El Colegio, con motivo de los últimos cambios en la normatividad, presentó el curso Sueldos y prestaciones: Aspectos fiscales, laborales y de seguridad social, el cual contó con la participación de especialistas en seguridad social, investigación fiscal, contribuciones locales y expertos en derecho laboral. Dicho evento se presentó del 6 al 8 de mayo de 2025.
En el primer panel, los especialistas Óscar De la Vega Gómez y Regina De La Vega Castillo analizaron el panorama actual tras la reforma de 2021, en la que se prohibió la subcontratación de personal y se establecieron nuevas reglas para la contratación de servicios especializados.
Al respecto, dialogaron sobre las obligaciones y puntos críticos para mantener el registro en el REPSE, recordaron que las empresas deben actualizar constantemente la información del registro, mantenerse al corriente en sus obligaciones fiscales, tener claramente definido su objeto social y las actividades registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras obligaciones.
Asimismo, De La Vega Castillo destacó los recientes cambios en los criterios de inspección por parte de las autoridades laborales. “El objetivo de estas inspecciones es verificar el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre servicios especializados. Las inspecciones pueden ser iniciales, periódicas, compulsivas o extraordinarias, dependiendo de la situación específica de cada empresa”, informó.
También discutieron varias iniciativas que podrían implementarse en 2025, tales como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días, la ampliación del permiso de paternidad, la opción de teletrabajo, entre otras.
Por su parte, Julio César Suárez Domínguez versó acerca de las consideraciones del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). En su ponencia mencionó que, si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece de manera directa que las empresas se encuentran obligadas a repartir PTU, se consideran todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, así como todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del ISR.
Sobre lo anterior, explicó quiénes son los sujetos exentos al pago de la PTU, entre ellos las empresas de nueva creación, las empresas de industria extractiva e instituciones de asistencia privada. En tanto, Sergio Alejandro Ríos Alonso, de la comisión de Contribuciones Locales, compartió los puntos de interés en materia del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en la CDMX y el Estado de México.
El segundo día de conferencias y siguiendo con el tema de deducción de nómina, Humberto Cruz Hernández y José Pablo Casales García comentaron que, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores será de 6.5% más cuota social a 15%, incluyendo la cuota social.
Agregó que, con la propuesta de mérito, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos. “La aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87%, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total”, señaló.
Aclaró que el incremento de la aportación patronal se realizará gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el artículo Segundo Transitorio, y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor igualmente en 2023.
Un tema importante fue el de la reforma a la ley del Infonavit, donde Miguel Ángel Silva Pedroza informó que el objeto es establecer bases para el desarrollo del Infonavit como constructor de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, regular la figura del arrendamiento social, ampliar los beneficios previstos y el fortalecimiento del Infonavit y su operación.
Siguiendo con las participaciones, los expertos comentaron que el CFDI de nómina es la principal herramienta de fiscalización digital. “En estos comprobantes se cruzan declaraciones anuales, provisionales y contabilidad; además, es la base para cartas invitación, auditorías electrónicas y control del gasto deducible”, puntualizó Casales García.
Ya en el último día de actividades, Pablo Limón Mestre informó que un trabajador expatriado es aquella persona que tiene sus intereses en su país de origen, pero es transferido por una empresa multinacional, de manera temporal o permanente, a prestar sus servicios a otro país.
Sobre este tema, el contador Limón Mestre especificó que el aviso de cambio de residencia fiscal deberá presentarse cuando las personas físicas y morales dejen de ser residentes en México a más tardar dentro de los treinta días inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más de seis meses de anticipación.
Los responsables de cerrar con el curso fueron Jorge Manzanilla Cañizares y Manuel García Villalobos, quienes platicaron sobre los avisos que las empresas deben presentar al RFC en su calidad de patrones y los aspectos fiscales relacionados con las prestaciones de previsión social, respectivamente.
Eventos recientes
El Foro anual de precios de transferencia, celebrado el 26 y 27 de noviembre, fue un espacio de análisis técnico y reflexión estratégica sobre los retos actuales de la materia. Organizado por la comisión de Precios de Transferencia, el evento contó con la participación de sus integrantes como expositores.La jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de este encuentro. Durante su mensaje, subrayó que el foro “se ha consolidado como un referente técnico y estratégico para la profesión contable, la comunidad fiscal y el mundo empresarial”, resaltando así el valor de la actualización continua.El evento inició con la participación de Karen Ramos Álvarez y Ricardo Suárez David, quienes abordaron las dificultades prácticas de aplicar el Profit Split en México, un método que, pese a su lógica teórica, tropieza con la falta de documentación robusta, la subjetividad en la asignación de valores y la escasa conciencia de los corporativos extranjeros sobre las formalidades mexicanas. Karen, con experiencia en al menos diez casos, presentó tres ejemplos que reflejaron desde el desconcierto de una subsidiaria mexicana en la industria energética, que recibió apenas 2% de una utilidad global del 10% sin justificación documenta, hasta la situación de una entidad digital que desconocía que se le aplicaba un Profit Split por parte de sus relacionadas en Bélgica y Alemania, lo que la llevó a operar con pérdidas por no considerar todos los gastos que exigen los principios contables mexicanos. Su tercer ejemplo, en cambio, mostró una implementación exitosa en la industria vinícola, donde tres entidades mexicanas lograron un reparto claro de utilidades gracias a un análisis funcional exhaustivo, aunque sin librarse de los retos fiscales relativos a revelación y comprobantes.A partir de este punto, la conversación se dirigió naturalmente hacia la importancia de contar con evidencia sustancial que soporte cualquier política de precios de transferencia, tema que retomaron Luis Eduardo Natera Niño de Rivera y Mario Barrera Vázquez al analizar la materialidad y los servicios intragrupo. Ambos subrayaron que, antes de discutir el valor de las operaciones, debe acreditarse que estas existen y son reales, más aún cuando la materialidad, inicialmente una práctica administrativa, será obligación legal en el artículo 29-A del Código Fiscal. La autoridad, recordaron, mantiene una postura estricta contra operaciones inexistentes, apoyada en el criterio no vinculativo 44 de ISR, que desde 2024 exige evidencia de la recepción efectiva del servicio para permitir su deducción. Esta visión enlazó directamente con las reflexiones previas sobre la necesidad de un “defense file” robusto y reabrió el debate sobre la documentación como eje transversal del cumplimiento en precios de transferencia.El foro continuó con la intervención de Raúl Gustavo López Gárate y Luis Antonio Andrade León, quienes extendieron la discusión documental hacia el ámbito del comercio exterior al analizar el impacto de los aranceles en los precios de transferencia. Subrayaron que, en un entorno marcado por la volatilidad arancelaria (particularmente la proveniente de Estados Unidos), las empresas deben tomar decisiones rápidas y sin respuestas únicas. Propusieron alternativas como el First Sale for Export, el duty drawback o el rediseño de la cadena de suministro, recordando que la opción elegida solo será defendible si cuenta con soporte adecuado, un argumento que reforzó la idea ya planteada en las participaciones anteriores: sin documentación clara no hay estrategia sostenible.La conversación se amplió hacia el ámbito internacional con la participación, desde París, de Wanda Montero Cuello, consultora senior en Banco Mundial e Ivón Marlen Saénz Benítez, quienes explicaron que los retos locales se reflejan también en las revisiones globales del Capítulo 7 de las guías de la OCDE, especialmente en lo referente a servicios intragrupo, el test del beneficio y las actividades de accionistas. Destacaron la necesidad de clarificar la remuneración más allá del cost plus y señalaron que el sistema simplificado para servicios de bajo valor agregado ha demostrado ser insuficiente. También abordaron la consulta pública sobre movilidad global de personas, la potencial creación de establecimientos permanentes y el trabajo del Comité de Expertos de la ONU para brindar guías prácticas a países en desarrollo, incluida la exploración de temas modernos como créditos de carbono, lo que conectó con el creciente escrutinio global que también enfrentan sectores específicos en México.Uno de ellos, la minería, fue analizado por Violeta Valerio Méndez y Paola Arredondo Marrón, quienes recordaron su peso económico —2.77% del PIB, 278,000 empleos directos y más de 3,300 millones de dólares de inversión extranjera en los primeros nueve meses de 2024— y la creciente presión fiscal derivada de una brecha estimada por el SAT en 19,130 millones de pesos. Relataron que la autoridad ha intensificado su fiscalización, recuperando 65,981 millones de pesos en 2023, y enfatizaron que la subvaluación de minerales sigue siendo un punto crítico. Explicaron cómo los precios de transferencia influyen en cada etapa de la cadena de valor minera y detallaron la aplicación práctica del método CUP para asegurar que los precios de minerales reflejen el valor de mercado, apoyándose en las guías de la OCDE y del IGF, lo que reintrodujo la relevancia del análisis técnico frente a una autoridad cada vez más vigilante.En ese mismo ambiente de creciente fiscalización, Yoshio Uehara Hashimoto y Andrea Iturbide Maldonado abordaron las expectativas de auditorías y reformas para el próximo año, destacando la meta gubernamental de reducir el déficit presupuestario mediante una estrategia más agresiva de recaudación. Mencionaron cambios en el Código Fiscal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los criterios de riesgo del SAT, especialmente en tasas efectivas inferiores al sector y operaciones con jurisdicciones de baja imposición. Retomaron, como los ponentes anteriores, la importancia preventiva de contar con un “defense file”, junto con mecanismos como los APAs y los medios de defensa nacionales e internacionales, incluido el MAP con Estados Unidos, cuyos plazos fueron actualizados recientemente.La jornada concluyó con la participación de Karla Mariana Godínez Linares y Miguel Ángel Morales García, quienes regresaron al núcleo conceptual de la creación de valor dentro de los grupos multinacionales al explicar la relevancia del análisis DEMPE en operaciones con intangibles. Recordaron que, aunque los intangibles han sido fundamentales desde 1995, las guías emitidas en 2018 sobre actividades de Desarrollo, Explotación, Mantenimiento y Protección continúan siendo objeto de cuestionamiento por parte de las autoridades fiscales. Su exposición reforzó una conclusión común a todas las ponencias del foro: la necesidad de documentar quién realiza realmente las funciones que generan valor, pues no siempre el dueño legal del intangible es quien debería recibir toda la remuneración. Mostrar la sustancia económica, coincidieron, es indispensable para sostener cualquier deducibilidad ante auditorías cada vez más exhaustivas.
El 27 de diciembre se presentó el curso Gobierno corporativo: mitos y realidades, el primer espacio de actualización coordinado por la nueva comisión técnica de Gobierno Corporativo que se integra dentro del Colegio, representada por Carlos Ugalde Navarro, como su presidente, y Mauricio Villanueva Cruz, como vicepresidente. Durante la sesión se presentaron directrices para orientar la labor profesional apropiada como consejero independiente por el camino del cumplimiento, la planeación estratégica, la ética y la responsabilidad profesional.Fueron ocho expertos fueron reunidos en el Colegio para compartir sus conocimientos: Carlos Ugalde Navarro, Mauricio Villanueva Cruz, José Adrián Barrera Garduño, Nancy Velasco Contreras, Francisco José Sánchez González, Roberto Resa Perusquia, Jorge Zúñiga Carrasco y Miguel Ángel Brizuela González; todos integrantes de la comisión antes mencionada. En conjunto, desarrollaron cinco temas conectados que permitieron conocer las bases fundamentales del Gobierno Corporativo.Para comenzar, se destacó la importancia del gobierno corporativo para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, y al papel del contador público en este sector. Este rol permite al experto contable ser un aliado orientado estratégico para las organizaciones en materia de sostenibilidad, ética, finanzas, etc., quien emplea protocolos y su juicio profesional para asegurar la rentabilidad de una organización y su permanencia a lo largo del tiempo.Posteriormente, se expusieron los elementos de la planeación estratégica, que permiten al gobierno corporativo conocer el contexto de una organización, plantear objetivos realistas y coherentes, trazar un camino de acción para alcanzarlos y adaptar este plan para preservar el sentido de este. Sin embargo, según comentaron, al desarrollar esta estrategia es fundamental que el contador sepa mostrar su propuesta y demostrar la importancia de su implementación, pero también brindar seguimiento al cumplimiento de dicho plan de acción.Por ello, el siguiente tema se encargó de destacar la importancia de un comisario que vigile la legalidad y veracidad de la gestión de una organización, así como su información financiera, ya que su supervisión garantica el cumplimiento legal y ético, pero también permite orientar el actuar de la organización para ser consecuente con sus objetivos.Esta tarea, según explicaron los comisionados, no se logra individualmente. La figura del consejo de administración complementa esta labor de vigilancia que atiende los riesgos y forma parte fundamental del cumplimiento ASG. Así, este consejo suma valor a través de la supervisión, ya que integra elementos complejos, brinda perspectiva a la gestión de la organización y permite compartir experiencias que nutran la toma de decisiones empresariales y permitan gestionar riesgos apropiadamente.En su siguiente tema, una vez compartido el papel del contador dentro del gobierno corporativo, se destacó la relevancia del Código de Ética Profesional (CEP) y su seguimiento apropiado para el experto en el gobierno corporativo, ya que la naturaleza de esta labor demanda independencia y juicio profesional, fundamentos clave del CEP.Para cerrar la jornada, los ponentes desarrollaron cómo el un buen gobierno corporativo puede asegurar el mantenimiento de una organización a lo largo del tiempo mediante estrategias claras y realistas, planes de contención de riesgos y un contante análisis de la situación de una empresa que permita alinear las decisiones con los objetivos estratégicos mediante un uso apropiado de recursos.Finalmente, una vez concluido el enriquecedor espacio, el presidente de la comisión agradeció a los asistentes e inauguró un brindis de honor que permitiera celebrar el inicio de actividades de la comisión técnica de Gobierno Corporativo, y subrayó nuevamente que debido a la importancia de esta disciplina en la contaduría, la comisión adquiere una responsabilidad con la profesión contable que está en disposición de satisfacer de manera plena.
En un acto protocolario realizado en el Salón Presidentes, el Colegio de Contadores Públicos de México y la Universidad Panamericana (UP) formalizaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer la formación de estudiantes de carreras afines a la Contaduría Pública.El acuerdo, realizado el 27 de noviembre, fue firmado por Adolfo Ramírez Fernández del Castillo, presidente del Colegio, y Salvador Beltrán del Río, director de Desarrollo Institucional de la UP.Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso por impulsar el desarrollo profesional de estudiantes de carreras afines a la Contaduría Pública, promoviendo su incorporación temprana al gremio, así como su preparación técnica y académica. La colaboración se estructura sobre pilares fundamentales: la vinculación institucional y la formación integral del talento joven contable.El acuerdo contempla actividades de vinculación, experiencias prácticas, participación en comisiones universitarias, acceso a conferencias mensuales y oportunidades para que los estudiantes se involucren directamente en el quehacer profesional.Cabe destacar que durante el acto estuvieron presentes, por parte del Colegio, Héctor Vázquez González, vicepresidente de Vinculación Universitaria, y María Luisa Ramírez Hernández, directora Ejecutiva. En representación de la UP asistieron Gabriela Esteban, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Salvador Rivas, vicedecano; Elisa Bayardo, directora de la Licenciatura en Contaduría; Claudia Nativitas, jefa de Academia de Posgrados; e Irene Giñan, gerente de Vinculación.Se espera que, a través de esta alianza, los estudiantes accedan a recursos, experiencias y redes que les permitan transitar con éxito de la universidad al ejercicio profesional.
