Continuando con la modalidad de conferencias mensuales con expertos organizadas por el Colegio, se presentó Luis Morales Robles, director general en Unión de Crédito para la Contaduría Pública (UniCCo), quien compartió con el gremio contable un análisis sobre la política monetaria y el sistema bancario de México. La conferencia, realizada el pasado 3 de marzo, contó con la presentación del presidente del Colegio, Juan Manuel Puebla Domínguez y de la vicepresidenta de Normatividad Institucional, Catalina Mejía Balcázar.
En su participación, el especialista en el sector financiero advirtió que la economía mexicana se enfrenta a una inflación persistente que puede golpear las expectativas a largo plazo. Sin embargo, en medio de este contexto de incertidumbre, aseguró que hay oportunidades si se aprovecha la regionalización de las cadenas productivas, principalmente con Estados Unidos de América.
“Todos estos escenarios, aunado a los aspectos domésticos para México, nos hacen prever un pronóstico de crecimiento a la baja sobre la recuperación económica para nuestro país”, aclaró el especialista.
Para detallar sobre lo anterior, Morales Robles recordó que, durante 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) sufrió un desplome de 8.5% y si bien, hay diferentes perspectivas de crecimiento para 2022, la inversión fija bruta será un factor determinante para detonar el desarrollo económico de la región.
“El reto fundamental es alcanzar una inversión de 25% respecto al PIB. Estamos lejos de esa cifra y mientras no haya inversión, no hay nuevas iniciativas empresariales; de otra manera no habrá forma de generar mayor economía”.
Sobre la bancarización en México, el experto comentó que, de acuerdo con la encuesta de Acceso Financiero (FAS), la nación enfrenta un atraso considerable en la inclusión financiera entre los distintos sectores de la población. “En el caso de México, por cada 10 mil personas adultas existen 10, 500 cuentas, lo que quiere decir que hay en promedio 1.4 cuentas abiertas, mientras otros países de la región multiplican ese número”, compartió.
En ese sentido, mencionó que es necesario contar con una política monetaria sólida ante un pronóstico cercano a 4% por ciento en el índice inflacionario durante el año.
Finalmente, Morales Robles platicó sobre el problema geopolítico entre Rusia y Ucrania, al respecto explicó que esta situación va a tener una afectación indirecta en la economía nacional, ya que la inflación va a acelerar el precio de los energéticos, productos intermedios y productos finales y las tasas de interés serán más altas. “Como resultado del conflicto tendremos un menos consumo, problemas de abasto, además de una inversión mermada y que impactará al crecimiento”, concluyó Luis Morales Robles.
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La inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos están transformando aceleradamente la manera en que se realizan los trabajos de auditoría financiera. Con el propósito de explorar estas tendencias y sus implicaciones para la profesión, la comisión de Auditoría del Colegio organizó el foro IA y nuevas tecnologías a utilizar en la auditoría financiera, celebrado el pasado 15 de junio.La actividad fue coordinada por Juan Ramón Carcaño López, integrante de la comisión de Auditoría, y contó con la participación de Carina Herrera Escalante, socia de Auditoría en KPMG; Jorge Alejandro Zúñiga García, director de Auditoría de TI en KPMG; y Jaime González Bosch, manager senior en la misma firma.Durante la sesión, los especialistas coincidieron en que la auditoría financiera vive un proceso de evolución impulsado por la tecnología. Explicaron que las herramientas digitales permiten automatizar tareas operativas que tradicionalmente demandaban una gran cantidad de tiempo, lo que abre la posibilidad de que los auditores concentren sus esfuerzos en actividades de análisis, evaluación de riesgos y emisión de juicios profesionales.Los expositores señalaron que las inversiones realizadas por las firmas en soluciones tecnológicas han permitido mejorar significativamente la cobertura y profundidad de las revisiones. Gracias al análisis de grandes volúmenes de información, es posible examinar poblaciones completas de datos y reducir considerablemente el uso de muestras tradicionales, logrando revisiones más precisas y eficientes.Un aspecto central de la conferencia fue la explicación de conceptos esenciales relacionados con la inteligencia artificial generativa. Los participantes conocieron la importancia de diseñar prompts efectivos para obtener respuestas útiles, así como los riesgos asociados a las denominadas alucinaciones, es decir, respuestas generadas por la IA que pueden contener información incorrecta o sin sustento.Ante estas limitaciones, los especialistas enfatizaron que la supervisión humana sigue siendo indispensable. Bajo el principio de human on the loop, recordaron que la responsabilidad final sobre la información, las conclusiones y las decisiones continúa recayendo en el profesional, independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas.Asimismo, se abordó la relevancia de la gobernanza de datos y de la protección de la información confidencial. Los ponentes advirtieron que el uso indiscriminado de plataformas abiertas puede representar riesgos para la privacidad de los clientes, por lo que recomendaron establecer políticas claras, controles adecuados y mecanismos de supervisión que permitan aprovechar los beneficios de la tecnología sin comprometer la seguridad de la información.La conferencia también ofreció un panorama a las herramientas que están marcando tendencia en el sector. Entre ellas destacaron la inteligencia artificial generativa, las plataformas de análisis de datos, la automatización robótica de procesos (RPA) y los agentes inteligentes. Estos últimos representan una nueva generación de sistemas capaces no solo de responder preguntas, sino también de planificar actividades, ejecutar tareas y coordinar procesos de forma autónoma.A través de ejemplos prácticos, los asistentes observaron cómo estas soluciones pueden aplicarse en actividades cotidianas de auditoría, desde la clasificación automática de correos electrónicos y la extracción de información de facturas hasta la actualización de archivos financieros y la elaboración de análisis preliminares para la toma de decisiones.Los expositores subrayaron que la adopción tecnológica no debe verse como un proceso exclusivo de las grandes organizaciones. Por el contrario, recomendaron implementar estrategias graduales que contemplen proyectos piloto, capacitación y la identificación de casos de uso con beneficios tangibles. De igual forma, destacaron la importancia de fomentar espacios de colaboración entre generaciones mediante esquemas de reverse mentoring, que permitan combinar conocimientos tecnológicos con experiencia profesional.Como conclusión, se destacó que el verdadero valor de la inteligencia artificial no radica únicamente en la automatización, sino en su capacidad para potenciar las habilidades humanas. En este contexto, la auditoría del futuro demandará profesionales capaces de integrar tecnología, criterio profesional y pensamiento crítico para responder a un entorno empresarial cada vez más dinámico y digitalizado.
Con el objetivo de dialogar sobre los sistemas pensionarios en México y ofrecer herramientas para su planeación, el Colegio llevó a cabo, este 12 de junio, el foro Cómo planear tu retiro: Ley 73, 97, PENSIONISSSTE y modalidad 40, espacio en el que especialistas de la comisión de Seguridad Social abordaron las características, evolución y los retos de los esquemas.Durante su intervención, Miguel Silva Pedroza presentó un contexto histórico sobre el sistema de pensiones del país; recordó que, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se estableció un régimen de reparto basado en un esquema solidario.De igual forma, mencionó que en 1992 surgió el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) como un complemento a la pensión del trabajador; sin embargo, señaló que, hasta 1997, se implementó un cambio estructural con la transición hacia un régimen de capitalización individual con la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).El especialista también habló sobre las reformas más recientes; al respecto, comentó que en 2020 se modificaron elementos clave como la reducción gradual de semanas de cotización y, en 2024, se incorporó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, orientado a mejorar las condiciones de retiro para trabajadores inscritos en el IMSS.Al platicar sobre el contexto demográfico, se explicó que los sistemas de beneficio definido fueron viables en décadas pasadas debido a una población joven, altas tasas de natalidad y una menor esperanza de vida. “Este modelo operaba bajo un acuerdo intergeneracional, donde las contribuciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados”, subrayó.Por su parte, José Abrego Belmont y Miguel Llorente Arriaga, especialistas en la materia, abordaron los aspectos más importantes del sistema pensionario, entre ellos la portabilidad de semanas cotizadas entre el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la integración del salario base de cotización en el sector público, así como el tratamiento fiscal de las pensiones, incluyendo la determinación de la parte exenta y gravada.De igual forma, se mencionaron los factores macroeconómicos que influyen en la planeación del retiro, tales como la inflación, el poder adquisitivo, el empleo informal, el crecimiento económico, las remesas y el salario mínimo.Los panelistas también analizaron los esquemas como la Modalidad 40 y el programa piloto para Personas Trabajadoras Independientes, los cuales “representan alternativas relevantes para fortalecer el monto de pensión y ampliar la cobertura del sistema”.El foro fue coordinado por los contadores Juvenal Octaviano Villaverde y Jorge Tomás Ponce, quienes destacaron la importancia de que los contribuyentes comprendan las implicaciones de cada régimen pensionario y ayudaron a despejar las inquietudes de los asistentes.
El 10 de junio se presentó en el Colegio el curso Impuestos ecológicos y ambientales estatales 2026, un espacio de actualización donde se expuso el funcionamiento de estos tributos desde un enfoque práctico, con el fin de asegurar su cumplimiento dentro del marco regulatorio competente desde el conocimiento normativo y la exposición de casos específicos que reflejaran la complejidad de estos impuestos.A la reunión asistieron especialistas de la comisión técnica de Contribuciones Locales: Emiliano Fajardo Sotelo, Rodrigo Farías García, Eliseo Aguilar Florentino, bajo la coordinación de Rafael Martínez Albarrán.Para comenzar con el encuentro, compartieron las generalidades de los impuestos ecológicos o ambientales, describiéndolos como mecanismos tributarios de los gobiernos estatales que gravan la emisión de contaminantes en tres actividades: la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, la descarga de residuos en suelo, subsuelo y aguas, el depósito de residuos y la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos. Estos tributos, según comentaron los ponentes con una revisión de antecedentes internacionales, derivan de una tendencia mundial impulsada por la agenda 2030 y su compromiso por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tras ello, los expertos detallaron en el objeto, sujeto, base y pago de estos impuestos.Al respecto de la emisión de gases contaminantes, los expertos señalaron que estos impuestos consideran las emisiones directas e indirectas, siendo estas últimas aquellas que no son emitidas por las fuentes fijas del contribuyente, pero se emplean para las actividades gravadas, como el consumo de energía eléctrica. El pago de esta tributación depende de las toneladas de carga contaminante producida, pero la dimensión estatal complica el cálculo, de la misma ya que se deben alinear distintos conceptos en distintas entidades, mermando la definición de elementos clave.En mayo del 2024 una sentencia declaró inconstitucional los artículos 14 y 19 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas por este motivo, ya que no se define el concepto de instalaciones o fuentes fijas, restando certeza a la determinación de quién debe pagar este impuesto.Para el caso de la descarga de residuos en el suelo, subsuelo y aguas, se señaló que el cálculo de la tributación depende de limites establecidos para distintas sustancias, que a su vez se clasifican según su impacto ambiental en contaminantes básicos o pesados, a diferencia de los gases, que contabilizan todos los contaminantes emitidos.Posteriormente, en los impuestos relacionados al depósito de residuos se indicó que el gravamen acumula los contaminantes derivados de residuos sólidos y no considera el lugar de generación, sino el depósito. Esto genera una problemática que se puede identificar en el resto de los impuestos ambientales, ya que algunas actividades implicarán desarrollar una actividad dentro de una jurisdicción estatal y depositar los residuos en otra; este factor hace determinante la claridad de conceptos en los cuerpos normativos y un grado de homologación con el que no se cuenta actualmente.El Impuesto a la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos también deriva en sus propias complejidades, según comentan los expertos, sobre todo en materia de proporcionalidad, ya que la extracción no siempre comprende un material específico, sino un conjunto de materiales que se gravan de manera distinta.Tras este desarrollo específico de los elementos relevantes para estos tributos, los expertos compartieron las diferencias entre las entidades, con lo que se dejaron ver la falta de homologación en estos impuestos ambientales. Posteriormente se expusieron las obligaciones derivadas de cada impuesto y una línea natural de los medios legales de defensa. En suma, con todas las bases cimentadas, se hizo un recorrido por los impuestos específicos de cada entidad, señalando las obligaciones específicas de cada estado de la república.Para concluir, se señaló que durante los próximos años se estima un incremento en la adopción de estos impuestos ecológicos, incluyendo más actividades en los objetos de los impuestos y extendiéndose a los estados que aún no los consideran. Sin embargo, la labor pendiente es impulsar un sistema que permita que estas contribuciones se destine a remediar los daños causados o el impacto en la salud de la población, para no reducirlos a un “pase que permita seguir contaminando a cambio del pago de una cuota”.
