Con la entrada en vigor de la reforma fiscal 2022, que será aplicada a partir de enero, la comisión de Investigación Fiscal del Colegio dio un repaso técnico de las modificaciones a las principales leyes como el Impuesto Sobre la Renta (LISR), Impuesto al Valor Agregado (LIVA), Código Fiscal de la Federación (CFF), al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), en el curso Reforma fiscal 2022, que se realizó el 8 de diciembre, y que contó con las participaciones de los especialistas fiscales e integrantes de la comisión organizadora, José Luis Rodríguez Domínguez, Virginia Ríos Hernández, Juan Carlos Tello Zanabria y Daniel Eugenio de la Parra Huerta, quienes en cuatro horas hablaron de los puntos más relevantes.
Virginia Ríos basó su participación en los Aspectos generales de la LIF y en las Principales modificaciones a la LISR para personas morales, incluyendo el nuevo régimen simplificado de confianza. Sobre el tema comentó que no hay nuevos impuestos federales, pero sí mayores obligaciones acompañada de nuevas sanciones por incumplimiento y disposiciones impactantes por el efecto que tendrán para los contribuyentes.
Todas estas modificaciones a las leyes tienen como expectativa económica para 2022, recaudar 7,088.2 miles de millones de pesos, lograr un PIB de 4% con una inflación esperada de 3.4%, un tipo de cambio de $20.30 con un barril de petróleo de 55.10 dólares y alcanzar una tasa Cetes de 5%; sin embargo, la expositora comentó que no cree que se logre, pues la expectación ha sido rebasada.
Sobre la LIF habló de las tasas de recargo 2022 para pagos a plazos, incluyendo actualización; de la retención del ISR en intereses; sobre los estímulos fiscales (en este tema hizo referencia que se mantienen los mismos en el 2021).
Relativo al ISR mencionó los créditos respaldados, de acuerdo con el art. 11 de la LISR, pagos provisionales (art. 14), de los ingresos acumulables (art. 18) y de la enajenación de acciones a costo fiscal (art. 24), requisitos de las deducciones (art. 27, sobre la deducción de combustibles y la deducibilidad de créditos).
En torno a las obligaciones de personas morales, la ponente comentó que se establecieron más requisitos para presentar información sobre las operaciones con partes relacionadas.
Sobre el Régimen Simplificado de Confianza para personas morales habló sobre quiénes no pueden tributar en él.
Mientras tanto, Juan Carlos Tello se centró en tres aspectos: Modificaciones a las LISR, a las Reformas aplicables a residentes en el extranjero y a las Modificaciones a la LIVA.
Para Tello Zanabria, dentro de estos temas, el más importante es el Régimen de incorporación fiscal, el cual se deroga con la entrada en vigor del Régimen simplificado de confianza, el cual pueden seguir tributando los contribuyentes bajo la disposición transitoria para quienes están registrados al 31 de agosto de 2021.
En ese mismo tenor, destacó que para quienes se hubieran dado de alta en el RIF a partir de septiembre de 2021, tendrán que cambiar al Régimen simplificado de confianza o al Régimen general.
“A través de la disposición transitoria del ISR, se permite que las personas que sigan en el RIF apliquen los mismos preceptos que venían utilizando en materia del IVA y del IEPS”.
En materia de precios de transferencia hizo mención que al modificarse la fracción IX del artículo 76, “las personas físicas también estarán obligadas, por las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en México, a conservar la documentación comprobatoria con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo con los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables”.
A propósito de las deducciones personales, referente a los donativos, Tello Zanabria comentó que los donativos se incorporan al total de las demás deducciones personales, a excepción de las aportaciones complementarias de retiro, para determinar la limitante de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA o el 15% del total de los ingresos del contribuyente (incluyendo los exentos).
Otros temas, que fueron abordados por el expositor fueron los referentes a los residentes en el extranjero en términos de los ingresos por adquisición de inmuebles; reestructuras internacionales, tasas de interés para residentes en el extranjero, representantes legales e ingresos sujetos a Refipres.
En torno al IVA, habló de los actos gravados al 0%, en el que enfatizó que “se establece que la enajenación de los productos destinados a la alimentación humana y de animales está gravada al 0% y que hasta el 2021 sólo se hacía referencia a productos destinados a la alimentación. Asimismo, comentó que se agrega la enajenación de toallas sanitarias, tampones, copas para la gestión menstrual”.
En ese mismo tenor, en términos del IVA, expuso los actos no objeto del impuesto, pedimiento a nombre del contribuyente, proporción de acreditamiento del IVA, servicios digitales, entre otros.
Por último, la participación de Eugenio de la Parra estuvo orientada a las Principales modificaciones al CFF como de los supuestos en la residencia fiscal, fusión o escisión de sociedades sin razón de negocios, supuesto en la negativa de la firma electrónica y del Certificado de Sello Digital (CSD), ajustes a los procedimiento para subsanar y reactivar omisiones en la CSD, nuevos supuestos de restricción CSD, nuevos supuestos en la responsabilidad solidaria, reincorporación de obligación de dictaminar como las multas aplicables ante omisión, nueva obligación para obtener y conservar información a beneficiarios controladores (multas aplicables ante omisión), nuevos supuestos en las visitas domiciliarias y requerimiento de documentos o informes, así como la nueva facultad para determinar actos simulados, el informe del contador sobre irregularidades y hechos delictivos.
Eventos recientes
El 23 de mayo, el Colegio fue sede del curso Metaperitaje en juicios penales, un espacio de actualización para dar a conocer los elementos que componen los metaperitajes y la normatividad aplicable a ellos, con el fin de bridar los conocimientos necesarios para defenderse ante cuestionamientos con una base metodológica sólida.Miguel Ríos Rayón, integrante de la comisión técnica de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, en coordinación de Viridiana González Díaz, comenzó el evento brindando conceptos fundamentales para entender el papel del perito en los juicios penales. Según describe, “el perito es un experto en una técnica, ciencia o materia, por lo que el perito contable dentro del juicio se convierte en una autoridad que emplea sus conocimientos para establecer conclusiones”. Estas conclusiones sirven para enunciar hechos que soporten la resolución de un juicio penal.El experto señaló una relación entre el peritaje contable y el método científico, ya que en ambos casos se emplea una metodología para construir enunciados sustentados en la realidad. Para ilustrar este hecho, se listaron pasos metodológicos aplicables en ambos casos: primero, la observación: se analizan los hechos del expediente y se identifican irregularidades contables o financieras para determinar aquellos aspectos que requieren ser verificados. Posteriormente, se define el objetivo del peritaje, planteando el problema que debe ser cuantificado o demostrado. Después, se formula una explicación preliminar, o hipótesis, que guiará el proceso de verificación, donde se extiende un análisis contable, revisión documental y cotejo con normas fiscales, contables y financieras para comprobar si la hipótesis previa está debidamente sustentada en evidencia. Con ello, se ejecuta un análisis de resultados donde se interpretan los hallazgos y se evalúa la coherencia del respaldo documental, con el fin de identificar errores o sesgos. Finalmente, el perito emite un dictamen técnico con una metodología verificable; todo ello presentado con claridad y evidencia documental.Una vez explicado el fundamento metodológico del peritaje, el especialista abordó el concepto de metaperitaje, un estudio técnico que auxilia al juez con un análisis técnico-crítico de un dictamen pericial previamente emitido. La idea principal del metaperitaje es evaluar con el fin de identificar errores, omisiones o sesgos en la metodología y pruebas documentales presentadas pro un peritaje previo. Dicho de otra forma, “el metaperitaje va más allá del peritaje, ya que valida lo presentado en él e identifica su rigor metodológico o identifica deficiencias en sus evidencias”. En resumen, un peritaje emite una opinión técnica sobre hechos controvertidos y el metaperitaje analiza críticamente la calidad técnica de ese tipo de dictámentes.Para continuar con su ponencia, Ríos Rayón comentó la importancia de conocer el marco jurídico aplicable al peritaje, que puede incluir distintos cuerpos normativos en función de la materia del peritaje, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, legislaciones procesales locales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normativas financieras o fiscales relacionadas con cada caso.Además, el perito debe considerar cuatro principios jurídicos: el principio de contradicción, el principio de objetividad, el principio de legalidad y el principio de pertenencia técnica. Estos principios aseguran la coherencia del dictamen y brindan seguridad a las conclusiones emitidas por el perito.Ríos también enfatizo en la importancia de preservar la responsabilidad ética profesional durante las labores de peritaje y metaperitaje ya que, al ser parte del ejercicio de la contaduría pública, esta labor debe actuar en beneficio del interés público, debe ser imparcial y preservar la independencia del especialista. Para finalizar, se destacaron tres aspectos fundamentales que deben prevalecer en cualquier ejercicio de peritaje: primero, el dictamen debe estar evidenciado para fortalecer sus conclusiones; segundo, la metodología es tan importante como el resultado del dictamen, ya que da soporte probatorio; tercero, el dictamen debe ser claro y comprensible para el juzgador, ya que si no es entendible pierde su objetivo.
Ante una mayor exigencia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, la contabilidad gubernamental se ha consolidado como una herramienta clave para la transparencia y la rendición de cuentas, al generar información útil y confiable para evaluar resultados y fortalecer la confianza en las instituciones.En este contexto, del 18 al 22 de mayo se realizó la 23.ª Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, organizada por la comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, como un espacio de análisis sobre las finanzas públicas en el país.El evento reunió a autoridades y especialistas de instituciones como la SHCP, Banxico, FGR, PJF, SE, CONAC, IMCP e INAP, además de representantes académicos, municipales y organismos de auditoría y fiscalización.La inauguración estuvo encabezada por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de impulsar espacios de actualización profesional y construcción de soluciones para fortalecer las instituciones públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.Para abrir el programa académico, Javier Lozano Dubernard, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, abordó el impacto de la contabilidad gubernamental en la evaluación del desempeño en México. Durante su participación resaltó la relevancia del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en la homologación de criterios contables en los tres órdenes de gobierno, así como en la generación de información financiera comparable y útil para medir resultados y desempeño institucional.En otro orden de ideas, María de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, vicepresidenta General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), centró su exposición en la cultura de la prevención como herramienta para combatir irregularidades en el sector público. Explicó que el cumplimiento estricto del marco normativo, el fortalecimiento del control interno, la automatización de procesos y la fiscalización preventiva son mecanismos indispensables para reducir riesgos de corrupción y mejorar la eficiencia gubernamental. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacitación continua de los servidores públicos.Por su parte, Gerardo Laveaga Rendón, académico en Instituto Tecnológico Autónomo de México y Edmundo Álvarez Moreno, director General en Concentrado Empresarial SSM, desarrollaron un análisis sobre los alcances y límites del actuar gubernamental en materia de fiscalización. Ambos especialistas reflexionaron sobre las afectaciones patrimoniales derivadas de actos de auditoría y revisaron criterios jurídicos relacionados con responsabilidades administrativas y manejo de recursos públicos.Durante el segundo día de actividades, Moises Alcalde Virgen, primer secretario técnico en Consejo Nacional de Armonización Contable, presentó una ponencia sobre la emisión de información financiera del gobierno de México y la evolución de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la legislación mexicana busca fortalecer la administración financiera del sector público mediante reglas claras de registro y trazabilidad de la información. Además, destacó la importancia de incorporar nuevos elementos como reportes de sostenibilidad, cambio climático y economía circular para responder a las exigencias internacionales en materia de transparencia.En su turno, Lucelia Cuevas Rasgado, consultora gubernamental, especialista en Fiscalización Superior, explicó los llamados “momentos contables del egreso”, figura prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para identificar cada etapa del ejercicio del gasto público: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. La especialista señaló que el incumplimiento de estos procesos puede derivar en observaciones y riesgos administrativos, por lo que insistió en la necesidad de establecer controles y mecanismos de seguimiento.Más adelante, Carlos Alejandro León González, secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, presentó un panorama sobre la deuda pública en México. Durante su exposición detalló que la deuda federal representa actualmente más de la mitad del Producto Interno Bruto y subrayó la necesidad de fortalecer la disciplina financiera, priorizar la inversión pública productiva y evaluar permanentemente la capacidad de pago de estados y municipios. Asimismo, destacó que gran parte de la deuda subnacional está respaldada por participaciones federales del Ramo 28.A su vez, Ana María Martínez Núñez, presidenta de la Comisión de Investigación en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, presentó una investigación sobre la implementación de sistemas de contabilidad de costos en el sector público. Explicó que conocer el costo real de los servicios gubernamentales permitiría optimizar recursos, reducir improductividad y mejorar las evaluaciones de desempeño, mediante modelos de costeo histórico y absorbente basados en información presupuestal y patrimonial.En el tercer día de trabajos, Renato Ramírez Cornejo, director de Armonización Contable de la SHCP, expuso los avances de la armonización contable en México y los retos pendientes para fortalecer las capacidades técnicas de municipios y entes públicos. También abordó el papel del sistema SEVAC en la evaluación de cumplimiento y destacó la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para modernizar los procesos contables y de fiscalización.Posteriormente, Norma Leticia Castillo Lara, titular de la Contraloría de Administración del Poder Judicial de la Federación, explicó la transformación estructural del Poder Judicial de la Federación derivada de la reforma publicada en septiembre de 2024. Señaló que el nuevo modelo de contratación pública busca homologar criterios entre distintas instituciones judiciales bajo principios de transparencia, eficiencia y planeación estratégica, mientras que la Contraloría de Administración Judicial desempeña un papel preventivo para evitar irregularidades.En materia de evaluación del desempeño, Guillermo García Quevedo, especialista en Fiscalización de Desempeño, destacó la relevancia de contar con información financiera confiable y verificable para medir la eficacia, eficiencia y economía del quehacer gubernamental. A través de casos prácticos relacionados con Pemex, Conade y distintas dependencias federales, explicó cómo la información financiera permite detectar irregularidades, promover acciones correctivas y fortalecer la rendición de cuentas.Por otro lado, Claudia Laura Mancera Monroy, asesora gubernamental, abordó el registro contable de los egresos bajo criterios de materialidad y trazabilidad. Explicó que la correcta integración documental y la identificación de los seis momentos contables son fundamentales para acreditar el ejercicio del gasto y prevenir observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.Durante el cuarto día, Edwin Meraz Ángeles, auditor superior en Ciudad de México, habló sobre la evolución de la contabilidad gubernamental como herramienta central del control democrático del gasto público. Destacó que las recientes reformas legales permiten investigar faltas graves sin necesidad de concluir previamente el proceso de auditoría y señaló que la inteligencia artificial comienza a incorporarse en los modelos de fiscalización implementados en la Ciudad de México.En otro de los paneles, Italia Almeida Paredes, directora de Prevención del Delito y Atención Ciudadana en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Hidalgo, expuso el funcionamiento del sistema de financiamiento y fiscalización electoral en México. Explicó que el modelo privilegia el financiamiento público para garantizar equidad en los procesos electorales y detalló los mecanismos de supervisión implementados por el Instituto Nacional Electoral mediante el Sistema Integral de Fiscalización.Asimismo, Oscar Daniel Del Río Serrano, contralor interno en la Fiscalía General de la República, analizó la importancia de la autonomía financiera de los órganos constitucionalmente autónomos. Destacó las obligaciones de coordinación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y la función preventiva de los órganos internos de control para vigilar el adecuado ejercicio del gasto público.Más adelante, Alfonso Chávez Fierro, investigador técnico en el Banco de México, profundizó en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, abordando temas relacionados con equilibrio presupuestario, manejo de deuda, ingresos excedentes y sistemas de alertas para prevenir riesgos financieros en los gobiernos locales.La jornada final inició con la participación de Luis Armando Carranza Camarena, director de Administración y Finanzas en Instituto Nacional de Administración Pública, quien explicó la importancia del Marco Integrado de Control Interno y de la administración de riesgos contables para garantizar información financiera confiable y fortalecer la toma de decisiones dentro de las instituciones públicas.En seguida, Rodolfo Carlos Pérez Garrido presentó las principales tendencias internacionales en materia de NICSP. Entre los temas abordados destacaron la consolidación de la contabilidad base devengo, los reportes de sostenibilidad y clima, la digitalización, la inteligencia artificial y la necesidad de fortalecer la transparencia y comparabilidad global de la información financiera pública.Por su parte, Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, explicó las obligaciones fiscales de los entes públicos, incluyendo retenciones de ISR e IVA, emisión de CFDI, responsabilidad solidaria y riesgos derivados de incumplimientos fiscales y administrativos.Finalmente, Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía cerró las actividades con una reflexión sobre el control interno como instrumento fundamental de la rendición de cuentas. Durante su participación destacó la relevancia del Modelo COSO y del Sistema de Control Interno Institucional para fortalecer la transparencia, prevenir riesgos y promover una cultura ética dentro de la administración pública.
Con la finalidad de identificar riesgos, proteger datos personales y saber cómo actuar en caso de fraude, el Colegio celebró el foro Prevención y medidas en el robo de identidad, llevado a cabo este 21 de mayo a cargo del contador David Foulkes Woog y Susana Mejía Balcázar, integrantes de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero.En la introducción, el expositor aclaró que el fraude engloba la apropiación indebida de información confidencial para secuestrar cuentas, realizar compras, tramitar créditos o conseguir documentos oficiales. “Se opera a través de tres vías principales, la física, la virtual y, de manera más reciente, mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA)”.Sobre lo anterior, explicó que la complejidad de este fenómeno varía desde el hackeo de una red social hasta acciones de repercusión legal y fiscal, tales como la presentación de declaraciones de impuestos apócrifas en nombre del afectado.En el foro se detalló que existen cuatro variantes principales de este delito: la financiera, la delictiva, la médica y la infantil. El robo de identidad financiera se mantiene como el más común, generando pérdidas económicas directas y severas. Por su parte, la modalidad delictiva ocurre cuando un infractor suplanta la identidad de un tercero para evadir consecuencias jurídicas ante la policía al ser detenido.En el ámbito de la identidad médica, el panelista explicó que los delincuentes buscan recibir tratamientos o conseguir medicamentos de forma ilícita, un riesgo altamente incentivado en regiones con sistemas de salud privados. Y, para el caso de robo de identidad infantil, se comentó que los criminales aprovechan registros de menores de edad para adquirir propiedades o solicitar créditos.Al respecto, David Foulkes subrayó que una de las herramientas más utilizadas por los estafadores para concretar estos fraudes son las llamadas telefónicas automáticas pregrabadas y los mensajes de texto. “Los delincuentes emplean tecnología avanzada para falsificar el identificador de llamadas, logrando que aparezcan los nombres de instituciones oficiales y mediante mensajes engañosos se busca presionar a las personas para que hagan clic en enlaces maliciosos”.Ante este panorama, la principal recomendación que compartió el especialista consiste en colgar de inmediato las llamadas sospechosas e ignorar cualquier mensaje inesperado, evitando presionar números o abrir vínculos digitales. Además, aconseja recurrir a los servicios de bloqueo con los proveedores de telefonía y consultar herramientas de orientación internacional.El contador concluyó su participación exponiendo casos reales de estas conductas delictivas y haciendo un llamado a la prevención colectiva y la difusión de estas medidas de protección.
