En el evento Tratamiento contable, fiscal y legal de pensiones y jubilaciones, organizado por la comisión de Educación del Colegio y realizado el 9 de mayo, se ofreció una visión integral de los nuevos marcos legales, contables y fiscales que impactan tanto a empresas como a trabajadores. Con un enfoque en los cambios normativos recientes, los conferencistas abordaron temas fundamentales que incluyen la actualización de la NIF D-3, las implicaciones de la reforma de pensiones de 2025 y la gestión de los beneficios laborales en un entorno fiscal cada vez más regulado.
La primera intervención corrió a cargo de Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación, quien detalló los recientes cambios en la Norma de Información Financiera (NIF) D-3. Según explicó Gutiérrez, la actualización de esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, exige que todas las empresas, incluidas las pequeñas, provisionen pasivos por beneficios laborales como las jubilaciones. Esta obligación, que responde a la PIF número 2, implica que las empresas deben contar con estudios actuariales para determinar los montos exactos a provisionar. Gutiérrez también destacó que los pagos por desvinculación solo se reconocerán si existen condiciones preestablecidas, y que los fondos destinados a estos pagos deben gestionarse en cuentas separadas, sin posibilidad de usarlos para otros fines.
En su exposición, Gutiérrez también subrayó que, en términos contables, las pérdidas o ganancias actuariales deben reconocerse de inmediato en la cuenta de Otros Resultados Integrales (ORI), sin posibilidad de diferirlas, lo que representa un cambio significativo en la forma en que las empresas deben tratar estos beneficios. Además, insistió en la necesidad de tomar decisiones sobre los instrumentos financieros en los que se invertirán estos fondos, destacando la importancia de contar con instrumentos como CETES o bonos verdes.
La segunda intervención fue impartida por Mónica Isela Galindo Cosme, asesora de la vicepresidencia de Normatividad Institucional, quien ofreció una exhaustiva revisión sobre los aspectos fiscales y legales que deben considerarse al momento de gestionar una pensión. Galindo Cosme destacó la relevancia de unificar los números de seguridad social de aquellos trabajadores que tienen más de un número de afiliación, lo cual es un paso previo necesario antes de iniciar cualquier trámite relacionado con pensiones. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de validar los datos personales con la FORE y realizar las correcciones necesarias en caso de discrepancias.
En cuanto a la reforma de pensiones de 2025, la ponente explicó que, a partir de esa fecha, se exigirá un mínimo de 850 semanas de cotización para poder acceder a una pensión. También advirtió sobre los nuevos cálculos que se basarán en la UMA (Unidad de Medida y Actualización) en lugar del salario mínimo, lo que afectará a los trabajadores en cuanto al monto de su pensión. Galindo Cosme instó a los trabajadores a utilizar los servicios de las AFORE y a consultar con expertos para optimizar sus ahorros para el retiro.
El cierre de las ponencias estuvo a cargo de Fernando Caín Oviedo Cruz, Socio en Cali Oviedo y asociados, quien abordó el tema desde una perspectiva más amplia, comenzando con la distinción entre jubilación y pensión. Caín explicó que mientras la jubilación es el proceso mediante el cual un trabajador finaliza su vida laboral para disfrutar de una pensión, la pensión es el beneficio económico resultante de dicho proceso. Resaltó que la confusión entre ambos términos ha generado múltiples dificultades en la comprensión de los trabajadores y en la realización de los trámites ante las instituciones correspondientes.
En su intervención, Caín también subrayó los efectos negativos de la reforma de 2013, que ha resultado en pensiones más bajas para los trabajadores. Sin embargo, destacó que las reformas más recientes han traído consigo una mejora en las condiciones, permitiendo a los trabajadores acceder a pensiones con menos semanas de cotización y limitando las comisiones de las AFORE, lo cual representa un avance significativo para el bienestar de los jubilados. Además, enfatizó que los trabajadores deben estar preparados con al menos 5 años de anticipación para realizar los trámites necesarios y evitar sorpresas al momento de calcular su pensión.
Finalmente, Caín abordó las implicaciones legales y fiscales para las empresas, especialmente en lo que respecta a la evasión fiscal y el cumplimiento con el seguro social. Advirtió sobre las sanciones que enfrentan los patrones que no den de alta a sus trabajadores en el IMSS, lo que podría derivar en auditorías por parte del Seguro Social y poner en riesgo tanto a los empleados como a los empleadores.
Eventos recientes
En el marco de la conferencia mensual de abril organizada por el Colegio, se llevó a cabo el foro Parques industriales, impulso de cadenas de valor, en colaboración con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), el pasado 9 de abril. La sesión fue impartida por Claudia Esteves Cano, directora general de la AMPIP, y moderada por Miguel Ángel Tavares Sánchez, asesor del Comité Ejecutivo.Durante su intervención, Esteves Cano explicó la evolución de la manufactura global y el papel estratégico que ha adquirido México en las cadenas de valor. En ese sentido, comentó que la AMPIP, fundada en 1986 tras la apertura comercial del país, agrupa actualmente al 95% de los desarrolladores industriales, con presencia en todo el territorio nacional.Asimismo, señaló que México ha logrado consolidarse como un destino clave para la manufactura, gracias a su cercanía con Estados Unidos, su experiencia exportadora y la creciente integración de sus cadenas productivas. Al respecto, destacó que el país cuenta con 477 parques industriales clase A en operación, que suman alrededor de 85 millones de metros cuadrados, superando incluso la oferta total del resto de América Latina.En cuanto a la distribución regional, indicó que el desarrollo industrial responde a distintas vocaciones: el norte del país se enfoca en la exportación, el Bajío en manufactura avanzada, particularmente en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónico, mientras que el centro ha fortalecido su papel logístico, impulsado por el auge del comercio electrónico tras la pandemia.Por otro lado, abordó el impacto del fenómeno de nearshoring. En ese contexto, explicó que factores como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia y diversos conflictos internacionales han detonado una demanda sin precedentes de espacios industriales en México. Como resultado, precisó que la absorción neta anual pasó de 2 a 5 millones de metros cuadrados entre 2021 y 2024, mientras que la disponibilidad se redujo del 6% al 2%.Derivado de esta presión, agregó, se han registrado incrementos significativos en los precios de renta, así como una aceleración en el desarrollo de nuevos parques. Actualmente, detalló, existen 103 proyectos en construcción que añadirán entre 7 y 8 millones de metros cuadrados adicionales.En ese mismo sentido, mencionó que, como parte del denominado Plan México, la AMPIP se comprometió a desarrollar 100 parques industriales durante el sexenio. A la fecha, puntualizó, ya se han entregado 20 de estos proyectos, con una inversión de 711 millones de dólares y la instalación de 245 empresas.No obstante, advirtió que el crecimiento del sector enfrenta importantes retos estructurales. En particular, subrayó las limitaciones en infraestructura energética, especialmente en transmisión y distribución eléctrica, lo que podría restringir el desarrollo de nuevos proyectos industriales de gran escala.Aun así, destacó la resiliencia del sector. En ese sentido, comentó que, pese a un entorno complejo en materia regulatoria, fiscal y financiera, los desarrolladores han mantenido un fuerte dinamismo. También señaló que enfrentan desafíos como la falta de incentivos fiscales, restricciones al financiamiento y altos costos en infraestructura, llegando incluso a realizar inversiones que posteriormente son transferidas al Estado.Respecto a la inversión, indicó que, aunque cerca del 90% de los desarrolladores son de capital mexicano, la participación extranjera sigue siendo relevante por su escala. En términos generales, explicó, la inversión en el sector se distribuye aproximadamente en un 70–75% nacional y un 25–30% internacional.Por otra parte, destacó la evolución de los parques industriales hacia modelos de “nueva generación”. En ese contexto, explicó que estos desarrollos incorporan tecnología, criterios de sostenibilidad y mejores condiciones para los trabajadores. Asimismo, señaló que la composición de las empresas también ha cambiado, ya que actualmente alrededor del 36% de las compañías instaladas en parques industriales son mexicanas.Finalmente, subrayó que la toma de decisiones para la instalación de empresas o el desarrollo de nuevos parques responde a múltiples factores, entre ellos la disponibilidad de infraestructura, como energía, agua y conectividad, así como la logística, los costos, la seguridad y la sostenibilidad.En este contexto, también hizo una distinción entre los parques industriales formales, con administración centralizada y estándares definidos y las zonas industriales tradicionales, muchas de las cuales, señaló, han quedado rezagadas o han sido absorbidas por la expansión urbana.A manera de conclusión, enfatizó que el principal reto hacia adelante será modernizar la infraestructura nacional, atender los rezagos existentes y mantener la competitividad de México como un actor estratégico en la manufactura global.
En un acto que reafirma el compromiso con la profesionalización del servicio público, el Colegio llevó a cabo la firma de las minutas correspondientes al cierre de actividades 2025 y a la apertura del programa de capacitación 2026.El evento, realizado el 30 de marzo, contó con la participación de la licenciada Leidy Ramos Marín, titular de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Personal y Derechos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF); la maestra Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio; y la maestra María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Dentro de los acuerdos establecidos en la minuta, destaca la impartición de eventos técnicos, tales como la Semana Nacional de Contabilidad Gubernamental, la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental y el Taller de Entrega-Recepción en la Administración Pública de la Ciudad de México, así como cursos especializados sobre conceptos, principios y finalidades de la administración pública local.Asimismo, se ratificó el cumplimiento de 300 horas de capacitación en cursos programados por el Colegio, así como la realización del evento Reformas Fiscales 2026, llevado a cabo de manera exitosa el pasado mes de febrero.En este sentido, ambas instituciones acordaron dar apertura a los cursos, con el objetivo de garantizar que las personas servidoras públicas continúen con su desarrollo profesional.Con estas acciones, el Colegio refrenda su compromiso como aliado estratégico del Gobierno de la Ciudad de México, al aportar excelencia técnica para el fortalecimiento del sistema de formación continua.
En el marco de la primera conferencia universitaria del Bienio 2026-2028, la institución llevó a cabo la sesión SAT y jóvenes emprendedores, lo que debes saber antes de iniciar, bajo un nuevo formato de mesa de discusión y preguntas y respuestas, con la participación de especialistas en materia contable.El evento, realizado este 26 de marzo, fue coordinado por el contador Miguel Ángel Ávila, y contó con la participación de Angélica Valladares López, Gabriel Valencia González y Carlos Montes Ojendis, quienes abordaron los principales retos y recomendaciones para quienes buscan emprender en un entorno fiscal digitalizado.Durante su intervención, la maestra Angélica enfatizó que el éxito de un emprendimiento no depende solo de una buena idea, sino de una adecuada planeación financiera y fiscal desde el inicio. Al respecto, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe visualizarse como un aliado estratégico y no como un obstáculo.Explicó que uno de los primeros pasos para emprender es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como la obtención de herramientas clave como la e.firma y el buzón tributario. Asimismo, destacó la relevancia de elegir correctamente el régimen fiscal y mantener un control adecuado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).Por su parte, Gabriel Valencia hizo hincapié en el alto nivel de digitalización del SAT, lo que permite a la autoridad monitorear en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, destacó que los emprendedores deben adaptarse a este entorno tecnológico y comprender las reglas fiscales como parte de un “tablero de ajedrez”.También, resaltó la importancia de conceptos como la razón de negocio y la materialidad de las operaciones y añadió que la asesoría contable debe evolucionar hacia un enfoque estratégico.En tanto, Carlos Montes coincidió en que, antes de preocuparse por el SAT, el emprendedor debe tener claridad sobre su modelo de negocio, ya que esto determinará sus obligaciones fiscales. Señaló que una correcta asesoría desde el inicio evita errores comunes, como la elección inadecuada del régimen o el incumplimiento de obligaciones.En virtud de lo anterior, coincidieron en que el entorno fiscal actual exige mayor rigor desde el inicio de operaciones. Entre los puntos clave, destacaron la necesidad de garantizar la materialidad de las operaciones, evitar la mezcla de finanzas personales y empresariales, y cumplir no solo con obligaciones fiscales, sino también con disposiciones en materia de seguridad social.Por último, los expertos concluyeron que la formalidad no solo permite cumplir con la ley, sino que abre la puerta a mayores oportunidades, como el acceso a financiamiento; y abrieron paso a la ronda de preguntas y respuestas por los participantes.
