El pasado 18 de abril, la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional llevó a cabo un foro donde se discutió la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Código de Ética Profesional. Con un panel de expertos en diversas áreas, el evento se centró en proporcionar a los asistentes sobre las implicaciones legales y éticas de esta ley.
Para abrir el evento, se profundizó en las alertas de 24 horas, donde para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) constituyen un mecanismo crucial para combatir actividades financieras ilícitas. En esta presentación, impartida por Carlos Alberto Pérez Macias, de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, destacó las implicaciones legales y prácticas de estas alertas, en línea con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Estas alertas son fundamentales para que las instituciones financieras cumplan con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), identificando y reportando de manera inmediata cualquier operación sospechosa que pueda estar relacionada con actividades criminales o el financiamiento del terrorismo”.
En ese sentido, expresó que a través de criterios de clasificación de clientes y el cumplimiento de obligaciones como la identificación y presentación de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se busca proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Comentó que la efectividad de las alertas de 24 horas se basa en la identificación precisa de indicios de operaciones ilícitas, como historiales criminales de clientes, negativas a proporcionar información o la realización de operaciones que parecen estar fuera del alcance financiero del cliente. Además, indicó la importancia de una adecuada calidad en los avisos presentados, con información detallada sobre la alerta generada, garantizando así una colaboración efectiva entre las instituciones financieras y las autoridades para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y eficiente.
En su turno, Mónica Isela Galindo Cosme, integrante de la comisión Académica de Diplomados, abundó sobre ética y prevención en el lavado de dinero. Al respecto, consideró relevante la crítica de la ética en la práctica contable y su impacto en la lucha contra actividades delictivas como el lavado de dinero y la corrupción. Galindo Cosme enfatizó que la ética debe ser un pilar fundamental arraigado en todos los profesionales de la contabilidad.
Durante su exposición, hizo hincapié en el papel que desempeñan los contadores públicos en la prevención de delitos financieros, destacando la importancia de conocer a fondo el Código de Ética Profesional y seguir sus pautas para garantizar un comportamiento adecuado en diversas áreas de desempeño, incluyendo la PLD.
Uno de los puntos clave fue la necesidad de una selección rigurosa de clientes y una evaluación constante de su riesgo y comportamiento para asegurar el cumplimiento de las normativas éticas y legales. Resaltó la responsabilidad de identificar posibles actividades ilícitas por parte de los clientes y tomar medidas preventivas para evitar cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero.
Además, discutió la evolución de los clientes a lo largo del tiempo y cómo esta evolución puede presentar nuevos desafíos éticos y legales para los contadores. Para ello, hizo mención de considerar certificaciones adicionales ante entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo cual ampliaría el espectro de servicios que pueden ofrecer los contadores y fortalecería la lucha contra actividades delictivas.
Por otro lado, Jesús Fidel Hernández Rodríguez, también de la comisión Académica de Diplomados, presentó la responsabilidad penal en el lavado de dinero, abordando diversos aspectos legales y conceptuales. Entre los puntos destacados, comentó sobre la posibilidad de perseguir simultáneamente el delito de defraudación fiscal y el lavado de dinero, estableciendo una relación entre ingresos ilícitos y la defraudación fiscal. Compartió diferentes tipos de responsabilidad penal, como la impericia, imprudencia, negligencia y dolo, además de la imputación indirecta y directa en delitos cometidos por personas físicas en beneficio de personas morales.
El expositor profundizó en la descripción del delito de lavado de dinero, especificando las conductas que lo constituyen, como adquirir, enajenar, administrar o poseer recursos de origen ilícito; asimismo, abordó la ocultación y encubrimiento de la naturaleza u origen de dichos recursos. Por último, subrayó los requisitos de procedibilidad para iniciar acciones penales, incluyendo la necesidad de denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en casos que involucren servicios financieros.
Para cerrar las participaciones, el magistrado de Circuito en Consejo de la Judicatura Federal, Marco Antonio Cepeda Anaya, presentó un resumen sobre el bloqueo de cuentas bancarias, enfocándose en las disposiciones legales que regulan este proceso y las responsabilidades de las instituciones financieras. Desglosó las obligaciones de las instituciones bancarias según la Ley de Instituciones de Crédito, como establecer medidas para prevenir delitos financieros, presentar reportes a la SHCP, y seguir lineamientos específicos para el conocimiento de clientes, resguardo de información y capacitación interna.
“El bloqueo de cuentas bancarias se presenta como una medida cautelar de naturaleza administrativa, derivada de compromisos internacionales asumidos por México, en particular relacionados con la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros”.
Finalmente, expuso la necesidad de una interpretación conforme de la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar su validez constitucional, enfocándose en la relación de estas medidas con procedimientos específicos y el cumplimiento de acuerdos internacionales, como los establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, respaldados por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional.
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El Colegio realizó la decimotercera edición del Foro de fiscalización del SAT para grandes contribuyentes, un espacio de análisis en el que se abordaron las prioridades, expectativas y estrategias de la autoridad fiscal hacia las organizaciones con un papel clave en la economía nacional.La apertura del magno evento la encabezó la contadora Rosalía Ortega, presidenta de la institución, quien destacó que el conocimiento, el intercambio de experiencias y el diálogo son elementos indispensables para promover una cultura de cumplimiento y fortalecer la confianza en un entorno fiscal complejo. Asimismo, celebró la oportunidad de estrechar los canales de comunicación entre el gremio y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Durante su intervención, la titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, Jennifer Castillo Madrid, presentó un balance de la recaudación en el país y detalló los ejes de trabajo de su gestión. Al respecto, expuso que los ingresos tributarios han mostrado un crecimiento, alcanzando 5,351,680 millones de pesos en el periodo de enero a diciembre de 2025, lo que representa una variación real del 4% frente al ejercicio anterior.La funcionaria aclaró que entre 2023 y 2025 se iniciaron 2,480 actos de fiscalización, lo que significa que solo el 6% del padrón fue sujeto de revisión, desmitificando un exceso de fiscalización. En materia de devoluciones, informó que se reportó un incremento del 36% entre 2020 y 2025.En el marco de las acciones del Plan México, Castillo Madrid subrayó que la programación de auditorías se realiza mediante sistemas automatizados e indicadores de riesgo que detectan inconsistencias y operaciones de alto riesgo, como planeaciones fiscales agresivas, pérdidas fiscales recurrentes o tasas efectivas menores a las del sector, garantizando que no existen persecuciones particulares ni motivaciones políticas.Como parte de la simplificación y certeza jurídica, anunció que se implementará un esquema de fiscalización transparente que limitará las revisiones a una sola auditoría integral por contribuyente y ejercicio fiscal.Por su parte, el Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia, Carlos González Gamero, centró su intervención en el contexto internacional de la fiscalización, destacando la importancia de fortalecer la certidumbre jurídica en operaciones transfronterizas.Subrayó el papel de los tratados internacionales para evitar la doble tributación, así como el uso de mecanismos como los procedimientos amistosos y los acuerdos anticipados de precios. Asimismo, enfatizó la necesidad de una fiscalización más focalizada, basada en análisis de riesgo y en el aprovechamiento de la información disponible.En su oportunidad, el Administrador Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, Alejandro Alcides Villalta Ramírez, abordó aspectos operativos vinculados al cumplimiento fiscal. Al respecto, destacó la relevancia de contar con documentación definitiva, papeles de trabajo consistentes y contratos debidamente formalizados, como elementos clave para evitar observaciones durante los procesos de revisión.Ambos funcionarios hicieron hincapié en la aplicación estricta de las disposiciones legales, contables y fiscales, así como en la relevancia de los más de 60 tratados internacionales vigentes, manteniendo una colaboración estrecha con autoridades de otros países.Destacaron el desarrollo del portal de difusión de criterios institucionales como una herramienta para transparentar la postura del SAT en temas relevantes como materialidad, cuentas incobrables y publicidad. Y, en sus mensajes de cierre, realizaron un llamado a la comunidad contable y sector empresarial para fomentar la autocorrección oportuna, privilegiar el cumplimiento voluntario y evitar litigios prolongados mediante el uso de mecanismos alternativos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).Durante la segunda jornada del foro, se realizaron cuatro mesas de discusión con diferentes ópticas. En la primera de ellas, Manuel Tamez Zendejas, Luis González Flores y Allen Saracho Carrillo coincidieron en que la autoridad fiscal mantendrá un enfoque riguroso en la identificación de planeaciones fiscales agresivas, así como en la revisión de operaciones internacionales.Destacaron que el concepto de planeación fiscal agresiva seguirá siendo un elemento clave, aunque su interpretación puede variar según el criterio de la autoridad, lo que genera incertidumbre para los contribuyentes. Los expertos enfatizaron la necesidad de contar con soporte documental sólido desde el origen de las operaciones, incluyendo contratos claros, evidencia de prestación efectiva de servicios y trazabilidad contable.En otra mesa se presentaron Eduardo Estrada Borja, Enrique Ramírez Luna y Rodolfo Jerónimo Pérez, quienes señalaron que, ante las revisiones de la autoridad, no solo se analizan cifras, sino que también se busca validar la existencia de las operaciones a través de elementos como número de empleados, infraestructura, contratos y controles internos. En este sentido, subrayaron que demostrar la materialidad requiere documentación y un entorno de control sólido, capaz de evidenciar cómo se ejecutan las operaciones dentro de la organización.Por su parte, Adriana Escobedo Hernández y César Aguilar comentaron los retos actuales en materia de sustancia y razón de negocios en servicios intercompañía, destacando que la autoridad ha evolucionado su enfoque de revisión. “Hoy, más allá de validar cálculos, el análisis parte de cuestionar la existencia misma del servicio y el beneficio que este genera”, puntualizó Adriana.Además, se enfatizó la relevancia del test de beneficio que exige demostrar, con evidencia documental, que el servicio aportó valor económico o comercial real al receptor. Asimismo, se subrayó la necesidad de acreditar la no duplicidad de funciones y evitar la inclusión de costos propios del accionista.En el último panel, se contó con la presencia de José Luis Ortiz Coronado y Eduardo Sánchez Lemoine. En su participación abordaron el enfoque actual de las revisiones en materia aduanera, destacando patrones específicos que han captado la atención de la autoridad.Señalaron como focos de revisión la importación temporal de productos terminados, las importaciones temporales no vinculadas a procesos productivos, así como aquellas empresas que presentan un bajo retorno de mercancías. Asimismo, advirtieron sobre el uso de transferencias virtuales hacia empresas consideradas de alto riesgo, utilizadas con fines de simulación, lo cual representa un punto crítico en los actos de fiscalización.Para cerrar el foro, se presentó un mensaje de la contadora Rita Mireya Valdivia, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien agradeció a los asistentes, panelistas y coordinadores por dar vida a una edición más del foro que se caracterizó por el acercamiento con la autoridad tributaria del país.
El 23 de junio el Colegio fue sede del curso Aspectos fiscales clave de la operación de empresas IMMEX, donde exploró el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) desde sus beneficios y obligaciones, con el fin de guiar a los contribuyentes y que eviten riesgos derivados de la constante revisión de las autoridades.Julián Luna Poblano y José Luis Ortiz Coronado fueron los expertos citados para este evento coordinado por la comisión técnica de Comercio Exterior, representada por Juan Antonio Castro Chávez.Para comenzar, los ponentes dictaron que el programa brinda, a nombre de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la secretaria de Economía (SE), un diferimiento de aranceles para la importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o exportación; sin embargo, estos beneficios dados por el programa son exclusivos para contribuyentes en el Régimen General de Personas Morales y residentes en México.Como requisito, para evaluar la aplicación del IMMEX, se solicita la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien en conjunto con un contador público registrado emitirá un reporte de mercancía sensible según el anexo II del del decreto del programa. Estas mercancías son denominadas sensibles debido a su susceptibilidad de ser desviadas para fines distintos al programa o de alterar el mercado y se encuentran bajo vigilancia federal. Adicionalmente, la autoridad corrobora el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, a través de una opinión de cumplimiento que dictamina distintas consideraciones con sustento en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF); entre los elementos a validar se encuentran los créditos fiscales, la presentación de declaraciones informativas, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la capacidad de emisión de comprobantes fiscales, etc.La renovación de este programa se realiza de forma automática al presentarse el reporte anual de operaciones de comercio exterior, pero la SE vuelve a verificar las mismas medidas de desempeño presentadas en la solicitud, por lo que el contribuyente deberá mantener su cumplimento fiscal o subsanar cualquier incumplimiento de forma imperativa.Para continuar con la ponencia, se desarrolló el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en alineación con el programa IMMEX. En el caso del IVA, se señaló que éste debe ser declarado en la documentación aduanera ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y puede ser pagado a través de un crédito si se cumplen los requisitos pertinentes, pero se mantiene su consideración como costo financiero. Además, se señaló que la autoridad ha endurecido sus criterios de fiscalización a las operaciones virtuales, sobre todo con aquellas que implican un reingreso al país; en estos casos, los expertos sugieren ser diligentes en este tipo de operaciones para evitar un incumplimiento o la doble tributación.Finalmente, para concluir con el evento, se destacó la importancia de la contabilidad para empresas en el programa IMMEX, como el control de los inventarios, que debe contemplar cambios en el tratamiento de los materiales, el modelo de éstos y su desperdicio. Todos estos elementos contribuyen a brindar certeza a la autoridad al respecto de la empresa y pueden ser la diferencia entre mantener o perder el acceso al programa.
La comisión de Peritos Contables en la Impartición de Justicia del Colegio realizó el pasado 20 de junio el curso Pericial contable sobre la materialidad de operaciones cuestionadas, impartido por Guadalupe González Lobato y Ricardo Landín Quinto, integrantes de la comisión organizadora, bajo la coordinación de Maribel Ballesteros Celaya.Durante la exposición, se comentó que la prueba pericial contable constituye uno de los medios probatorios técnicos más relevantes en los procedimientos tributarios y contenciosos administrativos, al permitir que los órganos jurisdiccionales cuenten con elementos especializados para valorar hechos relacionados con la contabilidad, la auditoría, las finanzas y los sistemas contables.Los ponentes subrayaron que este tipo de prueba resulta especialmente importante en la actualidad para acreditar la materialidad y existencia de las operaciones fiscales frente a presunciones de simulación por parte de la autoridad. Asimismo, señalaron que para que una prueba pericial sea admitida y valorada eficazmente debe cumplir requisitos procesales como la pertinencia, la idoneidad y la oportunidad de su presentación.Durante la sesión también se explicó que un dictamen pericial sólido debe sustentarse en una metodología objetiva y documentada, capaz de establecer una trazabilidad clara entre registros contables, estados financieros, movimientos bancarios, flujos económicos y comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI). Se enfatizó que la función del perito consiste en emitir opiniones técnicas sustentadas en evidencia documental, sin invadir atribuciones que corresponden exclusivamente a la autoridad jurisdiccional.Otro de los temas abordados fue la intervención del perito tercero en discordia cuando los dictámenes presentados por las partes resultan contradictorios. Se comentó que este especialista actúa como un auxiliar independiente de la justicia, encargado de emitir una opinión técnica imparcial que contribuya a reducir la incertidumbre y a reconstruir objetivamente la realidad económica de las operaciones analizadas.Asimismo, se revisó la evolución de los procesos de fiscalización en México y la manera en que la autoridad fiscal ha fortalecido sus mecanismos de revisión. Los expositores señalaron que actualmente ya no basta con exhibir facturas, contratos o registros contables de manera aislada, sino que es necesario demostrar la trazabilidad financiera de las operaciones, la capacidad operativa de las partes involucradas, la existencia de infraestructura suficiente y una razón de negocios que justifique la operación realizada.También se comentaron los riesgos asociados a la simulación de operaciones y las consecuencias que pueden derivarse de estas prácticas, entre ellas el rechazo de deducciones, la imposición de sanciones económicas e incluso posibles implicaciones penales.Finalmente, se destacó que, ante los actuales esquemas de fiscalización, la acreditación de la materialidad de las operaciones representa uno de los principales desafíos para los contribuyentes, por lo que la participación de los peritos contables resulta cada vez más relevante para aportar certeza técnica y contribuir a una adecuada impartición de justicia.
