A principio de año las autoridades fiscales pusieron en marcha la aplicación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), el cual está diseñado para simplificar los trámites que los contribuyentes deben hacer ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ante este contexto, el 16 de marzo, Edyth Ramírez Sánchez y Elio Fernando Zurita Morales, integrantes de la comisión de Investigación Fiscal del Colegio, presentaron el curso La problemática del Resico, donde analizaron las dificultades que tiene su aplicación.
Entrando en materia, Ramírez Sánchez explicó que el Resico forma parte del plan del SAT denominado Estrategia ABC, y tiene como propósito:
Señaló que el régimen otorga facilidades administrativas, además de contar con reglas propias tanto en los ingresos acumulables como en la deducción de inversiones. Pese a que no es obligatorio para las personas físicas, precisó que la propuesta está orientada a contribuyentes que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados conforme a su actividad económica, pertenecientes a alguno de los cuatro regímenes fiscales que conforman el Resico:
El contador Zurita puntualizó que, hasta la fecha, no hay modificaciones en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que los contribuyentes seguirán pagando este impuesto como lo venían haciendo; sin embargo, de acuerdo con la regla 3.13.20. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), sí pueden acreditar el IVA por sus gastos y compras deducibles, aún y cuando no tienen deducciones en el Resico.
Para el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las personas físicas gozarán de la disminución de las tasas que deberán pagar, por lo que, dependiendo de los ingresos que tengan, la tasa de ISR a pagar será de entre 1 y 2.5 por ciento.
En cuanto a las personas morales, el ponente aseguró que las principales ventajas son relativas a la simplificación administrativa, por ejemplo, el ISR ya no se calcula a partir del coeficiente de utilidad, sino de los ingresos percibidos y erogaciones efectivamente realizadas; o la facilidad en la presentación de las declaraciones provisionales y anuales, de conformidad con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) detectados por el SAT.
Durante la plática, los expositores presentaron diversos casos prácticos, tanto de personas físicas y personas morales, donde mostraron las problemáticas más frecuentes que tiene los contribuyentes al haber cambiado de régimen fiscal, así como sus posibles soluciones; además de detallar diversas reglas de la RMF.
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El Colegio, a través de la comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia, presentó esta tarde el foro Perito contable en juicios por lavado de dinero, espacio en el que se abordaron los retos del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la defensa del dictamen pericial en procesos judiciales. La sesión, coordinada por Gerardo Héctor López Ramírez, reunió a Christian Santillán Lira, Jorge Zúñiga Malvárez y Pablo Ramírez García, quienes coincidieron en la relevancia del trabajo del contador público como garante de transparencia y confianza social.Para comenzar las ponencias, Santillán Lira inició con una explicación minuciosa del proceso de lavado de dinero, describiéndolo como el mecanismo mediante el cual se encubre el origen de fondos generados por actividades ilícitas. Al respecto, enfatizó que este fenómeno no solo afecta al sistema financiero, sino también a la estabilidad de la economía nacional.Al abordar el financiamiento al terrorismo, señaló que los aportes directos e indirectos, incluso en pequeñas cantidades, pueden ser determinantes para sostener actividades de alto impacto social. Recordó que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras instituciones están clasificadas como entidades que realizan “actividades vulnerables” y, por ello, tienen la obligación de identificar a sus clientes, integrar expedientes y notificar a la autoridad cuando detecten operaciones inusuales.Los especialistas explicaron que estas instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garantiza una coordinación interinstitucional para detectar y perseguir delitos financieros.Por su parte, Zúñiga continuó con una presentación centrada en las tipologías del lavado de dinero, presentándolas como herramientas fundamentales para detectar patrones y tendencias. Explicó que, mediante el análisis de numerosos casos, es posible identificar métodos, técnicas e instrumentos que los delincuentes utilizan para dar apariencia de legitimidad a fondos ilícitos.A través de ejemplos, ilustró cómo operaciones como depósitos fraccionados en cajeros automáticos, transferencias internacionales sin justificación comercial, apertura de cuentas en dólares y movimientos que superan el perfil transaccional del cliente son claros indicadores de alerta.Asimismo, precisó que los sujetos obligados deben reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, enfatizando que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades legales.Por último, Pablo Ramírez García subrayó que el perito contable desempeña un papel esencial en los juicios por lavado de dinero, ya que su dictamen constituye un documento técnico que puede influir de manera decisiva en las resoluciones judiciales. Destacó que la defensa del dictamen pericial requiere no solo rigor metodológico, sino también un lenguaje accesible que permita a jueces y partes comprender los hallazgos.En ese sentido, abordó la figura del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), regulado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual contempla sanciones de cinco a quince años de prisión y multas de hasta 5,000 días de salario, con agravantes cuando intervienen servidores públicos. Por lo anterior, hizo hincapié en que el auditor forense debe ser visto como un garante de confianza social, cuya labor se extiende al seguimiento de las recomendaciones y la colaboración con instancias como la UIF y la CNBV.
La sostenibilidad empresarial dejó de ser un compromiso voluntario para convertirse en una obligación medible. Así lo destacaron expertos durante el evento Reporte con métricas sostenibles, donde se presentó el nuevo marco normativo que exige a las organizaciones integrar indicadores ambientales, sociales y de gobernanza en sus reportes corporativos con el mismo rigor que la información financiera.El evento, realizado el 26 de septiembre y organizado por la Comisión de Sostenibilidad del Colegio, dio inicio con un mensaje de bienvenida por parte de su presidenta, Graciela Enríquez Guadarrama, quien destacó la importancia de tomar conciencia sobre los grandes desafíos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, que deben reflejarse en los reportes corporativos.En ese sentido, Nicte Yara Hidalgo Valdivieso, socia de Asesoría Contable y de Reporte en Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, centró su intervención en el marco conceptual de las nuevas normas. Explicó que las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) buscan alinear la preparación y divulgación de la información de sostenibilidad con los principios de las Normas de Información Financiera. En ese contexto, señaló que esto implica una transformación en la forma en que las organizaciones reportan, ya que la sostenibilidad no puede estar desligada de la información financiera.Durante su presentación, subrayó que la información no financiera debe cumplir con los mismos estándares de calidad que los reportes financieros tradicionales: relevancia, representación fiel, neutralidad y completitud de los datos. Además, enfatizó que la sostenibilidad debe ser medible con base en métricas claras, verificables y materialmente significativas.En el ámbito social, Hidalgo presentó los Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSO) que permiten evaluar aspectos como la igualdad de oportunidades, el trabajo digno, la brecha salarial, la capacitación del personal y la seguridad laboral. “La gestión de métricas sostenibles no solo fortalece la transparencia y confianza, sino que genera valor al alinear las prácticas empresariales con los objetivos de desarrollo social y ambiental”, afirmó.Por su parte, Carlos Carrillo Contreras, integrante de la comisión de Sostenibilidad y Diana Uribe Márquez, gerente senior de Assurance en Deloitte, abordaron la Norma de Información de Sostenibilidad B-1, centrada en los factores ambientales. Informaron que esta norma introduce 30 indicadores obligatorios a partir de 2025, diseñados para estandarizar el reporte ambiental. “Estas métricas permiten evaluar desempeño, identificar riesgos y generar valor para los grupos de interés”, señalaron.Entre los ejemplos presentados en la presentación, destacaron la medición de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus tres alcances, el consumo energético, la gestión del agua y los residuos, así como el uso de sustancias que afectan la capa de ozono. También dieron a conocer herramientas prácticas desarrolladas por el CINIF, como la calculadora de emisiones de GEI y los mapas de estrés hídrico. Aunque reconocieron que la calidad y disponibilidad de los datos representan un desafío, coincidieron en que contar con reportes transparentes y comparables fortalece la credibilidad empresarial.Finalmente, otro de los temas abordados fue el de la gobernanza, presentado por Diana Neria Espinosa, integrante de la comisión organizadora. En su exposición compartió los indicadores establecidos por las NIS B-1 en esta materia, destacando la importancia de estructuras de gobierno corporativo robustas, políticas de gestión de riesgos y la diversidad en los órganos de decisión. “La existencia de consejos de administración con visión estratégica, órganos de vigilancia independientes y estructuras de rendición de cuentas es fundamental para garantizar la transparencia”, apuntó.También mencionó la necesidad de implementar códigos de ética, políticas de privacidad, seguridad de la información y protección de datos, elementos que calificó como clave para fortalecer la relación con los grupos de interés. “Estos indicadores permiten mitigar riesgos de corrupción, malas prácticas y vulnerabilidades cibernéticas”, dijo. Concluyó advirtiendo que, aunque su implementación puede ser un reto, especialmente para las pymes, su integración en la estrategia de negocio es esencial para lograr una sostenibilidad robusta y creíble.
Con un enfoque técnico y preventivo, la comisión Fiscal del Colegio organizó la 35.ª Semana Fiscal, realizada en cuatro sesiones los días 4, 11, 18 y 25 de septiembre. Todos los expositores fueron integrantes de la comisión organizadora, y pusieron sobre la mesa temas críticos como los esquemas reportables, el beneficiario controlador, los tratados internacionales y la creciente fiscalización inteligente, anticipando un 2026 fiscalmente desafiante.Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, dio la bienvenida al evento destacando que la Semana Fiscal es un referente de análisis, reflexión y actualización para la profesión. Enfatizó la relevancia de estar preparados frente a la próxima Miscelánea Fiscal y el paquete económico 2026, que marcarán la pauta para las estrategias empresariales. Para dar inicio Allen Saracho Carrillo habló sobre el fortalecimiento de las facultades del SAT. Explicó que, aunque desde 2014 no se han implementado reformas estructurales, sí se han introducido múltiples adecuaciones que han transformado el panorama tributario. Añadió que la autoridad cuenta hoy con información en línea más completa que nunca, lo que permite una fiscalización inmediata, basada en riesgos y obligaciones como el reporte de operaciones mediante la forma 76. “El incumplimiento puede generar sanciones importantes”, advirtió.Por otro lado, Rodolfo Jerónimo Pérez profundizó en los esquemas reportables, explicando que estas disposiciones buscan frenar la planeación fiscal agresiva y que su umbral de aplicación es de 100 millones de pesos. “No toda consulta constituye un esquema reportable. Hay que actuar con prudencia para evitar ubicarse innecesariamente en supuestos de responsabilidad”, puntualizó.En otros temas, Mario Ramón Escobosa Barojas abordó el concepto de beneficiario controlador, señalando que este concepto se adopta para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo. Detalló que identificar a las personas físicas que realmente ejercen control es ahora una obligación fiscal, con severas sanciones en caso de incumplimiento.En el mismo tono, Israel Bastida Ventura habló sobre la materialidad de las operaciones, una idea que, si bien carece de definición legal, ha adquirido gran peso. Explicó que las autoridades exigen expedientes de defensa sólidos que acrediten la efectiva realización de los actos jurídicos. “No hay una fórmula única, pero la adecuada integración de documentación preventiva es clave”.En su turno, Alejandro Rico Nieto expuso sobre los criterios normativos y no vinculativos del SAT, destacando que, aunque no imponen obligaciones, sí orientan la actuación de la autoridad y pueden derivar en controversias. Alertó sobre prácticas indebidas, como el uso de estímulos fiscales sin sustancia económica, y remarcó la importancia de documentar la materialidad y sustancia de las operaciones.Por su parte, Mirella Mirandina Plácido Hernández detalló los procesos de devolución de IVA, sugiriendo que, si bien el acreditamiento es más ágil, la devolución es necesaria en ciertos casos. Indicó que estos procesos pueden tomar hasta 12 meses si hay compulsa con terceros o facultades de comprobación, por lo que subrayó la necesidad de contar con una documentación exhaustiva.Continuando con el programa, Pablo Ramírez Morales explicó que las fusiones son una fuente de problemas para contribuyentes y asesores”, especialmente si no se justifica la razón de negocios. Detalló los pasos legales y fiscales del proceso, y alertó sobre el riesgo de que la autoridad revierta los efectos si no se cumple con los requisitos.En esa línea, Eduardo Enrique García Hidalgo comentó que la fusión permite la transmisión de activos sin que se considere enajenación, siempre que se presente el aviso de fusión. Sin embargo, señaló que la ficha de trámite 316 para cancelar el RFC suele ser rechazada por inconsistencias. También abordó el tratamiento fiscal de pérdidas, inversiones y aspectos laborales relacionados.En un panel doble, Eduardo Sánchez Lemoine y Oswaldo Méndez Álvarez hablaron sobre la escisión y liquidación, destacando que la escisión no tiene una definición formal en la ley, lo que genera incertidumbre. Acentuaron la importancia de justificar cada operación con una razón de negocios real y citaron ejemplos globales como General Electric o Siemens para ilustrar buenas prácticas.En la última jornada, Ignacio Sosa López explicó que cualquier contrato con un extranjero que implique desembolso desde México se considera un pago al extranjero y por tanto puede generar obligaciones fiscales. Señaló que los tratados para evitar la doble tributación deben analizarse cuidadosamente, y que es indispensable emitir CFDI aun si no hay retención.Finalmente, Laura Elena Acevedo Solís concluyó con una exposición sobre el instrumento multilateral adoptado en 2024, el cual busca armonizar más de mil tratados. “Este instrumento añade complejidad al análisis y exige que las transacciones tengan razones de negocio más allá del beneficio fiscal”, afirmó.
