Con la participación de diversas autoridades federales y estatales, la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio llevó a cabo del 23 al 27 de mayo la Semana nacional de contabilidad gubernamental.
Juan Manuel Puebla Domínguez, presidente del Colegio, fue el encargado de inaugurar las actividades; en su mensaje destacó que para el Colegio contar con el aporte del sector gubernamental es de gran relevancia para los socios, además, puntualizó que, dentro de las estrategias del comité ejecutivo, facilitar la inscripción de los colegas que se encuentran en el sector es de las principales acciones que se tendrán.
Para abrir con las ponencias se contó con la presencia de Juan Torres García, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien compartió con los asistentes en qué consiste la participación de la SHCP en la elaboración de la Cuenta pública Federal.
Externó que este ejercicio de rendición de cuentas no solamente es el poder ejecutivo, también el legislativo y el judicial
“Es un ejercicio muy amplio de captar información y entregarla a usuarios internos, usuarios externos, auditores y a la ciudadanía en su conjunto”.
Refirió que el marco normativo vine desde la constitución política, en su artículo 73, fracción XXVIII; pasando por Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor en 2008; y por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano encargado de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.
“La Cuenta pública, no solamente se entrega a la ciudadanía, sino que se entrega directamente al poder legislativo que es la contraparte, donde se encuentran las auditorias superiores estatales y federal, para dar un seguimiento a los resultados que se están reportando año con año e ir evaluando y revisando cómo va la gestión financiera y cuáles son los principales retos que se tienen para transparentar la información”.
Explicó que la Unidad de Contabilidad Gubernamental en la SHCP se encarga de integrar y consolidar la Cuenta pública Federal y demás informes que deba presentar el Ejecutivo Federal sobre la gestión pública en materia de contabilidad gubernamental de los recursos públicos federales.
También detalló el proceso de la integración de la Cuenta pública por niveles (federal, estales y municipales), que son: la SHCP, Secretaría de Finanzas o su equivalente, y las tesorerías municipales. Cada órgano deberá presentar las cuentas públicas al Poder Legislativo de la entidad Federativa correspondiente para los efectos conducentes.
Adicional a la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos; la estructura de la Cuenta pública del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, deberá contener:
Resultados generales que contengan, entre otros temas, el análisis de los indicadores de la postura fiscal.
Información contable que contenga los estados financieros consolidados.
De manera práctica, mostró el proceso de integración de la Cuenta pública del Gobierno Federal, así como la forma en que la autoridad recopila y consolida la información de todos los entes públicos obligados a través del Sistema para la Integración de la Cuenta pública (SICP).
Gerardo Almonte López, director general de Armonización Contable y Rendición de Cuentas en la Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, habló sobre las actualidades y retos de la rendición de cuentas de la Ciudad de México.
De manera breve, compartió un resumen de las normas que obligan a las Entidades Federativas a reforzar la Cuenta pública, asimismo detalló los informes que de manera trimestral se deben de reportar (información contable, presupuestaría y programática).
“Tanto la Cuenta pública como los informes de avance trimestral se elaboran con la información que emana del sistema SAP-GRP de la Secretaría de Administración y Finanzas y se complementa con información enviada por cada una de las Unidades Auxiliares del Gasto”.
Dentro de los retos, el ponente consideró cuatro aspectos importantes:
José Luis Mundo Ruiz, director adjunto de Tesorería Municipal de Hermosillo, Sonora; realizó un análisis de los retos que enfrentan las entidades federativas en la integración de información contable y su presentación en la Cuenta pública del Gobierno del Estado. Por su parte, Rodolfo Pérez Garrido, integrante de la comisión organizadora, abordó los tópicos más relevantes de la normatividad internacional y nacional aplicable a la actividad contable gubernamental.
Para entender la parte de la contabilidad gubernamental en el sector paraestatal, el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública y encargado de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Eduardo Gurza Curiel, fue el encargado de profundizar en el tema.
Precisó que, desde su independencia, México ha establecido formalmente las bases de la contabilidad gubernamental, en la que se ha incluido al Sector Paraestatal Federal; tal es el caso de la LGCG, que establece una organización institucional que permite la armonización contable del sector.
Además, de definir las características del sistema de contabilidad gubernamental, así como la información mínima a integrarse en la Cuenta pública.
David Nava Tepichin, director de Control y Auditoría en el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, centró su participación en dialogar sobre el control interno y la contabilidad gubernamental. Por otro lado, Cristian Félix Hernández Gutiérrez, director de Contabilidad en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, brindó un repaso sobre la información de disciplina financiera, parte integrante de la Cuenta pública en el Gobierno de los Estados.
En su turno, Claudia Laura Mancera Monroy, directora General de Programación, Organización y Presupuesto en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), presentó el diseño e implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Informó que, de acuerdo con el artículo 19 de la LGCG, los entes públicos deberán asegurarse de que el sistema:
Para la aplicación, recalcó que es importante considerar que el desarrollo del sistema deberá incluir un plan integral de administración y control, el cual debe integrar; la estrategia, el plan de trabajo, la metodología de implantación, el personal asignado al proyecto, las etapas del proyecto, cronogramas, períodos de informes de estatus, esquemas para el control de calidad, estrategia de pruebas y migración de datos.
Cynthia Guadalupe Gastelum Bojórquez, subdirectora de Contabilidad del Municipio de Hermosillo, Sonora; versó sobre la implementación de los estados financieros y la Cuenta pública.
Con la finalidad de coadyuvar en la prevención de actos de corrupción, Mercedes Santoyo Domínguez, contralora General del Estado de Veracruz, dio a conocer, de manera general, el Sistema de Control Interno en el proceso de contabilidad gubernamental. Laura Olivia Villaseñor Rosales, integrante de la comisión organizadora, y Alfonso Chávez Fierro, consultor Gubernamental, trataron, respectivamente, temas como la transparencia desde la perspectiva de la LGCG, así como de los retos que enfrentan las entidades federativas y la Federación en la integración de información contable consolidada.
En otro orden de ideas, Elizabeth Medina Martínez, directora ejecutiva de integración de informes de rendición de cuentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la CDMX, charló sobre como las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han optimizado, a lo largo de los años, la actividad contable y de rendición de cuentas. Gabriela Karem Loya Minero, consultora Gubernamental Independiente, platicó acerca de los puntos a considerar en la Integración de Informes para la Rendición de Cuentas de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
Finalmente, Gustavo Arturo Leal Maya, secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y encargado de cerrar las actividades del magno evento, habló sobre el valor de la armonización contable en la rendición de cuentas, así como la importancia de la constante capacitación y profesionalización de los funcionarios públicos.
Eventos recientes
Con el objetivo de brindar herramientas actualizadas y efectivas frente a los retos fiscales actuales, el Colegio llevó a cabo el Simposio de Mecanismos de Prevención y Defensa Fiscal. La jornada, celebrada el 10 de junio y organizada por la comisión de Educación, contó con una destacada participación de especialistas, autoridades fiscales y miembros del Colegio, quienes analizaron mecanismos clave para la protección de los derechos del contribuyente y el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias.En su mensaje de apertura, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, agradeció la participación de los asistentes y subrayó la importancia de mantenerse actualizados ante los desafíos fiscales actuales. Destacó que el compliance y los mecanismos de defensa fiscal son clave para un ejercicio profesional responsable y expresó su confianza en que el simposio será de gran utilidad para todos los participantes.Pedro Larios, fundador de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, abrió el foro destacando el valor estratégico del compliance fiscal como herramienta de gestión de riesgos. A diferencia del cumplimiento tradicional, explicó que el verdadero compliance requiere identificar, valorar y mitigar riesgos legales mediante controles internos sólidos, alineados con estándares como la ISO 31000 o el modelo COSO. Para Larios, un sistema efectivo incluye gobierno corporativo, auditorías internas y políticas disciplinarias, convirtiéndose en una barrera preventiva ante posibles infracciones fiscales o incluso penales.Carlos Javier Verduzco, vicerrector en Centro Universitario de Estudios Jurídicos, por su parte, abordó el tema de la defensa fiscal desde una perspectiva estructural. Subrayó la importancia del hecho imponible como punto de partida de la relación tributaria, insistiendo en su comprensión como elemento clave para identificar vulnerabilidades en la determinación de contribuciones. Además, explicó las distintas etapas de defensa, distinguiendo entre recursos administrativos y juicios contenciosos, e hizo énfasis en el papel del principio de legalidad como salvaguarda ante actos de autoridad.Desde una mirada institucional, Narciso Vázquez Vega, director general de Estados Normativos de la SASEN en Prodecon, ofreció un recorrido por las funciones y herramientas de Prodecon, destacando su papel como órgano no jurisdiccional pero decisivo en la defensa del contribuyente. Señaló que el enfoque integral del organismo —preventivo, conciliador, correctivo y contencioso— permite acompañar a los contribuyentes desde la asesoría inicial hasta la representación legal. Enfatizó mecanismos clave como las consultas especializadas, acuerdos conclusivos y quejas por violación a derechos, y destacó la importancia de acercarse a Prodecon antes de que los conflictos escalen.Desde la óptica de las micro, pequeñas y medianas empresas, Norma Martín Quintana, vicepresidenta de la comisión de Educación del Colegio, recalcó la urgencia de adoptar mecanismos de prevención fiscal. Explicó cómo el cumplimiento proactivo puede evitar sanciones y reducir riesgos, particularmente ante la evolución del modelo de recaudación del SAT. Señaló herramientas como el buzón tributario, la correcta emisión de CFDI, la capacitación continua y los acuerdos conclusivos como claves para la gestión fiscal responsable en las MiPyMEs.El enfoque práctico también estuvo presente en la exposición de Omar García González, analista de Mejora de Servicios Tributarios, quien presentó una guía detallada sobre los regímenes fiscales aplicables a personas físicas, con énfasis en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Destacó sus ventajas administrativas y fiscales, pero advirtió sobre la necesidad de mantener activas herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Recordó que, si bien RESICO representa una simplificación, la responsabilidad del cumplimiento sigue plenamente vigente.Por último, Abraham Levi Alcántara, docente en la FCA en la UNAM y Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión organizadora, ofrecieron una visión transversal del compliance como una inversión estratégica. Definieron este sistema como un conjunto de controles orientados no solo al cumplimiento fiscal, sino también a la sostenibilidad, la transparencia financiera y la prevención de delitos como el lavado de dinero. Resaltaron el papel activo que deben asumir administradores, socios y contadores en la adopción de modelos integrales de cumplimiento, incluso en pequeñas empresas.
Con el objetivo de brindar claridad y orientación sobre algunas de las obligaciones fiscales complejas y actuales en México, se llevó a cabo la presentación Beneficiario controlador, operaciones relevantes y esquemas reportables, los días 2 y 9 de junio, un evento organizado por la comisión Fiscal que reunió a destacados especialistas del área para analizar la evolución normativa, los retos operativos y las implicaciones prácticas de estas figuras.La primera intervención, a cargo de Viviana Monserrat García Porras, vicepresidenta de la comisión Fiscal 2, y Pablo Ramírez Morales, integrante de la comisión organizadora, abordó el concepto de beneficiario controlador (BC). Se explicó que este surge de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Foro Global, y ha sido incorporado al marco legal mexicano a través de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los ponentes detallaron que el BC es aquella persona física que, directa o indirectamente, obtiene beneficios o ejerce control sobre una entidad jurídica, sin importar un umbral mínimo de participación.Durante la sesión se expusieron casos prácticos que ilustran distintos esquemas de control —como el uso de fideicomisos, prestanombres y estructuras internacionales— y se destacaron los retos comunes en su identificación, como la trazabilidad de la información, la protección de datos personales y el acceso a documentación extranjera. También se señalaron precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validan la constitucionalidad de esta figura, y se enfatizó la necesidad de contar con políticas internas sólidas para cumplir eficazmente con esta obligación.Por su parte, Israel Bastida Ventura, integrante de la comisión Fiscal, centró su exposición en las operaciones relevantes, explicando los fundamentos legales que obligan a reportarlas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando estas, por su naturaleza o impacto fiscal, podrían ser indicativas de estrategias de planeación fiscal agresiva. Detalló el uso del formato oficial 76, conforme al artículo 31-A del CFF, así como los lineamientos del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal. Bastida también abordó los riesgos legales por omisión del reporte y la importancia de establecer políticas claras para su identificación oportuna.El análisis técnico de las operaciones relevantes fue ampliado por Miguel Zárraga Zárraga, también miembro de la comisión Fiscal, quien explicó que estas deben reportarse cuando superan ciertos umbrales fiscales. Zárraga presentó ejemplos detallados de operaciones complejas —como derivados financieros, cambios accionarios, reorganizaciones corporativas y ajustes por precios de transferencia— y subrayó la necesidad de equipos interdisciplinarios que integren la perspectiva fiscal, financiera y legal. Advirtió que, aunque la fiscalización directa por estas operaciones aún es limitada, su omisión puede derivar en sanciones si se detectan inconsistencias.Finalmente, los contadores Ulises Castilla Flores e Ignacio Sosa López abordaron el tema de los esquemas reportables, introducidos en México como parte de la implementación de la Acción 12 del Plan BEPS de la OCDE en 2020. Explicaron que estas disposiciones buscan proporcionar al SAT información anticipada sobre estructuras fiscales que puedan representar riesgos, sin que ello implique necesariamente evasión. Se discutieron los elementos clave como la definición de esquema reportable, los sujetos obligados (asesores fiscales y contribuyentes), los plazos para informar y la documentación exigida. También se señalaron los desafíos operativos, incluyendo la ambigüedad en conceptos como “beneficio fiscal” o “primer contacto”, así como la necesidad de adaptar la norma a la realidad mexicana.
El pasado 5 y 6 de junio, el Colegio organizó el foro Fiscalización del SAT, IMSS y resoluciones de tribunales, al que se dieron cita comisionados, socios y especialistas en la disciplina, los cuales versaron sobre los actos de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comparando los planes estratégicos recientes y su impacto en los contribuyentes.El foro comenzó con la intervención de Ángel Turanzas Díaz, quien señaló que uno de los objetivos del SAT ha sido aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y de comercio exterior a través del desarrollo oportuno de herramientas tecnológicas eficientes y eficaces.De lo anterior, explicó que entre las acciones recaudatorias del SAT se encuentra la focalización de contribuyentes con créditos fiscales por potencial de cobro, el fortalecimiento de acciones persuasivas para el cobro, el incremento en las acciones de contribuyentes con adeudos fiscales no garantizados, así como la coordinación con entidades federativas para incrementar las auditorías.Sobre el empleo de la inteligencia artificial en la planeación de procesos, el especialista enfatizó que se deben implementar modelos como el machine learning para la clasificación de los contribuyentes y la detección de inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Asimismo, aclaró que, mediante el Plan Maestro 2025, se otorgarán facilidades para el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), se potenciarán las aplicaciones móviles y se ejecutarán programas de regularización fiscal para pequeños contribuyentes. “Los contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos podrán corregir sus adeudos con una reducción del 100% sobre recargos, multas y gastos de ejecución”.Por su parte, el contador Jorge Hernández Lara refirió que la fiscalización del IMSS se ha enfocado en la verificación, revisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social. “El IMSS implementa su Modelo Integral de Fiscalización (MIF) para supervisar y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad social”, especificó.Comentó que dicho modelo es el conjunto de acciones que apoyan a la recaudación del IMSS mediante el ejercicio de las facultades de comprobación, las cuales deben ser aplicadas por el personal responsable de los actos de fiscalización; el modelo consta de tres fases: programación, ejecución y conclusión.La licenciada Cecilia Bustamante Bejarano compartió en qué consisten las auditorías especiales de parte de las autoridades fiscalizadoras; de lo anterior, destacó que es fundamental documentar la naturaleza de la relación contractual, acreditar la autonomía de los distribuidores y preparar un expediente de respaldo con contratos, manuales de operación, capacitación, reglas de bonificación, etc.Quienes complementaron el foro fueron los especialistas en derecho fiscal, Pablo Fernández de Cevallos, Carlos Rubio Rojas y Jorge Fuentes Pérez; dialogaron sobre la compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), generalidades de la Cuenta de Capital de Aportación y sobre los criterios jurisdiccionales establecidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).Sobre el último punto, el licenciado Fuentes Pérez mencionó que la reforma judicial, según un informe de J.P. Morgan, podría debilitar el Estado de Derecho, afectar la confianza de los inversionistas y alterar el equilibrio institucional previsto en nuestro sistema constitucional, particularmente en lo que respecta a los controles necesarios y contrapesos.Aunado a lo anterior, el especialista advirtió que “existe el riesgo potencial de que los criterios de decisión judicial se vean influenciados por consideraciones de aceptación ciudadana, en detrimento del rigor técnico-jurídico que debe caracterizar a la función jurisdiccional”, concluyó.
