En el marco de la Semana Nacional de Auditoría Gubernamental, que realiza el Colegio cada año, tuvo su encuentro anual en línea del 23 al 26 de agosto, en el que tuvieron una participación especial representantes de la Auditoría Superior de la Federación, entre ellos, el del auditor, David Colmenares Páramo; Ivone Henestrosa Matus, directora general adjunta de auditoría forense; Roberto Hernández Rojas Valderrama, director de auditoría de TIC, y Miroslava Carrillo Martínez, auditora superior de fiscalización del Estado de México.
Previo a la conferencia magistral del auditor superior de la Federación, el presidente del Colegio, Juan Carlos Bojorges Pérez, inauguró la jornada 2021, destacando la importancia de la auditoría gubernamental como medida para mejorar operaciones y actividades fiscales.
La sesión contó con las intervenciones del presidente de la comisión técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Benjamín Reyes Torres, y de los integrantes Artemio Jesús Cancino Sánchez y Rodolfo Carlos Pérez Garrido, quienes fungieron como presentadores y coordinadores del primer día.
Entrando en materia de la participación del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el tema de los medios y el impulso de las tecnologías, Colmenares Páramo comentó “que es importante contar con foros para abrir un debate informado acerca de los medios y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para llevar a cabo la labor profesional, ya que el uso de estas alternativas permite disminuir el tiempo de atención, manejar volúmenes elevados de información, detectar patrones a partir de análisis de datos, simplificar los trámites y el contacto entre autoridades y ciudadanos”.
Asimismo, apuntó que las tecnologías permiten mantener las funciones de la dependencia, gracias al trabajo remoto como la herramienta del buzón digital de la ASF, que facilitó el intercambio de información de los organismos auditados.
Los marcos legales y administrativos a través de la inclusión de tecnologías, es para entablar una serie de acciones confiables y efectivas; sistematizar un medio para establecer la eficacia y contar con un mecanismo de seguridad. “Apostar por el cambio tecnológico es el rumbo correcto”, su uso e implementación incrementan la calidad de la auditoría gubernamental y su fiscalización.
En lo que respecta a la auditoría gubernamental, destacó la importancia de las acciones que derivan de la práctica de fiscalización superior, ya que tienen una considerable instancia en los procesos de consolidación y avances de la gobernanza democrática y aprovechamiento de los recursos, pues en palabras del auditor, “no hay nada peor, que los recursos mal empleados”.
Por último, Páramo Colmenares, habló del tema del fortalecimiento de la rendición de cuentas, a través de los funcionarios encargados de la fiscalización superior, como un proceso prioritario en las agendas de las instituciones, que siguen encargadas de esta labor, pues se pretende “aumentar la calidad de la auditoría gubernamental para garantizar la calidad de resultados, abatir la corrupción y aumentar la participación de la ciudadanía en procesos de la agenda pública”.
En virtud de lo anterior, Roberto Hernández Rojas Valderrama centró su ponencia sobre cómo la ASF está utilizando las tecnologías como la big data y el machine learning. Asimismo, comentó que gracias a las TIC en la auditoría han permitido recuperar gastos no justificados, mejorar las condiciones de operación de los sistemas de información, mejorar su aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
“En torno a los retos que tienen como área es el continuar con acciones que permitan disuadir los malos manejos como contrataciones no justificadas; minimizar los riesgos ante ataques cibernéticos y auditar nuevas tecnologías 5G y el cómputo cuántico, para que el ciberataque no vulnere los sistemas de inscripción de los bancos, entre otros”.
La tercera intervención estuvo a cargo de Ivone Henestrosa Matus, quien con el tema Importancia del auditor en el nuevo sistema penal acusatorio y oral mencionó que pone a los auditores en relevancia porque depende de la defensa que hagan en cada caso o hallazgo en las auditorías para el éxito de las denuncias penales.
Además, agregó que con motivo de las reformas que se dieron en el 2008, los juicios orales son el éxito. “En el caso de la ASF, las auditorías realizadas se presentan en la Cámara de Diputados, en las que contienen las acciones determinadas derivadas de las observaciones realizadas a los entes públicos en el desarrollo de la fiscalización”.
Dentro de las acciones, cuando se determina que un acto puede constituirse en posibles delitos, que sean resultado de las auditorías, en términos de la Ley de Fiscalización y en la rendición de cuentas de la federación, se tienen que presentar denuncias o querellas penales ante la fiscalía especializada, pero la base de esas denuncias penales son los dictámenes técnicos para denuncias de hechos, que preparan las unidades administrativas auditoras, es decir, el documento o dictamen que contiene una opinión técnica, que es el resultado de las auditorías que realiza la ASF, principalmente de los pliegos de observaciones.
Henestrosa Matus comentó que como dependencia se tiene el deber ético y profesional de combatir con objetividad y transparencia el fenómeno social y gubernamental de la corrupción para rendir cuentas claras a la sociedad mexicana, aplicando la metodología científica y técnica forense de investigación apropiadas, para evitar que se invoque por los infractores de la ley, la llamada duda razonable; por este motivo, no es importante el número de denuncias penales que se presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, sino aquellas que realmente prosperen derivado de una verdadera labor conjunta y coordinada entre las áreas auditoras y las jurídicas, evitando que las conductas ilícitas de servidores deshonestos y de particulares involucrados queden impunes.
La cuarta y última participación de la primera jornada estuvo liderada por Miroslava Carrillo Martínez, quien basó su intervención con el tema Control interno previo a la fiscalización, en este aspecto comentó que en el ambiente de control interno, tiene que ver con cinco componentes. “El ambiente de control es la base de control interno que proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales", de ahí su importancia, por lo que instó a toda dependencia involucrar a todo el personal para que conozcan lo que hace el área o la institución.
Eventos recientes
En el evento Tratamiento contable, fiscal y legal de pensiones y jubilaciones, organizado por la comisión de Educación del Colegio y realizado el 9 de mayo, se ofreció una visión integral de los nuevos marcos legales, contables y fiscales que impactan tanto a empresas como a trabajadores. Con un enfoque en los cambios normativos recientes, los conferencistas abordaron temas fundamentales que incluyen la actualización de la NIF D-3, las implicaciones de la reforma de pensiones de 2025 y la gestión de los beneficios laborales en un entorno fiscal cada vez más regulado.La primera intervención corrió a cargo de Rosa Gutiérrez García, presidenta de la comisión de Educación, quien detalló los recientes cambios en la Norma de Información Financiera (NIF) D-3. Según explicó Gutiérrez, la actualización de esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, exige que todas las empresas, incluidas las pequeñas, provisionen pasivos por beneficios laborales como las jubilaciones. Esta obligación, que responde a la PIF número 2, implica que las empresas deben contar con estudios actuariales para determinar los montos exactos a provisionar. Gutiérrez también destacó que los pagos por desvinculación solo se reconocerán si existen condiciones preestablecidas, y que los fondos destinados a estos pagos deben gestionarse en cuentas separadas, sin posibilidad de usarlos para otros fines. En su exposición, Gutiérrez también subrayó que, en términos contables, las pérdidas o ganancias actuariales deben reconocerse de inmediato en la cuenta de Otros Resultados Integrales (ORI), sin posibilidad de diferirlas, lo que representa un cambio significativo en la forma en que las empresas deben tratar estos beneficios. Además, insistió en la necesidad de tomar decisiones sobre los instrumentos financieros en los que se invertirán estos fondos, destacando la importancia de contar con instrumentos como CETES o bonos verdes.La segunda intervención fue impartida por Mónica Isela Galindo Cosme, asesora de la vicepresidencia de Normatividad Institucional, quien ofreció una exhaustiva revisión sobre los aspectos fiscales y legales que deben considerarse al momento de gestionar una pensión. Galindo Cosme destacó la relevancia de unificar los números de seguridad social de aquellos trabajadores que tienen más de un número de afiliación, lo cual es un paso previo necesario antes de iniciar cualquier trámite relacionado con pensiones. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de validar los datos personales con la FORE y realizar las correcciones necesarias en caso de discrepancias.En cuanto a la reforma de pensiones de 2025, la ponente explicó que, a partir de esa fecha, se exigirá un mínimo de 850 semanas de cotización para poder acceder a una pensión. También advirtió sobre los nuevos cálculos que se basarán en la UMA (Unidad de Medida y Actualización) en lugar del salario mínimo, lo que afectará a los trabajadores en cuanto al monto de su pensión. Galindo Cosme instó a los trabajadores a utilizar los servicios de las AFORE y a consultar con expertos para optimizar sus ahorros para el retiro.El cierre de las ponencias estuvo a cargo de Fernando Caín Oviedo Cruz, Socio en Cali Oviedo y asociados, quien abordó el tema desde una perspectiva más amplia, comenzando con la distinción entre jubilación y pensión. Caín explicó que mientras la jubilación es el proceso mediante el cual un trabajador finaliza su vida laboral para disfrutar de una pensión, la pensión es el beneficio económico resultante de dicho proceso. Resaltó que la confusión entre ambos términos ha generado múltiples dificultades en la comprensión de los trabajadores y en la realización de los trámites ante las instituciones correspondientes. En su intervención, Caín también subrayó los efectos negativos de la reforma de 2013, que ha resultado en pensiones más bajas para los trabajadores. Sin embargo, destacó que las reformas más recientes han traído consigo una mejora en las condiciones, permitiendo a los trabajadores acceder a pensiones con menos semanas de cotización y limitando las comisiones de las AFORE, lo cual representa un avance significativo para el bienestar de los jubilados. Además, enfatizó que los trabajadores deben estar preparados con al menos 5 años de anticipación para realizar los trámites necesarios y evitar sorpresas al momento de calcular su pensión.Finalmente, Caín abordó las implicaciones legales y fiscales para las empresas, especialmente en lo que respecta a la evasión fiscal y el cumplimiento con el seguro social. Advirtió sobre las sanciones que enfrentan los patrones que no den de alta a sus trabajadores en el IMSS, lo que podría derivar en auditorías por parte del Seguro Social y poner en riesgo tanto a los empleados como a los empleadores.
El Colegio, con motivo de los últimos cambios en la normatividad, presentó el curso Sueldos y prestaciones: Aspectos fiscales, laborales y de seguridad social, el cual contó con la participación de especialistas en seguridad social, investigación fiscal, contribuciones locales y expertos en derecho laboral. Dicho evento se presentó del 6 al 8 de mayo de 2025.En el primer panel, los especialistas Óscar De la Vega Gómez y Regina De La Vega Castillo analizaron el panorama actual tras la reforma de 2021, en la que se prohibió la subcontratación de personal y se establecieron nuevas reglas para la contratación de servicios especializados.Al respecto, dialogaron sobre las obligaciones y puntos críticos para mantener el registro en el REPSE, recordaron que las empresas deben actualizar constantemente la información del registro, mantenerse al corriente en sus obligaciones fiscales, tener claramente definido su objeto social y las actividades registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras obligaciones.Asimismo, De La Vega Castillo destacó los recientes cambios en los criterios de inspección por parte de las autoridades laborales. “El objetivo de estas inspecciones es verificar el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre servicios especializados. Las inspecciones pueden ser iniciales, periódicas, compulsivas o extraordinarias, dependiendo de la situación específica de cada empresa”, informó.También discutieron varias iniciativas que podrían implementarse en 2025, tales como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días, la ampliación del permiso de paternidad, la opción de teletrabajo, entre otras.Por su parte, Julio César Suárez Domínguez versó acerca de las consideraciones del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). En su ponencia mencionó que, si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece de manera directa que las empresas se encuentran obligadas a repartir PTU, se consideran todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, así como todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del ISR.Sobre lo anterior, explicó quiénes son los sujetos exentos al pago de la PTU, entre ellos las empresas de nueva creación, las empresas de industria extractiva e instituciones de asistencia privada. En tanto, Sergio Alejandro Ríos Alonso, de la comisión de Contribuciones Locales, compartió los puntos de interés en materia del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en la CDMX y el Estado de México.El segundo día de conferencias y siguiendo con el tema de deducción de nómina, Humberto Cruz Hernández y José Pablo Casales García comentaron que, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores será de 6.5% más cuota social a 15%, incluyendo la cuota social.Agregó que, con la propuesta de mérito, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos. “La aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87%, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total”, señaló.Aclaró que el incremento de la aportación patronal se realizará gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el artículo Segundo Transitorio, y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor igualmente en 2023.Un tema importante fue el de la reforma a la ley del Infonavit, donde Miguel Ángel Silva Pedroza informó que el objeto es establecer bases para el desarrollo del Infonavit como constructor de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, regular la figura del arrendamiento social, ampliar los beneficios previstos y el fortalecimiento del Infonavit y su operación.Siguiendo con las participaciones, los expertos comentaron que el CFDI de nómina es la principal herramienta de fiscalización digital. “En estos comprobantes se cruzan declaraciones anuales, provisionales y contabilidad; además, es la base para cartas invitación, auditorías electrónicas y control del gasto deducible”, puntualizó Casales García.Ya en el último día de actividades, Pablo Limón Mestre informó que un trabajador expatriado es aquella persona que tiene sus intereses en su país de origen, pero es transferido por una empresa multinacional, de manera temporal o permanente, a prestar sus servicios a otro país.Sobre este tema, el contador Limón Mestre especificó que el aviso de cambio de residencia fiscal deberá presentarse cuando las personas físicas y morales dejen de ser residentes en México a más tardar dentro de los treinta días inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más de seis meses de anticipación.Los responsables de cerrar con el curso fueron Jorge Manzanilla Cañizares y Manuel García Villalobos, quienes platicaron sobre los avisos que las empresas deben presentar al RFC en su calidad de patrones y los aspectos fiscales relacionados con las prestaciones de previsión social, respectivamente.
En la conferencia mensual con especialistas, el Colegio dio la bienvenida a los abogados Luis F. Kudo y Manuel Niño de Rivera de KNR Abogados. Este evento, celebrado el 8 de mayo, se centró en el tema de la Responsabilidad legal de los contadores, con el apoyo de KNR Abogados.Los temas principales del día giraron en torno a la responsabilidad administrativa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en línea con el Código Fiscal de la Federación (CFF), el proceso de sanciones, los mecanismos de defensa y la responsabilidad civil entre particulares. El objetivo fue profundizar en las obligaciones derivadas del incumplimiento y los deberes fiscales.La conferencia comenzó con una cálida bienvenida y una introducción al tema por parte de Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Comité Ejecutivo, y Guadalupe Saldívar Olivares, vicepresidenta de Comunicación e Imagen. El presidente del Colegio destacó la relevancia del tema, pues la responsabilidad legal del contador se refiere a las obligaciones y deberes que tienen los contadores públicos ante la ley mientras ejercen su profesión. Esto significa que pueden ser considerados responsables legalmente y, por lo tanto, enfrentar sanciones si sus acciones u omisiones causan daño a sus clientes, al Estado o a terceros, por ello, la importancia de hacer sinergias de ambas profesiones (Contaduría y el Derecho).La presentación inició con Luis F. Kudo, experto en derecho fiscal, administrativo y de propiedad intelectual, quien habló de la responsabilidad del contador desde un punto de vista legal, particularmente de la responsabilidad que tiene el contador frente a sus clientes o al Estado."Responsabilidad significa afrontar nuestros actos u omisiones, ser responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Un contador puede tener tres tipos de responsabilidades legales: civil, penal —donde el contador podría enfrentar responsabilidad penal— y administrativa", explicó.El abogado dijo que, aunque tanto la responsabilidad civil como la administrativa surgen de errores u omisiones del contador, se aplican en contextos diferentes, sin situaciones similares y con consecuencias distintas.La responsabilidad civil se refiere a la obligación legal que tiene el contador público de compensar los daños económicos que cause a sus clientes o a terceros debido a errores, omisiones, negligencia o dolo en el ejercicio de su profesión. En pocas palabras, se enfoca en reparar económicamente a quienes se ven afectados por la mala práctica del contador.Por otro lado, la responsabilidad administrativa abarca el conjunto de obligaciones y deberes que los contadores públicos deben cumplir ante las autoridades administrativas, principalmente el SAT, en lo que respecta al cumplimiento de las leyes y regulaciones fiscales."En esencia, se trata de la responsabilidad que el contador tiene ante el Estado por su ejercicio profesional, que incluye ciertas facultades. La premisa legal es que no puede haber responsabilidad del contador si no existe una norma legal que establezca una obligación que se haya incumplido", añadió.Además, el abogado Kudo destacó que, en la relación del contador como particular frente a la administración pública, debe haber necesariamente una ley incumplida para que la Administración pueda señalar la falta y al responsable. A diferencia de la responsabilidad civil, en la administrativa no siempre hay un vínculo contractual.En tanto, Manuel Niño de Rivera, experto en derecho mercantil y civil y como abogado litigante en soluciones de controversias corporativas, se sumó a la exposición con la responsabilidad civil como el perjuicio que le puede causar a sus clientes el actuar de forma incorrecta en el ejercicio de las funciones del contador. De esta forma, definió a la responsabilidad “como responder por una acción o una omisión que va a causar una afectación en el patrimonio de nuestro cliente; en ese sentido, la responsabilidad civil se entiende como la obligación de reparar un daño o perjuicio causado a otra persona, una actuación que estará regulada con base en las leyes, normas, reglamentos y Código de Ética Profesional”.En materia de los tipos de responsabilidad civil, el abogado Niño de Rivera destacó la responsabilidad civil contractual, la cual se enfoca en el incumplimiento de acuerdos específicos con el cliente, mientras que la responsabilidad civil extracontractual se basa en el daño causado a terceros fuera de una relación contractual, generalmente por negligencia o una actuación ilícita del contador en el ejercicio de su profesión. Ambos tipos buscan la reparación del daño o perjuicio económico sufrido por la parte afectada.Para cerrar su intervención, el ponente mencionó que la prevención en la responsabilidad civil para el contador implica adoptar una mentalidad proactiva y diligente en el ejercicio de su profesión, implementando medidas que minimicen los riesgos de cometer errores u omisiones que puedan generar daños económicos a sus clientes o a terceros, protegiéndose así legal y financieramente. Para ello es necesario contar con un contrato bien redactado, documentar todo, que prevalezca la comunicación constante, haya pólizas de responsabilidad civil profesional y que haya capacitación continua.
