar a los participantes una comprensión sólida de los temas fiscales más relevantes en el contexto de 2023, con un enfoque en la normativa vigente y sus implicaciones prácticas.
Durante su primera jornada, se contó con la participación de Gerardo Jesús Alvarado Nieto, Roberto Álvarez López y Guillermo López Corral, miembros de la comisión Fiscal del Colegio.
Entrando en tema, Alvarado Nieto habló sobre los actos de fiscalización relacionados con las devoluciones y compensaciones de impuestos en México, especialmente en el contexto del Código Fiscal de la Federación (CFF). En este sentido explicó que CFF otorga a la autoridad fiscal la facultad de realizar revisiones para verificar la procedencia de los saldos a favor o el pago indebido. Aunque estas revisiones no deben dar lugar a liquidaciones, son consideradas actos de fiscalización.
En el caso de devoluciones de saldos a favor, especialmente en el impuesto al valor agregado (IVA), comentó que las revisiones suelen ser exhaustivas y cualquier error puede resultar en el rechazo de la solicitud de devolución.
En cuanto a las compensaciones, explicó que se aplican los mismos requisitos de revisión que en las devoluciones; in embargo, las compensaciones pueden demorar más, dependiendo del criterio de la autoridad.
Para el Impuesto sobre la Renta (ISR), puntualizó que existen consideraciones adicionales a las del IVA:
Por otro lado, Álvarez López exploró los aspectos fiscales relacionados con la capitalización de pasivos, proceso en el que una empresa convierte sus deudas en capital. Al respecto, se analizó las implicaciones de la Ley del ISR, el ajuste anual por inflación acumulable, el ingreso acumulable por no informar al SAT del aumento de capital, y la disminución de pérdidas fiscales.
También, abordó el tema del IVA y los requisitos para acreditar este impuesto en el contexto de la capitalización de pasivos y se hizo menciona las tesis jurisprudenciales relevantes y se destacan las obligaciones de conservar la contabilidad según el CFF.
En su turno, López Corral centró su ponencia en platicar acerca de las reestructuras en el extranjero y sus consecuencias fiscales en México. En este orden de ideas, definió que una reestructura es un conjunto de acciones que transforman significativamente una empresa en términos legales, financieros y operativos.
Mencionó que, dentro de las razones para llevar a cabo reestructuras se incluye el adaptarse al entorno macroeconómico internacional, expandirse en mercados nacionales y extranjeros, mejorar el control del mercado y obtener capital fresco, entre otras.
En los aspectos fiscales, dijo que la migración de empresas al extranjero implica cumplir con requisitos hacendarios, como presentar un aviso de cambio de residencia y cumplir con ciertas reglas fiscales. Dentro de este punto, se detallaron las implicaciones fiscales de la enajenación de acciones por residentes en el extranjero, incluidas las retenciones aplicables y las opciones bajo tratados internacionales para reducir la carga impositiva.
En el segundo día de actividades, Graciela Rojas Mejía, integrante de la comisión organizadora, charló sobre los aspectos a considerar en las fusiones y escisiones de las sociedades. La expositora comentó que están reguladas por una serie de aspectos fiscales que deben ser cuidadosamente considerados por las empresas involucradas.
Indicó que estos aspectos incluyen la obligación de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre eventos relevantes antes y después de la operación, la importancia de contar con una razón de negocios sólida para evitar consecuencias fiscales negativas, y la necesidad de transmitir adecuadamente los atributos fiscales como los saldos CUFIN y CUCA. Además, las empresas deben presentar dictámenes fiscales y cumplir con trámites específicos.
Para cerrar, remarcó que es crucial que las empresas que planean fusionarse o escindirse consulten a profesionales fiscales actualizados para asegurarse de cumplir con todos los requisitos y evitar posibles implicaciones fiscales adversas ya que las recientes modificaciones al CFF también han impactado en estos procesos, lo que resalta la importancia de mantenerse al tanto de los cambios regulatorios.
Siguiendo con el evento, Marycelia García Valle, integrantes de comisión de desarrollo Fiscal 4, abundó en las consecuencias de las actividades que no están sujetas al IVA. En este sentido, destacó la importancia de entender los elementos del IVA, como el hecho imponible, el ámbito material y cualitativo, el ámbito temporal y espacial.
También, hizo mención de los cambios introducidos en la reforma a la Ley del IVA en 2022, que afectan la posibilidad de acreditar el IVA en actividades no objeto de este impuesto, para ello ejemplificó con un caso de la cesión de cartera vencida de instituciones de crédito.
Finalmente, Rogelio José Luis Reyes Jiménez, integrante de la comisión de desarrollo Fiscal 1, habló sobre los delitos fiscales, al respecto, compartió su definición; la competencia de las autoridades fiscales; la independencia entre la materia penal y administrativa; y los requisitos de procedibilidad para iniciar acciones penales en estos casos.
También, clasificó los delitos fiscales en dos categorías: parte general y parte especial del derecho penal tributario, y se compartió algunos ejemplos de delitos que requieren querella, declaratoria de contrabando o denuncia.
Eventos recientes
El curso Obligaciones legales, contables y fiscales para donatarias, realizado los días 11 y 12 de julio por la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio, brindó un espacio para abordar los principales retos que enfrentan las organizaciones no lucrativas en México.Para dar inicio con el evento, Alejandro Gualito Hernández, integrante de la comisión antes mencionada, versó sobre los aspectos contables que deben atender las donatarias, destacando la aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), en particular la B-16 y la E-2, que regulan la presentación de estados financieros y el tratamiento adecuado de los donativos. Subrayó que las organizaciones deben superar el enfoque puramente fiscal y adoptar una contabilidad financiera robusta que sirva a la toma de decisiones, rendición de cuentas y transparencia ante donantes y autoridades. Asimismo, alertó sobre los riesgos de operar sin claridad en el objeto social o sin autorización del SAT, lo que puede implicar sanciones fiscales.En el ámbito jurídico, José Sinaí Trejo Suárez, gerente jurídico de Transformando 360 Grados, explicó el proceso de constitución y actualización de las donatarias, insistiendo en la importancia de redactar adecuadamente el acta constitutiva, especialmente las cláusulas de patrimonio, liquidación y admisión de extranjeros. Advirtió que errores comunes en estos documentos, así como la omisión de actualizaciones conforme a las reformas del artículo 82 de la Ley del ISR, han derivado en la pérdida de autorizaciones. También ofreció recomendaciones prácticas para cumplir con las exigencias del SAT y evitar la revocación mediante un uso adecuado del buzón tributario y la presentación oportuna de evidencias de las actividades realizadas.Por su parte, Flora Josefina Blanes García, también integrante de la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos, abordó el marco legal de las donatarias autorizadas, detallando los beneficios fiscales establecidos en el artículo 79 de la Ley del ISR, siempre y cuando se cumplan condiciones estrictas: no intervención en actividades políticas, destino exclusivo de activos al objeto social, y límites en ingresos no relacionados con su misión. Hizo énfasis en la necesidad de emitir comprobantes fiscales (CFDI) con los requisitos establecidos, presentar declaraciones informativas, y cumplir con obligaciones derivadas de la ley antilavado, pues cualquier omisión puede significar la revocación de la autorización.Finalmente, la contadora Elizabeth Pérez Esteban, de la comisión organizadora, centró su intervención en los aspectos administrativos y operativos de las donatarias. Habló sobre la importancia de una adecuada gestión de personal y voluntariado, del establecimiento de sistemas de control interno eficaces, y de la implementación de procesos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de los programas sociales. Además, destacó que la procuración de fondos debe entenderse como un proceso estratégico que requiere planeación, ética y comunicación continua con los donantes para asegurar la sostenibilidad financiera de las organizaciones.Durante los dos días del curso, los expositores tuvieron una interacción abierta y dinámica con los participantes, tanto de manera presencial como en línea, quienes pudieron plantear sus dudas y recibir orientación directa, enriqueciendo así el aprendizaje y la aplicabilidad de los temas tratados.
El Colegio llevó a cabo el curso Concurso mercantil: impacto de la opinión del experto contable el 12 de julio en su modalidad en línea. El evento fue organizado por la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, y coordinado por Viridiana González Díaz, quien contó con la participación de expertos como Guillermo Aguilera, Miguel Ríos Rayón y Antonio Silva Oropeza (socio en Silva Oropeza y Asociados), quienes resaltaron la importancia de la opinión especializada en las distintas fases de un concurso mercantil.El objetivo principal del curso fue analizar las ventajas de la opinión de expertos para determinar el rumbo de empresas con problemas de liquidez y solvencia. Se buscó clarificar las etapas del concurso mercantil y explicar cuándo la opinión de un experto se convierte en una herramienta clave. Análisis desde el punto de vista legal y contable.Durante el desarrollo del curso, los ponentes revisaron los antecedentes históricos del concurso mercantil, desde la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943 hasta la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) del año 2000.En esta ley concursal establece dos etapas principales: la conciliación y la quiebra. Ambas se activan cuando un comerciante incumple de forma generalizada sus obligaciones de pago, lo que pone en riesgo la continuidad de la empresa.El curso enfatizó el artículo 9.° de la LCM, que define el incumplimiento generalizado. Se explicó que la declaración de concurso mercantil puede ser solicitada por el propio comerciante (fracción I del artículo 9.° LCM) o por cualquier acreedor o el Ministerio Público (fracción II del citado artículo).Miguel Ríos Rayón fue el encargado de abordar el tema del papel crucial de la opinión del experto dentro del proceso concursal. Aunque la LCM no especifica quiénes son "los expertos", se concluyó que el contador público es el profesional adecuado para esta labor, dada su experiencia en contabilidad, auditoría, costos, y análisis e interpretación de estados financieros. No obstante, la ley permite que las opiniones de otros expertos (financieros, fiscales o en administración) complementen el informe.El propósito de la opinión del experto es determinar si el comerciante cumple con los supuestos de concurso mercantil o, en su caso, desvirtuarlos, conforme a las fracciones I y II del artículo 10.° de la LCM.Un dictamen tradicional presentado en juzgados debe incluir:• Datos del juicio: actor, demandado y juzgado.• Datos del contador perito: nombre, domicilio, cédula profesional, tipo de perito.• Objeto del dictamen: documentos base, metodología y procedimientos utilizados.• Cuestionario: propuesto por las partes.• Cédulas o papeles de trabajo: y la fuente de información.• Conclusiones y opinión: sobre el trabajo realizado.En su intervención, Guillermo César Aguilera Galindo hizo énfasis del papel que tiene la ética profesional y la responsabilidad de los expertos, temas que deben regirse por principios como la imparcialidad, profesionalismo, excelencia, confidencialidad y honestidad. El Código de Ética Profesional establece postulados esenciales como la independencia de criterios, la calidad profesional de los trabajos, el secreto profesional y la responsabilidad personal.Los expertos tienen la obligación de ejercer sus funciones con probidad y diligencia, supervisar a sus auxiliares, rendir cuentas periódicamente y mantener la confidencialidad de la información.El curso destacó los beneficios de la participación de expertos en procesos concursales, señalando que facilitan decisiones más informadas, reducen errores, aumentan la confianza en el proceso y contribuyen a la recuperación empresarial. Sin embargo, también se discutieron desafíos como la posible dependencia excesiva en los informes técnicos, los riesgos de conflictos de interés y la diversidad de criterios.Como propuestas, se planteó la necesidad de una regulación transparente para los expertos, capacitación judicial en interpretación técnica y la creación de un padrón oficial de expertos. Acto seguido, se presentó un caso práctico en el que se desarrollaron todas las fases del proceso del concurso mercantil: desde la competencia del perito, antecedentes, planteamiento del problema, hipótesis del problema, desarrollo de la hipótesis hasta la fundamentación técnica y ratificación judicial. En el caso práctico, se presentó un análisis de la opinión de un experto que se incluyó en el documento proporcionado, el cual se refiere a una demanda de concurso mercantil contra una empresa. A partir del análisis del artículo 9.°, fracción II, y del artículo 10.°, fracciones I y II, el experto llega a la conclusión de que se cumplen las condiciones necesarias para declarar el concurso mercantil. La empresa muestra un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones y no cuenta con activos suficientes para hacer frente a las deudas vencidas con dos o más acreedores diferentes.El abogado Antonio Silva Oropeza destacó que la opinión de expertos es una herramienta valiosa que, con una regulación adecuada, ética y equilibrio, favorece la justicia, la transparencia y la recuperación empresarial.Por último, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos, un momento que puso el broche de oro del evento de concurso mercantil.
El 10 y 11 de julio, en el Colegio se presentó el curso Criterios para elaboración del manual de cumplimiento en PLD, LFPIORPI, bajo la coordinación de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero. La intención del espacio fue brindar una visión integral y práctica que permita a los asistentes desarrollar y evaluar sus manuales de cumplimiento alineados a los estándares propuestos por las autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).Para la presentación del curso, se contó con la participación de dos expertos en materia: Silvia Rosa Matus de la Cruz e Isaac Eduardo Victorino Rivas, ambos integrantes de la comisión mencionada previamente y cuya experiencia enriqueció su exposición mediante ejemplos prácticos y referencias a casos específicos.Isaac Victoriano comentó que un manual de cumplimiento permite demostrar ante frente a las autoridades que una organización cuenta con controles adecuados; reduce el riesgo de sanciones administrativas, penales y reputacionales; y fomenta una cultura de la legalidad y responsabilidad dentro de la empresa.“Este documento permite prevenir, detectar y mitigar riesgo a largo plazo, ya que establece una guía operativa independiente a las personas o equipos encargados de cada proceso”, señaló Silvia Matus. Sin embargo, su elaboración debe considerar sus fundamentos legales contenidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), Reglamento de la LFPIORPI y el artículo 37 de las Reglas de Carácter General.Según comentan los expertos, el manual de cumplimiento es “un traje a la medida”, que debe responder a las necesidades y procesos únicos de cada organización; debido a ello, aunque se pueden tomar como referencia otros documentos y cuente con elementos en común, es fundamental que cada manual se adapte de manera adecuada.Así, durante la ponencia se compartieron algunos elementos clave que deberían incorporarse a un manual de cumplimiento, donde incluyeron: alcance, responsables, definiciones, criterios y procedimientos internos, así como mecanismos para la identificación del cliente, el resguardo de la información la presentación de avisos, informes en cero y avisos de 24 horas.Finalmente, se puntualizó que los sujetos obligados cuentan con 90 días naturales desde el alta para elaborar su manual de identificación, según el artículo 37 de las Reglas de Carácter General, y se invitó a los asistentes a elaborar o evaluar sus manuales para minimizar los riesgos de sus organizaciones, fortalecer la integridad profesional y facilitar procesos de auditoría.
