El pasado 18 de abril, la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional llevó a cabo un foro donde se discutió la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Código de Ética Profesional. Con un panel de expertos en diversas áreas, el evento se centró en proporcionar a los asistentes sobre las implicaciones legales y éticas de esta ley.
Para abrir el evento, se profundizó en las alertas de 24 horas, donde para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) constituyen un mecanismo crucial para combatir actividades financieras ilícitas. En esta presentación, impartida por Carlos Alberto Pérez Macias, de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, destacó las implicaciones legales y prácticas de estas alertas, en línea con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Estas alertas son fundamentales para que las instituciones financieras cumplan con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), identificando y reportando de manera inmediata cualquier operación sospechosa que pueda estar relacionada con actividades criminales o el financiamiento del terrorismo”.
En ese sentido, expresó que a través de criterios de clasificación de clientes y el cumplimiento de obligaciones como la identificación y presentación de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se busca proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Comentó que la efectividad de las alertas de 24 horas se basa en la identificación precisa de indicios de operaciones ilícitas, como historiales criminales de clientes, negativas a proporcionar información o la realización de operaciones que parecen estar fuera del alcance financiero del cliente. Además, indicó la importancia de una adecuada calidad en los avisos presentados, con información detallada sobre la alerta generada, garantizando así una colaboración efectiva entre las instituciones financieras y las autoridades para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y eficiente.
En su turno, Mónica Isela Galindo Cosme, integrante de la comisión Académica de Diplomados, abundó sobre ética y prevención en el lavado de dinero. Al respecto, consideró relevante la crítica de la ética en la práctica contable y su impacto en la lucha contra actividades delictivas como el lavado de dinero y la corrupción. Galindo Cosme enfatizó que la ética debe ser un pilar fundamental arraigado en todos los profesionales de la contabilidad.
Durante su exposición, hizo hincapié en el papel que desempeñan los contadores públicos en la prevención de delitos financieros, destacando la importancia de conocer a fondo el Código de Ética Profesional y seguir sus pautas para garantizar un comportamiento adecuado en diversas áreas de desempeño, incluyendo la PLD.
Uno de los puntos clave fue la necesidad de una selección rigurosa de clientes y una evaluación constante de su riesgo y comportamiento para asegurar el cumplimiento de las normativas éticas y legales. Resaltó la responsabilidad de identificar posibles actividades ilícitas por parte de los clientes y tomar medidas preventivas para evitar cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero.
Además, discutió la evolución de los clientes a lo largo del tiempo y cómo esta evolución puede presentar nuevos desafíos éticos y legales para los contadores. Para ello, hizo mención de considerar certificaciones adicionales ante entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo cual ampliaría el espectro de servicios que pueden ofrecer los contadores y fortalecería la lucha contra actividades delictivas.
Por otro lado, Jesús Fidel Hernández Rodríguez, también de la comisión Académica de Diplomados, presentó la responsabilidad penal en el lavado de dinero, abordando diversos aspectos legales y conceptuales. Entre los puntos destacados, comentó sobre la posibilidad de perseguir simultáneamente el delito de defraudación fiscal y el lavado de dinero, estableciendo una relación entre ingresos ilícitos y la defraudación fiscal. Compartió diferentes tipos de responsabilidad penal, como la impericia, imprudencia, negligencia y dolo, además de la imputación indirecta y directa en delitos cometidos por personas físicas en beneficio de personas morales.
El expositor profundizó en la descripción del delito de lavado de dinero, especificando las conductas que lo constituyen, como adquirir, enajenar, administrar o poseer recursos de origen ilícito; asimismo, abordó la ocultación y encubrimiento de la naturaleza u origen de dichos recursos. Por último, subrayó los requisitos de procedibilidad para iniciar acciones penales, incluyendo la necesidad de denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en casos que involucren servicios financieros.
Para cerrar las participaciones, el magistrado de Circuito en Consejo de la Judicatura Federal, Marco Antonio Cepeda Anaya, presentó un resumen sobre el bloqueo de cuentas bancarias, enfocándose en las disposiciones legales que regulan este proceso y las responsabilidades de las instituciones financieras. Desglosó las obligaciones de las instituciones bancarias según la Ley de Instituciones de Crédito, como establecer medidas para prevenir delitos financieros, presentar reportes a la SHCP, y seguir lineamientos específicos para el conocimiento de clientes, resguardo de información y capacitación interna.
“El bloqueo de cuentas bancarias se presenta como una medida cautelar de naturaleza administrativa, derivada de compromisos internacionales asumidos por México, en particular relacionados con la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros”.
Finalmente, expuso la necesidad de una interpretación conforme de la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar su validez constitucional, enfocándose en la relación de estas medidas con procedimientos específicos y el cumplimiento de acuerdos internacionales, como los establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, respaldados por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Eventos recientes
El 6 de noviembre, el Colegio fue sede del curso Atención de visitas de verificación de PLD por el SAT, donde Karen Rueda Calvo realizó un análisis práctico del desarrollo de estas visitas realizadas por el Servicio de Atención Tributaria para comprobar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). El evento fue organizado por la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero, representada por la ponente y la coordinadora Irene Laura Emiliano López.Para comenzar, Karen Rueda señaló que estas visitas son consecuencia de la supervisión del SAT que, aunque representa una autoridad fiscal, es la encargada de vigilar diversas actividades vulnerables y por ello tiene facultades para iniciar, conducir y resolver estos procedimientos. El cumplimiento de estas visitas o la defensa efectiva frente a ellas está vinculado con el conocimiento de sus etapas, fundamentos y los derechos del sujeto obligado; por ello, según comenta la experta, el primer paso cuando se recibe una invitación a visita está en verificar la competencia de la autoridad emisora e identificar el fundamento de dicha orden.El oficio inicial de la visita deberá contener los nombres de las personas verificadoras para que el sujeto obligado pueda conocerlos, el periodo que abarca, el lugar del desarrollo y la actividad vulnerable; adicionalmente, Karen señaló que es posible que la autoridad indique la obligación de proporcionar información documental como la identificación de clientes, verificaciones de identidad o la presentación de avisos del SAT, todos ellos relacionados con las obligaciones del artículo 18 de la LFPIORPI relacionadas a actividades vulnerables.Como recomendación general, la experta señaló que organizar la documentación en carpetas y subcarpetas, así como utilizar nombres orientativos es útil para acelerar el proceso de verificación; en ese mismo sentido, un acuse de recibo detallado de cada elemento entregado es una herramienta fundamental para acreditar el cumplimiento.Posteriormente, la experta señaló que, al momento del levantamiento del acta, los verificadores deben indicar el cumplimiento de la aportación documental total, parcial o nula del sujeto obligado, así como la fecha y hora de continuación del proceso si es aplicable y la firma de las personas que intervinieron en la diligencia: sujeto obligado, visitadores y dos testigos.Respecto a la aportación parcial, Karen Rueda comentó que el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), que permite aportar la documentación en un plazo de 5 días hábiles para entregarla a la autoridad verificadora y supone una oportunidad estratégica para cumplir de manera anticipada y espontánea con el requerimiento e invocar el beneficio de no sanción o reducción de multa contenido en el artículo 55 de la LFPIORPI, siempre que sea la primera infracción.Finalmente, para complementar la información compartida, la experta compartió un ejemplo de acta circunstanciada, donde se repasaron los elementos que debe analizar con detenimiento el sujeto obligado para el cumplimiento de la visita de verificación; así como ejemplos prácticos para facilitar la entrega de documentos a los visitadores y donde se destacó el papel del escrito que formula alegatos para complementar la visita y constituye una oportunidad para que el sujeto obligado complemente con documentación que sirva a su defensa, siempre que se presente en los plazos apropiados y con los mismos criterios vistos durante el curso.
El análisis de los principales desafíos de la práctica fiscal, desde la interpretación de las disposiciones tributarias hasta las perspectivas de reforma para el próximo ejercicio, fue el eje del 25.° Foro de Investigación Fiscal, organizado por la comisión de Investigación Fiscal. Realizado los días 4 y 5 de noviembre, el encuentro reunió a especialistas que examinaron asuntos de actualidad y sus implicaciones para los contribuyentes y sus asesores.En la inauguración, Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, destacó que la responsabilidad de la Contaduría Pública no se limita a aplicar las disposiciones fiscales, sino que también implica analizarlas, cuestionarlas y generar propuestas para contribuir al fortalecimiento del sistema tributario. En este sentido, señaló que la investigación permite construir conocimiento y desarrollar una visión crítica y propositiva frente a los cambios normativos, tecnológicos y económicos que enfrenta el país.Para dar inicio con las exposiciones, Ángel José Turanzas Díaz presentó un panorama de los criterios jurisprudenciales tributarios de 2025 y 2026; en este sentido explicó algunas de las resoluciones más relevantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Poder Judicial de la Federación, particularmente en materia de materialidad de operaciones, notificaciones electrónicas, deducciones y devoluciones. Dentro de los aspectos que destacó se encuentra la necesidad de respaldar las operaciones con evidencia que demuestre la efectiva prestación de servicios o entrega de bienes, pues los registros contables y comprobantes fiscales, por sí solos, pueden resultar insuficientes. Asimismo, comentó los cambios derivados de la reforma judicial y las nuevas exigencias procesales para quienes participan en litigios fiscales.Posteriormente, Santiago Vélez Suberbie y Adrián Urbina Galicia analizaron distintas controversias relacionadas con la determinación del costo fiscal de las acciones. Durante su exposición explicaron los efectos de las transformaciones, fusiones y escisiones de sociedades, así como los requisitos documentales para acreditar aportaciones de capital y adquisiciones de acciones. También abordaron situaciones particulares, como las operaciones realizadas en el extranjero, las herencias y donaciones, la capitalización de pasivos y el tratamiento de las pérdidas fiscales. En este recorrido, pusieron énfasis en la importancia de conservar documentación que permita sustentar el costo fiscal y evitar discrepancias al momento de enajenar acciones.En otra de las intervenciones, Daniel de la Parra Huerta expuso los principales aspectos del régimen de prevención de lavado de dinero y las modificaciones recientes a la legislación en la materia. Explicó las etapas que caracterizan este delito y revisó las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables, desde la identificación de clientes y beneficiarios controladores hasta la presentación de avisos, conservación de expedientes y aplicación de mecanismos de seguimiento. También detalló los cambios en los plazos de cumplimiento, las medidas de control interno y las sanciones previstas para quienes incumplan estas disposiciones.Por su parte, Alejandro Guízar Acosta y Rodrigo Maldonado de la Garza abordaron los mecanismos alternativos de solución de controversias y los medios de defensa disponibles para los contribuyentes. Entre los recursos analizados destacaron los acuerdos conclusivos, el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo y el amparo. Los ponentes señalaron la conveniencia de atender las diferencias con la autoridad desde las etapas iniciales de una revisión y fortalecer el soporte documental de las operaciones. A su vez, Víctor Manuel Pérez Ruiz examinó la problemática de las operaciones financieras derivadas, cuya regulación fiscal presenta aspectos que, desde su perspectiva, requieren actualización y mayor claridad, particularmente en la definición de estos instrumentos, su clasificación y los criterios para determinar sus efectos fiscales al cierre del ejercicio.En la última parte del foro, Miguel Ángel Temblador Torres presentó las principales propuestas de reforma fiscal para 2027, entre ellas las limitaciones a las deducciones autorizadas y a la disminución de pérdidas fiscales, los ajustes a la deducción de intereses netos y las modificaciones al tratamiento de pagos al extranjero, anticipos y arrendamientos. Para concluir los trabajos, Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, agradeció la participación de los especialistas, asistentes y de la comisión organizadora. En su mensaje de clausura, subrayó que los temas revisados invitan a fortalecer el criterio, la independencia y el compromiso ético en el ejercicio profesional, pues la labor de contadores y asesores no debe limitarse al cumplimiento de obligaciones, sino contribuir a que las empresas comprendan sus riesgos y tomen decisiones fundamentadas.
El Colegio de la Contaduría Pública de México y la Asociación EXATEC Contaduría Pública formalizaron un convenio de colaboración este 4 de noviembre con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo profesional y fortalecer la relación entre los egresados de Contaduría Pública del Tecnológico de Monterrey y el gremio organizado.El acuerdo fue suscrito por Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, y Luis Alberto Rodríguez Benítez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación EXATEC Contaduría Pública. Como testigos firmaron María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva del Colegio, y Eva Lorena Ayala Morales, coordinadora de la Ciudad de México de la Asociación. Durante el encuentro, Ortega López destacó que la formación de un contador público no termina con la obtención del título universitario, sino que da paso a una etapa de aprendizaje, actualización y responsabilidad con la profesión. Bajo esta perspectiva, señaló que uno de los propósitos de la alianza es acercar a los egresados del Tecnológico de Monterrey a las actividades del Colegio, entre ellas la capacitación especializada, la participación en comisiones de trabajo y los espacios de intercambio y vinculación profesional.Otro de los temas centrales de su intervención fue la certificación profesional. La presidenta explicó que, ante los cambios tecnológicos, la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas exigencias de las organizaciones, es necesario que los profesionales mantengan vigentes sus conocimientos y acrediten sus competencias. Asimismo, puntualizó que la certificación no debe considerarse exclusiva de quienes ejercen la auditoría, sino como un respaldo para el desempeño profesional.Por su parte, Rodríguez Benítez expresó que la Asociación busca construir alianzas con instituciones que cuentan con una trayectoria consolidada y sumar esfuerzos en favor de la profesión. En este sentido, señaló que uno de sus objetivos es acercar a los egresados a los colegios profesionales, pues la relación con la comunidad contable puede continuar después de concluir los estudios universitarios. También destacó la importancia de que el Colegio sea un espacio de encuentro para los contadores públicos, independientemente del ámbito en el que desarrollen su actividad.En cuanto a los beneficios, el convenio establece la posibilidad de desarrollar cursos y diplomados especializados de manera conjunta, así como otorgar un descuento del 15% en los programas de capacitación del Colegio para integrantes de EXATEC que cumplan las condiciones establecidas. También contempla facilidades para el uso de instalaciones institucionales y descuentos en las cuotas de afiliación al Colegio, sujetos a los requisitos de elegibilidad.Con esta firma, el Colegio incorpora a la Asociación EXATEC Contaduría Pública a sus esquemas de colaboración institucional, con alternativas de capacitación, participación y afiliación dirigidas a una comunidad de egresados que busca mantener el vínculo con su profesión.También estuvieron presentes Víctor Manuel Pérez Ruiz y Héctor Vázquez González, vicepresidentes de Vinculación Universitaria y de Promoción y Membresía, respectivamente, así como Gabriela Ríos García, secretaria general; Douglas Martínez Abonce, tesorero, y María Chedy Chávez Hernández, coordinadora del Campus Santa Fe, por parte de EXATEC.
