Este 10 de febrero, el Colegio llevó a cabo el Foro de reformas aduaneras y de comercio exterior 2026, espacio que sirvió para el análisis de las principales reformas que impactan a las operaciones de comercio exterior y aduanas en México.
En primera instancia, Yolanda Aguirre González analizó la propuesta de reforma a la Ley Aduanera, destacando que los cambios responden a una estrategia integral de la autoridad fiscal para fortalecer la supervisión ante conductas de fraude detectadas en el sector.
En este panorama, dialogó sobre la reconfiguración de las infracciones y sanciones, ya que la reforma no solo contempla multas económicas más onerosas, sino una mayor tipificación de conductas que pueden derivar en delitos.
Por su parte, Alberto Ruiz Rioja analizó las transformaciones estructurales que rigen el ecosistema del comercio transfronterizo en el país. Durante su exposición, destacó que la modernización aduanera no es un proceso meramente tecnológico, sino un cambio de paradigma en la responsabilidad profesional y el cumplimiento normativo.
Al platicar sobre la figura del agente aduanal y el representante aduanero, el expositor señaló que la especialización técnica y la conducta ética se han vuelto requisitos indispensables para garantizar la seguridad jurídica de las empresas; también, hizo hincapié en que el contador y el especialista en comercio exterior deben actuar como guardianes de la integridad de los datos declarados ante la autoridad.
Al foro asistió Juan Antonio Castro Chávez, quien se encargó de discutir acerca de los retos operativos y normativos que conlleva la implementación de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE). Durante su intervención, subrayó que este cambio representa una transformación profunda en la forma en que los importadores deben documentar y transmitir el valor en aduana de sus mercancías, con un impacto directo en la deducibilidad fiscal.
Al respecto, informó que a partir de 2026 la documentación de soporte prevista en el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera debe ser transmitida de forma íntegra. Enfatizó que la MVE debe contener e.firma o sellos digitales del importador, lo que refuerza la responsabilidad directa de la empresa sobre la veracidad de los datos declarados.
En tanto, Julián Luna Poblano compartió un panorama sobre las nuevas estrategias de fiscalización y el incremento en el rigor sancionatorio que caracteriza al ejercicio actual. Por lo anterior, el especialista propuso como herramientas fundamentales la elaboración de una matriz de riesgos y la realización de diagnósticos de cumplimiento periódicos.
“Estas medidas permiten identificar vulnerabilidades en la cadena de suministro y corregir omisiones antes de que sean detectadas en facultades de comprobación”, aclaró.
Rosaura Aguilar Peña, por su parte, enfatizó que la digitalización de las operaciones aduaneras no solo busca la modernización administrativa, sino que constituye una herramienta estratégica para fortalecer la fiscalización y reducir riesgos de fraude.
En virtud de lo anterior, explicó que el cumplimiento normativo es una tarea compartida entre los usuarios del comercio exterior y los agentes aduanales: “Para mitigar riesgos, se recomienda la capacitación continua del personal involucrado, uso de plataformas electrónicas robustas, auditorías preventivas periódicas y la actualización constante conforme a los cambios en las reglas de carácter general”.
Por último, Gloria Estrada Antón presentó un análisis profundo sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y su estrecha vinculación con las operaciones transfronterizas. La ponente explicó que, bajo el nuevo marco legal, los comprobantes se consideran falsos cuando amparan operaciones, servicios o actos jurídicos inexistentes o contrarios a la realidad, independientemente de que cuenten con el timbrado oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Bajo su óptica, mencionó que, para las empresas de comercio exterior, esto implica un reto en la acreditación de la materialidad de sus importaciones y exportaciones, ya que la autoridad fiscalizará con mayor rigor la trazabilidad de los pagos y la entrega física de los bienes.
Eventos recientes
El miércoles 19 de junio de 2026 se llevó a cabo el curso “Impacto de la calidad en los informes de sostenibilidad”. Durante el evento, coordinado por Nely Fernanda Mejía Vargas, se analizarán los efectos de normas recientes y lo que requerirá al sistema de gestión de calidad de las firmas para la emisión de informes de sostenibilidad.La sesión inició con la bienvenida por parte del C.P.C. José Ángel Lucio Bernal, vicepresidente de la comisión técnica de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos.El primer tema corrió a cargo de Jessica Jazmín Baxin quien partió de los tres pilares de sostenibilidad: protección ambiental, desarrollo social y gobernanza (ASG) para exponer la regulación internacional mediante la IFRS S1 con los requisitos generales para preparar la información en los temas ASG y sus efectos financieros relevantes: flujo de efectivo, acceso a financiación y costo de capital; y de la IFRS S2 enfocada en riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Ambas normas están vinculadas.Dentro del plano nacional expuso las normas desarrolladas por el CINIF: NIS A1 sobre el marco conceptual de la sostenibilidad y que ésta forma parte de las notas a los estados financieros, así como la NIS B1 que define los 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSOS) y su forma de revelarlos. Normas aplicables con aseguramiento limitado para reportar el 2025 y con seguridad razonable para reportar 2026.Por su parte, Daniel Rojas Trigos indicó la incorporación del artículo 82 bis por parte de la CNBV para todas las emisoras inscritas en Registro Nacional de Valores, quienes deben presentar informes de sostenibilidad conforme a las IFRS (emisoras nacionales listadas y extranjeras listadas que pueden negociar en el Sistema Internacional de Cotizaciones [SIC] y con presencia en México). Mencionó que las entidades no obligadas son las federativas, sofomes ENR y empresas con dependencia del 20% o menor de sus matrices. Indicó que el tratamiento de aseguramiento se realiza conforme a la NIA 720 y que la responsabilidad como auditores tiene alcance a estados financieros, por lo que los temas de sostenibilidad pueden indicarse como notas a los estados financieros y que, de informar que puede existir un error material, no debe proponerse ajuste al no ser la empresa auditada en sostenibilidad.Posteriormente, Isabel Peraza Curiel expuso la ISSA 5000, que entrará en vigor a partir de diciembre de 2026. Norma que parte de la NIEA 3000 y se complementa con la ISAE 3410 para gases de efecto invernadero. Expuso sus principios clave: basada en principios de sostenibilidad sin importar el tamaño de la empresa, que el trabajo de informe de sostenibilidad debe tener el mismo nivel del trabajo de aseguramiento sobre estados financieros, y que cubre todo el proceso de auditoría (desde la aceptación del encargo hasta la emisión del reporte), principalmente.Enfatizó el carácter cualitativo de esta norma, por lo que el juicio profesional, la capacidad de evaluación y el escepticismo por parte del auditor, cobran mayor relevancia. Resaltó que dentro del personal involucrado debe considerarse al equipo responsable de la auditoría, así como a expertos externos y otros profesionales según el campo técnico a evaluar.Por su parte, Emilio Hernádez expuso la estructura de la normatividad aplicable a los informes del contador público, que entre otros puntos comprende: las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad, las Normas Internacionales de Auditoría , las leyes y regulaciones aplicables, los marcos de información financiera y las normas de calidad de otros organismos internacionales reconocidos. Además, junto con Carlos Carrillo, presidente de la comisión de sostenibilidad del Colegio, analizaron los componentes de la Norma de Calidad con un enfoque hacia la sostenibilidad. Destacaron que el informe de sostenibilidad debe ser equivalente al informe de auditoría, la pertinencia de desarrollar políticas específicas de calidad para reportes de sostenibilidad, la formación de equipos de trabajo en áreas de sostenibilidad dentro de los despachos, la calidad de obtención de los datos (que comúnmente requieren inspecciones físicas) y la adquisición de información fuera de la empresa auditada, entre otros.El evento concluyó con un mensaje de José Ángel Lucio, quien recordó la conexión del informe de sostenibilidad con la manifestación anual de calidad que deben presentar las firmas de contadores y que corresponde ajustar los sistemas de gestión para su atención.
Desde Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo la séptima edición del Simposio Internacional de Precios de Transferencia, espacio que reunió a especialistas de la comisión de Precios de Transferencia del Colegio para analizar los principales retos que enfrenta esta materia ante el reciente entorno de fiscalización y complejidad internacional.Durante el mensaje inaugural, la presidenta del Colegio, Rosalía Ortega, destacó que la transformación de los modelos de negocio, la interacción entre partes relacionadas y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización hacen que sea indispensable la actualización profesional y, sobre todo, tener una visión integral que permita comprender las nuevas disposiciones.En esta línea, señaló que “espacios como este permiten analizar, discutir y llevar a la práctica los conocimientos”. Además, reconoció el trabajo de los organizadores, expositores y participantes que dieron vida al encuentro.La primera mesa de discusión, integrada por Karen Ramos Álvarez, Andrea Iturbide Maldonado y Luis Andrade León, se centró en los aspectos relacionados con servicios intragrupo y criterios que, hoy en día, adquieren relevancia en las auditorías fiscales.Los panelistas coincidieron en que una revisión de precios de transferencia puede involucrar distintas etapas antes de llegar al análisis de plena competencia, “desde la estricta indispensabilidad y la materialidad de una operación hasta la acreditación de su beneficio, la documentación y, finalmente, la valoración de los precios”, precisó Andrade León.Al hablar sobre el test de beneficio, los especialistas comentaron que no basta con afirmar que un servicio generó una ventaja para la entidad receptora, sino que resulta necesario contar con elementos que permitan demostrarlo y documentarlo, incluso mediante cálculos que respalden el beneficio identificado.Otro de los aspectos abordados fue la asignación de costos dentro de grupos multinacionales; al respecto, informaron que la utilización de criterios de asignación debe responder a elementos objetivos y consistentes con la naturaleza de cada servicio, “pues una metodología no necesariamente resulta adecuada para todas las actividades”, sentenció Karen Ramos.Por lo anterior, recomendaron que el análisis no se limite al estudio anual de precios de transferencia, sino que exista una preparación permanente que permita demostrar cómo se realizan las operaciones.La segunda mesa contó con la presencia de Mario Barrera Vázquez, Emmanuel Aguirre López y Miguel Morales García, quienes compartieron una visión sobre la función que desempeñan los precios de transferencia al interior de las organizaciones. En ese sentido, propusieron una visión de 360 grados en la que la gestión de precios de transferencia forme parte de la función fiscal y contribuya a la detección oportuna de riesgos, la identificación de oportunidades, el análisis financiero, la atención de auditorías y la correcta identificación de las operaciones realizadas dentro de un grupo.Bajo esta perspectiva, hicieron hincapié en que “el responsable de precios de transferencia debe involucrarse antes de que surjan las controversias, utilizando los resultados del ejercicio para identificar áreas de mejora y prevenir riesgos futuros”, dijo Barrera Vázquez.Los especialistas subrayaron que la gestión debe considerar los flujos de efectivo y las decisiones corporativas; al respecto, explicó Aguirre López que “una operación que pueda resultar sustentable desde la perspectiva de precios de transferencia puede generar problemas si no se analiza dentro del conjunto de necesidades financieras y operativas de la organización”.Un punto central del análisis fue la relación entre el asesor interno y el externo, momento en el que destacaron que ambos tienen conocimientos y perspectivas diferentes, mientras que el asesor interno conoce la operación, los procesos y las necesidades de una organización; el externo, por su parte, aporta experiencia acumulada y una visión comparativa.Los expertos concluyeron que la labor del especialista en precios de transferencia no consiste solo en determinar un rango de mercado, sino en identificar riesgos, evaluar alternativas y generar información útil para la toma de decisiones. El cierre del evento estuvo a cargo de la contadora Rita Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien destacó el valor de los conocimientos compartidos a lo largo del encuentro y reconoció la participación de los asistentes en este espacio de actualización y análisis.
El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, llevó a cabo el 18 de agosto el evento El peritaje contable en aspectos fiscales de comercio exterior, encuentro en el que se analizaron los retos que enfrentan las empresas en materia aduanera y fiscal, así como la importancia de la labor pericial para sustentar hechos y operaciones ante las autoridades y los tribunales. La sesión contó con la participación de Ricardo Landín Quinto y Guillermo César Aguilera Galindo, integrantes de la comisión, y fue coordinada por Dalia Ernestina Granados Ramos.Durante su intervención, Ricardo Landín Quinto destacó que el comercio exterior y las aduanas ocupan un lugar prioritario para las empresas, debido a su estrecha relación con las áreas contables y fiscales. Explicó que las revisiones y controversias aduaneras pueden generar efectos directos en materia tributaria, por lo que el peritaje contable requiere una visión multidisciplinaria que integre conocimientos de contabilidad, auditoría, finanzas y derecho fiscal y aduanero. En este contexto, refirió que el dictamen puede ser un elemento de prueba en auditorías, recursos de revocación y juicios de nulidad.Al abordar los aspectos técnicos de la materia, Landín Quinto analizó la importancia de la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, los precios de transferencia y las operaciones virtuales, así como la correcta determinación de contribuciones como el Impuesto General de Importación, IVA, IEPS y Derecho de Trámite Aduanero. Asimismo, señaló que el cumplimiento de permisos, normas oficiales mexicanas y cuotas compensatorias resulta indispensable para evitar sanciones. También hizo referencia a los cambios derivados de la digitalización y a la necesidad de fortalecer los controles internos de inventarios, particularmente en empresas que operan bajo programas IMEX.Por su parte, Guillermo César Aguilera Galindo explicó que las operaciones de importación y exportación deben observar una serie de requisitos fiscales y aduaneros para que sus efectos puedan reconocerse correctamente. Enfatizó que, tratándose de importaciones, el cumplimiento de las disposiciones y el pago de las contribuciones correspondientes son fundamentales para efectos de su deducibilidad en materia de ISR. Para ejemplificar la función del perito, presentó casos en los que fue necesario confrontar facturas, pedimentos, cuentas de gastos y registros contables para esclarecer diferencias entre las partes y acreditar el cumplimiento de disposiciones aplicables al comercio exterior.Más adelante, Aguilera Galindo destacó que el análisis pericial debe seguir la trazabilidad completa de la operación, desde el flete internacional y los anticipos entregados al agente aduanal hasta el costeo de las mercancías y su tratamiento fiscal al momento de la venta. También detalló los elementos que debe reunir un dictamen, entre ellos la identificación de las partes, la metodología empleada, el desahogo del cuestionario y los papeles de trabajo que sustentan las conclusiones. En este sentido, subrayó que la evidencia documental y los registros contables constituyen la base para que el análisis pueda ser valorado dentro de una controversia.Al cierre de la sesión, Landín Quinto retomó la importancia de que las empresas mantengan trazabilidad, materialidad y razón de negocio en sus operaciones, particularmente en un entorno de fiscalización electrónica y análisis masivo de información. Ambos participantes coincidieron, desde sus respectivos planteamientos, en la necesidad de que el trabajo del perito se sustente rigurosamente en documentación y principios contables. Finalmente, se enfatizó que el dictamen es un instrumento auxiliar para el juzgador, quien tiene la facultad de valorarlo y determinar su alcance al resolver la controversia.
