El Colegio, con motivo de los últimos cambios en la normatividad, presentó el curso Sueldos y prestaciones: Aspectos fiscales, laborales y de seguridad social, el cual contó con la participación de especialistas en seguridad social, investigación fiscal, contribuciones locales y expertos en derecho laboral. Dicho evento se presentó del 6 al 8 de mayo de 2025.
En el primer panel, los especialistas Óscar De la Vega Gómez y Regina De La Vega Castillo analizaron el panorama actual tras la reforma de 2021, en la que se prohibió la subcontratación de personal y se establecieron nuevas reglas para la contratación de servicios especializados.
Al respecto, dialogaron sobre las obligaciones y puntos críticos para mantener el registro en el REPSE, recordaron que las empresas deben actualizar constantemente la información del registro, mantenerse al corriente en sus obligaciones fiscales, tener claramente definido su objeto social y las actividades registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras obligaciones.
Asimismo, De La Vega Castillo destacó los recientes cambios en los criterios de inspección por parte de las autoridades laborales. “El objetivo de estas inspecciones es verificar el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre servicios especializados. Las inspecciones pueden ser iniciales, periódicas, compulsivas o extraordinarias, dependiendo de la situación específica de cada empresa”, informó.
También discutieron varias iniciativas que podrían implementarse en 2025, tales como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, el aumento del aguinaldo de 15 a 30 días, la ampliación del permiso de paternidad, la opción de teletrabajo, entre otras.
Por su parte, Julio César Suárez Domínguez versó acerca de las consideraciones del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). En su ponencia mencionó que, si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece de manera directa que las empresas se encuentran obligadas a repartir PTU, se consideran todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, así como todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes del ISR.
Sobre lo anterior, explicó quiénes son los sujetos exentos al pago de la PTU, entre ellos las empresas de nueva creación, las empresas de industria extractiva e instituciones de asistencia privada. En tanto, Sergio Alejandro Ríos Alonso, de la comisión de Contribuciones Locales, compartió los puntos de interés en materia del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en la CDMX y el Estado de México.
El segundo día de conferencias y siguiendo con el tema de deducción de nómina, Humberto Cruz Hernández y José Pablo Casales García comentaron que, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores será de 6.5% más cuota social a 15%, incluyendo la cuota social.
Agregó que, con la propuesta de mérito, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus términos. “La aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87%, y la aportación del Estado modifica su composición para beneficiar solo a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total”, señaló.
Aclaró que el incremento de la aportación patronal se realizará gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el artículo Segundo Transitorio, y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor igualmente en 2023.
Un tema importante fue el de la reforma a la ley del Infonavit, donde Miguel Ángel Silva Pedroza informó que el objeto es establecer bases para el desarrollo del Infonavit como constructor de vivienda en beneficio de las personas trabajadoras, regular la figura del arrendamiento social, ampliar los beneficios previstos y el fortalecimiento del Infonavit y su operación.
Siguiendo con las participaciones, los expertos comentaron que el CFDI de nómina es la principal herramienta de fiscalización digital. “En estos comprobantes se cruzan declaraciones anuales, provisionales y contabilidad; además, es la base para cartas invitación, auditorías electrónicas y control del gasto deducible”, puntualizó Casales García.
Ya en el último día de actividades, Pablo Limón Mestre informó que un trabajador expatriado es aquella persona que tiene sus intereses en su país de origen, pero es transferido por una empresa multinacional, de manera temporal o permanente, a prestar sus servicios a otro país.
Sobre este tema, el contador Limón Mestre especificó que el aviso de cambio de residencia fiscal deberá presentarse cuando las personas físicas y morales dejen de ser residentes en México a más tardar dentro de los treinta días inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal y con no más de seis meses de anticipación.
Los responsables de cerrar con el curso fueron Jorge Manzanilla Cañizares y Manuel García Villalobos, quienes platicaron sobre los avisos que las empresas deben presentar al RFC en su calidad de patrones y los aspectos fiscales relacionados con las prestaciones de previsión social, respectivamente.
Eventos recientes
Este 20 y 21 de agosto, el Colegio presentó el 28.° Foro de Tributación Internacional, lugar en el que se reunieron especialistas para analizar los principales desafíos que enfrentan las empresas con operaciones transfronterizas ante un entorno marcado por actualizaciones regulatorias, mayor fiscalización y transformación digital.El encuentro contó con la conferencia magistral a cargo de Carlos Mota Mendoza, conductor y editorialista de El Heraldo de México, quien presentó una perspectiva sobre el escenario económico de México y su posición frente a la transformación del comercio global.Mota destacó que México conserva una posición estratégica frente a Estados Unidos, particularmente por la relocalización de cadenas productivas y por la pérdida de participación de China en el mercado de la región. Señaló que esta coyuntura “representa una oportunidad para el país, aunque su aprovechamiento dependerá de factores como la inversión, la energía, la certidumbre y las condiciones para hacer negocios”.También advirtió sobre un escenario de debilidad económica, con expectativas de crecimiento moderadas y retos relacionados con la inversión y el déficit fiscal. En este contexto, destacó la importancia de preservar las ventajas comerciales y mantener una relación sólida con Estados Unidos, al considerar que el comercio exterior constituye uno de los principales pilares de la economía nacional.Los trabajos del foro comenzaron con la mesa de discusión sobre el expediente UBO y los criterios que están redefiniendo la fiscalidad internacional en México, en la que participaron Carlos Eduardo Martínez Rico, Fernando Lorenzo Salazar y Eliud Alfonso Santiago Barrientos. Los expositores hablaron sobre la evolución del concepto de beneficiario efectivo y los criterios derivados de distintos precedentes internacionales.Posteriormente, Luis Antonio González Flores y Yoshio Uehara Hashimoto abordaron la problemática de los ajustes, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), ingresos y deducciones, así como el nuevo escenario de los Advance Pricing Agreements (APA) y Bilateral Advance Pricing Agreements (BAPA). En este sentido, indicaron la importancia de fortalecer la documentación y la trazabilidad de las operaciones intercompañía ante un mayor escrutinio de las autoridades.Por su parte, Eduardo Brandt López, Juan Pérez Peña y Adriana Rodríguez Cuevas conversaron sobre la aplicación de la tributación mínima global y su interacción con los distintos sistemas fiscales, así como los retos que enfrentan los grupos multinacionales para determinar sus obligaciones bajo este nuevo escenario.Posteriormente, Michelle Lorena Brott Durán, Manuel González López y Luis Antonio Monroy González dialogaron sobre el esquema de repatriación de capitales de este año; al respecto, precisaron que entre los elementos relevantes se identificaron los cambios en la tasa preferencial, los requisitos de permanencia y los destinos de inversión contemplados por el programa.A su vez, hicieron hincapié en conservar la evidencia sobre el origen y trazabilidad de los recursos, ante la posibilidad de que la autoridad fiscal revise el cumplimiento de las condiciones establecidas.Bajo el mismo formato se presentaron Alejandro Calderón Aguilera, Eduardo Michán Escobar y Alejandro Barrera Fernández, quienes profundizaron en los criterios que utiliza la autoridad para revisar operaciones internacionales, particularmente aquellas relacionadas con pagos al extranjero, beneficiario efectivo, regalías y servicios técnicos.Luego de la primera jornada de actividades, los participantes disfrutaron de una cena a un costado del mar para conmemorar la vigésima octava edición del evento en Acapulco. Los participantes pudieron vivir momentos de convivencia entre amigos y colegas. Además, disfrutaron de platillos y bebidas que fueron preparados de manera especial para la ocasión.Las actividades del segundo día comenzaron con la participación de José Manuel Ramírez, César Fares Canavati y César Catalán Sánchez, quienes hablaron sobre la necesidad de anticipar los procesos de sucesión mediante estructuras de gobierno familiar, protocolos, fideicomisos y mecanismos corporativos que permitan ordenar la transmisión del patrimonio y favorecer la continuidad de las empresas familiares.Luis Olmos Díaz, Koen Van't Hek y Karina Robledo y González profundizaron en las nuevas obligaciones de las plataformas digitales, los procesos de inscripción y el acceso continuo de la autoridad a la información.De igual forma, discutieron los retos para conciliar los datos operativos con CFDI, declaraciones y demás información fiscal, en un escenario que exige mayores capacidades tecnológicas y de control.Finalmente, Christian Natera Niño de Rivera, Juan Castro Chávez y Enrique Velderrain Sáenz dialogaron sobre las implicaciones de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la declaración de valor y las auditorías que están redefiniendo el comercio exterior. Los especialistas destacaron la necesidad de que las empresas fortalezcan sus expedientes, documentación y mecanismos de trazabilidad para acreditar el origen de sus mercancías ante un entorno de mayor fiscalización.Para cerrar con las actividades del foro, la contadora Rita Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, compartió un mensaje en el que agradeció a los panelistas, a los participantes, a la comisión organizadora, a los patrocinadores y a todos aquellos que hicieron posible este evento.Participantes y expositores disfrutaron de un cóctel para cerrar con broche de oro las actividades.
El miércoles 19 de junio de 2026 se llevó a cabo el curso “Impacto de la calidad en los informes de sostenibilidad”. Durante el evento, coordinado por Nely Fernanda Mejía Vargas, se analizarán los efectos de normas recientes y lo que requerirá al sistema de gestión de calidad de las firmas para la emisión de informes de sostenibilidad.La sesión inició con la bienvenida por parte del C.P.C. José Ángel Lucio Bernal, vicepresidente de la comisión técnica de Calidad de las Firmas de Contadores Públicos.El primer tema corrió a cargo de Jessica Jazmín Baxin quien partió de los tres pilares de sostenibilidad: protección ambiental, desarrollo social y gobernanza (ASG) para exponer la regulación internacional mediante la IFRS S1 con los requisitos generales para preparar la información en los temas ASG y sus efectos financieros relevantes: flujo de efectivo, acceso a financiación y costo de capital; y de la IFRS S2 enfocada en riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Ambas normas están vinculadas.Dentro del plano nacional expuso las normas desarrolladas por el CINIF: NIS A1 sobre el marco conceptual de la sostenibilidad y que ésta forma parte de las notas a los estados financieros, así como la NIS B1 que define los 30 Indicadores Básicos de Sostenibilidad (IBSOS) y su forma de revelarlos. Normas aplicables con aseguramiento limitado para reportar el 2025 y con seguridad razonable para reportar 2026.Por su parte, Daniel Rojas Trigos indicó la incorporación del artículo 82 bis por parte de la CNBV para todas las emisoras inscritas en Registro Nacional de Valores, quienes deben presentar informes de sostenibilidad conforme a las IFRS (emisoras nacionales listadas y extranjeras listadas que pueden negociar en el Sistema Internacional de Cotizaciones [SIC] y con presencia en México). Mencionó que las entidades no obligadas son las federativas, sofomes ENR y empresas con dependencia del 20% o menor de sus matrices. Indicó que el tratamiento de aseguramiento se realiza conforme a la NIA 720 y que la responsabilidad como auditores tiene alcance a estados financieros, por lo que los temas de sostenibilidad pueden indicarse como notas a los estados financieros y que, de informar que puede existir un error material, no debe proponerse ajuste al no ser la empresa auditada en sostenibilidad.Posteriormente, Isabel Peraza Curiel expuso la ISSA 5000, que entrará en vigor a partir de diciembre de 2026. Norma que parte de la NIEA 3000 y se complementa con la ISAE 3410 para gases de efecto invernadero. Expuso sus principios clave: basada en principios de sostenibilidad sin importar el tamaño de la empresa, que el trabajo de informe de sostenibilidad debe tener el mismo nivel del trabajo de aseguramiento sobre estados financieros, y que cubre todo el proceso de auditoría (desde la aceptación del encargo hasta la emisión del reporte), principalmente.Enfatizó el carácter cualitativo de esta norma, por lo que el juicio profesional, la capacidad de evaluación y el escepticismo por parte del auditor, cobran mayor relevancia. Resaltó que dentro del personal involucrado debe considerarse al equipo responsable de la auditoría, así como a expertos externos y otros profesionales según el campo técnico a evaluar.Por su parte, Emilio Hernádez expuso la estructura de la normatividad aplicable a los informes del contador público, que entre otros puntos comprende: las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad, las Normas Internacionales de Auditoría , las leyes y regulaciones aplicables, los marcos de información financiera y las normas de calidad de otros organismos internacionales reconocidos. Además, junto con Carlos Carrillo, presidente de la comisión de sostenibilidad del Colegio, analizaron los componentes de la Norma de Calidad con un enfoque hacia la sostenibilidad. Destacaron que el informe de sostenibilidad debe ser equivalente al informe de auditoría, la pertinencia de desarrollar políticas específicas de calidad para reportes de sostenibilidad, la formación de equipos de trabajo en áreas de sostenibilidad dentro de los despachos, la calidad de obtención de los datos (que comúnmente requieren inspecciones físicas) y la adquisición de información fuera de la empresa auditada, entre otros.El evento concluyó con un mensaje de José Ángel Lucio, quien recordó la conexión del informe de sostenibilidad con la manifestación anual de calidad que deben presentar las firmas de contadores y que corresponde ajustar los sistemas de gestión para su atención.
Desde Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo la séptima edición del Simposio Internacional de Precios de Transferencia, espacio que reunió a especialistas de la comisión de Precios de Transferencia del Colegio para analizar los principales retos que enfrenta esta materia ante el reciente entorno de fiscalización y complejidad internacional.Durante el mensaje inaugural, la presidenta del Colegio, Rosalía Ortega, destacó que la transformación de los modelos de negocio, la interacción entre partes relacionadas y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización hacen que sea indispensable la actualización profesional y, sobre todo, tener una visión integral que permita comprender las nuevas disposiciones.En esta línea, señaló que “espacios como este permiten analizar, discutir y llevar a la práctica los conocimientos”. Además, reconoció el trabajo de los organizadores, expositores y participantes que dieron vida al encuentro.La primera mesa de discusión, integrada por Karen Ramos Álvarez, Andrea Iturbide Maldonado y Luis Andrade León, se centró en los aspectos relacionados con servicios intragrupo y criterios que, hoy en día, adquieren relevancia en las auditorías fiscales.Los panelistas coincidieron en que una revisión de precios de transferencia puede involucrar distintas etapas antes de llegar al análisis de plena competencia, “desde la estricta indispensabilidad y la materialidad de una operación hasta la acreditación de su beneficio, la documentación y, finalmente, la valoración de los precios”, precisó Andrade León.Al hablar sobre el test de beneficio, los especialistas comentaron que no basta con afirmar que un servicio generó una ventaja para la entidad receptora, sino que resulta necesario contar con elementos que permitan demostrarlo y documentarlo, incluso mediante cálculos que respalden el beneficio identificado.Otro de los aspectos abordados fue la asignación de costos dentro de grupos multinacionales; al respecto, informaron que la utilización de criterios de asignación debe responder a elementos objetivos y consistentes con la naturaleza de cada servicio, “pues una metodología no necesariamente resulta adecuada para todas las actividades”, sentenció Karen Ramos.Por lo anterior, recomendaron que el análisis no se limite al estudio anual de precios de transferencia, sino que exista una preparación permanente que permita demostrar cómo se realizan las operaciones.La segunda mesa contó con la presencia de Mario Barrera Vázquez, Emmanuel Aguirre López y Miguel Morales García, quienes compartieron una visión sobre la función que desempeñan los precios de transferencia al interior de las organizaciones. En ese sentido, propusieron una visión de 360 grados en la que la gestión de precios de transferencia forme parte de la función fiscal y contribuya a la detección oportuna de riesgos, la identificación de oportunidades, el análisis financiero, la atención de auditorías y la correcta identificación de las operaciones realizadas dentro de un grupo.Bajo esta perspectiva, hicieron hincapié en que “el responsable de precios de transferencia debe involucrarse antes de que surjan las controversias, utilizando los resultados del ejercicio para identificar áreas de mejora y prevenir riesgos futuros”, dijo Barrera Vázquez.Los especialistas subrayaron que la gestión debe considerar los flujos de efectivo y las decisiones corporativas; al respecto, explicó Aguirre López que “una operación que pueda resultar sustentable desde la perspectiva de precios de transferencia puede generar problemas si no se analiza dentro del conjunto de necesidades financieras y operativas de la organización”.Un punto central del análisis fue la relación entre el asesor interno y el externo, momento en el que destacaron que ambos tienen conocimientos y perspectivas diferentes, mientras que el asesor interno conoce la operación, los procesos y las necesidades de una organización; el externo, por su parte, aporta experiencia acumulada y una visión comparativa.Los expertos concluyeron que la labor del especialista en precios de transferencia no consiste solo en determinar un rango de mercado, sino en identificar riesgos, evaluar alternativas y generar información útil para la toma de decisiones. El cierre del evento estuvo a cargo de la contadora Rita Valdivia Hernández, vicepresidenta de Desarrollo y Capacitación Profesional, quien destacó el valor de los conocimientos compartidos a lo largo del encuentro y reconoció la participación de los asistentes en este espacio de actualización y análisis.
