La comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio reunió del 22 al 26 de agosto a miembros de la función pública – federales y estatales – así como especialistas académicos y de Tecnologías de la Información (TI) en la Semana nacional de auditoría gubernamental.
El control interno y la fiscalización, SFP
Para dar inicio con las ponencias, el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública y encargado del despacho de los asuntos de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Eduardo Gurza Curiel, brindó un análisis sobre el control interno y la fiscalización.
En este sentido, comentó que la SFP es el órgano encargado de conducir la política de control interno mediante la emisión de la normativa en materia de control interno, la participación en órganos colegiados, la práctica de visitas e intervenciones de control y acompañamiento en la implementación del Sistema de control interno institucional (SCII).
Asimismo, recordó que, dentro de la estrategia de fiscalización, cada acto debe ser un tiro de precisión, y que, a la vez, fomenten la mejora continua de la administración pública.
Finalmente, puntualizó que un gobierno responsable debe estar dotado de facultades de control, inspección, regulación, rendición de cuentas y fiscalización de la gestión gubernamental.
CFE, desafíos de la auditoría gubernamental
En su turno, Ricardo Gutiérrez Calderón, titular de la Auditoría Interna en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), profundizó en los retos que enfrenta la auditoría gubernamental. Comentó que, en la actualidad, dirigir un área de auditoría de manera coherente y ordenada, conlleva desafíos significativos. “Para hacer frente a estos, es necesario implementar acciones contundentes, como fortalecer la planeación basada en riesgos y adaptar enforques innovadores”.
Afirmó que, los desafíos a los que se enfrenta la práctica confirman el compromiso de los profesionales para responder ante las funciones y expectativas de las instituciones; perseverando una perspectiva eminentemente técnica en el desarrollo de su trabajo anteponiendo el beneficio institucional.
Por lo anterior, subrayó que, las labores de Auditoría en la CFE, tanto de sus empresas productivas subsidiarias y filiales, enfrentan los desafíos que conlleva el contexto interno y externo de la actualidad, lo que representa uno de los aspectos más significativos del valor que agrega esta función al fortalecimiento de la empresa y sus más de 93 mil empleados y 45 millones de usuarios.
Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF)
Alejandro Romero Gudiño, administrador Desconcentrado de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) compartió las estrategias y acciones que ha implementado el gobierno para asegurar la integridad en las contrataciones públicas en el presente año.
Aseguró que con la transferencia de funciones de planeación, establecimiento, conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados (LOPSR) a la SFP, fortalecerá el acompañamiento y vigilancia del manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos en apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, conforme al artículo 134 constitucional.
Además, expresó que con la facultad que SFP tendrá de nombrar y remover en el sector central a las personas titulares de las UAF, aumentará su capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, ya que esto le otorgará mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción.
Fiscalización Superior, implicaciones y retos
Continuando con las ponencias, se dio paso a un panel integrado por David Villanueva Lomelí, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Cámara de Diputados; Marlon Aguilar George, coordinación de Seguimiento de Recomendaciones e Integración de Informes Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCDMX); Cesáreo Esparza Ham, auditor Especial para Gobierno del Estado de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas; y José Uriel Estrada Martínez, auditor Superior del Estado de Chiapas; quienes, desde su perspectiva como autoridades, debatieron sobre los retos de la fiscalización superior.
Al respecto, Villanueva Lomelí compartió las implicaciones y los principales retos del sistema de fiscalización en México. Por su parte, Esparza Ham y Estrada Martínez, respectivamente, explicaron las estrategias de desarrollo sostenible como parte de la agenda 2030 de fiscalización de cada entidad, mismas que están basadas en el aprovechamiento de capital humano e inteligencia artificial.
Aguilar George, aclaró que el desarrollo de la fiscalización requiere una visión estratégica partiendo de la reducción de la brecha entre el presupuesto ejercido y el auditado, así como incorporar el valor público a los resultados de las auditorias ejercidas y fortalecer los sistemas de anticorrupción.
Las TIC en la gestión pública
Los encargados de conversar sobre las oportunidades y retos en los servicios gubernamentales y su fiscalización, tras la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la gestión pública fueron Dan Ostrosky Shejet, presidente del Consejo de Administración de SeguriData y Francisco Javier Romero Morato, director Comercial de Edicomunicaciones México.
SESNA: la fiscalización como estrategia en el combate a la corrupción
El secretario técnico de la e la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Roberto Moreno Herrera, disertó sobre como la fiscalización puede formar parte de la estrategia en el combate a la corrupción.
Reconoció que la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y su programa de implementación considera de forma transversal la importancia del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) quedando reflejado en 10 prioridades, 14 estrategias y 24 líneas de acción; y en la PNA se destacan tres prioridades que se alinean a los diagnósticos de fortalecimiento que en su momento realizó la OCDE.
Dentro de los retos para este segundo periodo, destacó:
Esto con el fin de generar mayores impactos positivos en anticorrupción con especial énfasis en poblaciones vulnerables con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
TRIJAEM: complejidad en la falta de armonización de leyes de fiscalización superior
Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) dialogó sobre el vínculo que se presenta entre la fiscalización superior y el procedimiento de responsabilidades administrativas, partiendo de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su participación detalló que la autoridad investigadora elabora los informes y documentación a cualquier ente público con el propósito de contar con los elementos que determinen la existencia o inexistencia de alguna presunta responsabilidad administrativa. A su vez, dicha autoridad procede al análisis de los hechos para calificar la posible falta, siempre que existan actos u omisiones que la ley, los cuales se determinaran como grave y no grave.
“Es importante tomar en cuenta los requisitos que debe reunir una auditoría, que supone cuenta con elementos mínimos que describan hechos que la ley considere como irregulares y con mínimos indicios de prueba que lo hagan verosímil y atribuibles a un individuo obligado”.
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
Elsa García Duarte, presidenta de la comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio, aclaró que el SNF establece acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema; en el ámbito de sus respectivas competencias para promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.
Bajo este panorama, señaló que los integrantes del sistema de fiscalización celebran reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario con la intención de dar cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, la especialista advierte que el este sistema de fiscalización debe ser fortalecido por las entidades federativas desde los tres poderes de gobierno, para que, por medio de un debido proceso, se adapte a las actuales necesidades de fiscalización.
La fiscalización desde los OIC
Con la finalidad de conocer las acciones a favor del cumplimiento en las entidades, se presentó la mesa de discusión integrada por Javier Vargas Zempoaltecatl, titular de la Contraloría del Estado de México; Juan José Serrano Mendoza, secretario de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México; Lizbeth Beatriz Basto Avilés, titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán; y Mercedes Santoyo Domínguez, titular de la Contraloría General de Veracruz, quienes compartieron que, entre sus principales funciones están las de controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos, así como prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
Fiscalización en el fincamiento de responsabilidad administrativa
Sergio Huacuja Betancourt, coordinador de la comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, compartió cómo y en qué consiste el informe de resultados de la cuenta pública federal, así como las acciones fiscalizadoras de la ASF que ha puesto en marcha durante 2022.
Explicó que las entidades que fueron fiscalizadas deben proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus auditorías y de no hacerlo, los responsables serán sancionados con multa de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Agregó que todas las personas pueden presentar denuncias cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o bien, de algún desvío. “las denuncias se pueden presentar ante la Cámara, o directamente ante la Auditoría Superior”.
Propuesta de modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Por otra parte, Gerardo Lozano Dubernard, experto en Fiscalización de la Gestión Gubernamental, compartió una serie de propuestas de modificación a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, alineadas a la misión, visión y principios de las tareas de fiscalización superior, cuya finalidad es hacer frente a la corrupción e impunidad.
En su mensaje, Lozano Dubernard aclaró que dichas propuestas deben derivar de un análisis profundo, propuesta y consulta abierta y transparente a la H. Comisión de Vigilancia con la participación de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), priorizando el fortalecimiento de la ASF.
“Estas propuestas se encuentran alineadas a una visión estratégica que sintetiza principios, misión y metas a alcanzar en las tareas de fiscalización superior para hacer frente a la corrupción”.
Insistió en que la ASF deberá transparentar los resultados del proceso de aclaración que realizan los entes fiscalizados que concluyen en un pronunciamiento, por lo que es importante fijar plazos para la publicación del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior (PAAF).
La transparencia y la fiscalización
Por último, Ileana Hidalgo Rioja, representante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó que la transparencia constituye un elemento critico en la rendición de cuentas lo que permite gestionar, administrar, controlar, monitorear y evaluar las acciones del Estado, principalmente desde la perspectiva del gasto público.
Puntualizó que, para regular de la transparencia pública presupuestaria, cuentan con la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), la cual basa su evaluación con la transparencia presupuestaria, participación ciudadana y la vigilancia.
Para el caso particular de México, detalló que la encuesta arrojó una puntuación de 82 sobre 100, siendo el líder en la región Latinoamericana y ocupando el quinto lugar a nivel mundial. “Sin embargo, la participación pública en los procesos fiscales en México tiene una puntuación baja, 22 sobre 100, por lo que es necesario promover la participación e inclusión ciudadana en los procesos de fiscalización presupuestaria mediante diversos mecanismos”.
En virtud de lo anterior, informó que el INAI pone ha puesto a disposición el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI), orientado al fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y anticorrupción a través de diferentes vías de colaboración.
Durante los cinco días de ponencias, también se abordaron temas como las irregularidades detectadas en los procesos de auditorías en la investigación de responsabilidades administrativas y los retos de la fiscalización superior en México.
Asimismo, el evento contó con la presencia de Juan Manuel Puebla Domínguez, presidente del Colegio; Lucelia Cuevas Rasgado, presidenta de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental; e integrantes de la comisión organizadora quienes fueron los encargados de moderar las ponencias presentadas.
Eventos recientes
Este 16 de mayo, el Colegio presentó el foro Compliance, criterios ESG, terrorismo fiscal y lavado de dinero, lugar al que se dieron cita Edmundo Romero Lázaro, de la comisión de tecnologías financieras; y Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación. En la charla, los especialistas platicaron los aspectos que tienen que cumplir las empresas en cuanto a prevención de lavado de dinero, compliance, gobierno corporativo y criterios ASG (ambiental, social y de gobernanza).En la apertura, Edmundo Romero explicó que, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el lavado de dinero se define como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.Sobre lo anterior, informó que las etapas del lavado de dinero se establecen en la colocación, recolección física del efectivo para ingresarlo al sistema financiero; estratificación, conversión de los fondos precedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear capas complejas de transacciones financieras para disimular el rastro documentado; e integración, dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentemente sean normales.Por otro lado, señaló que el financiamiento al terrorismo es la provisión o recolección de fondos, con el conocimiento de que serán utilizados para cometer o apoyar la realización de un acto terrorista. “Su combate tiene como base acabar con la fuente de ingresos para las organizaciones terroristas y con ello, impedir la realización de actos”, precisó.Además, mencionó que la radicalización no es un fenómeno nuevo, pero se ha convertido en una amenaza más grave en los últimos años, especialmente debido al desarrollo de nuevas tecnologías y al creciente uso de Internet y los medios sociales.Al abordar las diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el ponente puntualizó que el lavado de dinero siempre se va a dar respecto de recursos que provengan de actividades ilícitas; además, el único interés por parte de la organización criminal radica en sustraer sus ganancias. Por su parte, el financiamiento al terrorismo se puede dar con recursos provenientes de actividades lícitas o ilícitas. Los fines son el sostenimiento de la organización terrorista.Previo a finalizar su participación, Edmundo habló sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual busca evitar que el sistema financiero y la economía mexicana se vean afectados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, incorporando nuevas medidas indispensables para quienes realicen actividades vulnerables señaladas en la ley.En tanto, la contadora Rosa Gutiérrez precisó que el compliance (cumplimiento normativo) hace alusión a la conformidad con las leyes, normas, reglamentos y regulaciones aplicables a una organización.Abonó que el cumplimiento normativo garantiza la observancia de la legislación aplicable, así como el compromiso con las normas de autorregulación, tales como el Código de Ética Profesional. Sobre los beneficios, la contadora consideró que se centran en prevención de sanciones, mejora de la reputación, eficiencia operativa y cultura organizacional.Sin embargo, entre los desafíos de implementar el compliance empresarial se encuentran la complejidad regulatoria, resistencia al cambio, costos y recursos, integración con la estrategia organizacional y el monitoreo y auditoría continua. “Para implementar un cumplimiento normativo se debe prestar atención en el desarrollo de políticas y procedimientos, capacitación, establecimiento de canales de denuncia y revisión; para ello, todos los actores de una organización deberán participar en ello”, precisó la especialista.
El plazo máximo para el pago de la Participación en las Utilidades (PTU) en México vence el 30 de mayo y 29 de julio, para personas morales y físicas respectivamente; debido a ello, el 13 de mayo se presentó en el Colegio el Taller de PTU, implicaciones legales y fiscales, un espacio de formación que sirviera para despejar las dudas de las personas asistentes antes del fin de esos plazos.Bajo la coordinación de Pascual Guerrero Pasillas, integrante de la comisión técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente, el taller contó con la participación de José Humberto Cárdenas Cabrera, integrante de la misma comisión, y Hugo Tulio Meléndez Nieto, miembro de la comisión representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Como punto de partida, Hugo Meléndez definió que la PTU no es una prestación determinada por el patrón; en su lugar, la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades se constituye anualmente para determinar si hay o no utilidades a repartir. De esta forma, la PTU no forma parte del salario ni está sujeta a descuentos no contemplados en la legislación aplicable.Aún con la participación de la comisión mixta, es el patrón quien se encarga de calcular y repartir la PTU, por lo que debe conocer el marco normativo aplicable a ella. Por esta razón, Meléndez señaló la importancia de conocer el marco normativo aplicable ya que, aunque en su mayoría está contenido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), de los artículos 117 a 131, se extiende hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la Resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y la Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.Posteriormente, el ponente compartió aspectos clave a considerar para el proceso de preparación y determinación de la PTU, donde subrayó la obligatoriedad del reparto de utilidades y sus excepciones, así como los casos especiales y topes del cálculo de la PTU; además, cubrió la definición conceptos dos conceptos relevantes: personas eventuales y salario base de reparto. Todo lo anterior con sustento en diversos artículos de la LFT, exaltando la importancia de reconocer la amplitud del marco normativo que se relaciona con la PTU.Finalmente, el expositor comentó que el incumplimiento normativo en términos de PTU pueden resultar en multas equivalentes de 250 a 5000 veces el salario mínimo general y pueden escalar por cada trabajador afectado. En seguimiento del tema, Humberto Cárdenas se encargó de analizar las disposiciones contables relacionadas al PTU, donde comenzó por la explicación el Reporte Técnico 53, una guía expedida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) que busca guiar en el cumplimiento de las Normas de Información Financiera (NIF).Este Reporte Técnico está dirigido a empresas que hayan formado parte de un proceso de transferencia de empleados, como emisores o receptores, y estén obligadas al pago de la PTU, con el objetivo de brindar una línea de operación aplicable a la determinación. Posteriormente, Cárdenas comentó las disposiciones fiscales a considerar para la PTU, donde incluyó el ajuste anual por inflación, dividendos, utilidad y pérdida cambiaria, deducciones, ingresos exentos, entre otros.Para dar cierre al taller, el expositor brindó un caso práctico de determinación de la PTU, donde disipó las dudas del auditorio y expuso los conceptos comentados a lo largo del taller, con el fin de afianzar los conocimientos compartidos.
En el evento Tratamiento contable, fiscal y legal de pensiones y jubilaciones, organizado por la comisión de Educación del Colegio y realizado el 9 de mayo, se ofreció una visión integral de los nuevos marcos legales, contables y fiscales que impactan tanto a empresas como a trabajadores. Con un enfoque en los cambios normativos recientes, los conferencistas abordaron temas fundamentales que incluyen la actualización de la NIF D-3, las implicaciones de la reforma de pensiones de 2025 y la gestión de los beneficios laborales en un entorno fiscal cada vez más regulado.La primera intervención corrió a cargo de Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación, quien detalló los recientes cambios en la Norma de Información Financiera (NIF) D-3. Según explicó Gutiérrez, la actualización de esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, exige que todas las empresas, incluidas las pequeñas, provisionen pasivos por beneficios laborales como las jubilaciones. Esta obligación, que responde a la PIF número 2, implica que las empresas deben contar con estudios actuariales para determinar los montos exactos a provisionar. Gutiérrez también destacó que los pagos por desvinculación solo se reconocerán si existen condiciones preestablecidas, y que los fondos destinados a estos pagos deben gestionarse en cuentas separadas, sin posibilidad de usarlos para otros fines. En su exposición, Gutiérrez también subrayó que, en términos contables, las pérdidas o ganancias actuariales deben reconocerse de inmediato en la cuenta de Otros Resultados Integrales (ORI), sin posibilidad de diferirlas, lo que representa un cambio significativo en la forma en que las empresas deben tratar estos beneficios. Además, insistió en la necesidad de tomar decisiones sobre los instrumentos financieros en los que se invertirán estos fondos, destacando la importancia de contar con instrumentos como CETES o bonos verdes.La segunda intervención fue impartida por Mónica Isela Galindo Cosme, asesora de la vicepresidencia de Normatividad Institucional, quien ofreció una exhaustiva revisión sobre los aspectos fiscales y legales que deben considerarse al momento de gestionar una pensión. Galindo Cosme destacó la relevancia de unificar los números de seguridad social de aquellos trabajadores que tienen más de un número de afiliación, lo cual es un paso previo necesario antes de iniciar cualquier trámite relacionado con pensiones. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de validar los datos personales con la FORE y realizar las correcciones necesarias en caso de discrepancias.En cuanto a la reforma de pensiones de 2025, la ponente explicó que, a partir de esa fecha, se exigirá un mínimo de 850 semanas de cotización para poder acceder a una pensión. También advirtió sobre los nuevos cálculos que se basarán en la UMA (Unidad de Medida y Actualización) en lugar del salario mínimo, lo que afectará a los trabajadores en cuanto al monto de su pensión. Galindo Cosme instó a los trabajadores a utilizar los servicios de las AFORE y a consultar con expertos para optimizar sus ahorros para el retiro.El cierre de las ponencias estuvo a cargo de Fernando Caín Oviedo Cruz, Socio en Cali Oviedo y asociados, quien abordó el tema desde una perspectiva más amplia, comenzando con la distinción entre jubilación y pensión. Caín explicó que mientras la jubilación es el proceso mediante el cual un trabajador finaliza su vida laboral para disfrutar de una pensión, la pensión es el beneficio económico resultante de dicho proceso. Resaltó que la confusión entre ambos términos ha generado múltiples dificultades en la comprensión de los trabajadores y en la realización de los trámites ante las instituciones correspondientes. En su intervención, Caín también subrayó los efectos negativos de la reforma de 2013, que ha resultado en pensiones más bajas para los trabajadores. Sin embargo, destacó que las reformas más recientes han traído consigo una mejora en las condiciones, permitiendo a los trabajadores acceder a pensiones con menos semanas de cotización y limitando las comisiones de las AFORE, lo cual representa un avance significativo para el bienestar de los jubilados. Además, enfatizó que los trabajadores deben estar preparados con al menos 5 años de anticipación para realizar los trámites necesarios y evitar sorpresas al momento de calcular su pensión.Finalmente, Caín abordó las implicaciones legales y fiscales para las empresas, especialmente en lo que respecta a la evasión fiscal y el cumplimiento con el seguro social. Advirtió sobre las sanciones que enfrentan los patrones que no den de alta a sus trabajadores en el IMSS, lo que podría derivar en auditorías por parte del Seguro Social y poner en riesgo tanto a los empleados como a los empleadores.
