Ante una mayor fiscalización, el uso de herramientas tecnológicas por parte de las autoridades y la constante evolución de los criterios jurisdiccionales, la actualización profesional se ha convertido en una necesidad estratégica para quienes participan en el ámbito tributario.
Con esta visión, las comisiones Fiscales del Colegio organizaron la 21.ª Semana de actualización fiscal, celebrada del 1 al 4 de junio que reunió a expertos para examinar los principales cambios normativos, jurisprudenciales y operativos que están impactando la práctica fiscal del presente año.
La presidenta del Colegio, Rosalía Ortega López, inauguró las actividades destacando la importancia de generar espacios de análisis y reflexión que permitan fortalecer las competencias técnicas de los profesionales, fomentar el intercambio de experiencias y contribuir al ejercicio ético y responsable de la profesión.
Rodolfo Rubén Cuahutle Torres abrió el programa con un análisis de las tesis y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abordando temas como la cancelación del RFC por fusión de sociedades, las devoluciones de impuestos, la restricción temporal de Certificados de Sello Digital y los plazos de las visitas domiciliarias.
Posteriormente, Ignacio Sosa López expuso los aspectos fundamentales relacionados con la identificación del beneficiario controlador, figura incorporada al marco fiscal mexicano desde 2022 como parte de los esfuerzos internacionales para combatir prácticas ilícitas y fortalecer la transparencia corporativa.
Por su parte, Antonio Alberto Vela Peón analizó la importancia de los avisos, declaraciones e informes presentados ante la autoridad fiscal, así como las responsabilidades de socios, accionistas, representantes legales y apoderados en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Las facultades de gestión y comprobación de las autoridades fiscales fueron desarrolladas por Alberto Guillermo Castelló Durán y Oscar Manuel Chávez Noguez, quienes destacaron la relevancia de atender oportunamente cartas invitación, requerimientos y procedimientos relacionados con los certificados de sello digital y la correcta documentación de deducciones.
En otro orden de ideas, Mariana Garrido Espinosa explicó el nuevo procedimiento previsto en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación para verificar la materialidad de las operaciones amparadas con CFDI, así como sus implicaciones fiscales y reputacionales para los contribuyentes.
En materia de criterios fiscales, Rogelio José Luis Reyes Jiménez analizó los cambios normativos y no vinculativos para 2026, destacando la estrategia de la autoridad para fortalecer la recaudación mediante nuevas interpretaciones y mecanismos de vigilancia, particularmente en el entorno digital.
Asimismo, Juan Alberto Torres Romero abordó la obligación de reportar operaciones relevantes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), enfatizando la importancia de documentar adecuadamente la razón de negocios y la sustancia económica de las operaciones.
Los estímulos fiscales y su correcta aplicación fueron desarrollados por Luis Alberto Placencia Alarcón, quien presentó las principales fuentes de estos beneficios y explicó las condiciones para acceder al programa de regularización de adeudos fiscales contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026.
En el ámbito de las reestructuras corporativas, Ulises Castilla Flores profundizó en los conceptos de razón de negocios y materialidad de las operaciones, elementos que actualmente constituyen aspectos fundamentales en la revisión y validación de actos jurídicos con efectos fiscales.
Por su parte, Héctor Eduardo Jiménez Rodríguez presentó una actualización sobre el Instrumento Multilateral (MLI), destacando su papel en la prevención de la doble no tributación y el uso indebido de los tratados fiscales internacionales.
Finalmente, Iván Eduardo Álvarez Espinoza analizó la evolución de los precios de transferencia en el contexto del proyecto BEPS y las tendencias internacionales que continúan transformando las obligaciones de documentación y cumplimiento para los grupos empresariales.
Durante la clausura, Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional del Colegio, reconoció la participación de los especialistas, coordinadores y cerca de 200 asistentes que formaron parte de esta edición. Asimismo, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la capacitación profesional mediante espacios de actualización que permitan enfrentar con mayor preparación los retos del entorno fiscal actual.
Eventos recientes
Con la finalidad de dar a conocer el tema de riesgos de incorrección material, fraude, errores y normas de auditoría para entidades menos complejas, la comisión técnica de Auditoría del Colegio presentó el 21 y 22 de julio, el curso Temas selectos de auditoría de estados financieros.El evento contó con la participación de Alfredo Molina Mercado, Victoria Huerta Mendizábal, Jessica Gómez Domínguez y Juan José Véjar Becerril como ponentes; además de Arturo Zavala Coca y Rafael Yela Gutiérrez en la gestión de las participaciones. Revisión del reconocimiento de ingresos y su consideración en temas de fraude fue el primer tema de la tarde a cargo de Alfredo Molina Mercado, quien examinó las causas que representan el área de mayor riesgo, de acuerdo con la NIA 240. Su exposición abarcó los tres elementos del triángulo del fraude (presión, oportunidad y racionalización). En esta tesitura, se habló de la necesidad de adoptar una mentalidad de auditor forense en el trabajo de revisión, así como las etapas del modelo de reconocimiento de ingresos de la NIF D-1 e IFRS 15. Al cierre de su intervención, habló de las señales de alerta por industria, el análisis analítico de datos sobre el universo total de transacciones y las respuestas requeridas ante la detección de indicios de manipulación. La segunda ponencia estuvo bajo la batuta de Victoria Huerta Mendizábal, quien habló de los temas de Valoración del negocio en marcha (NIA 570) y los procedimientos aplicables al cierre contable. Referente al negocio de marcha, destacó la obligación de evaluar un periodo mínimo de 12 meses a partir de la autorización de los estados financieros; la identificación de indicadores financieros u operativos de duda significativa, la evaluación de planes de la administración y los efectos en el informe del auditor. Otro tema abordado por Huerta Mendizábal fue el del cierre contable, en la que detalló las pruebas de corte de operaciones en la compraventa, la revisión de pasivos no registrados, la evaluación de asientos de diario para reducir el riesgo de la evasión de controles, esto con base en la NIA 240 y las revisiones analíticas finales. La segunda ponencia estuvo a cargo de Victoria Huerta Mendizábal, quien habló de los temas de valoración del negocio en marcha (NIA 570) y los procedimientos aplicables al cierre contable. Referente al negocio de marcha, destacó la obligación de evaluar un periodo mínimo de 12 meses a partir de la autorización de los estados financieros; la identificación de indicadores financieros u operativos de duda significativa, la evaluación de planes de la administración y los efectos en el informe del auditor. Otro tema abordado por Huerta Mendizábal fue el del cierre contable, en la que detalló las pruebas de corte de operaciones en la compraventa, la revisión de pasivos no registrados, la evaluación de asientos de diario para reducir el riesgo de la evasión de controles, esto con base en la NIA 240 y las revisiones analíticas finales. En la segunda jornada del día, se abordaron tres temas fundamentales: Auditoría de grupos, revisión de estimaciones y procedimientos de confirmaciones. Las ponencias fueron de Jessica Gómez Domínguez, Juan Jesús Véjar Domínguez. El evento fue coordinado por el contador Rafael Yela Gutiérrez. Jessica Gómez Domínguez, en su intervención, habló de las consideraciones especiales que se tienen en las auditorías de estados financieros de grupos bajo la NIA 600, en este tema recalcó que la responsabilidad sobre la opinión consolidada recae en el auditor del grupo y no se comparte con los auditores de componentes. A la par, habló de la transición hacia un enfoque basado en el riesgo de incorrección material, la alineación con los requerimientos de gestión de la calidad de la NIA 220, y la importancia de mantener una comunicación bidireccional con los equipos de auditoría locales.Finalmente, Juan Jesús Vejar Becerril comentó acerca de la revisión de estimaciones contables (NIA 540) y el uso de confirmaciones externas (NIA 505). En el ámbito de las estimaciones contables, el contador Véjar profundizó en el espectro del riesgo inherente a través de la incertidumbre, la complejidad y la subjetividad de los métodos, hipótesis y datos empleados. En cuanto a las confirmaciones externas, detalló los requerimientos para mantener el control directo sobre el proceso de envío y recepción, el tratamiento de las negativas de la administración y la ejecución de procedimientos alternativos para la obtención de evidencia fiable.
El 20 de julio se presentó el curso IA aplicada a la fiscalidad internacional en el Colegio, bajo la coordinación de la comisión técnica Fiscal Internacional, un espacio de análisis y reflexión entorno a las oportunidades que trae consigo la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) para optimizar tareas, recuperar información y alimentar la toma de decisiones.En el evento se contó con la participación de Jorge Carlos Ramírez Lomelín, director ejecutivo de IA en Augmentis.AI, firma mexicana especializada en la aplicación de esta tecnología; Alejandro Barrera Fernández, Juan Ángel Becerra Cantú y Ana Teresa Aceves Villalba, integrantes de la comisión antes citada compartieron también sus conocimientos desarrollados desde el campo mediante la experimentación y documentación en el uso de la IA en el entorno Fiscal Internacional.Para comenzar, los ponentes partieron de un hecho: la IA ya forma parte de la realidad profesional de abogados, contadores y consultores, por lo que conocer esta herramienta y las formas en que se utiliza para desarrollar una perspectiva crítica que identifique su utilidad y alcance al mismo tiempo que considera sus limitaciones y riesgos. Debido a estas premisas, es fundamental entender la IA como una herramienta que habilita oportunidades, pero no sustituye el juicio profesional, sobre todo cuando se trata del entorno fiscal internacional.Según comentan los expertos, la IA tiene una dependencia inmediata de su operador, de manera simplificada: la calidad de sus respuestas estará vinculada a la correcta formulación de preguntas, el desglose de contexto apropiado y la posterior evaluación de sus resultados; por ello, conocer su funcionamiento y criterio es determinante para su uso efectivo. Por ello, el inicio del curso se centró en comprender el funcionamiento de los Large Lenguage Model (LLM), como ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot, las herramientas más representativas de la IA.Tras desarrollar su funcionamiento, los expertos volvieron al tema central para la aplicación responsable de esta tecnología: la responsabilidad profesional; aunque la IA puede generar propuestas, borradores e incluso recopilar información, el especialista humano es la persona que firmará cualquier resultado derivado del uso de cualquier tecnología, por lo que debe verificar fuentes, validar información e incluso construir un prompt suficientemente preciso para minimizar riesgos técnicos, legales y operativos.Para la disciplina fiscal internacional, la IA representa una oportunidad enorme para enfrentar problemas cotidianos del ejercicio profesional: exceso de información, documentación extensa, plazos reducidos, jurisdicciones múltiples y procesos repetitivos. El correcto uso de la IA puede suponer un apoyo para procesar información compleja y compararla, analizar documentos extensos o resumir información; en todos estos casos, el resultado supone una optimización del tiempo utilizado en algunos procesos que resulta en una mejor gestión del tiempo y la capacidad de agilizar el trabajo del profesional.A fin de demostrar esta premisa, se compartieron ejemplos de aplicación de esta tecnología que lograban reducir el tiempo dedicado a cada tarea de horas a minutos. Identificar todos los artículos mencionados en un documento o realizar una búsqueda de las normativas relacionadas a un tipo de operación suponen tareas que la IA puede abordar para optimizar el tiempo del profesional y permitirle enfocar sus esfuerzos en labores de análisis fundamentales. Los ponentes señalaron que cada tipo de organización puede resultar beneficiada de esta herramienta de distintas maneras, pero para conseguirlo deben conocer su operación y documentarse constantemente al respecto, ya que la importancia de su uso no reside en la IA en sí misma, sino en la forma en que se emplea para solucionar un problema específico.Para cerrar con la presentación, Jorge Carlos Ramírez presentó un agente de IA llamado Argus, un asistente capaz de filtrar información, compilar resultados de búsqueda y planificar cursos de acción, permitiendo resolver tareas en minutos para dar acceso al especialista de información y estructura que le permitan tomar decisiones y resolver problemas sin delegar su criterio profesional; con ello este agente supone un ejemplo del papel de la IA en el contexto actual, como acompañante de los procesos humanos y una herramienta que genera oportunidades para la labor de los profesionales.
Con el objetivo de despejar las dudas relacionadas con el régimen pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), portabilidad y derechos de los trabajadores del Estado, el Colegio organizó el foro PENSIONISSSTE, el cual fue coordinado por Jorge Ponce Yépez y Juvenal Villaverde Crisantos, y tuvo como panelista a José Abrego Belmont, integrante de la comisión de Seguridad Social.Durante su participación, Abrego Belmont explicó que las reglas laborales para los empleados del gobierno son diferentes a las de las empresas privadas. “A diferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde queda claro cómo se calcula el salario para las aportaciones, la Ley del ISSSTE estipula que el sueldo básico es solamente el sueldo neto que aparece en el tabulador según cada puesto”.Sobre la responsabilidad de las dependencias públicas, el expositor comentó “si una oficina de gobierno olvida retener de forma correcta las cuotas de seguridad social de sus empleados, la ley solo le permite cobrarle al trabajador un máximo de dos cotizaciones atrasadas”.Al comparar los sistemas de jubilación por edad entre el IMSS y el ISSSTE, se compartieron las ventajas y desventajas. Por su parte, el ISSSTE pide menos años de servicio que el IMSS para alcanzar una pensión; sin embargo, el monto máximo está más topado en el gobierno.Mientras que en el IMSS un trabajador puede cotizar con un sueldo más alto, el ISSSTE tiene un límite estricto de solo 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto hace que las pensiones del sector privado tiendan a ser altas para quienes ganan sueldos medios y altos.De igual forma, se habló sobre la portabilidad de derechos, la cual se informó que consiste en que una persona pueda sumar años trabajados en el sector privado y en el gobierno. En este punto, el expositor comentó que, en la ley, no existe el concepto de integración del salario y salario base de cotización; “solo existe el concepto de salario básico y hay que recurrir a consultar otras leyes y jurisprudencias para tener claridad sobre lo que quiso expresar el legislador”.Antes de concluir la sesión, los especialistas destacaron la importancia de descifrar la complejidad de la seguridad social en el sector público. Coincidieron en que, ante la falta de análisis más allá de las leyes, “se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”.Al cierre de la sesión, los expertos hicieron un llamado a profundizar en el funcionamiento de la seguridad social pública. Advirtieron que la falta de claridad en la integración salarial y los trámites de pensión suele empujar a los trabajadores a costosos litigios.“Ante la falta de análisis más allá de las leyes, se necesitan expertos que clarifiquen temas clave como la integración salarial, los tipos de seguros, las cuotas y los requisitos de jubilación”, concluyeron.
