La comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio reunió del 22 al 26 de agosto a miembros de la función pública – federales y estatales – así como especialistas académicos y de Tecnologías de la Información (TI) en la Semana nacional de auditoría gubernamental.
El control interno y la fiscalización, SFP
Para dar inicio con las ponencias, el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública y encargado del despacho de los asuntos de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Eduardo Gurza Curiel, brindó un análisis sobre el control interno y la fiscalización.
En este sentido, comentó que la SFP es el órgano encargado de conducir la política de control interno mediante la emisión de la normativa en materia de control interno, la participación en órganos colegiados, la práctica de visitas e intervenciones de control y acompañamiento en la implementación del Sistema de control interno institucional (SCII).
Asimismo, recordó que, dentro de la estrategia de fiscalización, cada acto debe ser un tiro de precisión, y que, a la vez, fomenten la mejora continua de la administración pública.
Finalmente, puntualizó que un gobierno responsable debe estar dotado de facultades de control, inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización de la gestión gubernamental.
CFE, desafíos de la auditoría gubernamental
En su turno, Ricardo Gutiérrez Calderón, titular de la Auditoría Interna en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), profundizó en los retos que enfrenta la auditoría gubernamental. Comentó que, en la actualidad, dirigir un área de auditoría de manera coherente y ordenada, conlleva desafíos significativos. “Para hacer frente a estos, es necesario implementar acciones contundentes, como fortalecer la planeación basada en riesgos y adaptar enforques innovadores”.
Afirmó que, los desafíos a los que se enfrenta la práctica confirman el compromiso de los profesionales para responder ante las funciones y expectativas de las instituciones; perseverando una perspectiva eminentemente técnica en el desarrollo de su trabajo anteponiendo el beneficio institucional.
Por lo anterior, subrayó que, las labores de Auditoría en la CFE, tanto de sus empresas productivas subsidiarias y filiales, enfrentan los desafíos que conlleva el contexto interno y externo de la actualidad, lo que representa uno de los aspectos más significativos del valor que agrega esta función al fortalecimiento de la empresa y sus más de 93 mil empleados y 45 millones de usuarios.
Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF)
Alejandro Romero Gudiño, administrador Desconcentrado de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió las estrategias y acciones que ha implementado el gobierno para asegurar la integridad en las contrataciones públicas en el presente año.
Aseguró que con la transferencia de funciones de planeación, establecimiento, conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (LOPSR) a la SFP, fortalecerá el acompañamiento y vigilancia del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos en apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, conforme al artículo 134 constitucional.
Además, expresó que con la facultad que SFP tendrá de nombrar y remover en el sector central a las personas titulares de las UAF, aumentará su capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, ya que esto le otorgará mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción.
Fiscalización Superior, implicaciones y retos
Continuando con las ponencias, se dio paso a un panel integrado por David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados; Marlon Aguilar George, coordinación de Seguimiento de Recomendaciones e Integración de Informes Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX); Cesáreo Esparza Ham, auditor Especial para Gobierno del Estado de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas; y José Uriel Estrada Martínez, auditor Superior del Estado de Chiapas; quienes, desde su perspectiva como autoridades, debatieron sobre los retos de la fiscalización superior.
Al respecto, Villanueva Lomelí compartió las implicaciones y los principales retos del sistema de fiscalización en México. Por su parte, Esparza Ham y Estrada Martínez, respectivamente, explicaron las estrategias de desarrollo sostenible como parte de la agenda 2030 de fiscalización de cada entidad, mismas que están basadas en el aprovechamiento de capital humano e inteligencia artificial.
Aguilar George, aclaró que el desarrollo de la fiscalización requiere una visión estratégica partiendo de la reducción de la brecha entre el presupuesto ejercido y el auditado, así como incorporar el valor público a los resultados de las auditorias ejercidas y fortalecer los sistemas de anticorrupción.
Las TIC en la gestión pública
Los encargados de conversar sobre las oportunidades y retos en los servicios gubernamentales y su fiscalización, tras la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la gestión pública fueron Dan Ostrosky Shejet, presidente del Consejo de Administración de SeguriData y Francisco Javier Romero Morato, director Comercial de Edicomunicaciones México.
SESNA: la fiscalización como estrategia en el combate a la corrupción
El secretario técnico de la e la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Roberto Moreno Herrera, disertó sobre como la fiscalización puede formar parte de la estrategia en el combate a la corrupción.
Reconoció que la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y su programa de implementación considera de forma transversal la importancia del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) quedando reflejado en 10 prioridades, 14 estrategias y 24 líneas de acción; y en la PNA se destacan tres prioridades que se alinean a los diagnósticos de fortalecimiento que en su momento realizó la OCDE.
Dentro de los retos para este segundo periodo, destacó:
Esto con el fin de generar mayores impactos positivos en anticorrupción con especial énfasis en poblaciones vulnerables con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
TRIJAEM: complejidad en la falta de armonización de leyes de fiscalización superior
Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) dialogó sobre el vínculo que se presenta entre la fiscalización superior y el procedimiento de responsabilidades administrativas, partiendo de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su participación detalló que la autoridad investigadora elabora los informes y documentación a cualquier ente público con el propósito de contar con los elementos que determinen la existencia o inexistencia de alguna presunta responsabilidad administrativa. A su vez, dicha autoridad procede al análisis de los hechos para calificar la posible falta, siempre que existan actos u omisiones que la ley, los cuales se determinaran como grave y no grave.
“Es importante tomar en cuenta los requisitos que debe reunir una auditoría, que supone cuenta con elementos mínimos que describan hechos que la ley considere como irregulares y con mínimos indicios de prueba que lo hagan verosímil y atribuibles a un individuo obligado”.
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
Elsa García Duarte, presidenta de la comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio, aclaró que el SNF establece acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema; en el ámbito de sus respectivas competencias para promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Bajo este panorama, señaló que los integrantes del sistema de fiscalización celebran reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario con la intención de dar cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, la especialista advierte que el este sistema de fiscalización debe ser fortalecido por las entidades federativas desde los tres poderes de gobierno, para que, por medio de un debido proceso, se adapte a las actuales necesidades de fiscalización.
La fiscalización desde los OIC
Con la finalidad de conocer las acciones a favor del cumplimiento en las entidades, se presentó la mesa de discusión integrada por Javier Vargas Zempoaltecatl, titular de la Contraloría del Estado de México; Juan José Serrano Mendoza, secretario de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México; Lizbeth Beatriz Basto Avilés, titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán; y Mercedes Santoyo Domínguez, titular de la Contraloría General de Veracruz, quienes compartieron que, entre sus principales funciones están las de controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos, así como prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
Fiscalización en el fincamiento de responsabilidad administrativa
Sergio Huacuja Betancourt, coordinador de la comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, compartió cómo y en qué consiste el informe de resultados de la cuenta pública federal, así como las acciones fiscalizadoras de la ASF que ha puesto en marcha durante 2022.
Explicó que las entidades que fueron fiscalizadas deben proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus auditorías y de no hacerlo, los responsables serán sancionados con multa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Agregó que todas las personas pueden presentar denuncias cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o bien, de algún desvío. “las denuncias se pueden presentar ante la Cámara, o directamente ante la Auditoría Superior”.
Propuesta de modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Por otra parte, Gerardo Lozano Dubernard, experto en Fiscalización de la Gestión Gubernamental, compartió una serie de propuestas de modificación a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, alineadas a la misión, visión y principios de las tareas de fiscalización superior, cuya finalidad es hacer frente a la corrupción e impunidad.
En su mensaje, Lozano Dubernard aclaró que dichas propuestas deben derivar de un análisis profundo, propuesta y consulta abierta y transparente a la H. Comisión de Vigilancia con la participación de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), priorizando el fortalecimiento de la ASF.
“Estas propuestas se encuentran alineadas a una visión estratégica que sintetiza principios, misión y metas a alcanzar en las tareas de fiscalización superior para hacer frente a la corrupción”.
Insistió en que la ASF deberá transparentar los resultados del proceso de aclaración que realizan los entes fiscalizados que concluyen en un pronunciamiento, por lo que es importante fijar plazos para la publicación del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior (PAAF).
La transparencia y la fiscalización
Por último, Ileana Hidalgo Rioja, representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó que la transparencia constituye un elemento critico en la rendición de cuentas lo que permite gestionar, administrar, controlar, monitorear y evaluar las acciones del Estado, principalmente desde la perspectiva del gasto público.
Puntualizó que, para regular de la transparencia pública presupuestaria, cuentan con la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), la cual basa su evaluación con la transparencia presupuestaria, participación ciudadana y la vigilancia.
Para el caso particular de México, detalló que la encuesta arrojó una puntuación de 82 sobre 100, siendo el líder en la región Latinoamericana y ocupando el quinto lugar a nivel mundial. “Sin embargo, la participación pública en los procesos fiscales en México tiene una puntuación baja, 22 sobre 100, por lo que es necesario promover la participación e inclusión ciudadana en los procesos de fiscalización presupuestaria mediante diversos mecanismos”.
En virtud de lo anterior, informó que el INAI pone ha puesto a disposición el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI), orientado al fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción a través de diferentes vías de colaboración.
Durante los cinco días de ponencias, también se abordaron temas como las irregularidades detectadas en los procesos de auditorías en la investigación de responsabilidades administrativas y los retos de la fiscalización superior en México.
Asimismo, el evento contó con la presencia de Juan Manuel Puebla Domínguez, presidente del Colegio; Lucelia Cuevas Rasgado, presidenta de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; e integrantes de la comisión organizadora quienes fueron los encargados de moderar las ponencias presentadas.
Eventos recientes
El Colegio organizó el 16 de julio el curso Dictamex: dictamen del Estado de México 2024. El objetivo fue profundizar en los fundamentos, criterios y procedimientos para la presentación de este dictamen fiscal estatal. El curso abordó las disposiciones tributarias y su aplicación práctica en la plataforma del Dictamen Fiscal, incluyendo la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).El evento destacó por la participación de dos paneles de expertos. El primero estuvo integrado por especialistas técnicos y funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, quienes compartieron sus conocimientos y experiencia con los asistentes. Los ponentes fueron: Gustavo De la Cruz Romero (titular del Departamento de Desarrollo de Sistemas), Emilio Valdez Zepeda (titular de la Dirección General de Fiscalización), Juan Carlos Castillo Carrillo (desarrollador de software en la Secretaría), Eduardo Guerrero Negrete (subdirector de Programas de Impuestos Estatales) y Alejandro Esaú Molina Guadarrama (titular de la Dirección en Tecnologías de la Información) en la Secretaría de Finanzas del Estado de México.La segunda mesa de diálogo estuvo conformada por Eduardo Arturo Cruz Quintero, Verónica Luis Mojica y Óscar Adrián Hernández Flores, todos ellos integrantes de la comisión técnica de Contribuciones Locales y organizadores del evento. La coordinación general estuvo a cargo de José Eduardo Beristain Martínez, también miembro de la comisión organizadora.El curso cubrió un amplio espectro de temas esenciales para la correcta formulación del dictamen, incluyendo: el marco legal, el registro y autorización del Contador Público Autorizado (CPA), los sujetos del impuesto, supuestos del dictamen, opinión e informe, infracciones y sanciones. También se trataron aspectos relevantes en la elaboración del dictamen, la reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios (CFEMYM), la situación actual de Dictamex y los beneficios del sistema, novedades para el 2025, como la innovación tecnológica, la seguridad y una guía audiovisual.Un punto central de la exposición fue la reforma al CFEMYM de 2021, específicamente el artículo 47.° G, fracción I. Esta modificación, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México ese mismo año, establece la integración de información detallada por cada trabajador y establecimiento dentro del Estado, incluyendo sus domicilios y ubicaciones. Es crucial destacar que esta disposición también aplica a edificaciones de obra, acabados, modificaciones y/o remodelaciones, sin importar su ubicación.Durante el curso, se presentaron datos relevantes sobre el estado actual de los avisos y dictámenes del ISERTP. Hasta el 15 de julio de 2025, se han registrado 1,981 avisos y 140 dictámenes presentados para el ejercicio 2025. En cuanto al ejercicio 2024, se recibieron 1,936 avisos, con 91 dictámenes ya presentados y 730 en proceso de formulación. La Secretaría de Finanzas expresó su expectativa de un crecimiento significativo en la presentación de dictámenes para 2024, buscando superar la cifra de 2021, que fue de 4,662 avisos.Los funcionarios estatales también resaltaron los importantes beneficios del sistema del Dictamen Fiscal del Estado de México (Dictamex):Simplificación, lo que facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de un proceso 100% electrónico.Confirmación inmediata, al proporcionar acuses y sellos digitales para verificar la presentación.Mayor control, lo que permite la administración de la información del CPR y ofrece un expediente electrónico con el historial completo de trámites.Flexibilidad, al brindar la posibilidad de modificar datos de contacto y domicilio fiscal de manera sencilla.Innovación y seguridad reforzada en el Dictamex.La innovación tecnológica fue un tema toral en la que los representantes de la Secretaría de Finanzas hablaron de las herramientas como la lectura del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para la determinación del ISERTP, la vinculación de trabajadores por establecimiento mediante la herramienta TPE, y la importación masiva de información. Se explicó cómo la herramienta TPE simplifica la integración automática y masiva de datos, lo que evita retrabajos y optimiza los procesos.En cuanto a la seguridad, se enfatizó el uso de la firma electrónica y la implementación de un doble factor de autenticación a través de tokens enviados a correos electrónicos registrados, los cuales tienen una vigencia de 24 horas. Esta medida fortalece significativamente la seguridad del sitio Dictamex, una característica crucial para proteger la información de la autoridad, contadores y contribuyentes.En la segunda parte del curso, Eduardo Cruz Quintero abordó el marco legal del Dictamex. Explicó que este se fundamenta en el artículo 47.° del CFEMYM, el cual establece diversas obligaciones para los contribuyentes. Entre ellas, destacan la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC), la conservación de la documentación fiscal por un periodo de cinco años y la presentación de avisos de modificación de datos. Una obligación fundamental es la de dictaminar la determinación y el pago del ISERTP a través de un CPR.Por su parte, Verónica Luis Mojica se centró en el registro y la autorización del CPA. Durante su intervención, resaltó las reglas generales del dictamen, cuyo objetivo principal es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el ISERTP. Estas reglas incluyen normativas para obtener el registro como CPR, la metodología para determinar los promedios mensuales de remuneraciones y trabajadores, así como los procedimientos para la presentación tanto del dictamen como de los avisos, los cuales generarán un acuse de recibo con sello digital.Por su parte, Óscar Hernández Flores cerró la sesión con el tema de las infracciones y sanciones. En su presentación, destacó que el documento establece multas para los contribuyentes que no presenten el dictamen, lo hagan de forma extemporánea o con un CPR impedido, o no entreguen las constancias de retención. Para los CPR, las sanciones pueden incluir multas, suspensión temporal o incluso la cancelación definitiva del registro por omisiones o contravenciones en la formulación del dictamen.El curso finalizó con una dinámica de preguntas y respuestas, una demostración sobre cómo acceder a la plataforma y la entrega virtual de reconocimientos.
El 14 y 15 de julio, el Colegio fue sede del curso Medios de defensa ante los procesos de fiscalización un espacio de actualización coordinado por Israel Bastida Ventura, integrante de la comisión T. Fiscal. Durante ambos días, se presentaron distintos temas en materia fiscal con el fin de compartir con los asistentes los medios de defensa que pueden interponerse ante diversos actos de fiscalización de la autoridad, como devoluciones y auditorias.Para conseguir este propósito, el evento contó con la participación de ocho expertos en materia, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias para identificar los actos de fiscalización de mayor implementación y las acciones de defensa al alcance del contribuyente.Para comenzar, José Martín Aguayo Solano señaló que durante el 2025 no ha ocurrido una reforma fiscal, pero se ha resaltado el compromiso de la autoridad con la recaudación. Como parte de la estrategia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han implementado las cartas invitación, una facultad de gestión que informa a los contribuyentes sobre una irregularidad, diferencia o atipia en relación con los sistemas y bases de datos de la autoridad.A lo largo de su exposición, el experto comentó diversas incidencias comunes con el fin de encausar la atención de los profesionales contables a los aspectos que el SAT acostumbra a vigilar. Además, aunque no es obligatorio atender dichas cartas, suponen una oportunidad para conocer la perspectiva que tiene la autoridad sobre el contribuyente y demostrar el interés por aclarar las discordancias.Seguido a ello, Luis Alberto Placencia Alarcón desarrolló los medios de defensa que pudieran ser afectados por la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación. A ello, el experto comentó que la reforma no eliminó ningún mecanismo de protección para los contribuyentes, sin embargo, señaló la importancia de identificar los plazos de generales para los medios de defensa del contribuyente.Además, el expositor indicó que la mejor forma de atender los cambios que supone la reforma judicial es mediante prevención, cumplimiento y diálogo que brinde a los contribuyentes las herramientas necesarias para adaptarse a cualquier cambio, sin importar su tamaño.Ignacio Sosa López también participó en el evento, e ilustro a la audiencia en torno a las facultades de comprobación descritas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), cuyo fin es asegurar el correcto cumplimiento fiscal al determinar contribuciones omitidas, créditos fiscales y comprobar delitos fiscales.Sosa destacó que la autoridad puede ejercer estas facultades de comprobación de manera conjunta, indistinta y sucesiva, además de contemplar plazos temporales limitados. Por ello, brindó una serie de recomendaciones alineadas al mismo sentido: preparación; una contabilidad al día, el uso apropiado de CFDI, respaldo profesional continuo y correcto resguardo de documentación soporte permite contar con los recursos necesarios para plantear una estrategia ante una comprobación del SAT.El segundo día de la jornada contó con la participación de Arturo Alonso Hernández Cruz y Paloma Márquez Escamilla, ambos secretarios de acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes enriquecieron con su participación en las exposiciones del día desde su valiosa perspectiva-Primero, se dio paso a la presentación de Ulises Castilla Flores, quien extendió en materia de devoluciones de impuestos. Tras describir la normatividad aplicable contenida en el CFF, señaló que hoy en día existen más mecanismos a favor de las autoridades, lo que convierte el proceso de devolución en un proceso más complicado para los particulares; debido a ello, es fundamental que los contribuyentes cuenten con un acervo probatorio sólido e, incluso, realicen una preparación anticipada para un juicio de amparo debido a los largos plazos temporales que implican estos medios de defensa.Posteriormente, Alejandro Emmanuell Sánchez López presentó su ponencia relacionada a consultas administrativas. En su participación compartió la naturaleza jurídica, plazos de vigencia y requisitos para la procedencia de consultas vinculantes, con sustento en el CFF; además, señaló que la claridad y especificidad son claves para este medio de defensa, acompañada de la debida documentación soporte, para evitar su revocación.Complementariamente, Sánchez detalló las consultas no vinculantes, cuya función es presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de le disposiciones fiscales. Además, detalló los objetos de consulta excluidos de este medio con base en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Finalmente, comentó que una consulta no vinculante puede ser entendido como material jurídico, ya que “es un medio de convicción que soporta nuestros razonamientos jurídicos”.Para finalizar con la jornada, Eduardo Sánchez Lemoine profundizó en el uso de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y resaltó su importancia como un medio de justicia alternativa en materia fiscal en el contexto actual. El ponente señaló que la función de este medio es conciliativa, ya que brindan una ventana de oportunidad para realizar aclaraciones sobre el procedimiento de fiscalización, lo que permite alcanzar consensos sustentados en documentación y materialidad.Sánchez indicó que los acuerdos conclusivos suponen un beneficio importante para los contribuyentes, ya que evitan la judicialización de una controversia y permiten aclarar su situación fiscal ante una auditoría que, por si fuera poco, siempre cuenta con la presencia de la Prodecon durante el procedimiento, fortaleciendo el sentido de transparencia del medio.
El curso Obligaciones legales, contables y fiscales para donatarias, realizado los días 11 y 12 de julio por la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos del Colegio, brindó un espacio para abordar los principales retos que enfrentan las organizaciones no lucrativas en México.Para dar inicio con el evento, Alejandro Gualito Hernández, integrante de la comisión antes mencionada, versó sobre los aspectos contables que deben atender las donatarias, destacando la aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), en particular la B-16 y la E-2, que regulan la presentación de estados financieros y el tratamiento adecuado de los donativos. Subrayó que las organizaciones deben superar el enfoque puramente fiscal y adoptar una contabilidad financiera robusta que sirva a la toma de decisiones, rendición de cuentas y transparencia ante donantes y autoridades. Asimismo, alertó sobre los riesgos de operar sin claridad en el objeto social o sin autorización del SAT, lo que puede implicar sanciones fiscales.En el ámbito jurídico, José Sinaí Trejo Suárez, gerente jurídico de Transformando 360 Grados, explicó el proceso de constitución y actualización de las donatarias, insistiendo en la importancia de redactar adecuadamente el acta constitutiva, especialmente las cláusulas de patrimonio, liquidación y admisión de extranjeros. Advirtió que errores comunes en estos documentos, así como la omisión de actualizaciones conforme a las reformas del artículo 82 de la Ley del ISR, han derivado en la pérdida de autorizaciones. También ofreció recomendaciones prácticas para cumplir con las exigencias del SAT y evitar la revocación mediante un uso adecuado del buzón tributario y la presentación oportuna de evidencias de las actividades realizadas.Por su parte, Flora Josefina Blanes García, también integrante de la comisión SE Entidades con Propósitos no Lucrativos, abordó el marco legal de las donatarias autorizadas, detallando los beneficios fiscales establecidos en el artículo 79 de la Ley del ISR, siempre y cuando se cumplan condiciones estrictas: no intervención en actividades políticas, destino exclusivo de activos al objeto social, y límites en ingresos no relacionados con su misión. Hizo énfasis en la necesidad de emitir comprobantes fiscales (CFDI) con los requisitos establecidos, presentar declaraciones informativas, y cumplir con obligaciones derivadas de la ley antilavado, pues cualquier omisión puede significar la revocación de la autorización.Finalmente, la contadora Elizabeth Pérez Esteban, de la comisión organizadora, centró su intervención en los aspectos administrativos y operativos de las donatarias. Habló sobre la importancia de una adecuada gestión de personal y voluntariado, del establecimiento de sistemas de control interno eficaces, y de la implementación de procesos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de los programas sociales. Además, destacó que la procuración de fondos debe entenderse como un proceso estratégico que requiere planeación, ética y comunicación continua con los donantes para asegurar la sostenibilidad financiera de las organizaciones.Durante los dos días del curso, los expositores tuvieron una interacción abierta y dinámica con los participantes, tanto de manera presencial como en línea, quienes pudieron plantear sus dudas y recibir orientación directa, enriqueciendo así el aprendizaje y la aplicabilidad de los temas tratados.
