El pasado 18 de abril, la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional llevó a cabo un foro donde se discutió la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Código de Ética Profesional. Con un panel de expertos en diversas áreas, el evento se centró en proporcionar a los asistentes sobre las implicaciones legales y éticas de esta ley.
Para abrir el evento, se profundizó en las alertas de 24 horas, donde para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) constituyen un mecanismo crucial para combatir actividades financieras ilícitas. En esta presentación, impartida por Carlos Alberto Pérez Macias, de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, destacó las implicaciones legales y prácticas de estas alertas, en línea con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Estas alertas son fundamentales para que las instituciones financieras cumplan con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), identificando y reportando de manera inmediata cualquier operación sospechosa que pueda estar relacionada con actividades criminales o el financiamiento del terrorismo”.
En ese sentido, expresó que a través de criterios de clasificación de clientes y el cumplimiento de obligaciones como la identificación y presentación de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se busca proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Comentó que la efectividad de las alertas de 24 horas se basa en la identificación precisa de indicios de operaciones ilícitas, como historiales criminales de clientes, negativas a proporcionar información o la realización de operaciones que parecen estar fuera del alcance financiero del cliente. Además, indicó la importancia de una adecuada calidad en los avisos presentados, con información detallada sobre la alerta generada, garantizando así una colaboración efectiva entre las instituciones financieras y las autoridades para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y eficiente.
En su turno, Mónica Isela Galindo Cosme, integrante de la comisión Académica de Diplomados, abundó sobre ética y prevención en el lavado de dinero. Al respecto, consideró relevante la crítica de la ética en la práctica contable y su impacto en la lucha contra actividades delictivas como el lavado de dinero y la corrupción. Galindo Cosme enfatizó que la ética debe ser un pilar fundamental arraigado en todos los profesionales de la contabilidad.
Durante su exposición, hizo hincapié en el papel que desempeñan los contadores públicos en la prevención de delitos financieros, destacando la importancia de conocer a fondo el Código de Ética Profesional y seguir sus pautas para garantizar un comportamiento adecuado en diversas áreas de desempeño, incluyendo la PLD.
Uno de los puntos clave fue la necesidad de una selección rigurosa de clientes y una evaluación constante de su riesgo y comportamiento para asegurar el cumplimiento de las normativas éticas y legales. Resaltó la responsabilidad de identificar posibles actividades ilícitas por parte de los clientes y tomar medidas preventivas para evitar cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero.
Además, discutió la evolución de los clientes a lo largo del tiempo y cómo esta evolución puede presentar nuevos desafíos éticos y legales para los contadores. Para ello, hizo mención de considerar certificaciones adicionales ante entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo cual ampliaría el espectro de servicios que pueden ofrecer los contadores y fortalecería la lucha contra actividades delictivas.
Por otro lado, Jesús Fidel Hernández Rodríguez, también de la comisión Académica de Diplomados, presentó la responsabilidad penal en el lavado de dinero, abordando diversos aspectos legales y conceptuales. Entre los puntos destacados, comentó sobre la posibilidad de perseguir simultáneamente el delito de defraudación fiscal y el lavado de dinero, estableciendo una relación entre ingresos ilícitos y la defraudación fiscal. Compartió diferentes tipos de responsabilidad penal, como la impericia, imprudencia, negligencia y dolo, además de la imputación indirecta y directa en delitos cometidos por personas físicas en beneficio de personas morales.
El expositor profundizó en la descripción del delito de lavado de dinero, especificando las conductas que lo constituyen, como adquirir, enajenar, administrar o poseer recursos de origen ilícito; asimismo, abordó la ocultación y encubrimiento de la naturaleza u origen de dichos recursos. Por último, subrayó los requisitos de procedibilidad para iniciar acciones penales, incluyendo la necesidad de denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en casos que involucren servicios financieros.
Para cerrar las participaciones, el magistrado de Circuito en Consejo de la Judicatura Federal, Marco Antonio Cepeda Anaya, presentó un resumen sobre el bloqueo de cuentas bancarias, enfocándose en las disposiciones legales que regulan este proceso y las responsabilidades de las instituciones financieras. Desglosó las obligaciones de las instituciones bancarias según la Ley de Instituciones de Crédito, como establecer medidas para prevenir delitos financieros, presentar reportes a la SHCP, y seguir lineamientos específicos para el conocimiento de clientes, resguardo de información y capacitación interna.
“El bloqueo de cuentas bancarias se presenta como una medida cautelar de naturaleza administrativa, derivada de compromisos internacionales asumidos por México, en particular relacionados con la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros”.
Finalmente, expuso la necesidad de una interpretación conforme de la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar su validez constitucional, enfocándose en la relación de estas medidas con procedimientos específicos y el cumplimiento de acuerdos internacionales, como los establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, respaldados por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional.
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La digitalización financiera ya no es una tendencia futura, sino una realidad que redefine la forma en que las personas interactúan con el dinero. Bajo esta premisa se desarrolló el foro Fintech en acción: de la banca tradicional a la revolución digital, realizado el 16 de abril y organizado por la comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio, donde el especialista Alejandro Méndez Rueda expuso los principales cambios, retos y oportunidades del ecosistema financiero en México.Entrando al tema, el expositor ofreció un breve contexto para comprender la evolución del sistema bancario en el país, destacando hitos como la nacionalización de la banca en 1982 y su posterior privatización en los años noventa, proceso que permitió la entrada de nuevos competidores y capital extranjero, impulsando así la modernización del sector.En ese sentido, Méndez Rueda explicó que, aunque las funciones tradicionales de la banca se mantienen, su ejecución ha cambiado de manera significativa con la incorporación de herramientas digitales:Captación de recursos, ahora facilitada mediante plataformas digitales y apertura remota de cuentas Otorgamiento de crédito, apoyado en análisis automatizados y datos en tiempo real Facilitación de pagos, impulsada por herramientas como SPEI, CoDi y aplicaciones móviles Por otro lado, el ponente señaló que el avance tecnológico también ha fortalecido la supervisión del sistema financiero. Instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúan desempeñando un papel clave en la estabilidad del sector. También, destacó que la Ley Fintech de 2018 marcó un parteaguas al formalizar nuevas figuras tecnológicas y fomentar la inclusión financiera.Asimismo, hizo hincapié en que la transformación digital conlleva riesgos que no deben subestimarse. Entre los principales desafíos destacan:Incremento en fraudes digitales y esquemas de phishing Mayor dependencia tecnológica en la gestión financiera Diferencias en la protección de depósitos entre bancos tradicionales y plataformas digitales Ante este panorama, el especialista recomendó adoptar medidas de seguridad como la autenticación multifactor, el monitoreo constante de operaciones y la verificación del estatus regulatorio de las plataformas antes de utilizarlas.En otro orden de ideas, Méndez Rueda abordó el impacto de la digitalización en el ámbito fiscal, destacando la transición hacia un modelo de fiscalización electrónica. Explicó que este esquema se basa en cruces automatizados de información provenientes de CFDI, declaraciones, movimientos bancarios y registros contables, lo que permite a la autoridad realizar revisiones en tiempo real.De igual forma, enfatizó que la trazabilidad de las operaciones es un elemento clave en este nuevo modelo, ya que permite validar la congruencia de la información financiera, fiscal y laboral. En este sentido, herramientas como el REPSE y el SIDEIMSS resultan fundamentales para acreditar la materialidad de las operaciones, especialmente en servicios especializados.Finalmente, el expositor concluyó que el rol del contador público ha evolucionado significativamente. Más allá del registro de operaciones, ahora debe asumir una función estratégica y preventiva, enfocada en la validación de información, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en un entorno cada vez más digitalizado.
Con el firme objetivo de fortalecer la representación del gremio contable ante la sociedad y las autoridades, más de 80 nuevos asociados se dieron cita hoy en las instalaciones del Colegio. El evento consistió en un desayuno informativo donde los asistentes pudieron vislumbrar el alcance de su integración a la institución.La ceremonia fue encabezada por la contadora Rosalía Ortega López, presidenta del Colegio, quien destacó la importancia de esta nueva etapa profesional; en su discurso, enfatizó que la afiliación no es solo un trámite, sino una inversión para robustecer su desarrollo profesional.Asimismo, el desayuno contó con la participación de autoridades del comité ejecutivo: Héctor Vázquez González, vicepresidente de Promoción y Membrecía; Virginia Ríos Hernández, vicepresidenta de Estrategia, Organización y Control; Manuel Tamez Zendejas, vicepresidente de Comunicación e Imagen; y María Luisa Ramírez Hernández, directora ejecutiva.Durante el encuentro, el contador Vázquez González profundizó en los múltiples beneficios que los nuevos integrantes adquieren desde su afiliación: entre otros, destacó el acceso a comisiones de trabajo y material editorial; programas de capacitación; alianzas comerciales y convenios.Los asistentes participaron en dinámicas de integración y realizaron un recorrido por las instalaciones. El momento culminante se vivió cuando, en un acto simbólico de pertenencia, los nuevos socios "se pusieron la camiseta" del Colegio, reafirmando su compromiso con la institución.
Con el objetivo de brindar herramientas prácticas y actuales en materia fiscal, del 13 al 15 de abril se realizó el curso Declaración anual 2025 de personas físicas: guía y consideraciones, organizado e impartido por miembros de las comisiones Fiscales del Colegio y coordinado por María Asunción de la O Flores.La apertura estuvo a cargo de José Alberto Valverde Corona, quien subrayó que la declaración anual constituye una obligación establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta, particularmente en su artículo 90. En su intervención, destacó que se deben de reportar de manera correcta todos los ingresos, incluidos aquellos obtenidos en efectivo, bienes o servicios, así como préstamos, donativos y premios que superen los 600 mil pesos. Asimismo, abordó el concepto de discrepancia y explicó los principales ingresos exentos contemplados en la legislación, como ciertos pagos laborales, pensiones y prestaciones.Por su parte, Juan Manuel Franco Gallardo profundizó en los distintos regímenes fiscales aplicables a personas físicas, tales como actividades empresariales, servicios profesionales, arrendamiento y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Enfatizó la correcta acumulación de ingresos y la diferencia entre deducciones estructurales y personales, además de advertir sobre las implicaciones del incumplimiento, especialmente en el caso de RESICO. También resaltó la importancia de documentar adecuadamente todas las operaciones para evitar contingencias fiscales.Mirella Mirandina Plácido Hernández abordó temas relacionados con la enajenación de bienes, incluyendo su definición legal y el tratamiento fiscal de herencias, donaciones y venta de casa habitación o acciones. Explicó la determinación de ganancias, deducciones autorizadas y el manejo de pérdidas, así como el tratamiento de intereses, subrayando la relevancia de contar con documentación precisa para cada operación.En su intervención, Alfredo Efrén García Alcántara analizó los ingresos por premios, dividendos y otros conceptos. Detalló las condiciones para la exención de ciertos premios, así como los requisitos formales que deben cumplir los dividendos para su correcta fiscalización. También abordó otros ingresos, como deudas perdonadas o indemnizaciones, destacando la necesidad de conocer a fondo el perfil del contribuyente y mantener un adecuado soporte documental.Ricardo Oviedo López se centró en las obligaciones específicas de los principales regímenes, como sueldos y salarios, actividades empresariales y arrendamiento. Explicó los casos en los que es obligatorio presentar la declaración anual y revisó las deducciones personales más relevantes, entre ellas gastos médicos, donativos e intereses hipotecarios. Además, presentó un caso práctico y ofreció recomendaciones para una adecuada integración de la información fiscal.Israel Miñon Solano aportó un enfoque práctico mediante el análisis de dos casos de estudio, uno básico y otro más complejo, en los que se ilustró el tratamiento fiscal de diversos ingresos, como dividendos, intereses, sueldos, premios y enajenación de bienes. Destacó la importancia de los papeles de trabajo para organizar la información y comprender el cálculo del impuesto anual.Finalmente, Sergio Nava Camacho abordó la relevancia de revisar la información precargada por la autoridad fiscal antes de presentar la declaración. Señaló que es fundamental verificar el régimen fiscal, conciliar los ingresos con el visor de nóminas y validar conceptos que puedan generar diferencias, como la PTU. Asimismo, explicó los procedimientos para la presentación, las opciones de pago y los requisitos para la devolución de saldos a favor, haciendo énfasis en el uso de la e.firma en ciertos casos.
