El pasado 18 de abril, la comisión de Ética y Responsabilidad Profesional llevó a cabo un foro donde se discutió la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Código de Ética Profesional. Con un panel de expertos en diversas áreas, el evento se centró en proporcionar a los asistentes sobre las implicaciones legales y éticas de esta ley.
Para abrir el evento, se profundizó en las alertas de 24 horas, donde para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) constituyen un mecanismo crucial para combatir actividades financieras ilícitas. En esta presentación, impartida por Carlos Alberto Pérez Macias, de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, destacó las implicaciones legales y prácticas de estas alertas, en línea con la Recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Estas alertas son fundamentales para que las instituciones financieras cumplan con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), identificando y reportando de manera inmediata cualquier operación sospechosa que pueda estar relacionada con actividades criminales o el financiamiento del terrorismo”.
En ese sentido, expresó que a través de criterios de clasificación de clientes y el cumplimiento de obligaciones como la identificación y presentación de avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se busca proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Comentó que la efectividad de las alertas de 24 horas se basa en la identificación precisa de indicios de operaciones ilícitas, como historiales criminales de clientes, negativas a proporcionar información o la realización de operaciones que parecen estar fuera del alcance financiero del cliente. Además, indicó la importancia de una adecuada calidad en los avisos presentados, con información detallada sobre la alerta generada, garantizando así una colaboración efectiva entre las instituciones financieras y las autoridades para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y eficiente.
En su turno, Mónica Isela Galindo Cosme, integrante de la comisión Académica de Diplomados, abundó sobre ética y prevención en el lavado de dinero. Al respecto, consideró relevante la crítica de la ética en la práctica contable y su impacto en la lucha contra actividades delictivas como el lavado de dinero y la corrupción. Galindo Cosme enfatizó que la ética debe ser un pilar fundamental arraigado en todos los profesionales de la contabilidad.
Durante su exposición, hizo hincapié en el papel que desempeñan los contadores públicos en la prevención de delitos financieros, destacando la importancia de conocer a fondo el Código de Ética Profesional y seguir sus pautas para garantizar un comportamiento adecuado en diversas áreas de desempeño, incluyendo la PLD.
Uno de los puntos clave fue la necesidad de una selección rigurosa de clientes y una evaluación constante de su riesgo y comportamiento para asegurar el cumplimiento de las normativas éticas y legales. Resaltó la responsabilidad de identificar posibles actividades ilícitas por parte de los clientes y tomar medidas preventivas para evitar cualquier involucramiento en actividades de lavado de dinero.
Además, discutió la evolución de los clientes a lo largo del tiempo y cómo esta evolución puede presentar nuevos desafíos éticos y legales para los contadores. Para ello, hizo mención de considerar certificaciones adicionales ante entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo cual ampliaría el espectro de servicios que pueden ofrecer los contadores y fortalecería la lucha contra actividades delictivas.
Por otro lado, Jesús Fidel Hernández Rodríguez, también de la comisión Académica de Diplomados, presentó la responsabilidad penal en el lavado de dinero, abordando diversos aspectos legales y conceptuales. Entre los puntos destacados, comentó sobre la posibilidad de perseguir simultáneamente el delito de defraudación fiscal y el lavado de dinero, estableciendo una relación entre ingresos ilícitos y la defraudación fiscal. Compartió diferentes tipos de responsabilidad penal, como la impericia, imprudencia, negligencia y dolo, además de la imputación indirecta y directa en delitos cometidos por personas físicas en beneficio de personas morales.
El expositor profundizó en la descripción del delito de lavado de dinero, especificando las conductas que lo constituyen, como adquirir, enajenar, administrar o poseer recursos de origen ilícito; asimismo, abordó la ocultación y encubrimiento de la naturaleza u origen de dichos recursos. Por último, subrayó los requisitos de procedibilidad para iniciar acciones penales, incluyendo la necesidad de denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en casos que involucren servicios financieros.
Para cerrar las participaciones, el magistrado de Circuito en Consejo de la Judicatura Federal, Marco Antonio Cepeda Anaya, presentó un resumen sobre el bloqueo de cuentas bancarias, enfocándose en las disposiciones legales que regulan este proceso y las responsabilidades de las instituciones financieras. Desglosó las obligaciones de las instituciones bancarias según la Ley de Instituciones de Crédito, como establecer medidas para prevenir delitos financieros, presentar reportes a la SHCP, y seguir lineamientos específicos para el conocimiento de clientes, resguardo de información y capacitación interna.
“El bloqueo de cuentas bancarias se presenta como una medida cautelar de naturaleza administrativa, derivada de compromisos internacionales asumidos por México, en particular relacionados con la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros”.
Finalmente, expuso la necesidad de una interpretación conforme de la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar su validez constitucional, enfocándose en la relación de estas medidas con procedimientos específicos y el cumplimiento de acuerdos internacionales, como los establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, respaldados por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Eventos recientes
Del 3 al 6 de agosto, el Colegio fue sede del 32.° Foro nacional de especialistas en seguridad social, FONESS, un espacio de encuentro para analizar y reflexionar sobre las reformas en materia laboral y de seguridad social donde convergen especialistas en el tema y autoridades de distintas instituciones. El evento fue coordinado por la comisión técnica de Seguridad Social, representada por Francisco Javier Ibarra Mayoral, Carlos Mario de la Fuente Aguirre, Mauricio Valadez Sánchez, Cristina Zoé Gómez Benavides, Miguel Arnulfo Castellanos Cadena, José Luis Sánchez García, Miguel Ángel Silva Pedroza y Orlando Corona Lara.Para el primer día de la jornada se contó con la participación de José Manuel Etchegaray Morales, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Durante su ponencia se encargó de desarrollar los mitos y realidades de las pensiones en México; dentro de los puntos destacados comentó que la modalidad 40, a pesar de sus beneficios, no supone una mejoría automática de la pensión y sigue vinculada a factores como la edad, la cantidad de semanas cotizadas, por lo que al igual que en cualquier otro régimen pensionario es fundamental calcularlo y compararlo de acuerdo con cada situación.En representación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), acudieron al encuentro Julio César Cervantes Parra, presidente de la organización y Martha Angélica León Alvarado, vicepresidenta financiera de la misma. Ambos comentaron la importancia actual del Sistema de Ahorro para el Retiro para la economía nacional, que alcanza una cuarta parte del Producto Interno Bruto y la evolución que ha tenido el sistema de pensiones mexicano como una protección para los trabajadores, así como algunas recomendaciones generales basadas en los datos recuperados por la CONSAR, como la importancia del aporte voluntario y las características a tomar en cuenta para elegir un Afore.Para cerrar el día, Rubén Darío Dávalos Palomera, José Luis Aldana Díaz y Francisco Javier Ibarra Mayoral integraron una mesa de análisis sobre la reforma laboral de disminución de la jornada. Donde expresaron que el factor más fundamental de los cambios a implementar por las empresas durante los próximos 4 años debe ser la planeación anticipada para simular esa reducción escalonada mediante tiempo extra o la contratación de personal, ya que ambas opciones implican un costo que deberá ser considerado para asegurar la continuidad del negocio. Por si fuera poco, integrar un sistema robusto para el control de las horas trabajadas por los empleados es fundamental para cumplir con los requisitos dictados en la reforma.El segundo día del evento fue abierto por Eduardo Alcaraz Prous, titular de la unidad de incorporación al seguro social y David Valentín Pérez, titular de división en la Coordinación de Clasificación de Empresas y Vigencia de Derechos, quienes compartieron datos sobre las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales y la importancia de la e.firma como único certificado digital para las personas empleadoras y sujetos obligados. En ambos casos, se destacó una idea clave: ambos representan un ejercicio para fortalecer la transparencia, reducir riesgos e incrementar la protección de los derechos de personas trabajadoras y empleadoras.Posteriormente, Antonio Ramírez Vargas, titular de la División de Dictamen en IMSS; María Juana Ramírez Ortega, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos en IMSS y Rubí Nalleli Rivera Durán, titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza desarrollaron las recientes mejoras del instituto en plataformas digitales: el Buzón IMSS, el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) y el Sistema de Dictamen Electrónico (SIDEIMSS), herramientas cuyo eje es la accesibilidad mediante la agilización de trámites que garanticen el cumplimiento de las obligaciones patronales y de sujetos obligados; según las autoridades, brindar las facilidades que optimicen es fundamental para promover una cultura de cumplimiento nacional.Santiago Gutiérrez Villarruel y Gregorio Rodríguez Rodríguez, seniors de fiscalización en Infonavit compartieron dos ponencias enfocadas a la presentación del Dictamen Infonavit y el Sistema de Información de Subcontratación (SISUB). Al respecto del dictamen, las autoridades destacaron la importancia del papel del gremio contable en el proceso de dictaminación y señalaron que, aunque éste sigue siendo opcional, ha evolucionado con formatos de presentación electrónicos e híbridos por lo que invitan a los sujetos obligados a familiarizarse con ellos y resolver sus dudas durante este proceso de transición. Fernando Tapia Díaz, gerente de facturación fiscal, quien ahondó en el pago del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), enfatizó en la importancia del control interno en las empresas para documentar esquemas de beneficios adicionales al sueldo con el fin de demostrar el cumplimiento apropiado ante la autoridad fiscal y el Infonavit. Y, por su parte, César Raúl Cárdenas Castro, representante del área de notificaciones, convenios y estrategias de cobro del Infonavit, detalló la Campaña Cumplamos Juntos, un programa de regularización que brinda facilidades de pago a los patrones y empresas para saldar sus adeudos fiscales y que parte de los principios destacados a lo largo de la jornada: la accesibilidad potencia el cumplimiento.El último día de la jornada fue encabezado por Fernando Jordan Siliceo del Prado, director general de inspección federal del trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien abordó los avances y reformas en la inspección federal del trabajo así como recomendaciones para identificar inspectores federales legítimos, los documentos típicamente requeridos, protocolos vigentes y los esfuerzos actuales por modernizar, focalizar y humanizar la inspección laboral.Hector Pedro Martínez López, director de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), se encargó de explicar la metodología de inspección en materia de subcontratación mediante los rubros que revisa un inspector federal del trabajo; para finalizar su ponencia, el experto presentó el rediseño de la plataforma REPSE que se hizo efectiva en agosto, destacando la simplificación administrativa para las microempresas y la digitalización total de los trámites.José Luis Trejo Porras y Alonso Leonel Sánches Derat, representantes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), dieron una ponencia sobre los acuerdos conclusivos intermediados por su institución; en su intervención señalaron los principales errores y mejores prácticas para la solicitud de acuerdos conclusivos durante auditorías fiscales, como la precisión de hechos y la delimitación específica de cada partida, todo con el fin de resolver desacuerdos entre un contribuyente y la autoridad fiscal mediante la transparencia y el concilio entre las partes.Para finalizar la provechosa jornada de cuatro días, Ludivina Leija Rodríguez, presidenta del IMCP, y Rita Mireya Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional dieron unas breves palabras de cierre donde reconocieron el esfuerzo de autoridades y especialistas en materia de seguridad social para construir este foro de conversación y actualización como un ejercicio de apertura que promueve el cambio adaptado a las necesidades de las personas trabajadoras y empleadoras.
La tarde del 6 de agosto, el Colegio presentó la conferencia mensual con especialistas en la que participó la contadora y presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), Betsy Eslava, quien analizó las mejores prácticas, tendencias y oportunidades del modelo de franquicias como un mecanismo para robustecer la economía nacional. La coordinación del evento corrió a cargo de Manuel Tamez, vicepresidente de Comunicación e Imagen de la institución.Durante la introducción, la ponente compartió un panorama integral del sector de franquicias en el país. Al respecto, informó que “existen 1,500 marcas, de las cuales aproximadamente 300 forman parte de la AMF, generando más de un millón de empleos y superando los 95 mil puntos de venta”.También precisó que cerca del 80% de las franquicias en México son de origen nacional, lo que refuerza el papel como plataforma del crecimiento para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). En este sentido, enfatizó que este modelo no se limita a grandes corporaciones internacionales, sino que abarca negocios cotidianos que forman parte del entorno inmediato de la población, como cafeterías, gimnasios o escuelas.La presidenta explicó que uno de los principales objetivos de la asociación es promover la profesionalización del sector mediante esquemas de capacitación, certificación y vinculación institucional. Además, destacó la implementación de estándares que permiten a las franquicias cumplir con requisitos de calidad y operar bajo lineamientos internacionales.En este ámbito global, abordó la participación de México en el Consejo Mundial de Franquicias, integrado por representantes de más de 40 países, donde se analizan tendencias globales y se establecen estrategias para enfrentar los retos del sector. Eslava resaltó la presencia de México en la toma de decisiones internacionales, “lo que ha permitido posicionar al país como un actor relevante en la agenda global de franquicias”.A su vez, compartió experiencias en mercados internacionales, particularmente en Asia, donde identificó desafíos relacionados con hábitos de consumo, digitalización y logística. De igual forma, destacó la necesidad de incorporar tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y sistemas de entrega automatizados, para responder a las nuevas dinámicas del mercado y demandas de los consumidores.En cuanto a los retos para la competitividad, subrayó la importancia de la estandarización, la adaptación cultural y la innovación tecnológica como ejes estratégicos. Del mismo modo, subrayó el valor del distintivo “Hecho en México” como un elemento de identidad.La contadora finalizó su exposición con un llamado a fortalecer la colaboración entre instituciones, organismos empresariales y profesionales, “a fin de consolidar un ecosistema que impulse el crecimiento sostenido del sector”, cerró.
El 30 de julio el Colegio fue sede del curso Auditoría interna basada en riesgos, un espacio para actualizar y desarrollar herramientas que permitan a los asistentes fortalecer el control interno y la gestión de riesgos ante el entorno actual, caracterizado por incertidumbre, regulación y cambio constante. El curso fue presentado por la comisión T. SE de Auditoría Interna, con la participación de sus integrantes Georgina Galicia Reyes y Omar Hinojosa Badillo y la coordinación de Edgar Cruz Cruz.Para comenzar, se delineó el camino de transformación de la Auditoría Interna, que comenzó con tareas de verificación y detección de errores para orientar en el cumplimiento de políticas y procedimientos; posteriormente, amplió su alcance a la evaluación de controles internos, convirtiéndose en una herramienta clave para la gestión operativa; hasta finalmente llegar al enfoque actual basado en riesgos que consolida esta disciplina como un elemento fundamental para preservar la continuidad de un negocio mediante la planeación estratégica y la gestión de riesgos.Durante su ponencia, los expertos resaltaron que la Auditoría interna basada en riesgos tiene un ciclo de vida reiterativo de cuatro fases: evaluación de riesgos y planeación, ejecución del encargo de auditoría, informes de auditoría y la gestión de incidencias. Al desarrollar cada uno, se hizo notar que el mayor valor de estas fases no reside en sus características individuales, sino en su articulación cíclica que permite trazar un camino de mejora continua y constante atención a los riesgos operativos del negocio, facilitando su preservación en el tiempo mediante la revisión y adaptación constante.Adicionalmente, se señalaron algunos aspectos clave que deben orientar la planeación con un enfoque basado en riesgos, entre ellos la comprensión del negocio. Si el auditor consigue apropiarse de los objetivos y prioridades de una organización, le permite entender la lógica de sus estrategias y obligaciones regulatorios; sin embargo, se destacó que esta labor es una tarea continua, donde el se debe analizar información propia del negocio y de su sector para mantener al auditor consciente del contexto de la empresa para identificar apropiadamente sus riesgos.Estos riesgos, según describen, deben identificarse y medirse para poder tomar decisiones sobre ellos, para ellos es fundamental explorar en qué consiste cada riesgo, cómo impide los objetivos de la organización, de qué manera se están gestionando y qué tan aceptable es para la continuidad del negocio.Tras puntualizar recomendaciones y enfoques para identificar riesgos externos e internos que permitan clasificarlos por su nivel de impacto, se produjo un ejercicio donde se desarrolló una planeación anual de Auditoría con base en Riesgos, que comenzó con un análisis de macroprocesos y procesos de una organización que permitió establecer el nivel de criticidad de cada uno a fin de enfocar apropiadamente los esfuerzos de la organización de manera óptima.Posteriormente, tras la identificación de riesgos, estos se mapean mediante una matriz de riesgos que ubica cada uno según la probabilidad de que éstos ocurran y la magnitud de sus consecuencias, en alineación con lo estipulado en la ISO 31000, que enmarca un proceso de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo para los riesgos identificados. Así, mediante este ejercicio práctico y la fundamentación teórica compartida por los especialistas, quedó de manifiesto que la auditoría interna es un ejercicio fundamental que evalúa y analiza el cumplimiento, control interno y operación de una organización; además, la perspectiva basada en riesgos brinda a este proceso la capacidad de priorizar apropiadamente el uso de los recursos del negocio, convirtiéndose en un motor fundamental para la toma de decisiones, la generación de valor y la preservación de la organización a través del tiempo.
