El Colegio realizó la decimotercera edición del Foro de fiscalización del SAT para grandes contribuyentes, un espacio de análisis en el que se abordaron las prioridades, expectativas y estrategias de la autoridad fiscal hacia las organizaciones con un papel clave en la economía nacional.
La apertura del magno evento la encabezó la contadora Rosalía Ortega, presidenta de la institución, quien destacó que el conocimiento, el intercambio de experiencias y el diálogo son elementos indispensables para promover una cultura de cumplimiento y fortalecer la confianza en un entorno fiscal complejo. Asimismo, celebró la oportunidad de estrechar los canales de comunicación entre el gremio y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante su intervención, la titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, Jennifer Castillo Madrid, presentó un balance de la recaudación en el país y detalló los ejes de trabajo de su gestión. Al respecto, expuso que los ingresos tributarios han mostrado un crecimiento, alcanzando 5,351,680 millones de pesos en el periodo de enero a diciembre de 2025, lo que representa una variación real del 4% frente al ejercicio anterior.
La funcionaria aclaró que entre 2023 y 2025 se iniciaron 2,480 actos de fiscalización, lo que significa que solo el 6% del padrón fue sujeto de revisión, desmitificando un exceso de fiscalización. En materia de devoluciones, informó que se reportó un incremento del 36% entre 2020 y 2025.
En el marco de las acciones del Plan México, Castillo Madrid subrayó que la programación de auditorías se realiza mediante sistemas automatizados e indicadores de riesgo que detectan inconsistencias y operaciones de alto riesgo, como planeaciones fiscales agresivas, pérdidas fiscales recurrentes o tasas efectivas menores a las del sector, garantizando que no existen persecuciones particulares ni motivaciones políticas.
Como parte de la simplificación y certeza jurídica, anunció que se implementará un esquema de fiscalización transparente que limitará las revisiones a una sola auditoría integral por contribuyente y ejercicio fiscal.
Por su parte, el Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia, Carlos González Gamero, centró su intervención en el contexto internacional de la fiscalización, destacando la importancia de fortalecer la certidumbre jurídica en operaciones transfronterizas.
Subrayó el papel de los tratados internacionales para evitar la doble tributación, así como el uso de mecanismos como los procedimientos amistosos y los acuerdos anticipados de precios. Asimismo, enfatizó la necesidad de una fiscalización más focalizada, basada en análisis de riesgo y en el aprovechamiento de la información disponible.
En su oportunidad, el Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, Alejandro Alcides Villalta Ramírez, abordó aspectos operativos vinculados al cumplimiento fiscal. Al respecto, destacó la relevancia de contar con documentación definitiva, papeles de trabajo consistentes y contratos debidamente formalizados, como elementos clave para evitar observaciones durante los procesos de revisión.
Ambos funcionarios hicieron hincapié en la aplicación estricta de las disposiciones legales, contables y fiscales, así como en la relevancia de los más de 60 tratados internacionales vigentes, manteniendo una colaboración estrecha con autoridades de otros países.
Destacaron el desarrollo del portal de difusión de criterios institucionales como una herramienta para transparentar la postura del SAT en temas relevantes como materialidad, cuentas incobrables y publicidad. Y, en sus mensajes de cierre, realizaron un llamado a la comunidad contable y sector empresarial para fomentar la autocorrección oportuna, privilegiar el cumplimiento voluntario y evitar litigios prolongados mediante el uso de mecanismos alternativos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Durante la segunda jornada del foro, se realizaron cuatro mesas de discusión con diferentes ópticas. En la primera de ellas, Manuel Tamez Zendejas, Luis González Flores y Allen Saracho Carrillo coincidieron en que la autoridad fiscal mantendrá un enfoque riguroso en la identificación de planeaciones fiscales agresivas, así como en la revisión de operaciones internacionales.
Destacaron que el concepto de planeación fiscal agresiva seguirá siendo un elemento clave, aunque su interpretación puede variar según el criterio de la autoridad, lo que genera incertidumbre para los contribuyentes. Los expertos enfatizaron la necesidad de contar con soporte documental sólido desde el origen de las operaciones, incluyendo contratos claros, evidencia de prestación efectiva de servicios y trazabilidad contable.
En otra mesa se presentaron Eduardo Estrada Borja, Enrique Ramírez Luna y Rodolfo Jerónimo Pérez, quienes señalaron que, ante las revisiones de la autoridad, no solo se analizan cifras, sino que también se busca validar la existencia de las operaciones a través de elementos como número de empleados, infraestructura, contratos y controles internos. En este sentido, subrayaron que demostrar la materialidad requiere documentación y un entorno de control sólido, capaz de evidenciar cómo se ejecutan las operaciones dentro de la organización.
Por su parte, Adriana Escobedo Hernández y César Aguilar comentaron los retos actuales en materia de sustancia y razón de negocios en servicios intercompañía, destacando que la autoridad ha evolucionado su enfoque de revisión. “Hoy, más allá de validar cálculos, el análisis parte de cuestionar la existencia misma del servicio y el beneficio que este genera”, puntualizó Adriana.
Además, se enfatizó la relevancia del test de beneficio que exige demostrar, con evidencia documental, que el servicio aportó valor económico o comercial real al receptor. Asimismo, se subrayó la necesidad de acreditar la no duplicidad de funciones y evitar la inclusión de costos propios del accionista.
En el último panel, se contó con la presencia de José Luis Ortiz Coronado y Eduardo Sánchez Lemoine. En su participación abordaron el enfoque actual de las revisiones en materia aduanera, destacando patrones específicos que han captado la atención de la autoridad.
Señalaron como focos de revisión la importación temporal de productos terminados, las importaciones temporales no vinculadas a procesos productivos, así como aquellas empresas que presentan un bajo retorno de mercancías. Asimismo, advirtieron sobre el uso de transferencias virtuales hacia empresas consideradas de alto riesgo, utilizadas con fines de simulación, lo cual representa un punto crítico en los actos de fiscalización.
Para cerrar el foro, se presentó un mensaje de la contadora Rita Mireya Valdivia, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien agradeció a los asistentes, panelistas y coordinadores por dar vida a una edición más del foro que se caracterizó por el acercamiento con la autoridad tributaria del país.
Eventos recientes
Con el objetivo de despejar las dudas relacionadas con el régimen pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), portabilidad y derechos de los trabajadores del Estado, el Colegio organizó el foro PENSIONISSSTE, el cual fue coordinado por Jorge Ponce Yépez y Juvenal Villaverde Crisantos, y tuvo como panelista a José Abrego Belmont, integrante de la comisión de Seguridad Social.Durante su participación, Abrego Belmont explicó que las reglas laborales para los empleados del gobierno son diferentes a las de las empresas privadas. “A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde queda claro cómo se calcula el salario para las aportaciones, la Ley del ISSSTE estipula que el sueldo básico es solamente el sueldo neto que aparece en el tabulador según cada puesto”.Sobre la responsabilidad de las dependencias públicas, el expositor comentó que “si una oficina de gobierno olvida retener de forma correcta las cuotas de seguridad social de sus empleados, la ley solo le permite cobrarle al trabajador un máximo de dos cotizaciones atrasadas”.Al comparar los sistemas de jubilación por edad entre el IMSS y el ISSSTE, se compartieron las ventajas y desventajas. Por su parte, el ISSSTE pide menos años de servicio que el IMSS para alcanzar una pensión; sin embargo, el monto máximo está más topado en el gobierno.Mientras que en el IMSS un trabajador puede cotizar con un sueldo más alto, el ISSSTE tiene un límite estricto de solo 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto hace que las pensiones del sector privado tiendan a ser altas para quienes ganan sueldos medios y altos.De igual forma, se habló sobre la portabilidad de derechos, la cual se informó que consiste en que una persona pueda sumar años trabajados en el sector privado y en el gobierno. En este punto, el expositor comentó que, en la ley, no existe el concepto de integración del salario y salario base de cotización; “solo existe el concepto de salario básico y hay que recurrir a consultar otras leyes y jurisprudencias para tener claridad sobre lo que quiso expresar el legislador”.Antes de concluir la sesión, los especialistas destacaron la importancia de descifrar la complejidad de la seguridad social en el sector público. Coincidieron en que, ante la falta de análisis más allá de las leyes, “se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”.Al cierre de la sesión, los expertos hicieron un llamado a profundizar en el funcionamiento de la seguridad social pública. Advirtieron que la falta de claridad en la integración salarial y los trámites de pensión suele empujar a los trabajadores a costosos litigios.“Ante la falta de análisis más allá de las leyes, se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”, concluyeron.
El Colegio de Contadores Públicos de México celebró el 16 de julio una Asamblea General Extraordinaria en el Aula Magna de sus instalaciones, en la que los asociados y las asociadas ratificaron los resultados favorables de la reforma estatutaria que permitirá adoptar la denominación Colegio de la Contaduría Pública de México, A.C., una vez concluyan los procedimientos de protocolización e inscripción ante las autoridades competentes.La ceremonia fue presidida por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, mientras que Orlando Corona Lara, vicepresidente de Gobierno, condujo el desarrollo de la sesión, verificó el cumplimiento de las formalidades estatutarias y dirigió el desahogo de cada uno de los puntos del orden del día.En el presídium participaron también Manuel Tamez Zendejas, vicepresidente de Comunicación e Imagen; Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional; Víctor Manuel Pérez Ruiz, vicepresidente de Vinculación Universitaria; Alejandro Jorge Guevara Perea, vicepresidente de Normatividad Institucional; Héctor Vázquez González, vicepresidente de Promoción y Membrecía; José Gabriel Beristáin Salmerón, vicepresidente de Finanzas, y Virginia Ríos Hernández, vicepresidenta de Estrategia, Organización y Control.Asimismo, asistieron María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva; los asesores Pablo Cervantes García, Cristina de Atela Pérez, Catalina Mejía Balcázar y Miguel Ángel Tavares Sánchez; los escrutadores María de Lourdes Domínguez Morán y Álvaro Enrique Cordón Álvarez, así como Javier Isaías Pérez Almaraz, titular de la Notaría Pública número 125 de la Ciudad de México, quien dio fe de los actos y acuerdos adoptados durante la sesión.La reforma estatutaria representa una evolución institucional orientada a fortalecer la identidad del Colegio y ampliar la representación de la profesión contable, preservando en todo momento su personalidad jurídica, patrimonio, derechos y obligaciones. Además del cambio de denominación social, la actualización incorpora la posibilidad de celebrar asambleas generales en modalidad presencial, a distancia o mixta, bajo mecanismos que garanticen la identidad de los participantes, la validez del voto, la verificación del quórum y la certeza jurídica de los acuerdos.Durante la sesión, Ernesto Torres García, vicepresidente de la comisión de Estatutos, presentó un resumen del proceso que dio origen a la reforma, el cual incluyó la revisión técnica del proyecto, un periodo de auscultación entre la membrecía, una sesión informativa y la aprobación por parte de la Junta de Gobierno antes de ser sometido a votación.Posteriormente, Mónica Estrada Hernández, presidenta del Comité de Auditoría y Riesgos, informó que el proceso de votación cumplió con las disposiciones estatutarias y certificó que la propuesta obtuvo el respaldo requerido para su ratificación, sin detectarse irregularidades.Durante el espacio de participación, asociados y expresidentes coincidieron en que la reforma representa un paso relevante para fortalecer al Colegio y responder a los nuevos retos de la profesión.José Gabriel Beristáin Salmerón, vicepresidente de Finanzas, destacó que la modificación responde a una visión de futuro para la institución. "Es muy relevante aceptar este cambio de denominación social con una visión incluyente. También es importante abrir la posibilidad de que nuevas generaciones participen en nuestro Colegio mediante modalidades virtuales".Por su parte, el expresidente Víctor Keller Kaplanska señaló que la reforma formaliza una evolución que el Colegio ha construido durante años. "Este acto es el proceso legal de cambiar un nombre, pero no modifica la esencia que ya traemos ni la historia que hemos construido a través de los años".En tanto, el expresidente Juan Carlos Bojorges Pérez hizo un llamado para que la actualización estatutaria se traduzca en acciones concretas que fortalezcan la participación de la membrecía y consoliden al Colegio como referente de la profesión. "Que no se quede solamente en la palabra o en la redacción; que este cambio se refleje en iniciativas, en participación y en un mayor acercamiento con las nuevas generaciones y con la sociedad".Al clausurar los trabajos, la presidenta Rosalía Ortega López subrayó que la reforma fortalece a la institución sin alterar los principios que le han dado prestigio a lo largo de su historia. "La reforma que acabamos de ratificar no cambia nuestra esencia, la fortalece. Nos brinda una identidad que representa con mayor amplitud a la Contaduría Pública y nos dota de herramientas que permitirán responder con oportunidad a los desafíos de un entorno que evoluciona todos los días".Asimismo, destacó que la decisión refleja una visión de largo plazo para consolidar una institución preparada para el futuro. "Las organizaciones que perduran saben preservar sus principios, pero también saben evolucionar. Hoy hemos demostrado que, cuando el propósito es el bien del Colegio y el amor por nuestra profesión, siempre es posible construir consensos".Finalmente, hizo un llamado a la membrecía a continuar fortaleciendo a la institución."Estoy convencida de que esto es precisamente lo que hemos logrado. Por eso, el futuro del Colegio no se espera, se construye. Y hoy, gracias a todos y todas ustedes, hemos dado un paso más para construir un Colegio más fuerte".Con la aprobación de la reforma, el Colegio iniciará el proceso de protocolización e implementación de los estatutos reformados, así como la actualización de los instrumentos normativos y operativos que consolidarán esta nueva etapa institucional. La nueva denominación será utilizada una vez que concluyan los procedimientos legales correspondientes y la reforma quede debidamente protocolizada e inscrita ante las autoridades competentes.
El 14 y 15 de julio se presentó en el Colegio el curso Medios de defensa ante los procesos de fiscalización del SAT, un espacio de actualización dedicado a compartir y analizar las alternativas de defensa fiscal al alcance del contribuyente en el entorno actual.La coordinación del evento estuvo a cargo de la comisión técnica Fiscal, encabezada por Guadalupe Santos Moreno, acompañada integrantes de la misma comisión en calidad de ponentes y expertos en materia: Eduardo Sánchez Lemoine, Federico Tercero Garza Torres, Pablo Ramírez Morales, Luis Alberto Placencia Alarcón, Antonio Vela Peón y Ulises Castilla Flores.Durante el preludio del curso, Eduardo Sánchez comentó una realidad fundamental para el acercamiento a estos medios de defensa: el contribuyente se encuentra en una posición desigual con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); la carga de la prueba reside en el contribuyente, quien debe disipar las presunciones legales de la autoridad. Establecido este elemento fundamental para el resto del curso, el experto continuó con el desarrollo del recurso de revocación, medio de defensa que permite impugnar resoluciones de una autoridad si se consideran desapegadas a la ley, sin embargo, Sánchez comentó que el SAT confirma un 80% de los actos recurridos, debido a que la resolución depende enteramente de la autoridad, sin necesidad de un tribunal.Federico Garza tomó la dirección del curso para compartir las tesis y jurisprudencias relevantes para los medios de defensa, con la intención de identificar valor en ellas y analizar su uso estratégico. Tras delimitar las diferencias entre una tesis aislada y una jurisprudencia, el experto comentó que el valor práctico de una jurisprudencia reside en su articulación con la narrativa del contribuyente y, aunque no sustituye a una prueba puede brindar sustento a una si se conecta apropiadamente con el expediente probatorio. Por su parte, Pablo Ramírez desarrolló dos mecanismos alternativos de solución de controversias: la queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y los acuerdos conclusivos. Estos medios de defensa brindan al contribuyente una resolución de controversia antes de un acto de la autoridad y habilita un entorno de negociación y diálogo que deriva en la extensión de documentación adicional que respalde el caso, lo cual hace más manejable la situación de desigualdad entre la autoridad y el contribuyente. Sin embargo, Ramírez exhortó sobre la importancia de percibir estas posibilidades con un interés colaborativo y de alcanzar acuerdos, no de oposición a la autoridad.Para el segundo día de la jornada, Luis Alberto Placencia Alarcón dedicó el espacio a conocer la estructura, etapas y elementos clave del juicio contencioso administrativo, comenzando por su definición como un sistema de protección de para los derechos y garantías de las personas administradas; además, se exploró el marco normativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que en él se traza su facultad de “dirimir controversias entre la administración pública federal y los particulares” y el listado de resoluciones definitivas y actos administrativos en los cuales tienen competencia. Posteriormente, Antonio Vela dio luz sobre el procedimiento especial contenido en el artículo 49-Bis del Código Fiscal de la Federación, una facultad de comprobación cuya importancia reside en su capacidad de influir en el Certificado de Sello Digital y tener consecuencias penales. Debido a ello, el experto reiteró en la importancia de entender este procedimiento como un espacio para disipar la presunción de la autoridad mediante pruebas. Adicionalmente, Vela brindó algunas recomendaciones específicas, como la importancia de responder a este mecanismo, preservar un ambiente de conciliación y cómo hacer valer los derechos del contribuyente durante estas visitas.Ulises Castilla dio cierre al evento con la conceptualización y distinciones del juicio de resolución exclusiva de fondo en materia fiscal, una modalidad del juicio contencioso administrativo caracterizado por la oralidad y celeridad que, aunque tiene limitaciones respecto a los casos donde es procedente, puede representar una reducción de costo de fianza. El experto señaló que estos juicios son relevantes cuando el contribuyente quiere que el Tribunal determine si la autoridad tiene razón o no en el fondo, no en su forma; debido a esta ausencia de flexibilidad es fundamental que el contribuyente valore es un medio de defensa válido para su caso concreto.
