Este 10 de febrero, el Colegio llevó a cabo el Foro de reformas aduaneras y de comercio exterior 2026, espacio que sirvió para el análisis de las principales reformas que impactan a las operaciones de comercio exterior y aduanas en México.
En primera instancia, Yolanda Aguirre González analizó la propuesta de reforma a la Ley Aduanera, destacando que los cambios responden a una estrategia integral de la autoridad fiscal para fortalecer la supervisión ante conductas de fraude detectadas en el sector.
En este panorama, dialogó sobre la reconfiguración de las infracciones y sanciones, ya que la reforma no solo contempla multas económicas más onerosas, sino una mayor tipificación de conductas que pueden derivar en delitos.
Por su parte, Alberto Ruiz Rioja analizó las transformaciones estructurales que rigen el ecosistema del comercio transfronterizo en el país. Durante su exposición, destacó que la modernización aduanera no es un proceso meramente tecnológico, sino un cambio de paradigma en la responsabilidad profesional y el cumplimiento normativo.
Al platicar sobre la figura del agente aduanal y el representante aduanero, el expositor señaló que la especialización técnica y la conducta ética se han vuelto requisitos indispensables para garantizar la seguridad jurídica de las empresas; también, hizo hincapié en que el contador y el especialista en comercio exterior deben actuar como guardianes de la integridad de los datos declarados ante la autoridad.
Al foro asistió Juan Antonio Castro Chávez, quien se encargó de discutir acerca de los retos operativos y normativos que conlleva la implementación de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE). Durante su intervención, subrayó que este cambio representa una transformación profunda en la forma en que los importadores deben documentar y transmitir el valor en aduana de sus mercancías, con un impacto directo en la deducibilidad fiscal.
Al respecto, informó que a partir de 2026 la documentación de soporte prevista en el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera debe ser transmitida de forma íntegra. Enfatizó que la MVE debe contener e.firma o sellos digitales del importador, lo que refuerza la responsabilidad directa de la empresa sobre la veracidad de los datos declarados.
En tanto, Julián Luna Poblano compartió un panorama sobre las nuevas estrategias de fiscalización y el incremento en el rigor sancionatorio que caracteriza al ejercicio actual. Por lo anterior, el especialista propuso como herramientas fundamentales la elaboración de una matriz de riesgos y la realización de diagnósticos de cumplimiento periódicos.
“Estas medidas permiten identificar vulnerabilidades en la cadena de suministro y corregir omisiones antes de que sean detectadas en facultades de comprobación”, aclaró.
Rosaura Aguilar Peña, por su parte, enfatizó que la digitalización de las operaciones aduaneras no solo busca la modernización administrativa, sino que constituye una herramienta estratégica para fortalecer la fiscalización y reducir riesgos de fraude.
En virtud de lo anterior, explicó que el cumplimiento normativo es una tarea compartida entre los usuarios del comercio exterior y los agentes aduanales: “Para mitigar riesgos, se recomienda la capacitación continua del personal involucrado, uso de plataformas electrónicas robustas, auditorías preventivas periódicas y la actualización constante conforme a los cambios en las reglas de carácter general”.
Por último, Gloria Estrada Antón presentó un análisis profundo sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y su estrecha vinculación con las operaciones transfronterizas. La ponente explicó que, bajo el nuevo marco legal, los comprobantes se consideran falsos cuando amparan operaciones, servicios o actos jurídicos inexistentes o contrarios a la realidad, independientemente de que cuenten con el timbrado oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Bajo su óptica, mencionó que, para las empresas de comercio exterior, esto implica un reto en la acreditación de la materialidad de sus importaciones y exportaciones, ya que la autoridad fiscalizará con mayor rigor la trazabilidad de los pagos y la entrega física de los bienes.
Eventos recientes
El 25 de junio, el curso Materialidad para Informes de Sostenibilidad tuvo lugar en el Colegio. En este espacio de actualización se compartió la determinación de materialidad en sostenibilidad conforme a los estándares del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés), cuyo enfoque se basa en la evaluación de riesgos, la revelación de información material y la preservación de calidad en el reporte.Al encuentro acudieron Carlos Carrillo Contreras y Sonia Magaña Cedillo, en representación de la comisión técnica de Sostenibilidad; además se contó con la participación de Yaneli Cruz Alvarado, directora de Administración de Riesgos Corporativos en Grupo Televisa.Para comenzar con el curso, se delimitó la importancia de identificar la información que debe ser revelada y para ello, se deben delimitar las necesidades de los usuarios de la información. Según comentan los expertos, la doble materialidad ayuda a identificar dicho foco; este principio de sostenibilidad permite evaluar el impacto de una empresa desde su materialidad financiera, que considera los riesgos y oportunidades climáticos, sociales y económicos que impactan el rendimiento de la organización, y la materialidad de impacto, que considera cómo las operaciones de la empresa afectan el medio ambiente y a la sociedad a su alrededor. Reconocer esta doble materialidad permite a la empresa identificar impactos positivos y negativos de su contexto social y ambiental hacia el interior y viceversa; todo ello desde un principio fundamental: preservar el entorno de una organización preserva a la organización misma. Al reconocer esta realidad, las organizaciones pueden dirigir esfuerzos a los riesgos sociales, ambientales y económicos para construir una tendencia a la innovación y la búsqueda de eficiencia en su modelo de negocios.Los ponentes señalaron que el avance de esta perspectiva que incluye el impacto ambiental en los intereses de las organizaciones y los usuarios de la información ha sido un camino largo que ha llevado a la evolución del concepto de sostenibilidad desde una búsqueda de transparencia que dio inicio formal en 1997, con los estándares globales para los impactos de la sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI). Para 2007, el Climate Disclousure Project planteo un sistema de divulgación global de información para que inversores, empresas, ciudades, estados y regiones gestionaran sus impactos ambientales. En el 2024, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad (CINIF) publica las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS), donde se enuncian los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) y se plantea la importancia de preservar la sostenibilidad en la cadena de valor de las actividades económicas empresariales.Tras enuncias la importancia de la información para la preservación de una organización y el camino histórico que ha transformado la perspectiva al respecto de la sostenibilidad en las empresas, los ponentes enunciaron los elementos que componen un Reporte financiero de propósito general, donde se incluye la revelación de Información de Sostenibilidad. Estos reportes se encuentran regulados por la IFRS S1 / S2 del ISSB, la GRI y las NIS; además se debe considerar la Norma Internacional de Aseguramiento de la Sostenibilidad (ISSA) 5000 para la emisión de reportes de aseguramiento de sostenibilidad, cuya función es lograr la comparabilidad mundial mediante un marco de referencia.Para finalizar la sesión, tras algunos ejemplos de reportes de sostenibilidad que fueron evaluados durante la sesión para identificar los aspectos clave que deben reflejar, las expertas comentaron que el control interno es un factor determinante que cobra más valor cuando se considera la sostenibilidad de una organización. Según describen, poseer información no es suficiente, se debe analizar para descubrir riesgos y oportunidades que permitan tomar decisiones en virtud de preservar la organización tanto como al medio ambiente y el tejido social que atraviesa su actividad económica.
Con el objetivo de analizar cómo la Copa Mundial de la FIFA se ha convertido en un fenómeno que nubla el juicio de los consumidores, el Colegio presentó la conferencia Q&A universitaria Euforia futbolística y supervivencia financiera.El panel, realizado este 25 de junio, contó con las participaciones de Rafael Carrero Soto, analista financiero y catedrático de la Universidad Iberoamericana; Ángela García García, docente en la Universidad de Cuautitlán Izcalli; y Carol Rodríguez Martínez, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, quienes abordaron los riesgos del consumo emocional y los mecanismos para blindar la economía personal.La mesa comenzó con la identificación de las principales fugas de capital durante temporadas como lo es la competencia de futbol mundial. Carrero Soto hizo hincapié en que es importante separar la emoción de la cartera para la salud financiera. También destacó que la inflación en los boletos de los estadios provocó que solo el 5% de la pirámide poblacional en México pudiera asistir presencialmente a los encuentros.Por su parte, la maestra Ángela enfatizó que la profesión contable entiende que las finanzas no son números fríos, sino el reflejo de motivaciones humanas. Al respecto, detalló que los egresos se manifiestan en esta temporada a través de alimentos, bebidas, reuniones sociales, contratación de plataformas de streaming, entre otras actividades.Recordó un principio básico de control, "no importa cuánto gane una persona, sino cuánto gasta respecto a los ingresos que tiene". Sobre este tema alertó que el verdadero riesgo financiero surge cuando estos "gastos hormiga" se difieren a crédito, diluyendo la percepción de un gasto real.Desde la perspectiva universitaria, Carol Rodríguez explicó que el consumo en estas fechas responde a una necesidad psicológica, social y de pertenencia cultural. El segundo bloque abordó el ecosistema fintech y el rol de los neobancos como armas de doble filo para la gestión del dinero. Carrero Soto puntualizó que estas plataformas facilitan la automatización del control de gastos mediante alertas en tiempo real y la configuración de topes de consumo.Por su parte, la maestra García coincidió en las bondades del ahorro automatizado, las cuales atraen a usuarios jóvenes con rendimientos competitivos; sin embargo, señaló que existe una brecha generacional importante, pues las personas adultas mayores aún requieren la certidumbre de la atención humana.A su vez, Carol Rodríguez alertó sobre el auge de las plataformas de apuestas digitales y las facilidades de pago, por lo que manifestó que el dinero digital reduce el "dolor psicológico" de gastar en comparación con el efectivo, lo que propicia compras compulsivas.Carol Rodríguez concluyó su participación exhortando a la audiencia, en especial a los jóvenes, a construir un fondo de emergencia equivalente a un periodo de tres a seis meses del sueldo base para amortiguar imprevistos sin recurrir al "crédito tóxico", ya que “la clave no radica en la privación absoluta del capital, sino en el consumo consciente y la gestión oportuna”.
El Colegio realizó la decimotercera edición del Foro de fiscalización del SAT para grandes contribuyentes, un espacio de análisis en el que se abordaron las prioridades, expectativas y estrategias de la autoridad fiscal hacia las organizaciones con un papel clave en la economía nacional.La apertura del magno evento la encabezó la contadora Rosalía Ortega, presidenta de la institución, quien destacó que el conocimiento, el intercambio de experiencias y el diálogo son elementos indispensables para promover una cultura de cumplimiento y fortalecer la confianza en un entorno fiscal complejo. Asimismo, celebró la oportunidad de estrechar los canales de comunicación entre el gremio y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Durante su intervención, la titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, Jennifer Castillo Madrid, presentó un balance de la recaudación en el país y detalló los ejes de trabajo de su gestión. Al respecto, expuso que los ingresos tributarios han mostrado un crecimiento, alcanzando 5,351,680 millones de pesos en el periodo de enero a diciembre de 2025, lo que representa una variación real del 4% frente al ejercicio anterior.La funcionaria aclaró que entre 2023 y 2025 se iniciaron 2,480 actos de fiscalización, lo que significa que solo el 6% del padrón fue sujeto de revisión, desmitificando un exceso de fiscalización. En materia de devoluciones, informó que se reportó un incremento del 36% entre 2020 y 2025.En el marco de las acciones del Plan México, Castillo Madrid subrayó que la programación de auditorías se realiza mediante sistemas automatizados e indicadores de riesgo que detectan inconsistencias y operaciones de alto riesgo, como planeaciones fiscales agresivas, pérdidas fiscales recurrentes o tasas efectivas menores a las del sector, garantizando que no existen persecuciones particulares ni motivaciones políticas.Como parte de la simplificación y certeza jurídica, anunció que se implementará un esquema de fiscalización transparente que limitará las revisiones a una sola auditoría integral por contribuyente y ejercicio fiscal.Por su parte, el Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia, Carlos González Gamero, centró su intervención en el contexto internacional de la fiscalización, destacando la importancia de fortalecer la certidumbre jurídica en operaciones transfronterizas.Subrayó el papel de los tratados internacionales para evitar la doble tributación, así como el uso de mecanismos como los procedimientos amistosos y los acuerdos anticipados de precios. Asimismo, enfatizó la necesidad de una fiscalización más focalizada, basada en análisis de riesgo y en el aprovechamiento de la información disponible.En su oportunidad, el Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, Alejandro Alcides Villalta Ramírez, abordó aspectos operativos vinculados al cumplimiento fiscal. Al respecto, destacó la relevancia de contar con documentación definitiva, papeles de trabajo consistentes y contratos debidamente formalizados, como elementos clave para evitar observaciones durante los procesos de revisión.Ambos funcionarios hicieron hincapié en la aplicación estricta de las disposiciones legales, contables y fiscales, así como en la relevancia de los más de 60 tratados internacionales vigentes, manteniendo una colaboración estrecha con autoridades de otros países.Destacaron el desarrollo del portal de difusión de criterios institucionales como una herramienta para transparentar la postura del SAT en temas relevantes como materialidad, cuentas incobrables y publicidad. Y, en sus mensajes de cierre, realizaron un llamado a la comunidad contable y sector empresarial para fomentar la autocorrección oportuna, privilegiar el cumplimiento voluntario y evitar litigios prolongados mediante el uso de mecanismos alternativos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).Durante la segunda jornada del foro, se realizaron cuatro mesas de discusión con diferentes ópticas. En la primera de ellas, Manuel Tamez Zendejas, Luis González Flores y Allen Saracho Carrillo coincidieron en que la autoridad fiscal mantendrá un enfoque riguroso en la identificación de planeaciones fiscales agresivas, así como en la revisión de operaciones internacionales.Destacaron que el concepto de planeación fiscal agresiva seguirá siendo un elemento clave, aunque su interpretación puede variar según el criterio de la autoridad, lo que genera incertidumbre para los contribuyentes. Los expertos enfatizaron la necesidad de contar con soporte documental sólido desde el origen de las operaciones, incluyendo contratos claros, evidencia de prestación efectiva de servicios y trazabilidad contable.En otra mesa se presentaron Eduardo Estrada Borja, Enrique Ramírez Luna y Rodolfo Jerónimo Pérez, quienes señalaron que, ante las revisiones de la autoridad, no solo se analizan cifras, sino que también se busca validar la existencia de las operaciones a través de elementos como número de empleados, infraestructura, contratos y controles internos. En este sentido, subrayaron que demostrar la materialidad requiere documentación y un entorno de control sólido, capaz de evidenciar cómo se ejecutan las operaciones dentro de la organización.Por su parte, Adriana Escobedo Hernández y César Aguilar comentaron los retos actuales en materia de sustancia y razón de negocios en servicios intercompañía, destacando que la autoridad ha evolucionado su enfoque de revisión. “Hoy, más allá de validar cálculos, el análisis parte de cuestionar la existencia misma del servicio y el beneficio que este genera”, puntualizó Adriana.Además, se enfatizó la relevancia del test de beneficio que exige demostrar, con evidencia documental, que el servicio aportó valor económico o comercial real al receptor. Asimismo, se subrayó la necesidad de acreditar la no duplicidad de funciones y evitar la inclusión de costos propios del accionista.En el último panel, se contó con la presencia de José Luis Ortiz Coronado y Eduardo Sánchez Lemoine. En su participación abordaron el enfoque actual de las revisiones en materia aduanera, destacando patrones específicos que han captado la atención de la autoridad.Señalaron como focos de revisión la importación temporal de productos terminados, las importaciones temporales no vinculadas a procesos productivos, así como aquellas empresas que presentan un bajo retorno de mercancías. Asimismo, advirtieron sobre el uso de transferencias virtuales hacia empresas consideradas de alto riesgo, utilizadas con fines de simulación, lo cual representa un punto crítico en los actos de fiscalización.Para cerrar el foro, se presentó un mensaje de la contadora Rita Mireya Valdivia, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien agradeció a los asistentes, panelistas y coordinadores por dar vida a una edición más del foro que se caracterizó por el acercamiento con la autoridad tributaria del país.
